Zaragoza, 20 de abril de 2009.
La Oferta de Empleo Público para 2009, aprobada por el Gobierno de Aragón mediante Decreto 39/2009, de 24 de marzo, publicado en el Boletín Oficial de Aragón de 3 de abril de 2009, no posibilita, a juicio de esta Asociación, el ejercicio efectivo del derecho fundamental de acceso a la función pública en condiciones de igualdad, reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución española y desarrollado por el Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón.
La aprobación anual de Oferta de Empleo Público, conforme a las exigencias legales establecidas respecto al número de plazas que debe recogerse en la misma, constituye una obligación del Gobierno de Aragón, mediante la cual, y a través del desarrollo de los procesos selectivos en ella autorizados, se posibilita el ejercicio efectivo del derecho constitucional de los ciudadanos para acceder, en condiciones de igualdad y conforme a criterios de mérito y capacidad, a los puestos vacantes que se precisa cubrir en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Desgraciadamente, el Gobierno de Aragón ha venido desatendiendo de forma reiterada sus obligaciones legales en materia de acceso al empleo público, mediante el incumplimiento del deber de aprobación anual de oferta de empleo público, como ha sucedido a lo largo de esta última década en los años 2001, 2002, 2005, 2006 y 2008, y el incumplimiento igualmente de los plazos legalmente establecidos para la convocatoria y desarrollo de los procesos selectivos derivados de la Oferta de Empleo, cuando ésta se aprueba.
Dichos incumplimientos se vienen a reconocer expresamente en el propio preámbulo o exposición de motivos del Decreto 39/2009, al mencionarse que el Gobierno de Aragón, con la conformidad de las organizaciones sindicales firmantes del Acuerdo de 13 de agosto de 2008, de la Mesa Sectorial de Administración General, no aprobó Oferta en el año 2008, para concentrar sus esfuerzos en la convocatoria y desarrollo de los procesos pendientes de 2004 y 2007. ¡Esfuerzo que ha resultado insuficiente, sin embargo, para acabar tales procesos durante 2008!
Nada autoriza al Gobierno de Aragón, ni siquiera los posibles acuerdos que pueda suscribir con las organizaciones sindicales, para restringir o anular de forma arbitraria el derecho de los ciudadanos a acceder a las funciones públicas, pues éste es un derecho fundamental, indisponible por parte de los poderes públicos, y no asegurar su disfrute, en los términos legalmente establecidos, sólo puede calificarse de vulneración del mismo.
Las cifras de la Oferta de Empleo aprobada para 2009 -dejando al margen las plazas propias de la función pública docente- son absolutamente insuficientes para atender las necesidades de personal de la Administración autonómica y corregir las elevadas tasas de interinidad existentes. El Gobierno de Aragón, además, se atribuye a sí mismo, como señala en el preámbulo del Decreto 39/2009, la facultad de suspender los objetivos de reducción de interinidad pactados con las organizaciones sindicales, con el pretexto de la crisis económica. ¿Acaso ha aplicado otro criterio en los años de expansión económica? En una u otra coyuntura económica, el Gobierno de Aragón ha vulnerado, de forma reiterada, el derecho de los ciudadanos -interinos o no interinos- a acceder a la condición de funcionario de carrera, no aprobando Oferta de Empleo Público o aprobándola con cifras totalmente insuficientes y demorando escandalosamente la convocatoria y ejecución de los procesos selectivos, sin garantizar en su desarrollo los mínimos elementos de objetividad.
Los términos de la Oferta aprobada la hacen totalmente insostenible -por más que sus ridículas cifras se intenten disimular con las plazas propias de personal docente- y es necesario recordar al Gobierno de Aragón que los derechos de los ciudadanos que se atienden desde la Administración no se agotan con la salud y la educación, pues el Estado de Derecho abarca todos los ámbitos de actividad e intervención pública, incluidos el medio ambiente, el urbanismo o la agricultura, cuya gestión debe hallarse en manos de servidores públicos cuyas condiciones de trabajo permitan salvaguardar la legalidad o la igualdad de los ciudadanos en su relación con los poderes públicos.
La proliferación de empresas públicas para desplazar indebidamente el papel que corresponde a los funcionarios públicos en la gestión del interés general va necesariamente ligada a la insuficiencia de las Ofertas de Empleo Público y al creciente deterioro de la Administración pública provocado por las medidas que el Gobierno de Aragón viene adoptando en las últimas legislaturas.
