La Asociación para la
Defensa de la Función Pública Aragonesa va a reclamar al Gobierno de Aragón y
al resto de Administraciones Públicas aragonesas el impulso de acciones
formativas en materia de ética administrativa, para asegurar el compromiso
ético de los servidores públicos y convertir a la función pública profesional
en un eficaz elemento de prevención de la corrupción pública.
Desde esta Asociación queremos
insistir en la necesidad de incluir en las acciones de formación del personal
de la Administración cursos o jornadas específicas sobre ética administrativa.
No hay que olvidar que entre los derechos que reconoce el artículo 14 del
Estatuto Básico del Empleado Público se incluye el relativo a la formación
continua y a la actualización de sus conocimientos y capacidades profesionales.
A dicho derecho se suma el deber que el ordenamiento jurídico impone a las
Administraciones públicas aragonesas la reciente Ley de Integridad y Ética
Públicas.
En efecto, la
programación de tales contenidos formativos es algo que ha establecido de
manera expresa la reciente Ley 5/2017, de 1 de junio, de Integridad y Ética
Públicas, en cuyo artículo 7 se dispone: “El
Instituto Aragonés de Administración Pública incluirá en su planificación anual
cursos específicos de formación en materia de integridad y ética públicas para
todos los empleados públicos”.
No debe olvidarse que
ya el Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado en 2007, incluyó un
Capítulo, dentro de su Título III, en el que se incorporaba un código de
conducta de los empleados públicos, que hasta la fecha apenas ha tenido
plasmación alguna en la realidad de las Administraciones.
Frente a la
indiferencia existente respecto a los temas de integridad por parte de los
responsables de la función pública, la reciente aprobación de la Ley de Integridad
y Ética Públicas, al incorporar igualmente un código de conducta para los
empleados públicos y obligar a las Administraciones Públicas a incluir en su
Plan de formación acciones formativas o iniciativas referidas a la divulgación
y el conocimiento de los principios de dicho código de conducta, viene a dar a
la formación en materia de ética administrativa un nuevo impulso que no es
posible desconocer como se ha venido haciendo hasta el momento.
Por dicho motivo, nos
vamos a dirigir al conjunto de entidades del sector público de Aragón a las que
resulta de aplicación la Ley de Integridad y Ética Públicas para solicitar la
realización de actividades de difusión y conocimiento que refuercen la
conciencia ética del personal de las distintas áreas de gestión pública, de
modo que la función pública pueda cumplir el papel relevante en la prevención
de la corrupción que le corresponde y que expresamente le asigna la Convención
de Naciones Unidas contra la Corrupción, aprobada en 2003 y ratificada por
España en 2006.
13 comentarios:
No basta con abrir la mano de la Oferta de Empleo Público. El problema reside en qué plazas querrán cubrir las Administraciones Públicas (¿técnicas o instrumentales?) y con qué exigencias. Los servicios de recursos humanos del sector público (menuda también la que se les viene encima), tras años de inactividad en el campo de la selección, están desempolvando los viejos y destartalados procedimientos selectivos, con sus absurdos temarios y la tradicional estructura de pruebas. Con eso poco se resolverá, si es que algo se consigue. El periclitado sistema de selección apenas nada predice. Casi puede ser mejor echar a cara y cruz. El talento joven dará la espalda (ya lo está dando) a la administración pública y está puede convertirse en un océano de mediocridad, como ya lo son algunas señaladas esferas o ámbitos del sector público. Y no digo nada más para no herir susceptibilidades, pero tiempo habrá para hablar de ello.
jimenez asensio
La actualidad pone de actualidad este tema.
Una investigación desarrollada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y la Fiscalía Anticorrupción se ha saldado en Aragón con los registros de los ayuntamientos de Huesca y Teruel, la detención del jefe de la Policía Local de la capital oscense, Alberto Edroso, y una orden de arresto contra el exintendente turolense, Santiago Hernández. La denominada operación Enredadera investiga una trama de corrupción en contratos administrativos vinculados a la gestión policial y más concretamente de programas informáticos asociados a la seguridad vial y a la tramitación de las multas. En el punto de mira está Aplicaciones Gespol S. L., una sociedad integrada en el Grupo Sacyr.
