martes, 2 de marzo de 2010

LAS EMPRESAS PÚBLICAS COMO SÍNTOMA.

La enorme proliferación de empresas públicas y entidades de similar naturaleza parece ser un rasgo destacado de nuestra Comunidad Autónoma, dado el crecimiento exponencial del sector público autonómico al que hemos asistido en los últimos años. Se viene ahora a cuestionar no la racionalidad o justificación de tal desarrollo empresarial público –dicho cuestionamiento debiera haberse realizado en el momento de creación de cada una de ellas-, sino su sostenibilidad económica. Y se hace porque las exigencias de reducción del déficit público parecen imponer una revisión del “espíritu empresarial” de las Comunidades Autónomas.

Esta Asociación jamás ha logrado comprender la indisimulada “vocación empresarial” del Gobierno de Aragón. Gobernar es una tarea que ejercen personas con vocación política, cuyas propuestas obtienen el respaldo de los ciudadanos. Gobernar supone adoptar decisiones para promover el interés general e impulsar políticas públicas con las que atender las necesidades y demandas ciudadanas y asegurar la aplicación y cumplimiento de las leyes aprobadas -función ejecutiva-, para lo cual los órganos de gobieno dirigen la Administración Pública, servida por funcionarios, con un estatuto profesional destinado a reforzar su objetividad, su eficacia, su compromiso con la legalidad.

La lógica empresarial –búsqueda del beneficio, competitividad, sometimiento a las leyes del mercado y de la rentabilidad- parece radicalmente ajena a los principios por los que se guían las instituciones públicas, sin perjuicio de la racionalidad y eficiencia que han de asegurar en su funcionamiento. Es aquí donde falla el esquema de este Gobierno de supuesta “vocación empresarial”. Dicha vocación se ha traducido, exclusivamente, en la creación de empresas públicas –en muchos casos, para trasladarles el ejercicio de funciones que antes se llevaban a cabo por los servicios administrativos-, mediante las cuales se evitan o eluden los elementos de garantía que rigen el funcionamiento de las Administraciones y, además, en muchos casos se encarece la prestación de ciertos servicios. Se quiere disfrutar de la libertad del empresario en la gestión, sin asumir ninguno de sus riesgos, sin asumir la posibilidad de ser expulsados del mercado por una actividad ineficiente. Los resultados negativos, aquí, se endosan a todos los ciudadanos.

Esa “vocación empresarial”, sin embargo, no ha supuesto la implantación de criterios gerenciales en la gestión de los servicios públicos –la situación de la Administración, con sus disfunciones organizativas y su desidia en política de recursos humanos y gasto corriente, y la falta de controles de eficacia y eficiencia lo evidencia- ni ha sido garantía de que se cumpla, en muchos casos, la función ejecutiva –asegurar la aplicación de las leyes- propia de todo Gobierno: si el poder ejecutivo no aplica las leyes, sino que las vulnera, deviene un poder “inejecutor” del ordenamiento jurídico, lo que conlleva una deslegitimación en su condición de poder democrático, al colocar su gestión al margen de la ley, es decir, en contra de la voluntad general. Ejemplos de ello abundan y han sido objeto de constante denuncia por parte de esta Asociación.

¿Qué otra cosa ha hecho el Gobierno de Aragón con la Administración Pública? Por un lado, ha “inejecutado” totalmente las previsiones de la Ley de la Administración en materia de control de eficacia y eficiencia (“auditorías administrativas”, inaplicadas desde 1996), para luego alegar la necesidad de acudir a las “empresas públicas”, como modalidad de gestión eficaz y eficiente. Resulta poco convincente la opción por la gestión empresarial, invocando la gestión eficiente, cuando ese valor no se ha hecho valer en el seno de la Administración, a pesar de la previsión legal existente. Está claro que la “eficiencia” no es un objetivo, sino una coartada.

Esta Asociación no ha logrado entender nunca la complacencia o el silencio de los llamados “emprendedores” –el empresariado real, el que arriesga y genera riqueza- frente a la permanente intromisión del Gobierno de Aragón en el ámbito de la actividad empresarial, ocupando espacios propios de la iniciativa privada, disminuyendo su campo de acción y sus posibilidades de colaboración con las entidades públicas. ¿Se aspiraba a la condición de “subcontratas” de las empresas públicas, como nuevo instrumento de gestión de inversiones públicas y contratos de servicios?

Esta Asociación no considera deseable la presencia empresarial del Gobierno de Aragón en aquellos ámbitos de la actividad económica en que nadie debe ser “juez y parte” ni reunir en una misma mano la condición de “regulador” y “agente económico”. ¿Acaso el Gobierno de Aragón, cuando elabora proyectos de ley para la protección de la montaña, desconoce sus intereses empresariales como “cotitular” de la empesa Aramón? ¿Y al aprobar planes urbanísticos que afectan a la actividad de sus empresas?

