El próximos miércoles
13 de junio, a las 19 horas, en el salón de actos de la Biblioteca de Aragón
(C/ Doctor Cerrada, 22, Zaragoza), tendrá lugar un coloquio-debate sobre el
derecho fundamental de acceso a la función pública (contenido y garantías),
organizado por la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa,
con la colaboración del Centro de Estudios Adams.
En dicha jornada, en la
que se abordará la problemática que presenta el ejercicio de dicho derecho,
intervendrán José Manuel Aspas,
abogado, Gloria Oliveros, Directora
de Oposiciones de Adams Formación, y Félix
Gracia, secretario de la Asociación para la Defensa de la Función Pública
Aragonesa. El acto estará presentado y moderado por Julio Guiral, presidente de la Asociación, y tras las palabras de
los intervinientes, se abrirá un coloquio que permita la participación de los
asistentes.
La sesión servirá para
hacer un repaso al conjunto de iniciativas y acciones judiciales desarrolladas
por la Asociación a lo largo de la última década, en defensa del derecho que la
Constitución reconoce a los ciudadanos para acceder a la función pública en
condiciones de igualdad, y en la obligación que el Estatuto Básico del Empleado
Público impone a las Administración Pública de aprobación anual de oferta de
empleo público, en la que se incluyan la totalidad de los puestos vacantes
ocupados por funcionarios interinos.
Se analizará la
compleja situación actual, provocada por el continuo menoscabo del derecho de
acceso, lo que ha provocado abultadas tasas de temporalidad en el personal de
las Administraciones y un deterioro evidente en el sistema de selección de personal
funcionario, y se presentará el proyecto de creación de un Observatorio del Derecho de Acceso a la Función Pública, como
instrumento dedicado a la supervisión de la actuación de las Administraciones
públicas aragonesas respecto a la realización efectiva del derecho de acceso a
la función pública.
La aprobación anual de
oferta de empleo público, la inclusión en las mismas del número de plazas que
establece el Estatuto Básico del Empleado Público, la convocatoria en plazo de
los procesos selectivos autorizados en la oferta aprobada, y el desarrollo de
tales procesos con garantías de transparencia y objetividad, asegurando los
principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad: todo ello será cometido
del citado Observatorio del Derecho de Acceso a la Función Pública, en torno al
cual se pretende aglutinar a entidades de la sociedad civil, empresas de
formación, colectivos profesionales y expertos en función pública, con el
objetivo común conocer de manera minuciosa la actuación de las Administraciones en cuanto al derecho de acceso a la
función pública y mejorar el sistema de selección actualmente existente, con
propuestas tendentes a corregir sus deficiencas.
Animamos a todas las
personas interesadas a tomar parte en el acto organizado, y confiamos
igualmente en que un alto número de entidades sociales se adhieran al
proyectado Observatorio del Derecho de Acceso a la Función Pública, para hacer posible su óptimo desarrollo.
20 comentarios:
Una iniciativa oportuna, aunque difícil de acometer
Una propuesta más que necesaria. ¡Mucha suerte y adelante!
Coloquio-Debate "El derecho fundamental de acceso a la función pública: contenido y garantías". Intervienen José Manuel Aspas, abogado; Gloria Oliveros, Directora de Oposiciones-Adams Formación y Félix Gracia, Secretario de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa. Organiza: Asociación Defensa Función Pública Aragonesa.
redaragon
La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, en colaboración con ADAMS Formación, organiza el próximo miércoles, 13 de junio, la jornada de debate sobre el derecho fundamental de acceso a la función pública, en la que se presentará el nuevo Observatorio del Derecho de Acceso a la Función Pública, como instrumento dedicado a la supervisión de la actuación de las Administraciones públicas aragonesas respecto a la realización efectiva del derecho de acceso a la función pública.
El objetivo del Observatorio será conocer de manera minuciosa la actuación de las Administraciones en cuanto al derecho de acceso a la función pública y mejorar el sistema de selección actualmente existente, con propuestas tendentes a corregir sus deficiencias.
“La aprobación anual de oferta de empleo público, la inclusión en las mismas del número de plazas que establece el Estatuto Básico del Empleado Público, la convocatoria en plazo de los procesos selectivos autorizados en la oferta aprobada, y el desarrollo de tales procesos con garantías de transparencia y objetividad, asegurando los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, etc. todo ello será cometido del citado Observatorio del Derecho de Acceso a la Función Pública” explica Julio Guiral, Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa.
