En
la mañana de ayer martes, tuvo lugar la comparecencia ante la Comisión de Comparecencias
y Peticiones Públicas de las Cortes de Aragón, del Presidente y Secretario de
esta Asociación para exponer a los diferentes Grupos Parlamentarios nuestra
preocupación por la actitud del Gobierno de Aragón en relación con el derecho
de acceso a la función pública autonómica, y en concreto por la falta de
voluntad para aceptar y ejecutar las sentencias del Tribunal Superior de
Justicia de Aragón relativas a las ofertas de empleo público de 2014 y 2015, al
haberse promovido por los Servicios Jurídicos del Gobierno de Aragón recurso de
casación ante el Tribunal Supremo contra dichas sentencias, cuya retirada
reclamamos ayer en nuestra comparecencia.
Dicha
comparecencia nos permitió expresar de manera directa ante el Parlamento autonómico
las razones que nos llevan a reclamar de los Grupos Parlamentarios un
compromiso activo con la defensa del derecho de acceso a la función pública
autonómica, deteniéndonos en la consideración del derecho de acceso como un
derecho fundamental que vincula a todos los poderes públicos, que obliga a la
aprobación anual de oferta de empleo público, y que obliga a la inclusión en la
oferta de todas las plazas ocupadas por personal interino, sin que las tasas de
reposición previstas en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado puedan
restringir tal obligación marcada por el Estatuto Básico del Empleado Público.
El
encuentro con los diferentes Grupos Parlamentarios, y las intervenciones de los
diferentes portavoces en la citada Comisión, resultó muy constructivo, y
creemos que sirvió para trasladar a los parlamentarios de viva voz una serie de
reflexiones sobre el alcance del derecho de acceso que no es simple teoría,
sino que ha quedado recogida en su mayor parte en las sentencias del Tribunal
Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que, ya en cinco
ocasiones, han anulado las ofertas de empleo público aprobadas por el Gobierno
de Aragón por contravenir el derecho fundamental de acceso a la función pública,
al no incluirse la totalidad de las plazas vacantes ocupadas por interinos. En
concreto, han sido anuladas las ofertas de empleo correspondientes a los años
2007, 2010, 2011, 2014 y 2015.
Esperamos
que tanto el Gobierno de Aragón como los Grupos Parlamentarios de las Cortes de
Aragón –en el ejercicio de su labor de impulso y control- hagan posible que la Comunidad Autónoma
de Aragón se convierta en pionera, dentro del conjunto de España, en la
garantía del acceso a la función pública en condiciones de igualdad por parte
de todos los ciudadanos, conforme a criterios de mérito y capacidad.
Para
ello, el primer paso es la aceptación de los fallos dictados por el Tribunal
Superior de Justicia de Aragón en relación con las ofertas de 2014 y 2015, y el
siguiente es proceder a una rápida y correcta ejecución de los mismos, corrigiendo así las tasas de
interinidad existentes –que superan el 40% de la plantilla, según el último
boletín estadístico de la Dirección General
de la Función Pública,
correspondiente a diciembre de 2015-, cifra totalmente escandalosa que es fruto
de la reiterada vulneración del régimen de acceso a la función pública que
establece el Estatuto Básico del Empleado Público.
Esto es lo que razonadamente solicitamos a las Cortes de Aragón: que se inste al Gobierno de Aragón a retirar los recursos de casación planteados, y en su lugar se proceda a la ejecución de los fallos favorables al derecho de los ciudadanos, con lo cual además ha de reforzarse la calidad de la función pública.
5 comentarios:
Comparecencias y Peticiones Ciudadanas
La Asociación para la Defensa de la Función Pública reclama a los grupos parlamentarios “un compromiso activo” para garantizar el acceso al empleo público.
Julio Guiral y Félix Gracia, presidente y secretario de la organización, respectivamente, han criticado esta mañana en sede parlamentaria el recurso de casación del Ejecutivo interpuesto sobre la sentencia del TSJA de las ofertas de 2014 y 2015, apostando además por “abandonar de inmediato las tasas de reposición”.
cortesdearagon
Zaragoza, 14/06/16.- La Asociación para la Defensa de la Función Pública ha reclamado esta mañana a los grupos parlamentarios aragoneses un “compromiso activo” para el impulso y control del Gobierno en materia de empleo público. Un esfuerzo que el presidente de la entidad, Julio Guiral, y el secretario, Félix Gracia, han reivindicado para “garantizar un derecho fundamental de los ciudadanos” como es el acceso al empleo público en “igualdad y con criterios objetivo de mérito y capacidad”.