El larguísimo letargo al que se ha condenado a la “Cámara de Cuentas”, con una ley aprobada en el año 2001, derogada sin jamás haberse aplicado, o la negativa del Gobierno de Aragón a establecer criterios comunes para una selección objetiva del personal de las empresas –cuya implicación en la actividad partidista en el mundo rural permite cuestionar su estricto perfil laboral- o la práctica habitual de incorporar personal de las empresas a funciones administrativas en las oficinas de los Departamentos –el ejemplo de Sodemasa es paradigmático, rozando el ilícito penal en casos como el puesto de dirección del CIAMA- permite hacerse una idea de que el entramado empresarial impulsado por el Gobierno de Aragón ha pretendido ser, en gran medida, una imposible alternativa a la función pública y una oportunidad de negocio y de gestión de fondos públicos al margen de los mecanismos habituales de control.

El balance de este “afán empresarial” del Gobierno de Aragón habrá de escribirse algún día, con datos y desapasionamiento, y podremos saber si su génesis y su desarrollo estuvieron motivados por razones fundadas de potenciar sectores estratégicos para la Comunidad Autónoma o por razones espúreas de oportunidad y clientelismo político. ¿Confirmará o descartará dicho estudio las sospechas que hoy abrigamos muchos sobre la segunda de esas opciones?

22 comentarios:

Anónimo dijo...

Las empresas públicas se han justificado con la excusa de que se iba a tener mayor eficacia y agilidad. Ni un solo dato sustenta estas afirmaciones. Lo que sí ha obtenido el gobierno de Aragón es manos libres para contratar, gastar y subvencionar. Existen unos gastos protocolarios paralelos, unas retribuciones a altos cargos paralelas, una oferta de empleo ¿público? paralela, unas subvenciones paralelas, y un montón de requerimientos de información archivados en la papelera.

Anónimo dijo...

Comentario:

Sinceramente, uno no sabe si cortarse las venas o dejárselas largas. Esto ya no es una comunidad autónoma, es un entramado político-empresarial manejado por un pequeño partido político basado en el clientelismo. Y está tan bien urdida que ni los grandes partidos ni los ciudadanos podemos escapar de ella. Tampoco las grandes empresas, porque este modelo que huye del derecho administrativo, sigue usándolo cuando es a su favor, de manera que puede desbancar al sector privado cuando le parece, gracias a un dinero público que uno ya no sabe muy bien de donde sale. La única esperanza es que tanto poder termine reventando por las disputas internas

Anónimo dijo...

La etapa de gobierno PSOE-PAR (desde 1999) está siendo muy prolífica para la creación de entes dependientes de la comunidad autónoma (fundaciones, consorcios, empresas públicas, organismos autónomos?). En una década, se ha pasado de 20 organismos a 90, un crecimiento del 77,7%, a un ritmo de siete por año. En total, según un registro actualizado por el Ministerio de Economía y Hacienda con fecha de julio de 2009, Aragón tiene 90 entes (en este tiempo, se han producido alguna bajas). De estos, 42 son empresas públicas, 17 fundaciones, 13 consorcios, 12 entes públicos y 6 organismos autónomos.

HERALDO DE ARAGON.

Anónimo dijo...

En cifras presupuestarias, las empresas públicas, las entidades de derecho público, las fundaciones y los consorcios se llevan el 15,6% del presupuesto de la Comunidad Autónoma: casi 900 millones de euros. Se reparten 571,8 millones para las empresas públicas (354,4 millones para explotación y 217,4 de capital); 275,9 millones para entidades de derecho público; 12 millones para fundaciones; y 36,1 para consorcios. En este último, habrá que sumar próximamente el nuevo consorcio que se ha creado para los Juegos Olímpicos de Invierno 2022.




Entre las entidades de derecho público (100%), por ejemplo destacan el Instituto Aragonés del Agua o de Servicios Telemáticos o la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. Hay, además, numerosas fundaciones, la mayoría culturales, como la fundación Goya o Tarazona Monumental y otras de promoción como la de desarrollo de las nuevas tecnologías del hidrógeno de Aragón.




En las empresas públicas, hay que distinguir entre aquellas en las que el Gobierno de Aragón tiene la mayoría de las participaciones y las que, también siendo públicas, poseen un porcentaje minoritario. Entre las primeras se encontrarían sociedades como Pla-Za, Suelo y Vivienda de Aragón, Ciudad del Motor y Sodemasa. Entre las segundas, estarían Zaragoza Alta Velocidad o Promoción Exterior de Zaragoza.




Pero también hay sociedades en las que la DGA participa, pero son privadas. Por ejemplo, hay algunas tan peculiares como Frutas y Conservas del Pirineo Aragonés y Zumos Catalano Aragoneses y otras, en las que las inversiones han fracasado como Savia Capital o Plaza Servicios Aéreos.

HERALDO DE ARAGON.

Anónimo dijo...

En cifras presupuestarias, las empresas públicas, las entidades de derecho público, las fundaciones y los consorcios se llevan el 15,6% del presupuesto de la Comunidad Autónoma: casi 900 millones de euros. Se reparten 571,8 millones para las empresas públicas (354,4 millones para explotación y 217,4 de capital); 275,9 millones para entidades de derecho público; 12 millones para fundaciones; y 36,1 para consorcios. En este último, habrá que sumar próximamente el nuevo consorcio que se ha creado para los Juegos Olímpicos de Invierno 2022.




