PETICIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA FALTA DE DILIGENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA EN EL ENVÍO DE INFORMACIÓN SOBRE ACTUACIONES DE PLAZA, S.A., AL TRIBUNAL DE CUENTAS.

Desde esta Asociación nos hemos dirigido al Consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Javier Campoy, solicitando que por parte de la Inspección General de Servicios, como órgano de control interno sobre la correcta actuación de la Administración autonómica, se abra una investigación sobre las circunstancias que han producido la llamativa falta de diligencia de la Intervención General del Gobierno de Aragón en remitir al Tribunal de Cuentas la información requerida en relación con diferentes actuaciones de la empresa pública PLAZA, S.A.

Dicha falta de diligencia, puesta de relieve por responsables del Ministerio Fiscal y de la Administración de Justicia, ha dado lugar al inicio de acciones penales sobre la posible responsabilidad en que pudieran haber incurrido los miembros del Consejo de Administración de la empresa pública, actuaciones archivadas una vez remitida, con notable demora, la información requerida por el Tribunal de Cuentas. Al parecer, la información solicitada por dicho Tribunal fue cumplimentada por la empresa pública y remitida a la Intervención General, pero este órgano, por razones que se desconocen, no les dio el curso debido, impidiendo con ello que se despejaran las dudas de legalidad señaladas por la fiscalización del Tribunal de Cuentas.

Con independencia de las acciones que puedan promoverse por los afectados por este caso de negligencia, al verse sometidos de forma indebida a la acción de la justicia, con la correspondiente repercusión pública de dicho proceso, hasta el momento de su archivo, y al margen de las medidas que pudiera adoptar el propio Tribunal de Cuentas, por la deficiente colaboración con su labor de fiscalización, entendemos totalmente necesario que el Gobierno de Aragón, a través de su órgano de control especializado, esclarezca lo sucedido y determine con total claridad tanto las circunstancias que han motivado la grave falta de diligencia en la respuesta al Tribunal de Cuentas como las posibles actuaciones de aquellos altos cargos o empleados públicos a los que quepa atribuir, por acción u omisión, la responsabilidad de lo sucedido.

El control de la gestión pública es un elemento esencial en el funcionamiento de un Estado de Derecho, y la obstaculización o falta de colaboración en el ejercicio de dicha función de control por los órganos competentes, como el Tribunal de Cuentas en el presente caso, reviste una especial gravedad, en particular cuando de tal incumplimiento de colaboración se han podido derivar exigencias de responsabilidad penal a gestores que habían dado razón de todas las actuaciones sobre las que se había solicitado aclaración o ampliación.

Esta Asociación se dirigirá asimismo, con similar petición de investigación, al Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios y al responsable de la Inspección General de Servicios, con el fin de que puedan acordar dicha investigación en el ejercicio de sus propias responsabilidades administrativas.

Se reproduce a continuación el contenido íntegro del escrito dirigido al Consejero de Hacienda y Administración Pública:

“Excmo. Sr. Consejero de Hacienda y Administración Pública

Gobierno de Aragón

Plaza de los Sitios, 7

50071-ZARAGOZA

Zaragoza, 20 de agosto de 2014.

Estimado señor:

En mi condición de Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, entidad comprometida con los valores de la legalidad, la profesionalidad y la ética pública en el conjunto de las Administraciones Públicas, deseo expresarle nuestra preocupación por la manifiesta falta de diligencia en que parece haber incurrido la Intervención General del Gobierno de Aragón, tal y como ha sido puesto de manifiesto por el Ministerio Fiscal y el Juzgado de Instrucción competente, a la hora de atender requerimientos de información del Tribunal de Cuentas relativos a actuaciones de la empresa pública PLAZA, S.A.

El Tribunal de Cuentas, como supremo órgano fiscalizador de las cuentas del Estado y del sector público, puede recabar la colaboración de todas las entidades que integran dicho sector público, entre las cuales se incluyen las Comunidades Autónomas y sus organismos y empresas públicas, las cuales se encuentran legalmente obligadas a suministrar cuantos datos, estados, documentos, antecedentes o informes solicite en relación con el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras y jurisdiccionales.