El acto, que será presentado y moderado por Guiral, contará con la intervención de José Manuel Aspas, abogado, Gloria Oliveros, Directora de Oposiciones ADAMS Formación, y Félix Gracia, Secretario de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa.
Durante la jornada “se realizará un repaso al conjunto de iniciativas y acciones judiciales desarrolladas por la Asociación a lo largo de la última década, en defensa del derecho que la Constitución reconoce a los ciudadanos para acceder a la función pública en condiciones de igualdad, y en la obligación que el Estatuto Básico del Empleado Público impone a las Administración Pública de aprobación anual de oferta de empleo público, en la que se incluyan la totalidad de los puestos vacantes ocupados por funcionarios interinos”, concluye Guiral.
EL CURSO, de Adams
Los funcionarios impulsan un observatorio del empleo.
El Periódico de Aragón
Los principales colectivos en defensa de la función pública aragonesa han impulsado la creación de un observatorio sobre el derecho de acceso a este tipo de empleos con el objetivo de «supervisar y corregir las deficiencias del sistema actual».
El secretario de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, Félix Gracia, denunció el continuo menoscabo del derecho de acceso al empleo, lo que ha provocado abultadas tasas de temporalidad y un «deterioro evidente» en el sistema de selección del personal.
Destacan que las agrupaciones de funcionarios y profesionales están interesadas en poner en marcha un organismo de este tipo con la capacidad de publicar, al menos, un informe anual que evalúe la realidad del empleo público. «Nuestra intención sería reflejar de forma clara y fiable cuál es la situación real de las administraciones», expresó. También tendrán su espacio las academias de formación y otras entidades.
Con su trabajo pretenden analizar los sistemas de selección del personal o las diversas convocatorias públicas para renovar al personal. «Es necesario conocer si existen garantías, si se ofrecen todas las plazas necesarias o si se garantiza la igualdad de oportunidades», señaló.
Además, este observatorio que se convocó ayer en una jornada celebrada en la biblioteca de Aragón en Zaragoza, pretende generar un indicador para evidenciar el grado de cumplimiento de la legislación de cada una de las ramas de la administración. Por el momento no se han puesto plazos para los siguientes pasos.
Gracia manifestó que tras los últimos acuerdos entre el Estado y los sindicatos para desatascar la situación de los interinos la situación general del empleo público ha mejorado, aunque no siempre se estén cumpliendo todos los compromisos.
«No era de recibo que en la Sanidad tengamos más precariedad en el sector público que en el privado, pero consideramos que estos sistemas de estabilización buscan hacer fijos a trabajadores temporales, de forma que se choca con algunos derechos de los ciudadanos», afirmó el responsable de la asociación.
Una iniciativa a considerar, y claramente necesaria.
La transparencia no garantiza la inexistencia de corrupción en la contratación o selección de empleados públicos, pero la dificulta bastante.
l Estatuto Básico del Empleado Público de 2007 insiste en ordenar que los procedimientos de selección del personal funcionario y laboral respeten el derecho fundamental de acceso a la función pública de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad, mediante la publicidad de las convocatorias y de sus bases y del principio de transparencia.
El problema es que la normativa sobre función pública permite ocupar los puestos de trabajo más relevantes por libre designación -en lugar del concurso de méritos-, y no limita el número de personas eventuales que se pueden contratar sin ninguna titulación ni mérito acreditado. Con acierto se denuncia que las exigencias constitucionales de mérito y capacidad es uno de los mandatos más incumplidos de la Constitución; casi como si no existiera.
Respecto a los trámites administrativos del proceso de selección de personal que son objeto de publicación -y que contienen datos personales-, se prevén los siguientes: las listas de admitidos y excluidos, los miembros del tribunal de selección, la relación de aprobados y el nombramiento como funcionarios de carrera. En cuanto al procedimiento de provisión de puestos de trabajo, tanto por concurso de méritos como por libre designación, se contempla la publicación de la convocatoria y su resolución.
La publicidad de estos actos debe realizarse no sólo en los diarios o boletines oficiales, sino también en las correspondientes sedes electrónicas o páginas web. En este sentido, es de lamentar que la Ley estatal 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno se haya olvidado por completo de la publicidad activa de los procesos de selección del personal.
La importancia de reclutar a los empleados públicos conforme a los principios de mérito y capacidad ha sido incluso destacada en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003. El proceso de selección deberá estar basado en los principios de eficiencia y transparencia, así como en criterios objetivos como el mérito y la aptitud. También se prevé que se produzca una rotación temporal de los titulares de los órganos que se consideren especialmente vulnerables a la corrupción.