Entre las entidades de derecho público (100%), por ejemplo destacan el Instituto Aragonés del Agua o de Servicios Telemáticos o la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. Hay, además, numerosas fundaciones, la mayoría culturales, como la fundación Goya o Tarazona Monumental y otras de promoción como la de desarrollo de las nuevas tecnologías del hidrógeno de Aragón.




En las empresas públicas, hay que distinguir entre aquellas en las que el Gobierno de Aragón tiene la mayoría de las participaciones y las que, también siendo públicas, poseen un porcentaje minoritario. Entre las primeras se encontrarían sociedades como Pla-Za, Suelo y Vivienda de Aragón, Ciudad del Motor y Sodemasa. Entre las segundas, estarían Zaragoza Alta Velocidad o Promoción Exterior de Zaragoza.




Pero también hay sociedades en las que la DGA participa, pero son privadas. Por ejemplo, hay algunas tan peculiares como Frutas y Conservas del Pirineo Aragonés y Zumos Catalano Aragoneses y otras, en las que las inversiones han fracasado como Savia Capital o Plaza Servicios Aéreos.

HERALDO DE ARAGON.

Anónimo dijo...

El funcionamiento de las empresas públicas (personal, gastos...) ha estado siempre rodeado por "el oscurantismo" como han denunciado constantemente PP y CHA, quienes junto con IU reclaman una reducción del número de estos organismos públicos. De hecho, estos escapan en muchos casos al control parlamentario. Desde el Gobierno de Aragón se apela a "la protección de datos" en algunos casos para evitar dar información. De hecho, fuentes del Ejecutivo autonómico aseguran que se responde a todo lo que se solicita. Algo con lo que PP y CHA discrepan.




Este periódico intentó conocer ayer los gastos que se derivan del funcionamiento de estas empresas, pero se remitió a cada una de las empresas (casi un centenar) para conocer el detalle. Solo se informó de la plantilla media de las empresas públicas. Sin más concreción. Precisamente, uno de los diez objetivos de la Corporación, según consta en la web, es "asegurar la transparencia del funcionamiento de sus empresas públicas".

HERALDO DE ARAGON.

Anónimo dijo...

El funcionamiento de las empresas públicas (personal, gastos...) ha estado siempre rodeado por "el oscurantismo" como han denunciado constantemente PP y CHA, quienes junto con IU reclaman una reducción del número de estos organismos públicos. De hecho, estos escapan en muchos casos al control parlamentario. Desde el Gobierno de Aragón se apela a "la protección de datos" en algunos casos para evitar dar información. De hecho, fuentes del Ejecutivo autonómico aseguran que se responde a todo lo que se solicita. Algo con lo que PP y CHA discrepan.




Este periódico intentó conocer ayer los gastos que se derivan del funcionamiento de estas empresas, pero se remitió a cada una de las empresas (casi un centenar) para conocer el detalle. Solo se informó de la plantilla media de las empresas públicas. Sin más concreción. Precisamente, uno de los diez objetivos de la Corporación, según consta en la web, es "asegurar la transparencia del funcionamiento de sus empresas públicas".

HERALDO DE ARAGON.

Alfonso dijo...

El acuerdo que propone el Gobierno de España es la reducción del 4% en gastos de personal. La supresión de veinte empresas públicas en Aragón -se podrían suprimir muchas más- supondría un recorte sustancial que nos acercaría directamente a ese 4% sin necesidad de suprimir puestos de trabajo en la Administración Pública.
La supresión de varios puestos de Director General y viceconsejeros también resulta éticamente necesaria.

La Cámara de Cuentas, en su nueva versión recién aprobada, es una herramienta más de la politización. No va a servir más que para dar la razón al gobierno de turno.

Por otra parte, existen gran cantidad de entes que podrían suprimirse. Sin ir más lejos, las recién creadas Academias de lenguas de la Ley de Lenguas de Aragón, no deben ver la luz, porque suponen otro gasto inútil.

Un saludo.

Anónimo dijo...

Hay libros escrito sobre esto y se llama huida del derecho administrativo,los escriben asustados catedráticos de esa materia.Yo creo que cuando estudiaba mi oposición ya leí uno,muy bueno,por cierto.El tema es más viejo (e intencionado) que la pana.Y por lo que se ve,ha ido a más.

Hoy por hoy,no se sabe qué funciones son las de un funcionario y qué puede hacer una persona externa,una asistencia,un experto,un asesor,una consultora.Todo se entremezcla.Todo lo puede hacer un externo,personal laboral eventual, una consultora que mete a sus trabajadores en la mesa de al lado.Todo vale.
Desde mi experiencia,sólo puedo decir que externalizar supone,aparte del consabido clientelismo y sumisión al político de turno,incrementar el gasto considerablemente.Trabajos que podría y debería hacer una unidad administrativa,se van externalizando,pagándose por los servicios cantidades asombrosas. Muchas veces, esos servicios son prestados ineficazmente.Pero hay amigos,nadie controla eso.Se paga y fuera y si hay basura,pues se esconde debajo de la alfombra.