La estrategia no confesada del Gobierno de Aragón de progresivo debilitamiento de una Administración fuerte y profesionalizada, con capacidad de gestión y de asegurar los principios de legalidad y objetividad en su actuación, tiene uno de sus signos más destacados en la degradación del sistema de selección del personal de nuevo ingreso, olvidando el Gobierno de Aragón que ningún objetivo político en nuestro sistema constitucional permite prescindir de la Administración Pública, configurada como elemento técnico de salvaguarda de los valores del Estado de Derecho y de eficacia del poder público. Tal pretensión de marginar a la Administración Pública en las tareas de gestión sólo puede conducir a la corrupción y al descrédito de las instituciones públicas, como así se aprecia de forma creciente en Aragón.
Entendemos que todo Gobierno es responsable de asegurar el mejor funcionamiento posible de la Administración Pública, para favorecer la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos y legitimar con sus resultados la propia organización institucional. La política de selección de personal que el Gobierno de Aragón viene aplicando, con unas insuficientes y arbitrarias ofertas de empleo público, en nada contribuye, sino todo lo contrario, a ese objetivo.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
19 comentarios:
Se han acostumbrado ya a no cumplir las leyes, y se creen con derecho a ello.
Es grave el asunto.
¿Otro recurso judicial, por lo tanto?
Estoy de acuerdo con la elevada tasa de interinidad, innecesaria, con la falta de previsión, con la falta de estudio y planificación... del personal al servicio de la función pública, se prefiere tener más personal (eso dá poder), a estudiar y planificar el trabajo. Pero también deberíamos plantearnos que tal y es el sistema de selección, en relación con la duración del proceso, es imposible cumplir con los plazos anuales. Los tribunales se eternizan, los concursos para cubrir las plazas no se convocan en plazo, no se agiliza el proceso de ninguna manera.
¿Cuántos años van ya?
Derivaciones del caso:
El alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, ha suspendido provisionalmente de su cargo al teniente de alcalde y responable de Infraestructuras y Participación Ciudadana, Antonio Becerril, por su supuesta relación con uno de los imputados en la trama de corrupción urbanística de La Muela (Zaragoza).
Estoy en ascuas con la reunión de la Junta de ayer: ¿qué se decidió en el tema de los asesores?
¿Puede alguien privar del derecho constitucional a cientos o miles de personas sin que pase nada? ¿Habría alguna empresa en que los trabajadores lo consintiesen? Parece ser que eso sólo pasa en la Administración, donde la solidaridad brilla por su ausencia, fruto tal vez de años de cinismo de los sindicatos y de una atomización imparable, tras la quiebra de los valores del servicio público, cuidadosamente trabajada por los responsables políticos de los diferentes gobiernos.
La trama de corrupción llegaba al Ayuntamiento de Zaragoza:
La oposición municipal en el Ayuntamiento de Zaragoza ha solicitado este miércoles por la mañana, poco antes de iniciarse el pleno, la dimisión de Antonio Becerril de sus funciones como consejero de Infraestructuras y de Participación Ciudadana en el equipo de gobierno, e incluso, como ha pedido expresamente el concejal-portavoz de Izquierda Unida en el Consistorio, José Manuel Alonso, la renuncia a su acta como concejal.
Sostiene José Luis Valero:
Vaya 23 de abril que vamos a pasar con este asunto de La Muela, que como se venía anunciando está quemando a mucha más gente que a la alcaldesa María Victoria Pinilla y a su entorno familiar, personal y empresarial. Aquí han actuado demasiadas personas en el filo de la navaja, han jugado con fuego y conforme avanzan las investigaciones aparecen quemados en el camino. Y los que faltan por salir.
El concejal socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza Antonio Becerril ha defendido su gestión "honrada y transparente" al frente de las áreas de Infraestructuras y Participación Ciudadana, y ha descartado presentar su dimisión.
¿Cuándo disimulan estos señores? ¿Cuándo hablan en las cintas grabadas o cuando reivindican su inocencia?
¿Tan difícil es reconocer el error y retirarse a casa?
Belloch, reconoció que "no es facil cubrir el hueco de un consejero tan eficiente como Antonio Becerril".
¿A qué tipo de eficiencia se refiere?
A medida que se van conociendo detalles del sumario del caso de corrupción en La Muela, no se entiende cómo ha sido posible que durante tantos años los imputados pudieran haber actuado con tanta impunidad sin que nadie (justicia por un lado e instituciones públicas por otro) hiciera nada por impedirlo.
Eso se dice en la prensa: cómo impedirlo, lo que se hacía era impulsarlo.
Deberíamos utilizar el escándalo de la operación Molinos para comenzar una nueva etapa más limpia y justa. Es vergonzoso que España se encuentre entre los países con mayor corrupción de la Unión Europea.