Edroso, que por la tarde ya estaba en libertad, y Hernández, que no pudo ser localizado al encontrarse de vacaciones en Roma, tienen en común ser presidente y exvicepresidente en Aragón de Unijepol (Unión de Jefes y Directivos de Policía Local de España). Hay otros intendentes arrestados en el marco de esta operación, que se ha saldado con 39 detenidos entre concejales y cargos policiales.
ha
Los registros en los dos ayuntamientos se iniciaron simultáneamente, en torno a las 9.00. En Huesca, los agentes de la Policía Nacional llegaron al parquin en dos coches camuflados, acompañados de Alberto Edroso, y permanecieron allí durante cuatro horas. Solicitaron documentación tanto en la secretaría como en la Unidad de Contratación. El trabajo policial se desarrolló con discreción y pasó casi desapercibido para concejales, empleados y el público que acudía al Ayuntamiento.
Ningún concejal quiso hacer declaraciones (el alcalde estaba en Madrid en una reunión con la ministra de Defensa). En una nota de prensa, el Ayuntamiento mostró su máxima colaboración con la Policía Nacional y dijo que "ha estado a su disposición para facilitar la información y la documentación requeridas".
A las 13.00, la comitiva se dirigió a las dependencias de la Policía Local y posteriormente a la comisaría del Cuerpo Nacional, a la que trasladaron a Alberto Edroso para prestar declaración a las 14.45. Este fue puesto en libertad en torno a las 16.00.
El Ayuntamiento de Huesca no tenía constancia de ningún contrato con Aplicaciones Gespol. El intendente ha colaborado en todo momento con los investigadores. Fuentes cercanas al caso han comentado que buscaban contratos desde 2010 y no solo de Gespol, sino también de otras sociedades del grupo Sacyr. Al parecer, la investigación se centraría en contratos menores (hasta 15.000 o 18.000 €, según la normativa de aplicación en distintos años) que no pasan por la Mesa de Contratación. En estos casos, el jefe del área redacta un informe de necesidad (si es un asunto de tráfico, lo haría el intendente), luego se convoca a tres empresas para participar y hay un nuevo informe sobre la mejor oferta.
En Teruel, la Policía Nacional ordenó el desalojo de la mayor parte de los funcionarios del Ayuntamiento y requirió información relativa a una serie de empresas para ver si estas habían sido contratadas por el Consistorio. Al término de esta actuación policial, que se prolongó hasta las 13.30, la alcaldesa, Emma Buj, compareció en rueda de prensa y aseguró que "ninguna" de esas compañías ha mantenido relación contractual o económica con el Ayuntamiento.
Buj recomendó "prudencia" al hablar sobre la orden de detención que pesa sobre el exjefe de la Policía Local, Santiago Hernández, aunque a renglón seguido subrayó que "si alguien en el Ayuntamiento de Teruel ha hecho algo, que lo pague; que caiga sobre él la justicia". La alcaldesa resaltó, además, que la colaboración del Ayuntamiento con la investigación de la Policía había sido "absoluta" en todo momento.
Los agentes de la UDEF se trasladaron después a la sede de la Policía Local para averiguar si esta unidad pudo tener alguna vinculación con las empresas que están siendo investigadas, ya que en el caso de contratos menores estos pueden ser suscritos por el jefe de cada área municipal, bajo su propia firma y responsabilidad. Según explicó Buj, también presente en el registro de las dependencias policiales, la UDEF habría hecho copias de la documentación encontrada en formato papel que ahora tendrá que ser analizada para saber si encierra, o no, algún tipo de irregularidad. El equipo de investigación revisó también los ordenadores de la Policía Local.