En fin,podría escribir un libro sobre estas cosas.Gente que entra no se sabe cómo y pasan los años y hoy están aquí,mañana los contratan allá y pasado en la fundación que financiamos (estos saltos a lo saltamontes se dan cuando las cosas aprietan en la Administración,para eso van bien las instituciones sin control).Personal laboral eventual que hace el trabajo de un funcionario,como gestionar temas de subvenciones o contratos, y luego encima gana en juicio por permanencia indefinida y se queda para siempre.Gente a la que enseñas todo y luego son expertas asistencias técnicas.

Como los funcionarios no se unan y se defiendan contra el intrusismo y la usurpación de tareas que vemos en el día a día,apañados vamos.Porque los tiros van por la manipulación de estadísticas,el oscurantismo informativo y la ineficacia absoluta de las instituciones de control,cuando las hay,que en Aragón no existe ni la Cámara de Cuentas.Y por otros lares,se están externalizando hasta las auditorías públicas y el control de temas tan espinosos como el control de la justificación de las subvenciones.

Habrá que ver el desarrollo del Estatuto,pero cuando la terminología se confunde y todos los huevos se meten en la misma cesta y todos somos empleados públicos,en fin,mala espina me da.

Lo que llegará a la opinión pública son las estadísticas falsas: muchos millones de funcionarios y mucho gasto público.Sólo hay que ver las plazas que se sacan cada año para funcionarios de carrera...
Pero hay amigos,qué se hace? paralizar la oferta de empleo público.En plena crisis de empleo,no fomentemos el esfuerzo,la objetividad y la transparencia de una selección de personal objetiva.Ya sabemos, es la era digital...

Anónimo dijo...

La vicepresidenta primera del Gobierno y responsable de Función Pública, María Teresa Fernández de la Vega, acaba de anunciar en su comparecencia en la Comisión Constitucional del Congreso que "revisará" las retribuciones de los cargos de las empresas públicas. Con este anuncio le devuelve a la vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, el intrusismo del secretario de Estado de Economía, Carlos Ocaña, en sus competencias, cuando la semana pasada anunció que estaba sobre la mesa del Gobierno la revisión de los sueldos de los funcionarios, aunque después tuvo que rectificar.
La comparecencia de De la Vega se produce un año después de hacerse cargo de estas competencias, como así se lo ha recriminado el portavoz del PP, Miguel Barrachina, que, en su intervención, le ha asegurado que, antes de alcanzar un pacto para sacar adelante los temas de Función Pública, "el Gobierno tiene que ponerse de acuerdo consigo mismo". Además, el representante popular se ha congratulado de que el Gobierno cumpla por fin el acuerdo del Pleno del Congreso del pasado día 17 de febrero, votado en contra por el Grupo Socialista, en el que se pedía una reducción de altos cargos, el mismo que ahora anuncia la vicepresidenta.

ABC.

Anónimo dijo...

Comentario:

Soy empresario y no comprendo como mi gobierno me hace la competencia desleal con las empresas públicas. No son mas que cementerios de políticos venidos a menos donde se enchufan a sus hijos y amigos. Es una administración paralela inventada para desviar dinero a los partidos. Deberian cerrarlas en su inmensa mayoría.

Anónimo dijo...

EL ESTRAPERLO DE LA POLÍTICA.

ESE partidito corrupto de Mallorca, el de la princesa Munar, no es más que uno de tantos beneficiarios del mercado negro de la política, donde la quincalla ferretera de las bisagras se cambia por el oro contante de las parcelas de poder. El que permite que una ciudad de 700.000 habitantes, como Sevilla, la gobiernen de hecho tres concejales de Izquierda Unida con poco más de 25.000 votos. El que ha convertido las islas Baleares en una cleptocracia. El que sostiene en Cantabria al espabilado populismo de un Revilla. El que ha hecho de Canarias un feudo agiotista. El mercado negro no son los legítimos pactos de mayorías con minorías, que forman parte de la esencia de la política democrática, sino la turbia operación especulativa que otorga a ciertas fuerzas minoritarias, constituidas con expresa vocación de rapiña, tanto más poder cuanto menor es su respaldo electoral. El que deposita el preciado lápiz del Urbanismo en manos de grupúsculos de intereses. El que cada cuatro años convierte las elecciones locales y autonómicas en una tómbola en la que los premios son más gordos mientras menos papeletas (de voto) obtienen sus beneficiarios.
Estamos a poco más de un año de una nueva edición de este obsceno espectáculo de mercadeo que a menudo subvierte la voluntad ciudadana en provecho de los y las munares de turno. La ley que lo permite está intacta y nadie ha hecho el más mínimo esfuerzo por cambiarla. En junio de 2011, cuando los pactos postelectorales conviertan los ayuntamientos y las autonomías en una feria de saldos, se oirán como de costumbre las voces de los perjudicados, ganadores legítimos que verán birlado su triunfo por un cambalache de tráfico de intereses. Pero ya no tendrán razón de queja. Llevamos años asistiendo al mismo trueque, a idéntico regateo de consejerías y delegaciones, a similar reparto de dividendos y plusvalías a espaldas de los votantes, sin que se haya detectado una mínima voluntad de evitar ese expolio. Está por ver incluso que los sucesores de Munar no acaben de nuevo llevándose el manso en una alianza de gobierno con cualquiera de los dos grandes partidos que ahora castañetean sus dientes con proclamas de desengaño. Como si no hubieran sabido, primero el PP y luego el PSOE, con quién se estaban jugando literalmente los cuartos. No los suyos, lo de los ciudadanos.
Hasta que no se reforme el sistema electoral, hasta que alcaldes y presidentes autonómicos no salgan elegidos según la proyección directa del voto por mayoría simple o por doble vuelta, habrá munares con el cazo presto para especular en el estraperlo de la política. Y se seguirán fundando partiditos localistas o cantonales dispuestos a transformar sus puñados de sufragios en bisagras de alquiler con las que comprar privilegios y prebendas. Y continuará degradándose el crédito de una democracia en la que a menudo sale rentable el contrabando.

