SEMANA DE ANIVERSARIOS Y DE COMPROMISOS: CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA Y DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.

La primera quincena de diciembre supone, cada año, una concentración especial de celebraciones relevantes, que no podemos dejar de significar, por lo trascendente de su significado para nuestra labor como Asociación. 

Comenzamos por el aniversario de la Constitución Española, texto fundacional, fundamental y fundamentador de nuestra democracia, y cuya vigencia sigue siendo indiscutible, más allá de las reformas o actualizaciones que quepa abordar para reforzar su eficacia y su papel transformador de la sociedad española. Las carencias que muestra nuestro sistema político no se deben tanto a las insuficiencias de la norma constitucional como al deficiente desempeño institucional y a las prácticas sociales poco coherentes con los valores proclamados en ella. Nuestro compromiso como ciudadanos y servidores públicos, desde nuestro acatamiento expreso a la norma constitucional, ha de dirigirse especialmente a la realización del programa que contiene para afirmar en el mayor grado posible los valores de libertad, igualdad y justicia, valores que toman cuerpo en cada una de las políticas públicas llamadas a atender las necesidades sociales y asegurar la convivencia y la cohesión social. La premisa básica para todo ello es garantizar el respeto de las leyes y la sujeción de los poderes públicos a sus previsiones, lo que nos obliga a reaccionar frente a la banalización de la ilegalidad: resulta inadmisible que los responsables políticos e institucionales minimicen la gravedad del incumplimiento de las normas, con el deterioro que ello supone para la fortaleza de nuestro Estado de Derecho y la credibilidad institucional.

Como Asociación seguimos reclamando la aplicación de las previsiones constitucionales que afectan a la función pública, que empiezan por el derecho de acceso a la misma en condiciones de igualdad, conforme a principios de mérito y capacidad, y concluye con el servicio objetivo al interés general, con pleno sometimiento a la ley y al derecho, que corresponde a la Administración Pública. Pese a los 39 años de vigencia constitucional, resulta evidente para todos que la Administración Pública sigue con usos de discrecionalidad y arbitrariedad difícilmente compatibles con las exigencias propias de un Estado de Derecho, donde el gobierno de las leyes busca precisamente evitar el uso arbitrario de las potestades públicas por quienes se encuentran, en cada momento, al frente de las instituciones. La falta de desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público, en lo más esencial de sus previsiones, implica una ausencia de modelo real de función pública que repercute claramente en nuestra calidad democrática y en el nivel de eficiencia de nuestros servicios públicos.

Y concluimos los días de celebración con el Día Internacional contra la Corrupción, para celebrar la aprobación de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción en 2003, y el aniversario de la aprobación en 1948 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, texto en el que se condensa el paradigma ético de nuestras sociedades contemporáneas –articulado a partir del respeto a la dignidad humana y del carácter inviolable de los derechos de las personas necesarios para preservar dicha dignidad-, una Declaración a la que apela nuestra Constitución como texto interpretativo de los derechos fundamentales y libertades reconocidos, lo que hace de una y otra vasos comunicantes. Los derechos humanos se convierten en derechos fundamentales tras su reconocimiento constitucional, y desde ese momento presiden nuestro ordenamiento jurídico y vinculan por igual a poderes públicos y particulares, obligando a unos a actuar para su realización y a otros a abstenerse para su respeto. 

Para que nuestra sociedad funcione y progrese es preciso que poderes públicos y ciudadanos contribuyamos con nuestra actuación responsable a fortalecer los valores que fundamentan nuestra vida colectiva –lo que consideramos constitutivo de una ética pública compartida por todos- y para ello es necesario un decidido compromiso en la prevención de la corrupción pública, es decir, de todas aquellas conductas y prácticas que sacrifican de manera indebida el interés público para obtener ventajas o beneficios particulares, defraudando la confianza ciudadana e incumpliendo el deber de integridad que conlleva el ejercicio de toda función pública. 

Por todo ello, un año más celebramos los valores de nuestra norma constitucional, cuya defensa asumimos en el ejercicio de nuestra labor como Asociación, y proclamamos nuestro total respaldo a todos los esfuerzos, ya sean institucionales o cívicos, para avanzar en el respeto de los derechos humanos, de cuya validez universal somos firmes defensores, y un año más celebraremos con un acto público el Día Internacional contra la Corrupción.