El Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa se dirige hoy al Consejero de Presidencia para solicitarle, al amparo una vez más del derecho fundamental de petición, que acepte y aplique la reciente sugerencia del Justicia de Aragón sobre la publicación anual de las relaciones de puestos de trabajo actualizadas de la Administración autonómica, publicación que exige el artículo 17.3 de la Ley de Ordenación de la Función Pública y que los responsables de función pública debieran respetar sin necesidad de recordatorios o sugerencias de terceros.
Hay que distinguir entre objetivos deseables de transparencia y cumplimiento de obligaciones de publicidad establecidas por las leyes. Podemos lamentar la resistencia del Gobierno de Aragón y de su Consejero de Presidencia, Javier Velasco, a elaborar un boletín estadístico sobre empleo público de la Comunidad Autónoma, en el que se recojan sus principales magnitudes y se aprecie su evolución cuantitativa y cualitativa, pues la desinformación sobre lo que afecta a los asuntos públicos no refuerza la confianza, sino todo lo contrario, de los ciudadanos en los gestores y responsables políticos.
Pero cuando la falta de transparencia se plasma en el incumplimiento de obligaciones legales inequívocas, como es el caso de la publicación anual de las relaciones de puestos de trabajo, ya no estamos ante una decisión a lamentar, sino ante una infracción del ordenamiento jurídico a denunciar y corregir. Si los responsables públicos se creen con capacidad de inaplicar las leyes y ello no conlleva sanción o inhabilitación alguna para el ejercicio de funciones públicas, ¿cuál puede ser el futuro que aguarda a nuestras instituciones? ¿Qué antipedagogía constituye tal actitud para todos los servidores públicos, subordinados a responsables para los cuales los mandatos legales carecen de fuerza vinculante? ¿A qué queda reducida la fuerza de la ley? ¿Alguien puede relativizar las consecuencias de esta forma de gobernar y de gestionar?
Mientras el Gobierno de Aragón, sus Consejeros y sus altos cargos, sigan mostrando su actual indiferencia al principio de legalidad, toda iniciativa del Departamento de Presidencia carece de sentido o virtualidad. Las sofisticadas disertaciones sobre el sistema de gestión por competencias no pasan de constituir una broma ridícula del actual Director General de la Función Pública, Antonio Brun, a la vista de su declarada incompetencia para asegurar el respeto de las normas de función pública. Saber leer las leyes y demostrar capacidad para aplicarlas y asegurar su cumplimiento es la primera y principal competencia que cabe exigir a un alto cargo. Lo demás no pasa de ser puro escapismo e inútil maniobra de distracción.
Se reproduce a continuación el texto íntegro del escrito dirigido al Consejero de Presidencia:
“Excmo. Sr. Consejero de Presidencia
Departamento de Presidencia
Gobierno de Aragón
Zaragoza, 23 de septiembre de 2010.
Estimado señor:
El Justicia de Aragón, en una reciente resolución de fecha 10 de septiembre de 2010, dictada a raíz de una queja presentada ante dicha Institución, ha recordado al Gobierno de Aragón la necesidad de velar por el respeto a las exigencias establecidas en la normativa de función pública, y le ha sugerido que adopte las medidas precisas para garantizar que se cumple la obligación legal de publicar anualmente las relaciones de puestos de trabajo actualizadas, tal y como exige el artículo 17.3 de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón.
En la citada resolución, sostiene el Justicia de Aragón que las relaciones de puestos de trabajo son una garantía de la eficacia administrativa y un antídoto frente a la arbitrariedad, ya que las relaciones de puestos de trabajo vinculan a la Administración en lo que se refiere a oferta de empleo y movilidad de los empleados públicos, articulando de forma objetiva la carrera profesional de éstos. Para alcanzar tal finalidad de prevención de la arbitrariedad, lógicamente, es necesario además que la Administración aplique adecuadamente el régimen de provisión de puestos de trabajo vigente, evitando los problemas actuales de incremento de temporalidad y provisionalidad en el desempeño de puestos, a causa del abuso en que se incurre en la utilización de las figuras del funcionario interino y de la comisión de servicios.
De cualquier modo, y al margen de la mayor o menor corrección técnica con que se definan las relaciones de puestos de trabajo –cuestión que no cabe desconocer tampoco-, es indudable que la Administración ha de ajustarse a las exigencias legales en materia de publicación o publicidad de disposiciones y acuerdos de naturaleza administrativa, entre las que figura la publicación anual de las relaciones de puestos de trabajo actualizadas.
Ninguna razón puede justificar que la Administración desatienda obligaciones legales que buscan dotar de transparencia a la organización administrativa, y sin embargo la falta de publicación de las relaciones de puestos actualizadas no constituye un caso aislado, pues igualmente los responsables de función pública vienen omitiendo el deber de publicación de las comisiones de servicios en puestos de libre designación y los diferentes Departamentos sustituyen la publicación de los nombramientos y ceses del personal eventual que prevé la Ley por meros anuncios de publicidad.
Es grave que la transparencia no constituya una práctica y una exigencia prioritarias en la actividad del Gobierno y la Administración Pública de un sistema democrático como el nuestro, pero dicha gravedad es mayor cuando la falta de transparencia responde a la inaplicación de obligaciones legales expresamente establecidas, debilitando con ello la vigencia misma del Estado de Derecho, es decir, del sometimiento de los poderes públicos al principio de legalidad.
Creemos por consiguiente que, como responsable del Departamento de Presidencia, le corresponde adoptar las medidas precisas para asegurar el respeto al deber legal de publicación a que alude la citada sugerencia del Justicia de Aragón, dando para ello las instrucciones oportunas a la Dirección General de la Función Pública. Lo solicitamos al amparo del derecho fundamental de petición, reconocido en el artículo 29 de la Constitución Española.
Agradeciendo de antemano la atención dispensada a este escrito, reciba un atento saludo.
Julio Guiral Pelegrín. Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa”.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
43 comentarios:
Buena andanada.
¿Piensan que las leyes están para algo?
¿Les molestan?
Si no las aplican, ¿qué piensan que significa estar en el ejecutivo?
¿Ejecutar su voluntad?
¿Por encima de la voluntad general que representa la ley?
¿Y se siguen considerando demócratas, después de eso?
La falta de escrúpulos democráticos es pasmosa.
¿Y por qué los toleramos los funcionarios públicos?
¿También nos hemos olvidado del valor de la ley?
¿No queremos problemas?
Entonces, ¿quién defiende el derecho?
¿Deslegitimación inevitable de las instituciones?
¿Impunidad de sus titulares?
Tomado del HERALDO SANITARIO DE OREGÓN:
El Doctor Antonio Brun Macipe , Director General de la Función Publica vale para todo. El sindicalismo rural y el cambio de chaqueta le sirvieron de trampolín a la política y para descubrir de repente conocimientos insospechados para dirigir la mayor empresa de Aragónque es el Salud. Desde Izquierda Unida un grupo de linces fundaron el Partido Democrático Nueva Izquierda para no aparentar transfuguismo a la hora de pasarse al PSOE, eso si todos con cargo. En 1999, el PDNI firmo un acuerdo electoral con los socialistas para concurrir conjuntamente a las elecciones: El acuerdo permitió la elección de una veintena de diputados autonómicos, dos parlamentarios del Parlamento Europeo, tres diputados del Congreso y cerca de trescientos concejales del PDNI en las listas socialistas.Entre los afortunados del pelotazo estaba nuestro benefactor Brun. El PSOE le retiró de la practica rural de la medicina y paso a ocupar grandes puestos como Gerente del Salud o actualmente Director General de la Función Publica. ¡Toma ya!
Hay blogs un poco maledicentes, ¿no os parece?
No este, desde luego.
Hay que ver el juego que da lo de Oregón.
Ya no se habla de Paletonia, como se hacía en Andalán.
¿Por qué los toleramos los funcionarios públicos?. Por miedo, y porque calculamos que llueve menos dentro del clan que fuera
Los responsables públicos se creen con capacidad de inaplicar las leyes y que ellos y su libre albedrio son la Ley.
Llueve, detrás de los cristales ...
¿Y el de Economía y sus todopoderosos hombres de confianza?
Ya es hora de empezar a señalar a los responsables.
Aunque esté feo señalar.