IGNACIO CAMACHO.

Anónimo dijo...

SEBASTIÀ VERD La vicepresidenta primera del Parlament, Aina Rado, se dirigió ayer al público que llenaba el hemiciclo de la cámara legislativa –representantes de la sociedad civil y de la política, en perfecta armonía– calificando la situación actual de excepcional. En efecto, lo era o, mejor dicho, lo es, porque si excepcional era que el discurso conmemorativo del veintisiete aniversario de la Autonomía no lo pronunciara la presidenta o presidente, como todos los anteriores, más raro será acostumbrarse a la ausencia de Maria Antònia Munar de la política balear. No se puede decir que haya dejado un hueco irreemplazable, porque ayer nadie la echó en falta, pero sí que hay un antes y habrá un después de su dimisión. En su discurso, Rado habló insistentemente de recuperar la confianza de los ciudadanos y de diálogo para defender el interés general y superar las disputas partidistas.
Por la mañana el president Antich fue entrevistado en la SER y reiteró la idea de mano extendida al PP y a UM, una mano que, de momento, no parece que el PP esté dispuesto a estrechar (como dejó claro desde Madrid, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal ), lo que, de seguir así, precipitaría la convocatoria de elecciones anticipadas. Sin embargo, antes de que esto ocurra, tanto el PP como UM deberán celebrar sus cónclaves. El PP su congreso, el próximo sábado, para elegir presidente y reconducir un partido que sigue lastrado por la huida de Jaume Matas, quien, por cierto, está en plena cuenta atrás para su próxima comparecencia ante el juez. No parece que el PP vaya a cambiar de estrategia, pero por lo menos habrá clarificado sus posiciones internas y se conocerá hasta qué punto será capaz de ejercer la autocrítica y librarse de las sospechas de corrupción que penden sobre su reciente pasado.
Una rectificación que, noqueados por la decisión de Munar de dejar la política y centrar la atención en su defensa ante los juzgados, ya ha llegado a UM. O eso cabe suponer, tras el anuncio de convocar un congreso de refundación para dentro de dos meses. Un congreso en el que no sólo se discutirá el liderazgo sino que, sobre todo, se tratará de limpiar la imagen tras los escándalos de corrupción en los que estaría implicada la cúpula del partido en la pasada legislatura y algunos de los altos cargos que UM ha tenido en ésta. No lo tendrá fácil, pero es la única opción y así parece haberlo entendido. Con la forzada salida de la política de su presidenta de honor ya no cabe duda sobre las razones políticas que tuvo Antich para romper el pacto de centro izquierda y, por eso mismo, debería desaparecer en UM cualquier tentación de moción de censura o de venganza contra sus ex socios.

Sin embargo, que UM deba acudir a un congreso de refundación –en el que incluso podría cambiar o modificar siglas– demuestra la difícil situación interna de un partido en el que la disciplina no está en absoluto garantizada. Los hechos que han desencadenado el último episodio tendrían mucho que ver con la última campaña electoral que UM hizo en Palma, pero, precisamente, no parece que sea la agrupación de Ciutat la más propensa al punto y aparte. Eso es precisamente lo que necesita UM y, en realidad, toda la política balear. Ya sin Maria Antònia Munar, poner un punto y aparte. Y hacer caso a lo que ayer se dijo en el Parlament. ¿Es eso posible?

DIARIO DE MALLORCA.

Anónimo dijo...

España es uno de los países de la Unión Europea en el que menos transparencia existe a la hora de conocer el patrimonio de sus políticos. La iniciativa tomada ayer por el Congreso y el Senado se ha limitado a publicar las actividades de sus señorías. Sus declaraciones patrimoniales siguen en la oscuridad.

