Dado
que alguien pudiera considerar que en el silencio va implícito el
consentimiento, y con él la aceptación del actual estado de cosas, incluido el
olvido y desprecio de las normas por parte de aquellos obligados a asegurar su
aplicación, es evidente que no podemos callar ante el reiterado incumplimiento
en que incurren algunos responsables políticos, como sucede con la Consejera de Ciudadanía
y Derechos Sociales, María Victoria Broto, y la falta de publicidad activa de los
decretos de oferta de empleo público que corresponde aprobar al Gobierno de
Aragón.
Los
documentos correspondientes a dichos Decretos no se ponen a disposición de
todos los interesados en el Portal de Transparencia del Gobierno de Aragón,
vulnerando con ello lo exigido en la
Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública
y Participación Ciudadana de Aragón, y agrava dicho incumplimiento la lesión al
derecho de petición ejercido por esta Asociación para que se corrija tal falta
de publicidad, pues las peticiones realizadas, al amparo del artículo 29 de la Constitución
Española, tampoco han recibido ningún tipo de respuesta.
Una
vulneración que agrava la anterior, aunque en la lógica del mal gobierno se
pueda pensar que, incumplida una norma, nada impide incumplir las restantes. Debemos
reaccionar enérgicamente frente a la cultura de la ilegalidad que sigue
presente en nuestras Administraciones e instituciones políticas. Basta observar
la indiferencia del Gobierno de Aragón ante la obligación de remitir el
Proyecto de Ley de Presupuestos a las Cortes de Aragón. ¿Es admisible que se
presenten las cuentas de 2017 en una rueda de prensa a la opinión pública sin
su simultánea remisión a las Cortes de Aragón, al faltar el respaldo
parlamentario que asegure su aprobación? Es democráticamente inaceptable, y así
hay que decirlo.
Por
ese motivo, el incumplimiento en que incurre el Departamento de Ciudadanía y
Derechos Sociales al no asegurar la publicidad activa de los decretos de oferta
de empleo público ni respetar, como exige el ordenamiento jurídico
constitucional, el derecho de petición ejercido por esta Asociación, nos ha
llevado a recabar el apoyo del Consejo de Transparencia de Aragón, para que se
subsane la ausencia de publicidad activa, y en breve nos dirigiremos al
Defensor del Pueblo para denunciar la vulneración del derecho fundamental de
petición, en la que de forma reiterada ha incurrido la Consejera de Ciudadanía
y Derechos Sociales.
De
la formulación de la reclamación ante el Consejo de Transparencia de Aragón,
hemos informado a la propia Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales,
mediante el escrito que se reproduce a continuación:
“Excma. Sra. Consejera de Ciudadanía y
Derechos Sociales
Edificio Pignatelli
Pº María Agustín, 36.
50071-ZARAGOZA
Zaragoza, 12 de enero de
2017.
Estimada señora:
En fechas pasadas, y en
mi condición de Presidente de la
Asociación para la
Defensa de la Función
Pública Aragonesa, le he dirigido dos escritos, al amparo del
derecho fundamental de petición reconocido en el artículo 29 de la Constitución
Española, en los que solicitaba que su Departamento, como responsable
de asegurar el cumplimiento de la normativa de transparencia, garantizase la
publicidad activa de los Decretos que aprueban las ofertas anuales de empleo
público.
La aprobación de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de
Transparencia de la Actividad Pública
y Participación Ciudadana de Aragón, establece el deber de publicidad activa
para la Administración
de la Comunidad Autónoma
de Aragón, entendiendo por ésta la obligación de difundir de forma permanente,
veraz y objetiva la información que garantice la transparencia de la actividad
pública, a través del Portal de Transparencia del Gobierno de Aragón.
Entre la información
sujeta al régimen de publicidad activa figura la información de relevancia
jurídica que señala el artículo 15 de la
Ley 8/2015, como son los proyectos de reglamento o
disposición general, así como las memorias, informes y dictámenes emitidos con
motivo de su tramitación.
No obstante tal
previsión, y pese a las peticiones que le hemos dirigido para subsanar su
deficiente aplicación, persiste la falta de publicidad activa de los Decretos
por los que el Gobierno de Aragón aprueba las ofertas anuales de empleo
público, lo que constituye un manifiesto y reiterado incumplimiento de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de
Transparencia de la Actividad Pública
y Participación Ciudadana de Aragón.
Por ello, nos hemos visto
obligados a dirigirnos al Consejo de Transparencia de Aragón, como órgano
garante del cumplimiento de las normas de transparencia en la Comunidad Autónoma
de Aragón, para poner en su conocimiento el incumplimiento en que viene
incurriendo ese Departamento, solicitándole que adopte las medidas necesarias
para su corrección.
Lo cual deseamos poner en
su conocimiento, al tiempo que le reiteramos nuestra seria preocupación ante la
falta de voluntad manifestada por su Departamento para asegurar de manera
correcta la publicidad activa de proyectos normativos en un asunto de tanta
sensibilidad para los ciudadanos como es el derecho de acceso a la función
pública.
Atentamente,
Julio Guiral Pelegrín. Presidente
de la Asociación
para la Defensa
de la Función Pública
Aragonesa”
1 comentario:
El Periódico de Aragón 24-01-2017, El Independiente de de José Luis Trasobares:"Entre ingenuos y caraduras".
Tremendo lo que dice de las convocatorias para cubrir plazas de funcionarios y laborales.
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