DISCONTINUIDAD EN FUNCIÓN PÚBLICA: RELEVO DE ANTONIO BRUN.

No ha concluido la legislatura y ya se han sucedido tres titulares en la Dirección General de Función Pública: Pilar Ventura, Antonio Brun y, ahora, Jesús Sarría. En cada uno de los cambios se ha ido dando paso a un responsable cada vez más alejado de la gestión de personal, lo que podría haberse visto compensado con otras habilidades directivas, pero no parece haber sido el caso hasta ahora. Veremos, sin prejuzgar, lo que puede depararnos este último periodo de legislatura.

Como aún desconocemos los planes de la nueva Consejera de Presidencia en esta materia, resulta imposible imaginar las medidas que pueda impulsar el nuevo responsable de la Dirección General, al margen de dedicarse a conocer un ámbito totalmente novedoso para él. ¿Llegarán a definirse algún día? Sería meritorio que en pocos meses se hiciera lo que el anterior Consejero, Javier Velasco, no logró hacer en más de tres años, incapaz de trazar un horizonte de desarrollo y reforzamiento de la función pública aragonesa. Tan meritorio, que parece improbable que suceda.

Cuando existe un proyecto o un rumbo a seguir y se valora debidamente el factor humano de la organización, los cambios de los responsables pueden servir para renovar esfuerzos o ajustar equipos profesionales, y así poder seguir avanzando hacia los objetivos propuestos. Pero si falta el rumbo y se descuida a los profesionales de la Administración, como sucede en este caso, los cambios pueden convertirse en un factor más que contribuye al desconcierto y a la parálisis. Difícilmente cabe avanzar soluciones, si se parte de un diagnóstico tan deficiente sobre el estado de la función pública como el que presentó Antonio Brun ante la Comisión Institucional de las Cortes de Aragón, en el que, entre otras cosas, no se aportaba ni un solo dato de las magnitudes y relevancia de la función pública y sus circunstancias.

Resulta penoso constatar hoy que la cuestión de mayor calado de la que ha sido capaz el ya cesado Director General, Antonio Brun, ha sido el proponer y legar in extremis una opción de jornada continua para los empleados públicos. Eso sí, fiel a la marca de su gestión, lo ha hecho de forma indebida, mediante una mera instrucción, desconociendo las competencias que en materia de jornada corresponden a la persona titular del Departamento. Desconocer las competencias de los órganos administrativos y ejercer las que no le corresponden, como ha hecho en éste y en anteriores casos, no parece el mejor aval para acceder a la Dirección General de Organización, Inspección y Servicios. Pero no parece que esas cosas se tengan en cuenta en los nombramientos del Gobierno de Aragón, ni ahora ni antes.

Se abre, por lo tanto, una nueva fase en la Dirección General de la Función Pública, incierta e imprevisible. Es posible que el nuevo responsable, apelando a la crisis económica y al necesario ajuste presupuestario, adopte nuevas medidas de recorte salarial o presupuestario, estrictamente cuantitativas, olvidando las de carácter cualitativo, que tienen que ver con el impulso de la profesionalidad y de la eficiencia de la función pública y la defensa clara del papel que corresponde a los servidores públicos en la salvaguarda de la legalidad y en el aseguramiento de los derechos de los ciudadanos. Sería lamentable que los cambios acordados por el Gobierno de Aragón no sirvan para enmendar anteriores errores y corregir prácticas equivocadas. Ocasión hay para recuperar la buena gestión y enviar signos inequívocos de que la función pública se valora por los nuevos responsables políticos –en el Departamento y en la Dirección General- y así comenzar a recuperar algo del mucho terreno perdido a lo largo de la legislatura, sobre todo en transparencia.