EL JUSTICIA DE ARAGÓN ADMITE A TRÁMITE QUEJA PARA ASEGURAR LA ACEPTACIÓN POR EL GOBIERNO DE ARAGÓN DE LA SENTENCIA DEL TSJA RELATIVA A LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE 2015 .

Durante la primera quincena de enero nos dirigimos al Justicia de Aragón para informarle de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón en relación al recurso promovido por esta Asociación contra la Oferta de Empleo Público para 2015, aprobada por el Gobierno de Aragón, con el fin de que tuviese conocimiento del contenido del fallo y de las razones esgrimidas por el Tribunal para dicho pronunciamiento, al tiempo que le planteábamos que valorase la oportunidad de recomendar al Gobierno de Aragón la expresa aceptación de la sentencia recaída –desistiendo de formular recurso judicial alguno frente a la misma, con la consiguiente demora de su firmeza y ejecutividad- para ejercer con ello un papel activo en la defensa del derecho de acceso a la función pública en el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma.

El Justicia, mediante escrito de fecha 18 de enero de 2016, nos comunica que la queja referente a eventual interposición de recurso de casación frente a Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, tras ser examinada detenidamente, ha sido admitida a supervisión y, por ello, se ha dirigido al Gobierno de Aragón para que le informe sobre la cuestión planteada.

Celebramos que el Justicia de Aragón acepte la mediación solicitada ante el Gobierno de Aragón para evitar que la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en la que se fallaba la necesidad de incorporar a la Oferta de Empleo Público de 2015 todas las plazas vacantes ocupadas por funcionarios interinos, para dar con ello cumplimiento a lo previsto en el Estatuto Básico del Empleado Público y asegurar el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la función pública que la Constitución Española reconoce a todos los ciudadanos.

No resultaría explicable que el Gobierno de Aragón combatiese una sentencia garantista del derecho de acceso, cuya única virtualidad es la de restablecer las condiciones de acceso contempladas en el Estatuto Básico del Empleado Püblico, e interpretar las Leyes de Presupuestos, y las tasas de reposición de efectivos contenidas en ellas, de la manera más favorable a la realización del derecho, adecuando con ello la actuación de los poderes públicos a lo señalado por el Tribunal Constitucional.

Tampoco resulta explicable que el Consejero de Hacienda y Administración Pública, Fernando Gimeno, no haya dado respuesta alguna –de manera directa, o a través del Director General de la Función Pública y la Calidad de los Servicios- a la petición realizada en tal sentido, eludiendo incluso el preceptivo acuse de recibo a la petición formulada. Añadir al desprecio del derecho fundamental de petición ejercido la oposición a la realización del derecho de acceso que viene a reconocer la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en el caso de plantear recurso judicial contra la misma, dibujaría un panorama verdaderamente alarmante en cuanto a las expectativas de que este Gobierno pueda modificar el actual estado de cosas en el sentido deseable por todos, que no es otro que el pleno compromiso con la legalidad constitucional y administrativa.