LAS EMPRESAS PÚBLICAS COMO SÍNTOMA.

La enorme proliferación de empresas públicas y entidades de similar naturaleza parece ser un rasgo destacado de nuestra Comunidad Autónoma, dado el crecimiento exponencial del sector público autonómico al que hemos asistido en los últimos años. Se viene ahora a cuestionar no la racionalidad o justificación de tal desarrollo empresarial público –dicho cuestionamiento debiera haberse realizado en el momento de creación de cada una de ellas-, sino su sostenibilidad económica. Y se hace porque las exigencias de reducción del déficit público parecen imponer una revisión del “espíritu empresarial” de las Comunidades Autónomas.

Esta Asociación jamás ha logrado comprender la indisimulada “vocación empresarial” del Gobierno de Aragón. Gobernar es una tarea que ejercen personas con vocación política, cuyas propuestas obtienen el respaldo de los ciudadanos. Gobernar supone adoptar decisiones para promover el interés general e impulsar políticas públicas con las que atender las necesidades y demandas ciudadanas y asegurar la aplicación y cumplimiento de las leyes aprobadas -función ejecutiva-, para lo cual los órganos de gobieno dirigen la Administración Pública, servida por funcionarios, con un estatuto profesional destinado a reforzar su objetividad, su eficacia, su compromiso con la legalidad.

La lógica empresarial –búsqueda del beneficio, competitividad, sometimiento a las leyes del mercado y de la rentabilidad- parece radicalmente ajena a los principios por los que se guían las instituciones públicas, sin perjuicio de la racionalidad y eficiencia que han de asegurar en su funcionamiento. Es aquí donde falla el esquema de este Gobierno de supuesta “vocación empresarial”. Dicha vocación se ha traducido, exclusivamente, en la creación de empresas públicas –en muchos casos, para trasladarles el ejercicio de funciones que antes se llevaban a cabo por los servicios administrativos-, mediante las cuales se evitan o eluden los elementos de garantía que rigen el funcionamiento de las Administraciones y, además, en muchos casos se encarece la prestación de ciertos servicios. Se quiere disfrutar de la libertad del empresario en la gestión, sin asumir ninguno de sus riesgos, sin asumir la posibilidad de ser expulsados del mercado por una actividad ineficiente. Los resultados negativos, aquí, se endosan a todos los ciudadanos.

Esa “vocación empresarial”, sin embargo, no ha supuesto la implantación de criterios gerenciales en la gestión de los servicios públicos –la situación de la Administración, con sus disfunciones organizativas y su desidia en política de recursos humanos y gasto corriente, y la falta de controles de eficacia y eficiencia lo evidencia- ni ha sido garantía de que se cumpla, en muchos casos, la función ejecutiva –asegurar la aplicación de las leyes- propia de todo Gobierno: si el poder ejecutivo no aplica las leyes, sino que las vulnera, deviene un poder “inejecutor” del ordenamiento jurídico, lo que conlleva una deslegitimación en su condición de poder democrático, al colocar su gestión al margen de la ley, es decir, en contra de la voluntad general. Ejemplos de ello abundan y han sido objeto de constante denuncia por parte de esta Asociación.

¿Qué otra cosa ha hecho el Gobierno de Aragón con la Administración Pública? Por un lado, ha “inejecutado” totalmente las previsiones de la Ley de la Administración en materia de control de eficacia y eficiencia (“auditorías administrativas”, inaplicadas desde 1996), para luego alegar la necesidad de acudir a las “empresas públicas”, como modalidad de gestión eficaz y eficiente. Resulta poco convincente la opción por la gestión empresarial, invocando la gestión eficiente, cuando ese valor no se ha hecho valer en el seno de la Administración, a pesar de la previsión legal existente. Está claro que la “eficiencia” no es un objetivo, sino una coartada.

Esta Asociación no ha logrado entender nunca la complacencia o el silencio de los llamados “emprendedores” –el empresariado real, el que arriesga y genera riqueza- frente a la permanente intromisión del Gobierno de Aragón en el ámbito de la actividad empresarial, ocupando espacios propios de la iniciativa privada, disminuyendo su campo de acción y sus posibilidades de colaboración con las entidades públicas. ¿Se aspiraba a la condición de “subcontratas” de las empresas públicas, como nuevo instrumento de gestión de inversiones públicas y contratos de servicios?

Esta Asociación no considera deseable la presencia empresarial del Gobierno de Aragón en aquellos ámbitos de la actividad económica en que nadie debe ser “juez y parte” ni reunir en una misma mano la condición de “regulador” y “agente económico”. ¿Acaso el Gobierno de Aragón, cuando elabora proyectos de ley para la protección de la montaña, desconoce sus intereses empresariales como “cotitular” de la empesa Aramón? ¿Y al aprobar planes urbanísticos que afectan a la actividad de sus empresas?

El larguísimo letargo al que se ha condenado a la “Cámara de Cuentas”, con una ley aprobada en el año 2001, derogada sin jamás haberse aplicado, o la negativa del Gobierno de Aragón a establecer criterios comunes para una selección objetiva del personal de las empresas –cuya implicación en la actividad partidista en el mundo rural permite cuestionar su estricto perfil laboral- o la práctica habitual de incorporar personal de las empresas a funciones administrativas en las oficinas de los Departamentos –el ejemplo de Sodemasa es paradigmático, rozando el ilícito penal en casos como el puesto de dirección del CIAMA- permite hacerse una idea de que el entramado empresarial impulsado por el Gobierno de Aragón ha pretendido ser, en gran medida, una imposible alternativa a la función pública y una oportunidad de negocio y de gestión de fondos públicos al margen de los mecanismos habituales de control.

El balance de este “afán empresarial” del Gobierno de Aragón habrá de escribirse algún día, con datos y desapasionamiento, y podremos saber si su génesis y su desarrollo estuvieron motivados por razones fundadas de potenciar sectores estratégicos para la Comunidad Autónoma o por razones espúreas de oportunidad y clientelismo político. ¿Confirmará o descartará dicho estudio las sospechas que hoy abrigamos muchos sobre la segunda de esas opciones?