LA ILEGALIDAD VOLUNTARIA Y EL DESCRÉDITO DE LA ADMINISTRACIÓN.

Algún día alguien tal vez nos explicará las razones que llevaron a los miembros del Gobierno de Aragón –el actual y el anterior- a perseverar en la ilegal práctica de sustituir la publicación de los nombramientos y ceses del personal eventual o de confianza política por unos irregulares anuncios de publicidad, en los que últimamente ni se indica ya la fecha de la Orden por la que se lleva a cabo el nombramiento. Nos resulta tan incomprensible su comportamiento, que no encontramos razón alguna para que tal ilegalidad no se corrija. No solo no se publica la Orden de nombramiento, como exige el artículo 25.5 de la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón, sino que en los anuncios de publicidad que se insertan en el Boletín, suscritos por los respectivos Secretarios Generales Técnicos –cuya incapacidad para hacer valer la legalidad ha quedado plenamente constatada- ya ni siquiera se hace mención a la fecha de la Orden del respectivo Consejero por la que se ha efectuado el nombramiento. La opacidad sobre el acto de nombramiento viene así a ser completa.

La publicación llevada a cabo por el Consejero de Presidencia y Justicia fechas atrás, tras la protesta formulada por esta Asociación, parece ser simplemente la excepción que viene a confirmar la regla del incumplimiento, en el que se vuelve a reincidir por el Departamento de Hacienda y Administración Pública con el anuncio de publicidad publicado el pasado 31 de julio en el Boletín Oficial de Aragón. Pese a ello, tantas veces como reincidan los miembros del Gobierno de Aragón en el incumplimiento de la Ley esta Asociación expresará su protesta ante el respectivo Consejero, pidiendo que subsane la irregular actuación, y planteará la correspondiente queja ante el Justicia de Aragón por vulneración reiterada del ordenamiento jurídico aragonés, del que forma parte la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón.

Tras los pronunciamientos que sobre la cuestión han efectuado ya tanto el Justicia de Aragón como la jurisdicción contencioso-administrativa, resulta incomprensible la persistencia de una ilegalidad como la señalada, con la cual los responsables de los Departamentos parecen poner de manifiesto su desprecio hacia la legalidad, actitud que solo puede redundar en su descrédito como titulares de los órganos superiores de la Administración autonómica, pues el pleno sometimiento a la legalidad de ciudadanos y poderes públicos es la regla esencial de un Estado de Derecho, y aquellos responsables públicos incapaces de respetar dicho principio, como de manera reiterada ponen de manifiesto los miembros del Gobierno de Aragón en este tema, se inhabilitan para el desempeño de funciones públicas. Lo mismo cabe decir para los titulares de las Secretarías Generales Técnicas que siguen suscribiendo los anuncios de publicidad a pesar de la sentencia que declaró ilegal tal práctica.

Debemos recordar que esta Asociación planteó meses atrás una petición a la responsable de la Intervención General del Gobierno de Aragón para que evite proceder al alta en nómina de todas aquellas personas cuyo nombramiento no se haya ajustado a los requisitos de publicación que establecen las leyes, como es el caso del personal eventual. No ha habido respuesta alguna hasta la fecha, por lo que nos veremos obligados a reiterarla y a plantear en las instancias oportunas la vulneración que dicho silencio conlleva del derecho fundamental de petición ejercido. Es penoso constatar que ni siquiera los órganos de control, como la Intervención General, ajustan su actuación a lo exigido en el ordenamiento jurídico. Tampoco nos conformaremos con el silencio de dicho órgano. Los deberes legales han de respetarse si queremos que el Estado de Derecho no quede vacío de contenido, y desde luego esta Asociación mantiene firme su compromiso de exigir el respeto de las normas a todos los responsables públicos.

Se reproduce a continuación el contenido íntegro del escrito dirigido al Consejero de Hacienda y Administración Pública:

“Excmo. Sr. Consejero de Hacienda y Administración Pública

Gobierno de Aragón

Plaza de los Sitios, 7

50071-ZARAGOZA

Zaragoza, 18 de agosto de 2014.

Estimado señor:

En mi condición de Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, entidad comprometida con los valores de la legalidad, la profesionalidad y la ética pública en el conjunto de las Administraciones Públicas, deseo reiterarle nuevamente nuestra preocupación por la infracción en que se viene incurriendo por los miembros del Gobierno de Aragón en cuanto al deber de publicación de nombramientos y ceses de personal eventual que establece el artículo 25.5 de la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón.

Conforme a dicho precepto legal, “el nombramiento y cese de los Directores, Jefes y demás miembros de los Gabinetes, así como del resto de órganos de asistencia y apoyo, serán objeto de publicación en el Boletín Oficial de Aragón”. Dicha obligación, establecida en 2009, viene siendo sistemáticamente incumplida por los miembros del Gobierno de Aragón, a pesar de la sugerencia realizada por el Justicia de Aragón y de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Zaragoza, que declararon improcedentes los anuncios de publicidad que, de forma diferida, vienen insertándose en el Boletín tratando de suplir con ello la verdadera publicación de la resolución de nombramiento y cese de dicho personal.

A juicio de esta Asociación, la publicación de los nombramientos de personal eventual constituye un requisito de eficacia del propio nombramiento, de manera que sin satisfacer tal exigencia no es posible que la persona nombrada pueda iniciar el desempeño de función pública alguna ni percibir retribución con cargo a los presupuestos públicos, al deberse considerar como “funcionario de hecho” con nombramiento carente de validez por la falta de publicación que exige la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón.

El anuncio de publicidad que se incluía el pasado 31 de julio,  en el Boletín Oficial de Aragón, en relación con los ceses y nombramientos producidos en su Gabinete, viene a incurrir nuevamente en la señalada práctica irregular, lo que supone una clara infracción del artículo 25.5 de la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón.

Por todo ello, y al amparo del derecho de petición previsto en el artículo 29 de la Constitución Española, le solicito que subsane dicha infracción, mediante la oportuna publicación de la correspondiente resolución administrativa, e imparta las instrucciones oportunas para que los nombramientos y ceses de personal eventual de ese Departamento se ajusten estrictamente a lo señalado en la propia Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón, asegurando el deber de publicación legalmente previsto.

Agradeciéndole de antemano su atención, reciba un atento y respetuoso saludo.

Julio Guiral Pelegrín. Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa”.