En el caso de las comunidades autónomas, sólo tres (Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura) publican de manera accesible, fundamentalmente a través de las páginas web oficiales, los datos de los bienes y actividades de altos cargos y parlamentarios autonómicos. En el resto de las regiones españolas el manto de secreto aún no se ha levantado.

Aunque en Valencia sí que se han divulgado los bienes de sus políticos (el presidente Camps dice tener el 50% de un piso y 900 euros en el banco) en reacción a la «operación Gürtel». En Asturias tanto los miembros del Gobierno como los diputados están obligados a realizar una declaración de bienes, actividades e intereses cuando toman posesión de sus cargos, y a hacer otra cuando acaba la legislatura. También tienen la obligación de modificar su declaración si se produce una modificación en sus bienes o actividades. Pero esta información ni es pública ni publicable.

En el caso de los ayuntamientos de Oviedo y Gijón sí se conoce el patrimonio de sus bienes, que ya fue publicada tiempo atrás.

LA NUEVA ESPAÑA.

Anónimo dijo...

EDUARDO
LAGAR El servicio de prensa del Gobierno regional envía cada tarde a todos los correos electrónicos de los periodistas asturianos una completísima agenda con el surtido de actos que protagonizarán al día siguiente los dirigentes de la Administración, del presidente abajo hasta los directores generales. Tal relación pormenorizada da sensación de mucho dinamismo. Una sensación, como se dice en este Gobierno, de mucho impulsar Asturias. Bajan flotando por la agenda convocatorias sin cuento ni calibre: desde la inauguración de una gran autovía o un nuevo hospital al estreno de un cuarto de caleya o la puesta en servicio de un fonendoscopio. El objetivo es, precisamente, marcar la agenda informativa del día; pintar la pista para que todos corramos por ella, no dar tiempo a pensar, ir por lo segao. Se busca atiborrar de previsiones las páginas y los minutos de radio o televisión. Creo que eso se estudia en las facultades de Periodismo. O algo así.

Pero tampoco hay que quitarle méritos. La agenda del Principado es también un saludable ejercicio de transparencia de la Administración regional. Y por eso precisamente resulta una verdadera lástima que no haya aparecido aún la convocatoria de una rueda de prensa de cualquier alto cargo de la Consejería de Administraciones Públicas (una denominación muy al caso) para ofrecer explicaciones (públicas) sobre la supuesta administración (privada) que una jefa de servicio hacía de unos contratos adjudicados a la empresa Implans Mounts, de la que ella misma era accionista y administradora única.

Una pena. Por ese cristalino desfile de políticos en agenda impulsando a diario esta región no vimos pasar una explicación igual de cristalina sobre los negocios que presuntamente se hicieron en dependencias públicas y con dinero de todos. Si LA NUEVA ESPAÑA no hubiera detallado qué había pasado, aquí paz y después gloria. Desde la Consejería no sólo no se ofreció detalle alguno. Ni siquiera se comentó el hecho en sí. Chitón.

Puede alegarse que, de puertas adentro, la consejera Migoya fue impecable-implacable: que suspendió a la funcionaria y remitió el asunto al fiscal. Puede alegarse que el caso está en el ámbito judicial y que hay que respetar la presunción de inocencia de la funcionaria. Pero ¿no se merecen los administrados una explicación? Apretar el esfínter, esperar a que pase este pequeño ciclón «Xynthia», no parece política honesta. Si se ponen las cartas boca arriba y la casa a ventilar, todo el mundo puede entender que una oveja negra le sale a cualquiera, aunque hubiera sido oveja de confianza. De lo contrario, al mostrarse tan reticentes a destapar el caso, alguien podría pensar que querían ocultarlo al ojo público. Podría pensarse, incluso, que cuando no vienen maduras el transparente acristalado del edificio de servicios múltiples del Principado se va entintando y ocurre como en los coches tuneados: que no se sabe muy bien quién va dentro, ni qué está haciendo en realidad.

LA NUEVA ESPAÑA.

Anónimo dijo...

El tabú de Implans Mounts

El Principado trató de ocultar el origen de la destitución de la jefa de servicio de Procesos Administrativos y desde hace una semana niega explicaciones sobre el posible desvío de dinero público.

Anónimo dijo...

Mutismo absoluto. Todas las esferas del Gobierno regional mantienen un impenetrable silencio sobre el caso de la alta funcionaria de la Consejería de Administraciones Públicas que ha sido destituida por un supuesto desfalco económico en la adjudicación de contratos para servicios informáticos a una firma de su propiedad, Implans Mounts. Desde que la destitución de M. R. A. saliera publicada en el «Boletín Oficial del Principado de Asturias» (BOPA) del pasado 17 de febrero, ningún responsable del área que dirige Ana Rosa Migoya, ni de otros departamentos del Ejecutivo, ha dado la más mínima explicación sobre el caso. A preguntas de este diario, la respuesta oficial ha sido siempre la misma: el asunto está en manos de la fiscalía y no hay más comentarios. ¿Un caso tabú?

