NECESIDAD DE UN ESPACIO ADECUADO PARA LA REFLEXIÓN SOBRE LA GESTIÓN PÚBLICA.

Son muchos los temas sobre los que resulta necesario un debate detenido sobre numerosos aspectos de la gestión pública y de la ordenación de la función pública, sin improvisaciones u ocurrencias, sin precipitaciones y sin urgencias, que no hacen sino aumentar las inconsistencias del sistema de acción administrativa y del modelo de función pública.

Pero es necesario disponer de ámbitos en los que dicha reflexión pueda producirse al margen de las presiones políticas y con independencia de los intereses en juego. La racionalidad del modelo de función pública no puede quedar permanentemente expuesta a situaciones coyunturales y a regulaciones ad hoc para otorgar amparo a aquellas decisiones contrarias a la norma vigente. Es necesario reflexionar sobre la realidad presente y sobre las alternativas para superar sus insuficiencias manifiestas. Apoyándose para ello en las soluciones alcanzadas en otros ámbitos de nuestro entorno.

Hay que aprovechar espacios posibles para la realización de dicha labor de estudio, análisis y contraste. Puede ser en el ámbito del Instituto Aragonés de Administración Pública, si dicho órgano es capaz de ampliar su actual campo de actuación, albergando también seminarios de estudio y debate que permitan diseñar estrategias de futuro para la Administración Pública y conocer las nuevas vías que van abriéndose en otras Administraciones para dar solución a problemas similares a los que padecemos en nuestra Administración. También podría ser en un espacio auspiciado por el Justicia de Aragón o la Cámara de Cuentas, como ya en su día propusimos desde esta Asociación a dicha Institución, al objeto de promover un Aula de Buena Administración. Podrían ser, también, los Grupos de Mejora que contempla la Ley de Calidad de los Servicios Públicos, de cuya posible implantación en el seno de nuestra Administración no tenemos ninguna constancia.

Son muchos años ya los que se viene utilizando la potestad normativa de la Comunidad Autónoma –tanto legislativa como reglamentaria- para aprobar disposiciones generales cuya finalidad es convertir la excepción en regla, dar soluciones singulares y coyunturales a determinadas situaciones, incrementar la discrecionalidad política, recompensar actividades que nada tienen que ver con la dedicación profesional de los funcionarios públicos, bloquear la aplicación ordinaria de las reglas de provisión o selección, y, en definitiva, introducir disfunciones continuas en el modelo de ordenación de función pública, desvirtuándolo progresivamente.

Tal forma de actuar es la que debemos tratar de superar, mediante técnicas de análisis y debate de soluciones, estudio de experiencias comparadas, identificación de insuficiencias e inconsistencias de la gestión, indicación de incumplimientos y malas prácticas reiteradas en la tramitación de procedimientos, etc. Sin buscar soluciones simplistas y aisladas del resto de normas del sistema de ordenación administrativa, cuyas repercusiones en la congruencia del conjunto del modelo apenas han sido consideradas o valoradas. Pero dichas tareas han de encontrar su espacio idóneo en el interior de nuestra Administración y en el entramado institucional de la Comunidad Autónoma, acumulando información, conocimiento, experiencia y análisis de soluciones posibles.