Labordeta debiera escribir algo sobre el tema:
donde hay agua ya no hay una huerta, sino un polígono industrial, incluso ya donde no hay agua como gran scala.
¿Esta tierra es Aragón?
¿Cómo vamos a creer en Aragón mientras esté Biel en el Gobierno?
El consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné, ha negado que su Departamento acelerara o impulsara la tramitación de expedientes relacionados con el Ayuntamiento de La Muela ante la "insistencia" de las peticiones que ha reconocido que le hizo la alcaldesa de este municipio, María Victoria Pinilla.
Eso es un verdadero ejemplo de objetividad y escrupuloso respeto de la legalidad, dos virtudes que nadie discute a este consejero.
O nadie osa discutirlas.
¿Por qué se instalan cámaras de videovigilancia en los despachos de los concejales y cargos públicos? ¿No es una forma eficaz para corregir el vandalismo?
Habría que profundizar en iniciativas que resultan interesantes de fuera de Aragón:
La Fundación Ciudadanía y Valores nace en agosto de 2006 como una organización de carácter privado, sin ánimo de lucro, desvinculada de cualquier ideología política o empresarial, con el fin de promover la reflexión intelectual y el debate público sobre las raíces morales, culturales y jurídicas que sostienen la sociedad democrática occidental, fomentando la creciente consideración de los derechos humanos en todos los órdenes de la organización social, económica y política.
La Fundación es completamente independiente y parte de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de las demás convenciones internacionales en la materia suscritas por nuestro país, así como de nuestra Constitución, que declara en su artículo 1.1 que "España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político".
Asimismo, pretende servir de foro de encuentro a profesionales de distintas disciplinas y orientaciones, preocupados por fundamentar unos valores permanentes y universales, impulsando su estudio y difusión, mediante un diálogo abierto y sincero con todos.
La Fundación se organizará como un instituto de estudios multidisciplinar, formado por ciudadanos comprometidos con los valores enunciados y que desde su propio ámbito de actuación profesional aporten ideas para la elaboración y difusión pública de informes y reflexiones sobre temas de particular relevancia social.
Un ejemplo fantástico en tiempos de crisis,no sacar plazas de empleo público,sí señor.
Hace falta:
La Cámara de Cuentas de Aragón, que llevamos años tras ello...
Hace falta definir los puestos que han de ser ocupados por funcionario de carrera,en otro caso,siempre podrán poner un eventual,laboral o una asistencia técnica,saliendo del derecho administrativo a su antojo,porque ahí no hay control alguno.
¿cómo se contrata en las empresas públicas,consorcios,institutos,comarcas?.El dinero sale de los presupuestos en gran parte,luego debería haber una transparencia en los procesos de selección.Todo lo demás,genera sospechas y creo que fundadas,de enchufismo y de coladero de amiguetes.
Otro gran coladero: los contratos administrativos.Es necesaria una reforma de los contratos,especialmente de los de cuantía pequeña,menores y negociados.Ahí se mete personal haciendo funciones reservadas a funcionarios.Hoy en un puesto y mañana en otro.
Hace falta una reforma de la forma de provisión de puestos de trabajo,basada en las comisiones de servicio.Se deben objetivizar los concursos,con cursos y méritos que cualquier persona pueda cumplir,esté en un organismo o en otro,siempre que su experiencia profesional encaje dentro del área de trabajo del puesto.
Hace falta facilitar la movilidad geográfica del funcionario,movilidad entre Administraciones.¿Por qué un funcionario del Estado especializado en un área no puede trabajar en su CCAA donde nació o quiere vivir y viceversa?.¿Por qué no se puede promocionar de una Admninistración a otra de una forma racional?.
En cuanto al personal interino,deber estar para lo que se creó,una cobertura temporal de un puesto por necesidades temporales.Así se establece claramente en la normativa y Reales Decretos de empleo público.En este sentido,se incumple la normativa totalmente y se hace de la excepcionalidad la regla general.
Es necesario acabar con procesos contaminados,como son las consolidaciones de empleo temporal,concursos-oposición y funcionarizaciones extrañas.
En fin,se echa en falta una figura similar al Interventor para el gasto público,un defensor de la función pública que pueda paralizar un nombramiento o contratación cuando no se ajuste a la legalidad.Hay mucho que reformar.Por mi experiencia propia,los políticos aprovechan cualquier resquicio legal,donde exista la discrecionalidad,para hacer y deshacer a su antojo.
Hoy por hoy sólo queda el acudir a los tribunales y esperar su lenta resolución...
Buen blog el vuestro.
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