Las oposiciones son hoy un sistema viejo, aleatorio e ineficaz. España escoge a miles de personas que llevarán el peso de su administración pública con métodos que nunca han sido comprobados. El sacrificio como demostración y la tradición —siempre se ha hecho así— son sus valores más aparentes. Estos son sus problemas principales.
1. No son un sistema científico. Las oposiciones se apoyan en un supuesto: los candidatos que obtienen las mejores puntuaciones serán los mejores en su puesto. Pero nadie lo ha comprobado: “En España es rara (prácticamente inexistente) la administración que puede aportar los datos de validez y eficacia de las oposiciones”, dice Jesús Salgado, catedrático de Psicología del Trabajo de la Universidad de Santiago de Compostela.
Hay sistemas mejores para seleccionar personal. Según un trabajo de Salgado, el mejor predictor del desempeño laboral es la inteligencia medida con test psicométricos. Su validez predictiva es de 0,65 sobre un máximo de 1. Las oposiciones podrían asemejarse a los “test de conocimientos del puesto”, cuya validez predictiva está en torno a 0,45, pero probablemente son peores: “Su validez es escasa por la poca relación entre las preguntas de los exámenes y el trabajo a realizar”, dice Gabriel Táuriz, consultor de recursos humanos de Arestora.
Otra ventaja de los test psicométricos es el bajo coste para los opositores: pueden entrenar unas semanas, pero después es inútil seguir porque sus resultados apenas van a mejorar.
Los instrumentos científicos que podrían ayudar a afinar la selección son variados, según Salgado: “Además de los test de conocimientos, se han utilizado entrevistas conductuales estructuradas (particularmente valiosa), test cognitivos, inventarios de personalidad, test de integridad, simulaciones, role-play, test de liderazgo, cuestionarios de orientación al servicio de usuario, test de juicio situacional o test de conocimientos tácitos“.
2. Son un gasto enorme e improductivo de esfuerzo. Los opositores pasan años preparando una oposición. Dedican una media de 5 años a resolver un examen que les aportará muy poco si fracasan. En ese tiempo ni se forman eficazmente ni trabajan: solo se examinan. Renuncian a ganar un salario, cotizar y acumular experiencia. Mientras se encierran otros avanzan. El gasto para muchos es vano: el 37% de los opositores a la carrera judicial abandona antes del quinto intento y otro 47% sigue probando 5 años después.
El encierro en casa de miles de jóvenes durante algunos de los mejores años de sus vidas también trae consecuencias: “Lo peor es el momento pijama: levantarte, ducharte, volver a ponerte el pijama y a tu cuarto con tus libros”, dice la aspirante a Letrado de Cortes. El pijama es solo un problema: “Tienes 26 años y vas con la paguita de los papis. Mis amigos ya trabajaban y a todo decía que no. Te abandonas, no te compras ropa. Te vuelves rarito. Tienes que decirte que eres un desgraciadito pero cuando apruebas ves que ha valido la pena”, dice un inspector de Trabajo.
Este derroche de energía lo pagan los opositores, pero también la sociedad: esas personas serían más útiles haciendo otra cosa. El sistema podría ayudar y hacer la selección antes. Es más fácil reconducir una vocación a los 24 —con una frustración de un año– que a los 29 y tras 6 de encierro.
Francia tiene un sistema de grandes escuelas donde se limita el acceso: “Quien estudia ahí está muy valorado en el mercado de trabajo. La gente que no se lo saca tiene otras salidas. No se trata de estar 2 o 3 años, sino que como mucho es 1 año y en un proceso donde se valora más la capacidad de reflexión”, dice Pablo Ibáñez-Colomo, profesor de la London School of Economics y del Colegio de Europa.
Algunos funcionarios defienden que el esfuerzo les permite luego manejarse mejor. “Si alimentas el cerebro con leyes y leyes, la capacidad de análisis jurídico crece porque somos capaces de reflexionar sobre ellas”, dice el fiscal Álvaro García Ortiz, presidente de la Unión Progresista de Fiscales. Es una ventaja un tanto etérea, más cuando las leyes cambian sin cesar. El mismo García Ortiz lo sufrió: “Yo soy opositor del año 95 y me cambiaron el Código Penal de arriba abajo”.
3. Son aleatorias: influye el turno, el día o los aplazamientos. Tras años de estudio, es injusto e irracional que el éxito dependa de situaciones aleatorias o desiguales para los candidatos. Pero así es. Según los cálculos de Manuel Bagüés, profesor de la Aalto University (Finlandia), la probabilidad de ganar una plaza aumenta un 55% si el opositor obtiene uno de los primeros números en el orden de presentación: al avanzar el día los tribunales se vuelven quisquillosos. También es peor examinarte un lunes o sufrir aplazamientos. Cada día que a un opositor a Notarías lo convocan y no lo examinan, sus opciones se reducen un 5%.