En opinión de Guiral, “se deberían abandonar de inmediato las tasas de reposición” porque “nadie sabe su impacto” y “una insuficiente oferta impide acceder a los interinos” a las plazas. En relación a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón sobre las ofertas de empleo público de 2014 y 2015, que, para él, supone ver “refrendadas nuestras tesis”, Guiral ha criticado la interposición de un recurso de casación por parte del Ejecutivo.
“Las previsiones que en materia de oferta de empleo público se han venido estableciendo, excluyendo o limitando el personal de nuevo ingreso a un porcentaje, han desconocido de forma indebida el derecho de acceso y debilitado la profesionalidad de las administraciones”, ha manifestado este representante. En este sentido, ha criticado “el grave y preocupante crecimiento de los niveles de interinidad y el deterioro de la función pública”.
El portavoz del PP en esta Comisión, Fernando Galve, ha mostrado “satisfacción” porque “ahora muchos grupos usan términos como priorizar o limitaciones”. “Tendrían que ver ustedes lo que decían la pasada legislatura”, ha explicado este parlamentario. Además, Galve también ha reivindicado el trabajo del anterior Ejecutivo. Por un lado, ha explicado que la legislatura pasada “acabó finalmente con más plantilla en educación y sanidad” y, por otro, ha recordado que “la Ley de Función Pública estaba casi a punto pero no les interesó que saliera y se echaron atrás”.
El socialista Herminio Sancho ha pedido “ser conscientes de las limitaciones económicas”. “Tenemos la obligación de gestionar bien el dinero público cumpliendo la legalidad vigente”, ha explicado. Para el portavoz del PSOE en esta comparecencia, “las ofertas están condicionadas al presupuesto y a criterios de legalidad”. “Tenemos claro el modelo que tenemos, pero hay que ser serios y saber cuál podemos aplicar. Los servicios jurídicos son los que dictan lo que es legal o no y, en consecuencia, actúa el Gobierno”, ha manifestado Sancho.
Para Podemos, al que ha puesto voz Amparo Bella, “es necesario convocar todos los procesos de consolidación y sacar a oferta las interinidades”. “No entendemos porque están recurridas las sentencias. Ciertamente no suponen ningún coste a la Administración porque ya están recogidas”, ha manifestado esta parlamentaria. En este mismo sentido, para ella “la actitud del Gobierno supone una entrega total a los dictados de Montoro y una falta de modelo de función pública”.
La portavoz del Grupo Aragonés en la Comisión de Comparecencias y Peticiones Ciudadanas, Lucía Guillén, ha agradecido a los comparecientes “la exposición de la realidad de la función pública aragonesa”. Esta diputada ha apostado, además, por “incentivar al funcionario y su dedicación”, así como “por tener cuidado con amortizar plazas” porque, de acuerdo con la opinión expresada durante su intervención, “se puede devaluar el servicio al ciudadano”.
Por parte de Ciudadanos, Desirée Pescador ha asegurado que “en algunos foros se ha demonizado a los funcionarios” cuando “han ganado su plaza por oposición y tienen sueldos tasados muchas veces por debajo de lo que se cobra en la empresa privada”. En su opinión, el recurso de casación del Ejecutivo es “una barbaridad” y, en relación a la futura nueva Ley, la ha calificado como “fundamental” para “racionalizar criterios de movilidad, reforzar la independencia y evitar la temporalidad”.
Desde el Grupo Mixto, Gregorio Briz se ha mostrado “en contra de la temporalidad” y ha considerado que “es el momento de modificar y cambiar” la Ley de Función Pública. “Mi duda está, como grupo que apoya al Gobierno, en porqué se produce el recurso de casación. El criterio político es sencillo, no a las tasas de reposición y hay voluntad en ello”, ha explicado, por lo que se ha cuestionado sobre si “la Ley de Presupuestos impide una oferta pública” de determinadas características.
Nadie ha movido un dedo, y la prensa ni se ha enterado. Este tema empieza a parecer un fantasma . VAYA papelón el del servicio jurídico, origen de todos los males. Será cierto?. Van por libre y condicionan a todo un Consejero tan mandón en otro asuntos . No es creíble. Alguna explicación existirá. Muchos ánimos a la asociación y que haya gente que apoye su actuación, también con aportaciones monetarias . Para cuando un número de cuenta para donaciones ¡¡¡¡¡¡
La actitud del Gobierno resultó injustificable, y pone de manifiesto las inconsecuencias de este equipo.
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