En la última reunión celebrada por la Junta Directiva de la Asociación, el jueves 21 de julio, se aprobó el documento de propuestas para el buen gobierno y la buena administración en la Comunidad Autónoma de Aragón, documento que en estos días pasados se ha remitido a la Presidenta del Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, y a los diferentes Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón. Si es verdad que el verano es un tiempo propicio para el reposo, no lo es menos que este verano que marca el inicio de una legislatura, con la formación del nuevo Gobierno de Aragón, lo es también para marcar y marcarse objetivos para estos próximos cuatro años. Objetivos que conviene formular sin demora, aunque su posterior concreción sea objeto de debate y deliberación pausados.
Esta Asociación ha formulado, con distinto nivel de detalle y enunciación, un conjunto de propuestas de buen gobierno, referidas a la calidad institucional y a un programa de ética pública, y de buena administración, relacionadas con los criterios de la gestión pública y la ordenación de la función pública. Se ha partido para ello del documento ya elaborado con motivo de las anteriores elecciones autonómicas, las de 2007, si bien se ha procedido a una profunda revisión de su contenido. Una parte del mismo, inevitablemente, ha de resultar invariable, pues los objetivos que persigue esta Asociación, como es el fomento y defensa de los principios constitucionales de la función pública, permanecen inalterables.
Durante estos próximos días de agosto queremos ir dando a conocer, en el blog, el conjunto de medidas que se contienen en el citado documento. Someterlas, de ese modo, al escrutino público, propiciando una reflexión y un debate en el seno de la Administración autonómica y, si fuera posible, en el conjunto de la sociedad aragonesa. La reordenación administrativa es uno de los objetivos expresamente señalados en el programa hecho público por la nueva presidenta del Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, hecho que, en principio, podemos calificar de positivo, pues denota un claro interés por dotar a Aragón de una Administración eficaz, que funcione.
Pero esta Asociación no puede dejar de estar vigilante para que esa reordenación lo sea en el sentido que exigen las aspiraciones generales de buen gobierno y buena administración. Queremos un programa creible que establezca como prioridad el restablecimiento de la legalidad en la ordenación de la función pública. Resulta realmente lamentable que los Tribunales -sentencia a sentencia- tengan que estar recordando de forma constante a los responsables de personal del Gobierno de Aragón lo que dicen las leyes, insistiendo asimismo en la necesidad de que la gestión se ajuste a lo marcado en ellas. El primer paso que ha de dar la nueva Administración es el de asumir el respeto a la legalidad como premisa básica de su gestión. La ley ha de cumplirse por el ejecutivo por respeto al Estado de Derecho, sin necesidad de que los ciudadanos o los servidores públicos hayan de acudir a los Tribunales para asegurar su cumplimiento.
De poco servirían las propuestas que puedan formularse desde esta Asociación o desde otras organizaciones, igualmente preocupadas por una Administración eficiente al servicio de los ciudadanos, si no existiese un Gobierno plenamente comprometido con el respeto de la legalidad. Sólo desde el escrupuloso respeto a la legalidad cabe plantear un programa -naturalmente discutible- que marque objetivos de buen gobierno y buena administración. Queremos creer que nombramientos como el del nuevo Director General de la Función Pública, Ignacio Murillo, son signos de un claro compromiso con una gestión atenta a las exigencias del Estado de Derecho. Tan importantes como las propuestas son las personas responsables de su ejecución, y en este caso no podemos dejar de destacar los méritos y la credibilidad del nuevo responsable de la función pública, al que esta Asociación desea el mayor de los aciertos en la enorme tarea que le corresponde acometer. No tenemos la menor duda de que esta vez el diálogo que sin duda quepa mantener con él será tan leal como fructífero.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
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