En un primer momento, la Consejería afectada trató de ocultar la destitución de la jefa de servicio de Procesos Administrativos, que llegó a Administraciones Públicas desde Cultura de la mano de Ana Rosa Migoya. Es más, fuentes del Principado negaron la noticia la misma mañana en la que la destitución aparecía en el «Boletín Oficial». Sólo horas después, y a la vista de que el asunto había trascendido por otras vías, un portavoz se limitó a confirmar que, «tras detectarse irregularidades administrativas en el departamento de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de José Alberto Pérez Cueto, se decide abrir un expediente, a resultas del cual se determina la destitución y la suspensión cautelar de empleo y sueldo de la funcionaria. Posteriormente, tras examinar los hechos y apreciar que pueden ser constitutivos de delito, se pone el caso en manos del fiscal». Después, y pese a las reiteradas peticiones, ha resultado imposible que algún responsable autonómico hiciera valoraciones sobre un caso que ha originado preocupación entre la ciudadanía.

Esta opacidad informativa contrasta con el tratamiento de otros escándalos económicos que se han producido en la región en los últimos años. El ex alcalde de Grandas de Salime José Cachafeiro detalló las causas por las que decidió denunciar un desfalco del secretario municipal que, después, sería sancionado por apropiarse indebidamente de 188.000 euros del Ayuntamiento en los años 2001 y 2002. También hubo mucha más transparencia cuando se supo que el tesorero de Muros de Nalón se había llevado 96.013 euros del Ayuntamiento entre 1997 y 2004. De igual forma, la postura de la Administración autonómica fue más cristalina cuando, en 2003, la contable del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de Asturias (Cogersa) fue encausada por un desfalco de 535.506,28 euros. Ahora, en cambio, silencio absoluto.

LA NUEVA ESPAÑA.

Anónimo dijo...

ISLA DE CALMA Y DE CORRUPCIÓN.

El domingo 27 de diciembre, Maria Antònia Munar, veterana dirigente de Unió Mallorquina (UM) y entonces presidenta del Parlamento balear, recibía un dos en esta misma sección tras ser imputada en un caso de corrupción. El dictamen era: «Unió Mallorquina está al borde del colapso, lo que puede provocar un terremoto en Baleares». Desde entonces, las imputaciones de cargos de UM han aumentado, por lo que el presidente socialista Francesc Antich –que ya lo fue de 1999 al 2003 y volvió al poder en el 2007– los echó del Gobierno autonómico el 5 de febrero.
El viernes todo se agravó cuando el sucesor de Munar al frente de UM, Miquel Nadal –uno de los destituidos–, declaró ante el juez que su predecesora le había entregado 300.000 euros de origen desconocido para comprar una productora de televisión que luego recibió múltiples encargos de la televisión pública de Mallorca. Los fondos generados sirvieron para pagar permanentes de UM y la campaña electoral de Nadal a la alcaldía de Palma. A Munar, política que soportó grandes campañas contrarias, no le ha quedado otro remedio que dimitir. Y la explosión de UM ha dinamitado la política balear.
Antich, que se apoyaba en una coalición que iba de la extrema izquierda a UM, se ha quedado sin mayoría cuando falta un año de legislatura. Puede acabar fracasando como ya le pasó otra vez, y la salida es disolver y convocar elecciones. Pero el PP balear, con dos diputados más, quizá lo tiene peor. No solo porque Munar apoyó a muchos gobiernos de los conservadores, donde tuvieron lugar la mayoría de los casos de corrupción que ahora se destapan. También porque muchos dirigentes, empezando por Jaume Matas, antecesor de Antich y exministro de José María Aznar, están procesados en sonados casos de corrupción. Matas se ha exiliado a EEUU y el partido no solo no tiene liderazgo, sino que está fragmentado. Y la débil dirección actual está amenazada por el ultraconservador alcalde de Calvià, Carlos Delgado.
Antich tiene que decidir si disuelve o aguanta un calvario. Y el PP acaricia la idea de hacerse con el poder autonómico, del Consell
de Mallorca y del Ayuntamiento de Palma a través de mociones de censura votadas por la moribunda UM. Sin duda, un panorama endiablado que subraya la mezcla explosiva originada por la confluencia del gran boom inmobiliario y turístico de la isla con la venalidad política. Y aunque los socialistas no aparecen en los casos de corrupción, pueden acabar pagando los platos rotos. Sus electores son más sensibles al descrédito de la política originado por las tramas partidarias que usan el poder urbanístico para acumular más poder y amasar dinero. Negro y sucio.

JOAN TAPIA.

Anónimo dijo...

La Junta de Andalucía dispone ya de tantos funcionarios como personal laboral en sus empresas públicas, un entramado de sociedades mercantiles, consorcios y fundaciones que requerirá este año casi 3.000 millones de euros del presupuesto de la comunidad para su funcionamiento.