De conformidad con lo previsto en el artículo 30.4 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas (LFTCu), “el órgano que recibiere cualquier petición de colaboración del Tribunal de Cuentas estará obligado a acusar recibo y cumplimentarlo dentro del plazo que aquél le haya señalado, salvo imposibilidad, que será debidamente razonada con ocasión de acusar recibo, indicando, en este caso, el plazo que precise para su atención”.

El incumplimiento del citado deber de colaboración con el Tribunal de Cuentas puede dar lugar a la imposición de sanciones pecuniarias señaladas en el artículo 30.5 de la citada LFTCu o, incluso, de sanciones penales previstas para el caso o sanciones disciplinarias, entre las que se incluyen la separación del servicio del funcionario o el cese de la autoridad responsable del incumplimiento.

Consideramos que la falta de diligencia en la que ha incurrido la Administración de la Comunidad Autónoma, y en particular la Intervención General, a la hora de suministrar información requerida por el Tribunal de Cuentas en relación con diferentes actuaciones de la empresa pública PLAZA, S.A., de la cual se han derivado actuaciones penales frente a los miembros del Consejo de Administración de dicha empresa posteriormente archivadas tras la remisión tardía de dicha información, constituye un grave y cualificado incumplimiento del deber de colaboración con los órganos de control externo, cuyas circunstancias requieren un esclarecimiento adecuado.

Entendemos que, al margen de las actuaciones que puedan llevarse a cabo por terceras personas afectadas o por el propio Tribunal de Cuentas, en relación con el citado incumplimiento, lo sucedido justificaría la apertura de actuaciones por parte de la Inspección General de Servicios, adscrita a ese Departamento, de conformidad con lo señalado en la letra l) del artículo 2 del Decreto 349/2002, de 19 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regulan las competencias, organización y funcionamiento de la Inspección General de Servicios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, al existir una presunta irregularidad en el funcionamiento administrativo de la cual, además, se han derivado consecuencias claramente lesivas.

Un órgano de control como es la Intervención General del Gobierno de Aragón ha de extremar, a nuestro juicio, su diligencia en la atención de los requerimientos realizados por parte del Tribunal de Cuentas, evitando que su actuación renuente pueda impedir la realización de su labor de fiscalización u ocasionar dudas injustificadas sobre la correcta actuación del órgano o entidad sobre cuya gestión recaiga el control de dicho Tribunal. Una Administración Pública ha de ajustar su actuación a la legalidad, lo que implica el debido sometimiento a la fiscalización de órganos de control encargados de asegurar la corrección de la gestión pública, como es el caso de la Intervención General en el ámbito interno o del Tribunal de Cuentas en el ámbito externo en materia económico-financiera. La estrecha colaboración entre ambos órganos constituye un deber básico para asegurar la correcta realización del control de legalidad presupuestaria, colaboración que, sin embargo, ha resultado manifiestamente deficiente en los supuestos señalados.

En consecuencia, y de acuerdo con lo previsto en el artículo  7.1 del citado Decreto 349/2002, de 19 de noviembre, del Gobierno de Aragón, solicitamos que, a la vista del presente escrito, imparta las órdenes precisas para que la Inspección General de Servicios, adscrita a ese Departamento, lleve a cabo las actuaciones inspectoras oportunas sobre el señalado incumplimiento del deber de colaboración con el Tribunal de Cuentas en que ha podido incurrir la Intervención General del Gobierno de Aragón en relación con actuaciones llevadas a cabo por la empresa pública PLAZA. S.A.

Este escrito se remite igualmente, para su conocimiento y efectos oportunos, tanto al Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios como al responsable de la Inspección General de Servicios, al objeto de que en su caso, y por propia iniciativa, puedan llevar a cabo la actuación inspectora solicitada.

En todo caso, ruego que se me comunique, en su caso, el inicio de las actuaciones inspectoras que se solicitan en el presente escrito.

Julio Guiral Pelegrín. Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa”