lunes, 6 de septiembre de 2010

EL DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA NO PUEDE IGNORAR EL ESTADO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ARAGONESA.

La próxima semana, y como apertura del actual curso político -un curso que marcará el final de la actual legislatura y la celebración de elecciones autonómicas en mayo de 2011-, tendrá lugar, en el Pleno de las Cortes de Aragón, el debate sobre el estado de la Comunidad Autónoma, debate que, como señala el artículo 170 del Reglamento del Parlamento autonómico, ha de ir precedido de una comunicación del Presidente del Gobierno de Aragón, tras el cual los diferentes Grupos Parlamentarios pueden formular diferentes propuestas de resolución, para su discusión y votación.

Es posible que el final de legislatura y la despedida del cargo ejecutivo por parte del presidente Iglesias -al no renovar como candidato- impongan la realización de un balance global de la actual legislatura o, incluso, del conjunto de la etapa del Gobierno de coalición PSOE-PAR de las tres últimas legislaturas. Es probable también que el horizonte electoral -la cita de 2011- marque la valoración de lo hecho y el avance de proyectos futuros necesarios para el desarrollo de la Comunidad.

Con independencia del formato que el Presidente elija en su comunicación para abordar el estado de la Comunidad Autónoma, esta Asociación considera que en dicha valoración no puede omitirse una referencia suficiente a la situación actual de la función pública aragonesa. En el análisis de la realidad de la Comunidad Autónoma no puede hallarse ausente la referencia a los servicios públicos, como directa responsabilidad de todo Gobierno, y los servicios públicos no pueden abordarse sin el análisis de las condiciones en que se prestan por los servidores públicos, por el personal al servicio de la Administración autonómica.

La Administración Pública a lo largo de la actual legislatura no ha merecido, a juicio de esta asociación, la atención requerida, en cuanto a medidas de modernización y racionalización. Más bien, en esta y anteriores legislaturas, el actual equipo de gobierno de coalición ha parecido optar por un modelo de "paraadministración" o "administración paralela", constituida por empresas y entidades públicas, al margen de los cauces y controles administrativos habituales, cuya racionalización parece ahora forzada por la situación de crisis económica. Queda pendiente de realizar un balance de lo que ha supuesto la aventura empresarial de este Gobierno y sus efectos en la desprofesionalización de la Administración pública aragonesa.

Dado que no es posible un debate sobre el estado de la Comunidad Autónoma, en las actuales circunstancias, sin abordar la problemática del empleo, ha de recordarse que dentro de dicho campo se incluye también el empleo público, cuya ordenación es responsabilidad directa del Gobierno de Aragón. ¿Cómo ha actuado el Gobierno de Aragón como empleador público? ¿Ha ordenado el empleo público de forma eficiente? ¿Ha asegurado el derecho constitucional de acceso de los ciudadanos a la función pública, mediante la aprobación anual de oferta y procesos selectivos objetivos y ágiles? ¿Cuál es la tasa de temporalidad en la función pública? ¿Se ha reforzado la profesionalidad y competencia de los servidores públicos, conforme a los principios de mérito y capacidad para ordenar su carrera profesional? ¿Ha promovido la ética pública de los servidores públicos? ¿Cuál es el impacto de la reducción salarial aplicada para contener la deuda pública, y cuál el coste de incrementos aplicados sin autorización parlamentaria?

No debiera estar ausente del debate de la semana próxima el modelo de función pública auspiciado por este Gobierno a lo largo de la actual legislatura ni las razones que han llevado al fracaso del Anteproyecto de Ley de Empleo Público de Aragón elaborado por el Departamento de Presidencia.

Por dicho motivo, esta Asociación se dirigirá tanto al Presidente del Gobierno de Aragón como a los diferentes Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón, a fin de que tanto la comunicación del primero como las intervenciones y propuestas de resolución de los segundos presten la debida atención a la función pública aragonesa, entendiendo que el buen funcionamiento de ésta es clave para fortalecer los servicios públicos de la Comunidad Autónoma y, con ello, garantizar la vigencia efectiva de las reglas del Estado de Derecho, como son el principio de legalidad y la protección de los derechos de los ciudadanos.

6 comentarios:

Anónimo dijo...

¿No puede o no debe?

Anónimo dijo...

¿Por qué se dice que ha fracasado el Anteproyecto de Ley?

Anónimo dijo...

¿Por no llegar a ser Proyecto?

Anónimo dijo...

¿Por no haberse remitido a las Cortes de Aragón?

Anónimo dijo...

¿Por resultar inviable su financiación?

Anónimo dijo...

Os nombran:

http://jodemasa.wordpress.com/2010/09/06/%c2%bfcuantos-trabajos-tiene-carlos-franco-uliaque/