La Junta Directiva de la Asociación, en su
reunión del pasado martes, acordó interponer recurso de amparo frente a las
resoluciones del Tribunal Supremo en relación con el Real Decreto que aprobó la Oferta de Empleo Público
para 2014 en la Administración
General del Estado. Dicho recurso de amparo es la única
reacción posible tras la decisión de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal, de
29 de enero de 2016, por la que se inadmite el incidente de nulidad de
actuaciones promovido frente a la sentencia desestimaroria del recurso promovido
contra la Oferta
de Empleo.
Con
tal decisión, y a pesar del criterio enormemente restrictivo que se aplica por
el Tribunal Constitucional en materia de admisibilidad de recursos de amparo,
creemos oportuno intentar un pronunciamiento por parte del órgano
constitucional encargado de la defensa de los derechos fundamentales y de la
interpretación de la norma fundamental de nuestro ordenamiento jurídico.
En
los diferentes recursos judiciales promovidos en materia de acceso a la función
pública, tanto ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón como ante el
Tribunal Supremo, hemos planteado siempre la oportunidad de que el órgano
jurisdiccional promoviera una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal
Constitucional, sobre la improcedencia de la aplicación de las tasas de
reposición de efectivos como límite a la inclusión de los puestos vacantes
ocupados por interinos en las ofertas de empleo público, tal y como se exige
por el Estatuto Básico del Empleado Público. Ningún Tribunal ha considerado
necesario elevar tal cuestión al Tribunal Constitucional, decidiendo la
estimación o desestimación del recurso al margen de tal criterio interpretativo
sobre el contenido esencial del derecho de acceso a la función pública.
La
ausencia de un criterio claro sobre la cuestión permite que los Tribunales
puedan decir una cosa y la contraria, como ha sucedido tanto con el Tribunal
Superior de Justicia de Aragón como con el Tribunal Supremo, lo que viene a
demostrar el marco de inseguridad jurídica en el que se desenvuelven las
Administraciones –y quienes concurren a los procesos selectivos- a la hora de
aprobar y ejecutar las ofertas de empleo público.
Este
estado de cosas no es sostenible por más tiempo, y la ausencia de un régimen
estable y seguro de acceso al empleo público no hace sino ocasionar un
progresivo deterioro en la profesionalidad de la función pública y una
permanente inestabilidad en amplios sectores de la Administración Pública.
La
defensa de un derecho fundamental, en un Estado de Derecho como el nuestro, no
puede ser la desigual batalla que viene disputando esta Asociación desde hace
cerca de nueve años, y tras haber obtenido sentencias de distinto y contrario
signo, como si los derechos tuvieran una naturaleza intermitente, de cuya
eficacia pueden disponer libremente los Parlamentos y los Tribunales, reconociéndola
o denegándola por criterios siempre imprevisibles, creemos llegado el momento
de plantear el debate ante el Tribunal Constitucional, al objeto de que su
pronunciamiento pueda vincular a todos los Tribunales en futuros procesos y
también al conjunto de las Administraciones, dada su posición de supremo intérprete
de la Constitución
y de garante máximo de los derechos fundamentales.
2 comentarios:
En primer lugar me siento orgulloso de que haya alguien que defienda algo tan fundamental y a la vez tan olvidado por el resto de instituciones, y además de que sea precisamente alguien de nuestra tierra.
Creo que esta actuación es muy importante para concienciar al legislador de la necesidad de clarificar el tema de las ofertas de empleo a fin de evitar esta pluralidad de sentecias judiciales.
Quiza la nueva disposición parlamentaria, plural y sin mayorias , haga posible una vez que haya gobierno, el poder iniciar un dialogo con los distintos grupos parlamentarios para que de alguna forma o se refunda la normativa sobre función pública o claramente se concrete las formas para garantizar unas ofertas de empleo no sujetas a los vaivenes de la justicia, y que obviamente sea acorde con la Constitución y con el derecho de acceso a la función pública por igual para todos los ciudadanos.
La inseguridad jurídica actual es muy grande y lo único que consigue es una inactividad de las Administraciones que ven como una oportunidad esta situación a fin de no cumplir con las exigencias sobre ofertas de empleo.
Reiteraros una vez más el agradecimiento por esta defensa del derecho al acceso a la función pública y animaros a que independientemente de reveses sigais adelante con vuestra labor. Confio en que al final lo Justo prevalecera sobre la justicia.
No hay que dejarse afectar por los posibles fallos desfavorables ...
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