De este otro lado, también llueve, pero son las favores del poder.
Premios y recompensas, y basta con ver algunas gratificaciones.
¿Alguien conoce a algún miembro de esa asociación? ¿No es raro que sólo figure siempre su presidente? ¿Será una asociación unipersonal, de socio único?
¿Ha contestado alguna vez el señor Velasco a los escritos de petición?
Volverá a no contestar a esta petición?
Zaragoza.- El Gobierno de Aragón tiene previsto aprobar los presupuestos en el Consejo de Gobierno en el mes de octubre y ese mismo mes remitirlo a las Cortes de Aragón para su tramitación parlamentaria. El texto legislativo ya se encuentra “prácticamente hilvanado”, tal y como ha confirmado el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Alberto Larraz.
Las negociaciones con las distintas Consejerías darán comienzo esta semana. Larraz ha reconocido que cuando son ajustados, estos contactos “suelen ser complicados”, aunque ha querido dejar claro que se sacarán adelante “como siempre”. En esta ocasión, habrá menos tiempo para estos contactos, a pesar de los recortes que se tendrán que producir. En este sentido, Larraz ha desvelado que los consejeros “están mentalizados” en la necesidad de hacer ajustes y esfuerzos.
Larraz ha subrayado que los presupuestos serán “sobrios” y que habrá que ajustarlos a la situación actual.
ARAGON DIGITAL.
¿Una vez más se incumple el plazo que establece el Estatuto para la presentación del Proyecto de Ley de Presupuestos?
¿Otra vez habrá que formular una queja ante el Justicia de Aragón, para que exija el respeto al Estatuto?
¿Qué más da unos días más o menos, verdad?
Esta tarde se celebra la primera reunión de algunas asociaciones culturales para estudiar los pasos que se deben dar para promover que el Canto a la libertad de José Antonio Labordeta sea reconocido como himno oficial en lugar del actual, una composición de Antón García Abril de poco más de 20 años de antigüedad. Dado que para que esto sea factible es necesario modificar una ley autonómica y los partidos políticos no ven clara la oportunidad, un grupo de colectivos, encabezados por Rolde, van a iniciar los pasos para recoger firmas y presentar una iniciativa legislativa popular, que exige la presentación en las Cortes de más de 15.000 firmas y poder así debatir si se debate en la Cámara autonómica la modificación legislativa. Otras entidades que se han sumado a la iniciativa son Apudepa, Biella Nuei, Somerondón, el Instituto Aragonés de Antropología, AC Aljez, O Caxico, Consello d´a Fabla Aragonesa y la Fundación Candil. Las entidades están abiertas a que se puedan sumar más grupos a esta propuesta.
PERIODICO DE ARAGÓN.
¿POR QUÉ NO SE SUMA ESA ASOCIACIÓN A LA PLATAFORMA DEL HIMNO?
EXISTEN RAZONES, PARA ACERCAR LAS INSTITUCIONES A LA CIUDADANÍA.
Y TAMBIÉN EN SENTIDO CONTRARIO.
UNA LEY POR LECTURA ÚNICA, TRAS UNA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR.
Comentario:
En realidad, honrádamente, las leyes que se debaten en el parlamento, deberían ser siempre a iniciativa popular.
O es que hacemos la democracia al reves?
Animo a la Plataforma
Los intereses tienen su sitio y un sitio importante, cómo no, pero si hasta en este minúsculo pedazo de lo más parecido al cielo que hay sobre la tierra, en la Unión Europea, se olvida que la fuerza moral de nuestra civilización, esta democracia que pese a sus imperfecciones disfrutamos, es un sistema de valores y de principios o una triste farsa, es que hemos perdido la brújula y vamos cuesta abajo y sin frenos hacia la barbarie.
consuelo sánchez-vicente
diario del altoaragón
Las RPTs tienen que ser públicas, los puestos vacantes y comisiones a concurso público, la arbitrariedad, el clientelismo y el amiguimismo desterrado al ámbito privado y particular del "señor". La Admón tiene que ser de todos y para todos, desde la legalidad, igualdad y la seguridad jurídica.
Ya es hora de empezar a señalar a los responsables y regateadores de la ley y el reglamento.
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