Buj indicó que nunca tuvo conocimiento de ninguna práctica delictiva por parte del antiguo intendente, ya que, de lo contrario, "la habría denunciado" y destacó que "estamos hablando de una persona que ya no está en activo en el Ayuntamiento; hay que esperar a ver qué sucede".
El registro, iniciado por un policía de paisano al que siguieron varios uniformados, sorprendió a los funcionarios. La actuación se produjo en una ciudad en fiestas y, por tanto, con más población de lo habitual. Muchos viandantes se mostraban desconcertados ante la gran actividad policial.
ha
Los ayuntamientos de Huesca y Teruel, así como las sedes de la Policía Local de ambas capitales aragonesas, fueron registrados ayer por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, en el marco de una operación de la Fiscalía Anticorrupción que abarca a unos 40 municipios de toda España. Una investigación por la que fue detenido, y liberado tras declarar, el todavía jefe de la Policía Local de Huesca, Alberto Edroso, según confirmaron fuentes policiales. Y fue cursada una orden para localizar al exintendente de Teruel, Santiago Hernández, que no se pudo constatar que llegase a ser hallado.
La operación, bautizada como Enredadera, deriva de una investigación abierta por el Juzgado de Instrucción número 2 de Badalona en el 2016, según informó Anticorrupción, que se ha ido ampliando hasta llevar las sospechas a nivel nacional. Ayer se activó la operación con registros y arrestos en 22 ayuntamientos, así como sede de empresas y domicilios por todo el país. Además se practicaron requerimientos de información en otros 18 municipios y en la Diputación de Alicante, según la Fiscalía.
epa
Ayer, la gran redada en ayuntamientos de toda España nos puso otra vez de los nervios. O no, que ya hemos hecho callo. O sí, que las Españas andan muy revueltas y todas las partes contratantes pretenden fulminar a sus contrarias, sobre todo las partes más, dijéramos, conservadoras, que acaban de quedarse sin pastel y llevan un cabreo de no te menees..
La presunta corrupción municipal ahora desvelada ha tenido la virtud de desvirgar en estos sucios temas a Ciudadanos, que se ha encontrado con algún munícipe suyo bajo sospecha. Por lo demás, el partido de Rivera ha reaccionado rápido (lo mismo que hizo en su momento el PSOE de Sánchez con el fugaz ministro Huerta o el ya dimitido presidente de la Diputación provincial de Valencia). Y esa aparente voluntad de quitarse velozmente de encima a los imputados... ya es un avance respecto de lo que veníamos viendo.
En lo que acaba de salir a la luz (la contratación a sobreprecio de equipos de control del tráfico innecesarios) hay otros implicados, que al no ser cargos electos han vuelto a quedar en un segundo plano en relación con la lógica furia ciudadana. Los actores que digo son funcionarios con atribuciones técnicas, jefes o exjefes de las policías locales y una empresa del grupo Sacyr. Solo que, como suele suceder, el personal los ha tomado por simples secundarios, cuando son verdaderos protagonistas.
En los ayuntamientos de Huesca y Teruel no se sabe que haya un solo concejal pringado. Pero sí se ha detenido al jefe de la Policía Local de la primera de ambas ciudades, y al actual jefe de la segunda. Los dos, por cierto, miembros destacados de Unijepol, el sindicato de mandos fundado por el gran jefe de los municipales de Fuenlabrada (Madrid) que también estaría involucrado en este complejo y extraño barullo.
La corrupción es un fenomenal problema político, sí. Por otro lado define un ecosistema económico marcado por el ventajismo y la impunidad de los que cortan el bacalao. Repito: o dicho ecosistema es depurado íntegramente... o acabaremos envenenados todos.
jl trasobares
Concesiones a las comarcas,familiares colocados a dedazo en empresas publicas civrando sueldazos q nadie les pagaria en.lo privado por inutiles etc etc etc
Todo negociado donde se adjudican concursos públicos, licencias etc. está sujeto a peaje, si una empresa quiere trabajar tiene que pagar peaje. No es nuevo, yo lo viví hace años.