El Sindicato Andaluz de Funcionarios (Safja) volvió ayer a denunciar el «engorde» que en los últimos años ha experimentado la «Administración paralela» de la Junta en detrimento de la Función pública, como pone de manifiesto que existan ya tantos trabajadores en las empresas públicas como funcionarios: unos 25.000.

En este sentido, el Safja lamentó que la política de personal del Gobierno andaluz sea «engordar» este entramado en el que los controles del gasto público destacan «por su relajación». A fecha de 30 de junio de 2009, según esta organización, las empresas públicas acumulaban un déficit de 350 millones de euros.

Así las cosas, los funcionarios exigen a José Antonio Griñán que «se ciña a las pretensiones» del Gobierno y se plantee la reducción del número de empresas públicas, que empezaron siendo 24 y ya ascienden a unas 150. «Un agujero negro para la economía andaluza, cuyo gastó en 2009 aumentó un 28 por ciento», añadió.

EL MUNDO.

Anónimo dijo...

El Partido Popular denunció ayer la «tela de araña» de las empresas públicas de Industria con unos gastos «insoportables para las delicadas arcas de nuestra región», según la diputada María Antonia Cortabitarte. El presupuesto para personal para 2010 asciende a 8,4 millones de euros y otros 10,4 millones para gastos corrientes. Su cometido es, además, de «dudosa utilidad».
La parlamentaria popular acusó a los socialistas de haber convertido las empresas en «chiringuitos en los que han colocado a sus amigos y les han solucionado la vida» y se preguntó que si el requisito que se pide es el carnet del PSOE. Reiteró los datos ofrecidos en junio de 2009 sobre los sueldos, las empresas que se han creado desde 2003 y los trabajadores contratados Indicó que la lista de los empleados es «interminable» y el «secreto mejor guardado» de la consejería.
La diputada se quejó en el pleno de la no remisión de los nombres de los trabajadores de las empresas públicas del departamento que dirige Juan José Sota, mientras sí dispone de los del resto de empresas.
Cuando llegaron existían tres empresas y una fundación, dijo, y desde julio 2003 se ha creado una «enorme administración paralela que escapa al control parlamentario creando una red clientelar». Según los últimos datos facilitados, precisó, en julio de 2003 había 35 trabajadores y en octubre de 2008 162, se han «multiplicado por cinco». «Han arreglado la vida a todas esas personas, de forma totalmente arbitraria, a dedo», sobre todo a favor de los los cargos directivos, «con contratos generosos». Sólo en Sodercán hay 39 nuevos trabajadores, todos indefinidos, dijo.
El consejero de Industria, Juan José Sota, indicó que no se facilitan los nombres de los trabajadores, ni el DNI ni el número de la Seguridad Social, para no incumplir la Ley de Protección Datos.
Algunas empresas no tienen personal, aclaró, porque son de tipo instrumental y señaló que se ha facilitado la información que no está protegida por la ley, según establecen los informes jurídicos, como la descripción del puesto, el sueldo y la fecha de los contratos.
El consejero precisó que no hay ningún secreto porque todos los antiguos cargos del PP están en Sodercán. «Yo no he creado ninguna empresa», dijo, y anunció que pronto «tendrán noticias respecto a la reorganización de las empresas públicas» en el sector de la Industria, reduciendo los consejos de administración, como ha ocurrido en el transporte. «No tenemos ningún dato de 2003 hacia atrás», advirtió, refiriéndose a cuando las empresas públicas estaban en manos del PP. En su turno de réplica, Cortabitarte citó a Joaquín Artuñano, ex asesor de Javier del Olmo, o la concejala socialista de Santander Ana Rozas, al frente de la sociedad del PSIR Marina-Medio Cudeyo.
«Antes con muchos menos trabajadores se hacía más», opinó, ya que «tienen más altos cargos que metros de suelo industrial que han creado», aunque, recalcó «La vergüenza nacional es GFB».
El consejero calificó de «chusco» el lenguaje empleado por Cortabitarte para «descalificar a las personas de una manera intolerable». «Mírese usted al espejo y métase conmigo no con la gente que no está», espetó.
Aclaró que el director de Sicán, que «lo pusieron ustedes» sigue en el puesto. «No somos cainitas como ustedes que lo primero que hacen cuando llegan a las instituciones es liquidar. No miramos el carnet, eso ustedes», aseguró el consejero, que anunció una resolución del problema de GFB y una comparencia en el Parlamento para hablar de suelo industrial.

EL DIARIO MONTAÑES.

Anónimo dijo...

Huída del Derecho Administrativo

Creación de redes clientelares

Competencia desleal con el empresariado privado

Simple intermediación, con un 6% de sobrecoste del bien finalmente suministrado; sobrecoste que sale del presupuesto de la Comunidad.

Gerencia sin riesgo empresarial alguno

Anónimo dijo...

¿Por qué el Instituto Aragonés de Ciencias para la Salud, con cuatro personas, se crea por Ley y un monstruo empresarial como Sodemasa o Sirasa se crea por Decreto?

En el Estado, las empresas públicas se crean por Ley. Aquí por simple acuerdo del Consejo de Gibierno, sin debate parlamentario.