En todos los procesos de selección influyen cosas ajenas y la suerte. Pero las oposiciones son un caso límite por lo que está en juego: años de esfuerzo y un puesto de por vida.
4. Son una oportunidad solo para quien puede estar 5 años sin obligaciones. La oposición es un riesgo: supone invertir años en un éxito improbable. No es una apuesta cautelosa, como quien estudia por las tardes mientras trabaja por la mañana. Es toda la vida dedicada a un objetivo. ¿Quién puede hacerlo? En mayor medida gente con más renta y colchón familiar: no tienes trabajo pero pagas al preparador.
El dinero es una ventaja material. Pero no es la única que ofrece el origen de un opositor: ¿quién sabe a los 17 años que ser inspector de Trabajo, TECO (Técnico Comercial) y abogado del Estado son salidas profesionales posibles? Quien lo ha visto en casa. En parte por eso hay tantos notarios y registradores que son hijos de notarios y registradores.
Los lazos familiares también predicen más aprobados. La probabilidad de éxito de los candidatos con un apellido similar al de miembros del Cuerpo del Estado al que aspiraban es un 100% superior a lo normal, según los datos de Bagües. En el caso de diplomáticos y abogados del Estado, la ventaja sube al 200%. Los motivos pueden ser legítimos: si tienes un familiar dentro, te habrá orientado mejor, y es más probable que estudiases en la universidad idónea y tengas al mejor preparador. Hasta puede que hayas heredado disciplina e inteligencia. Pero hay motivos de inquietud: la ventaja de los familiares potenciales desaparecieron en las pruebas escritas y anónimas de algunas oposiciones.
5. Excluyen a determinados perfiles. Las personas que aspiran a una oposición tienen un perfil típico por renta, edad y origen. También comparten rasgos psicológicos. Silvia es un nombre ficticio porque no quiere usar el real. Como el resto de funcionarios u opositores, que ha preferido no salir citado. La timidez es un rasgo habitual en opositores: “Son conservadores en la toma de decisiones, menos ambiciosos, con menor necesidad de actividad y variedad, más introvertidos. Hay estudios que apuntan en esta línea”, dice Táuriz.
La conservación de la tradición va en los genes del opositor: “No sé si somos una carrera conservadora por nuestro origen, pero es evidente que un chaval de 22 años que en vez de irse a recorrer el mundo decide dedicar parte de su juventud a un premio posterior que le dure toda la vida, ves visualmente qué tipo de persona es”, dice el fiscal García Ortiz. Por ese mismo motivo, los incentivos que tienen los altos funcionarios para cambiar su método de selección son escasos: “Qué valores transmite ser juez o fiscal: ¿que vas a cambiar la sociedad? Para nada. Transmites seriedad, trabajo, aplicación de la ley, mantenimiento de un estado de orden”, añade García Ortiz.
Gracias a la plaza fija, los altos funcionarios saltan a menudo a la política: “Casi por defecto creas una administración pública entregada al continuismo”, dice Jesús Fernandez-Villaverde, profesor de la Universidad de Pensilvania. El modo estricto de selección impide la frescura de otros perfiles que podrían atreverse con otros modelos: “Si hemos aprendido algo de la gestión de empresa de los últimos 30 años es que necesitas a gente muy diversa”, añade Fernández-Villaverde.
6. Hay mejoras posibles, también en España. El MIR de los médicos podría ser un sistema alternativo. Al sistema suelen reconocerle dos ventajas: la práctica profesional y que sea progresivo.
El MIR arranca con un examen de conocimientos excelente, que Salgado cree que podría ser un modelo para las oposiciones. Pero la prueba de conocimientos no es suficiente: “Un médico también necesita aprender y demostrar que sabe tratar a los pacientes, que sabe ser miembro de un equipo y colaborar con otros, que sabe gestionar los recursos, que es capaz de actualizarse y que lo hará, que es capaz de resistir y soportar el estrés”, dice. Los funcionarios necesitan en el fondo aptitudes similares: “Ahora tienes un cuerpo de jueces y fiscales que sabes que es gente dispuesta a trabajar varias horas al día a tope de concentración durante un montón de tiempo”, dice el fiscal García Ortiz. “¿Son también mejores operadores jurídicos? Eso ya no lo sabes”.
