domingo, 15 de abril de 2012

TIEMPOS PARA LA RACIONALIZACIÓN Y EL COMPROMISO.

Vivimos unos momentos críticos para los ciudadanos y para las Administraciones Públicas, dadas las dificultades presupuestarias que impone la necesidad de afrontar el déficit público, lo que obliga a restringir casi todos los programas de gasto público, es decir, las políticas públicas que se han venido desarrollando a lo largo de los últimos años. Es posible que se haya gestionado el dinero con excesiva alegría -nunca se ha primado el control de resultados ni las evaluaciones de eficiencia en la ejecución presupuestaria, algo que debiera haber sido obligado para todos los gestores públicos- y, sobre todo, no ha existido control alguno para los numerosos abusos que los cargos públicos han llevado a cabo con cargo al dinero público: baste como muestra la existencia de una larga nómina de asesores de los miembros del Gobierno de Aragón que se limitaban a cobrar un sueldo público a cambio de nada, sin aparecer siquiera por sus "puestos de trabajo".

La falta de control y la ineficiencia se han sumado al abuso directo -al latrocinio, a la dictadura de la indecencia que ha existido en amplias parcelas de la vida pública-, y todo ello ha contribuido, en gran medida, a poner en quiebra nuestro modelo de vida: no es posible prolongar en el tiempo prácticas de enriquecimiento rápido y de irresponsabilidad social, como las que han presidido la expansión inmobiliaria en nuestro país, marcadas por la especulación y la liquidación de los recursos naturales -la costa, la montaña, el paisaje, los ríos-, en una huida hacia adelante sin futuro posible, sin salida. La realidad ahora impone sus límites, y pasa factura por todos los años de descontrol, en los que ni instituciones ni ciudadanos han sabido detener una dinámica desquiciada de especulación.

Tampoco los servidores públicos -si puede concedérsenos tal título- hemos estado a la altura de las circunstancias, de lo que nos resulta exigible de acuerdo con nuestro compromiso con el Estado de Derecho y la defensa del interés general. No hemos sido capaces ni de detectar ni de detener la corrupción pública que ha venido a lastrar buena parte de nuestras instituciones. Hemos antepuesto nuestros intereses personales y nuestros miedos -no poner en peligro nuestra carrera profesional- a nuestro compromiso principal, de asegurar el cumplimiento de la legalidad y con ello ser garantes de los derechos de los ciudadanos, y sobre todo de los principios éticos que han de presidir la gestión pública.

Estamos ahora en condiciones de recuperar nuestra verdadera función, y de aprovechar estos años de dificultades y de restricciones no para lamentarnos inútilmente de los años de bonanza pasados, sino para acometer todas las reformas y cambios que exige una buena gestión del dinero público -somos servidores públicos y no meros empleados de la Administración, nos debemos a los ciudadanos, en estos momentos más que nunca- y, por ello, debemos actuar con la máxima responsabilidad indiviudual y social, con el mayor compromiso posible con los intereses públicos -legalidad, profesionalidad, eficiencia, calidad- y hallar en nuestra actitud el camino de recuperación de la legitimidad social perdida: defender lo público, los servicios públicos, pasa por recuperar la conciencia de servidores públicos que nos corresponde a quienes trabajamos en la Administración Pública. Nada se nos va a regalar en estos momentos, si no nos lo ganamos y nos hacemos valer, frente a los responsables políticos, por supuesto, pero también frente a los ciudadanos. La función pública es una estructura instrumental del poder político, pero es también un puente entre sociedad y poder público, al ser un numeroso conjunto de personas que tienen como función servir los intereses generales -los de los ciudadanos- y aplicar las medidas adoptadas por el Gobierno, en el marco de la legalidad.

Hoy, más que nunca, los funcionarios o servidores públicos hemos de acertar en el ejercicio de nuestra función, pues las dificultades son una exigencia añadida a nuestro compromiso y profesionalidad permanentes. Vivimos un momento que requiere una enorme labor de reflexión y de autocrítica, algo que lamentablemente no se percibe en el seno de las Administraciones: en su lugar, parece percibirse una mera pretensión de quedar a salvo de la intemperie y una preocupación no por la circunstancia de todos sino por el cuestionamiento de nuestra posición laboral, lo que no hace sino añadir razones a nuestro acelerado proceso de deslegitimación social. La alternativa a dicho proceso está, sin embargo, a nuestro alcance, sólo con asumir de forma coherente los valores propios de la función pública y actuar diariamente conforme a ellos, ajustando a los mismos nuestra relación con los ciudadanos y con los responsables políticos que nos dirigen. No es una tarea imposible.

1 comentario:

Anónimo dijo...

Los funcionarios que, vemos y sufrimos la arbitrariedad, de esta Administración Autonómica, no podemos hacer nada. Al que opina sobre ciertas prácticas, al que pretende hacer las cosas lo mejor posible, se le arrincona. Mientras tanto, aquellos que son complacientes, reciben todo tipo de parabienes.