La macrorredada efectuada ayer por la Fiscalía Anticorrupción en varias provincias españolas y que salpicó a los ayuntamientos de Huesca y Teruel es todavía muy confusa. El jefe de la Policía Local oscense fue detenido y puesto en libertad, y sobre el que fuera su homólogo turolense pesa una orden de detención. Ambos por su presunta implicación en una trama para, posiblemente, beneficiarse y beneficiar a una empresa que comercializa sistemas de gestión de tráfico que ninguna de las dos ciudades usa. En lo que sí coinciden ambos jefes es en su pertenencia a una asociación profesional que parece estar en el punto de mira por sus relaciones con empresas de este sector. Quedan muchas cosas que aclarar.
HUESCA.- El jefe de la Policía Local, Alberto Edroso, declaró este martes en el marco de la macrooperación Enredadera contra la corrupción en la gestión de contratos que afectan a sistemas de gestión policial. El máximo responsable de este cuerpo fue trasladado a la comisaría de la Policía Nacional tras los registros realizados en el Ayuntamiento por agentes de la Unidad Judicial de Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional. Estos se repitieron en más de cuarenta localidades de la geografía española y finalizaron con 39 detenidos.
Esta investigación, liderada por la Fiscalía Anticorrupción, incluye la revisión de los documentos y contratos realizados tanto por la actual corporación como anteriores. Fuentes de la investigación indicaron que los hechos presuntamente delictivos se remontan a 2012 y 2013, cuando se amañaron los pliegos de los contratos municipales adjudicados a la empresa Aplicaciones Gespol, pertenece a Valoriza Servicios Medioambientales, del grupo Sacyr, dedicada al mantenimiento informático para la gestión de infracciones de tráfico y seguridad vial.
El Juzgado de Instrucción número 2 de Badalona, según confirmaron desde la Fiscalía General del Estado, ordenó este martes la entrada y registro en más de una veintena de ayuntamientos y el requerimiento de documentación en casi otra veintena de municipios, además de la Diputación de Alicante. En el dispositivos desarrollado en toda la geografía española participaron 580 policías.
Los agentes accedieron a primera hora de la mañana al Ayuntamiento de Huesca a través del aparcamiento público situado en los bajos del mismo, lo hicieron en un coche camuflados y vestidos de paisano, por lo que, a pesar de tratarse del horario de apertura al público, no llamaron la atención. Al llegar ante los responsables municipales -el alcalde Luis Felipe se encontraba de viaje en Madrid- se identificaron para solicitar acceso a la información solicitada.
Al contrario de lo que sucedió en Teruel, donde se realizó un operativo para desalojar y controlar el acceso a las dependencias municipales, en el Palacio Consistorial ni los propios usuarios y funcionarios se enteraron del registro y desarrollaron su labor con normalidad.
En los registros, que se prolongaron durante cuatro horas, al parecer, participaron además de Edroso, el oficial mayor del Ayuntamiento, al encontrarse el secretario municipal de vacaciones, y los agentes requirieron documentación tanto a las áreas de Contratación como de Secretaría. En todo momento, según apuntaron fuentes municipales, el Ayuntamiento ofreció su "máxima colaboración" con la operación policial y estuvo a disposición de la Policía Nacional para facilitar toda la información y documentación requerida. En principio, no constaría ningún contrato de las características mencionadas a la citada empresa. Ante las peticiones de información de los medios, desde el Consistorio insistieron que no se facilitarían más datos al estar la investigación bajo secreto de sumario.
diario del altoaragon
¿pero? ¿quien contrata, o contraataba? ¿los policías? no me lo creo ¿en que manos estamos? o mejor dicho estábamos, ya se que los batracios saltan mucho, pero la charca, queda lejos, ........ hasta Huesqueta hay un buen trecho. Hay un concejal que siempre sale metiendo el dedo en la llaga o palitos en la rueda, da lo mismo ¿donde está hoy? ¿no sabe?¿no contesta?