La otra virtud del MIR es que es escalonado: el examen no es definitivo sino un escalón más. Antes de la prueba los estudiantes de medicina ya han sido seleccionados: saben desde adolescentes que necesitarán buenas notas si quieren entrar en la Facultad de Medicina. También estudian 6 años de carrera conscientes de que al final habrá una prueba donde el mejor podrá escoger. “En España estamos acostumbrados a que sea difícil entrar en Medicina, pero cuando se trata de ciencias sociales esa exigencia no existe”, dice Ibáñez-Colomo.
En otros países el acceso y en general las carreras en la administración son más flexibles y están profesionalizadas. Es así en Reino Unido y también en los países nórdicos, que son líderes en los rankings de buen gobierno. El argumento más repetido en España para justificar plazas en propiedad desde el principio es que así se protege al funcionario de los vaivenes y la presión política. “Ejemplos como el del Reino Unido y de Suecia muestran que esto no es así —dice Ibáñez-Colomo. Además, el sistema español no ha impedido que se cree personal laboral dependiente de los vaivenes y la presión política”.
¿Y aprenderse las leyes que luego tienes que aplicar en el puesto de trabajo no es importante? Así nos va en este país...
https://www.elconfidencial.com/espana/2018-07-15/oposiciones-administracion-elitismo-funcionarios_1592680/
Buenas tardes,
Un artículo interesante sobre el acceso a la función pública y su posible reforma.
Sinceramente pienso que podrían introducirse algunas mejoras, sin embargo el sistema de oposición actual -sin fase de concurso o, en su caso, que solo suponga el 20% como máximo del proceso selectivo- es el que mejor garantiza el acceso bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad. Cuando se utilizan otro tipo de pruebas se facilita el "enchufismo", está más que comprobado.
Si nos metemos en la página de Facebook de este periódico, en los comentarios de dicha noticia se puede observar a gente que ha participado en procesos a plazas de funcionario en organismos de la UE y que relatan sus deficiencias y su escasa transparencia.
Por tanto, hay que ser cautelosos con este asunto.
Me quedo con las siguientes partes del texto:
"A grandes rasgos, hay unanimidad en una cosa: el sistema de acceso es mejorable. Pero frente a muchos expertos que proponen derribar el sistema y empezar de cero, entre los funcionarios, los que en su día aprobaron, muchos defienden que el sistema evita el amiguismo y el enchufismo —un mal endémico español—y que el resultado no es tan malo. Lo resume en una frase Jordi Solé Estalella, presidente de Fedeca, la federación de altos funcionarios: "El sistema actual de oposiciones deja a gente buena fuera, pero son pocos los malos que entran"."
"El presidente de Fedeca ve la botella medio llena. Solé Estalella, inspector de Hacienda que además de presidir la federación de los altos funcionarios prepara a opositores, admite que hay margen de mejora pero que ni mucho menos el panorama es tan malo. "Decimos de las oposiciones lo mismo que Churchill decía sobre la democracia: 'No es el mejor sistema pero es el menos malo". "Es verdad —añade— que en los cuerpos superiores, donde tenemos vocación de directivos, la memoria no te avala las destrezas. Debemos superar estos errores, pero sin caer en un sistema que no prime mérito y capacidad"."
"El debate está abierto y Fedeca ha creado un grupo de trabajo para analizar posibles mejoras, pero nunca derribando todo. Su temor es que un sistema mucho más flexible, que en entrevistas se valore la experiencia laboral o destrezas menos medibles en un examen, se preste al enchufismo. "El sistema deja a gente buena fuera y puede que no valore todas las competencias, pero pocos son los malos que entran. Quien ha hecho la oposición al menos ha demostrado tesón, capacidad de concentración, ambición, vocación de servicio público, capacidad de sacrificio...", añade."
"Otro Técnico de la Administración Civil (TAC) defiende el sistema de cantar temas: "La memoria no es mala, ¿eh? Además, cuanto más memorística es la oposición, más igualitaria; cuanto menos, más arbitraria. En TAC el tribunal dialoga con el opositor y saber si ha cascado el tema sin haber entendido nada". Este, que pide el anonimato, añade que frente a las críticas al sistema de oposición han crecido gateras de entrada a la Administración más flexibles y favorables a los partidos: "Al final crean plazas que acaba consolidando personal de confianza sin oposición"."
Y añado más, anualmente se organizan e imparten las correspondientes acciones formativas con las que se pretende que los empleados adquieran las competencias digitales, de idiomas, etc. que en su caso se requieran en el puesto.
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