AFRONTAR DE FORMA DECIDIDA EL RIESGO DE CORRUPCIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

La reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza, en una de las causas abiertas por las irregularidades cometidas en la Plataforma Logística PLAZA, ha evidenciado la existencia de actuaciones dolosas con daño a fondos públicos, en las que se han visto involucrados gestores públicos y empresarios privados, cuya connivencia en los pasados años generó inevitables sospechas de conflicto de intereses, con el consiguiente riesgo de corrupción. Riesgo que bien pudo consumarse en prácticas ilegales, como constata la sentencia recientemente dictada.

La corrupción –como cualquier clase de delincuencia- puede darse como fenómeno aislado, difícilmente evitable a pesar de los mecanismos de prevención que se establezcan, o como fenómeno generalizado favorecido por la atmósfera de desistimiento ético en que pueden incurrir tanto las instituciones como una parte importante de la sociedad, en la que el enriquecimiento o el beneficio privado, aun a costa del bienestar general o de los derechos del resto de los ciudadanos, se convierte en guía de conducta personal. La voluntad de optimizar las ventajas de cualquier posición –ya sea política, económica o de otro tipo- que permita disponer o acceder a recursos públicos no duda en infringir las normas legales y éticas de conducta, cediendo a la codicia y convirtiendo en ilícita la actividad que podía ser respetable y socialmente provechosa.

Ha habido otros casos de corrupción –tanto política como administrativa en el seno de la Administración de la Comunidad Autónoma-, de cuyas pautas y consecuencias nada se sabe, más allá de la instrucción judicial que pueda haberse llevado a cabo. Todo ello nos muestra que los responsables internos de la Administración prefieren inhibirse ante los casos de corrupción detectados o sospechados. La incapacidad para corregir irregularidades detectadas es manifiesta, como quedó constatada cuando la Inspección General de Servicios nada hizo ante la denuncia realizada por esta Asociación sobre destrucción de documentación administrativa por algunos Gabinetes de los miembros del Gobierno de Aragón al final de la legislatura pasada, vulnerando con ello elementales normas de conducta a las que han de someterse todos los empleados públicos.

El Gobierno anuncia la elaboración de un Proyecto de Ley de Integridad y Ética Pública, pero es el mismo Gobierno que se ha mostrado incapaz de poner coto a la utilización del contrato de alta dirección para colocar a personas ajenas a la Administración –por estrictas razones de favor político- en puestos propios de la función pública, utilizando de manera indebida y fraudulenta recursos públicos. Es el mismo Gobierno que no respeta el ejercicio del derecho fundamental de petición y el mismo que sigue sin asumir, como objetivo esencial de la legislatura, la profesionalización de la función pública y la corrección de las elevadas tasas de interinidad existentes, por el reiterado incumplimiento del régimen de acceso establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público. Es el mismo Gobierno que tolera que el personal de las empresas públicas suplante la labor de los funcionarios públicos, mediante el uso y abuso de un irregular préstamo de trabajadores. El mismo Gobierno incapaz de respetar las obligaciones legales en materia de provisión de puestos de trabajo, y que sigue manteniendo la libre designación como forma única de provisión para el nombramiento de titulares de órganos administrativos, incluidos los órganos de control interno, como la Inspección General de Servicios y la Intervención General.

Queremos ver ya signos claros de que este Gobierno quiere verdaderamente corregir este estado de cosas, y ello se hace con decisiones ordinarias de gestión, aplicando las leyes ya existentes –en lugar de vulnerarlas-, porque si todo esto se mantiene la posible credibilidad de un Proyecto de Ley de Integridad y Ética Pública es muy escasa, por no decir nula. La ineficacia de las medidas anticorrupción o la falta de sinceridad de los programas de prevención es lo peor que cabe imaginar en estos momentos. Y no podemos descartar que lo que dicho Proyecto de Ley nos ofrece no es más que eso, medidas ineficaces, medidas sin voluntad de corregir realmente la grave situación que padecemos, y que en modo alguno nos resignamos a aceptar.