El juzgado de instrucción número 2 de Badalona (Barcelona), que investiga una supuesta trama de amaños en la contratación de servicios de regulación del tráfico en decenas de ayuntamientos españoles, ha dictado una orden de detención contra el exintendente de la Policía Local de Teruel, Santiago Hernández, por su presunta implicación en este caso.
Hernández, que reside en Zaragoza y se encuentra en situación de segunda actividad, no habría podido ser arrestado aún por la Policía por encontrarse de vacaciones en el extranjero, según han confirmado fuentes oficiales.
Mientras tanto, agentes de la Policía Nacional han registrado durante toda la mañana las dependencias del Ayuntamiento de Teruel en el marco de la macrooperación abierta contra la corrupción en consistorios de varias comunidades autónomas por posibles amaños en la contratación de servicios para la regulación del tráfico y la gestión de multas.
Los agentes han entrado en torno a las 09.30 horas y han procedido al desalojo de la mayor parte de los funcionarios y trabajadores municipales.
El registro de las dependencias municipales se ha realizado con presencia de algunos altos funcionarios y la alcaldesa de Teruel, Emma Buj.
La operación
Según ha informado la agencia Efe, agentes de la UDEF de la Policía Nacional registrarán a lo largo del día 22 ayuntamientos y requerirán documentación a otros 18, además de a la Diputación de Alicante, en una operación en la que ya hay varias personas detenidas, incluido el empresario José Luis Ulibarri y un asesor de Ciudadanos.
La Fiscalía Anticorrupción ha informado en una nota de prensa de la operación Enredadera que lleva el Juzgado de Instrucción nº 2 de Badalona para investigar posibles amaños en la contratación de servicios para la regulación del tráfico.
Fuentes policiales han informado a Efe del arresto del empresario leonés José Luis Ulibarri, relacionado con la trama Gürtel, y de Sadat Maraña, asesor de Ciudadanos en la Diputación de León.
Se han producido más arrestos, entre ellos de alcaldes, concejales y policías locales, y se espera que el número de detenciones alcance las sesenta.
El juzgado ha ordenado la entrada y registro en diversos ayuntamientos, sedes de empresas y domicilios particulares de toda España para completar la investigación sobre la empresa Aplicaciones Gespol SL (integrada actualmente en el grupo Valoriza Servicios Medioambientales).
Esa empresa habría obtenido la adjudicación de diversos contratos administrativos vinculados principalmente a la gestión policial en el ámbito local.
Según Anticorrupción, los hechos investigados podrían constituir delitos de prevaricación administrativa, fraude a la administración pública, revelación de información privilegiada, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, falsedad documental por funcionario público y por particular, alteración del precio de concurso público y pertenencia a organización criminal.
En concreto, el juzgado ha autorizado la práctica de entradas y registros en ayuntamientos de capitales de provincia como Huesca, Lleida, Oviedo, León, Palencia o Teruel.
También registrará la Policía los ayuntamientos de Alcobendas, Arroyomolinos, Fuenlabrada, Majadahonda, Villanueva de la Cañada, Pinto, Parla y Torrelodones (Madrid); Tiana y Mollet del Vallés (Barcelona); Plasencia (Cáceres); Illescas (Toledo); San Andrés del Rabanedo y Villaquilambre (León) y Vélez Málaga.
Además, por orden del juzgado, la Policía requerirá documentación a Diputación de Alicante y a los ayuntamientos de capitales como Vitoria o Logroño.
También lo hará en municipios como Mataró, Montgat, Pineda del Mar, Premiá de Mar y Rubí (Barcelona); Aldea del Fresno, Brunete, El Escorial, Galapagar, Manzanares el Real y Valdemorillo (Madrid), La Cistérniga (Valladolid), El Puig y Gandía (Valencia), OGrove (Pontevedra) y Sant Vicent del Rapeig (Alicante).
El dispositivo, en el que participan 580 policías, investiga posibles amaños en la gestión de las multas y la regulación del tráfico con semáforos.
diario de teruel
Publicar un comentario