viernes, 2 de julio de 2010

EL SENADO TRASLADA UNA PETICIÓN DE LA ASOCIACIÓN AL MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL.

La Comisión de Peticiones del Senado, en su sesión del 21 de junio de 2010, ha decidido trasladar al Ministerio de Política Territorial una petición formulada por esta Asociación, con la finalidad de que las instituciones del Estado promoviesen el control de constitucionalidad del artículo 19.2 de la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2010, al contemplar un régimen retributivo específico para los supuestos de "promoción interna temporal" que vulnera la ordenación básica de las retribuciones contenidas en el Estatuto Básico del Empleado Público.

Anteriormente, también los Ministerios de la Presidencia y de Justicia habían traladado a dicho Ministerio de Política Territorial las respectivas peticiones planteadas en relación al citado precepto de la Ley de Presupuestos aragonesa, si bien, hasta la fecha, no ha habido respuesta de dicho Ministerio, pese a haberse superado ya el plazo máximo de tres meses establecido por la Ley Orgánica 4/2001, reguladora del Derecho de Petición.

Ha de acogerse favorablemente la decisión adoptada por la Comisión de Peticiones del Senado, ya que anteriormente similar Comisión del Congreso de los Diputados comunicó el archivo de igual petición, sin exponer las razones que justificaban tal decisión, motivo por el que esta Asociación se dirigió al Presidente del Congreso para solicitarle que las decisiones denegatorias de las peticiones formuladas por los ciudadanos a dicha Cámara sean debidamente razonadas, tal y como exige la citada Ley Orgánica 4/2001.

Podría pensarse que los resultados obtenidos por esta Asociación, en su batalla por asegurar el respeto de la legislación básica de función pública por parte de las instituciones de la Comunidad Autónoma -en este caso, infringida por el Gobierno de Aragón y por las Cortes de Aragón-, son escasos y decepcionantes, con respuestas tardías, evasivas o inmotivadas. No podemos negar que nos gustaría observar otro nivel de implicación de las instituciones del Estado en esta materia, ya que buena parte de los problemas actuales que se padecen en el sector público son resultado de la injustificable inhibición de las instituciones del Estado en la defensa del principio de legalidad, sin el cual todo el edificio del Estado autonómico corre un gravísimo riesgo de derivar hacia la inobservancia de los límites marcados por la legislación básica y las normas presupuestarias, con un camino de retorno a la legalidad cada vez más dificultoso.

Pero el hecho de que las instituciones autonómicas no respeten las normas y que, ante ello, las instituciones estatales no ejerzan la función de control que les corresponde, no es razón suficiente para que Asociaciones como ésta se acojan al fatalismo de que no hay nada que hacer. Han de llegar peticiones a las Cortes Generales -las primeras, si es posible, de los propios servidores públicos- que reclamen una activa defensa de los principios de nuestro ordenamiento jurídico, sin cuya plena vigencia no hay función pública posible que pueda regirse por los valores y principios constitucionales.

Toca esperar, ahora, la respuesta final del Ministerio de Política Territorial, al cual todos los restantes destinatarios han remitido las correspondientes peticiones, a excepción del Congreso de los Diputados, cuya Comisión de Peticiones acordó, incomprensiblemente, archivar la petición. Sea cual sea esa respuesta, esta Asociación no va a desistir en sus reclamaciones o demandas de respeto a la legalidad, aunque las peticiones puedan entenderse condenadas de antemano al archivo. Nuestra insistencia no es sino reflejo de la contumacia de las instituciones aragonesas en vulnerar el ordenamiento jurídico, desconociendo con ello el deber primero de todo poder público que pretenda ejercer sus funciones democráticamente.

15 comentarios:

Anónimo dijo...

Así, sin desfallecer.

Anónimo dijo...

O por la nobleza ....

Anónimo dijo...

¿Por lo de tozudos?

Anónimo dijo...

¿No somos aragoneses, acaso?

Anónimo dijo...

El despliegue realizado frente al artículo 19.2 de la Ley de Presupuestos fue muy importante, pero los resultados muy escasos.

Anónimo dijo...

¿Tienen sede acaso?

Anónimo dijo...

¿Se podrían mandar cosas ya a la Cámara de Cuentas de Aragón?

Anónimo dijo...

Sin noticias.

Anónimo dijo...

¿Se sabe algo de lo ocurrido en el Tribunal de Cuentas?

Anónimo dijo...

El Gobierno ha decidido coger las riendas del desbocado gasto de personal y ha optado por suprimir 10.600 puestos de trabajo de la Administración General del Estado en los próximos tres años, que estaban vacantes y que no serán cubiertos, según lo aprobado hoy por el Consejo de Ministros. Esta medida, que fue anunciada el pasado martes por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en su comparecencia en la Comisión Constitucional del Congreso, supone bajar del 8 al 5 por ciento el número de vacantes de la Administración, implicando un ahorro de 250 millones de euros y, como ha anunciado hoy Fernández de la Vega, tiene como objetivo evitar "desviaciones al alza" de las masas salariales de los funcionarios. Esta medida no afectará a las Fuerzas Armadas, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, la Justicia, los servicios penitenciarios, los servicios públicos de empleo estatal y los controladores aéreos"
Como ha venido publicando ABC, al Gobierno se le ha disparado el gasto de personal en los cinco primeros meses del año, llegando a alcanzar el desfase un total de 274 millones de euros, como así lo denunció el portavoz del PP en la Comisión Constitucional, Miguel Barrachina, que aludió al "descontrol absoluto del sector público nacional".
El descontrol en el gasto de personal es consecuencia, según aseguraron a ABC fuentes sindicales, de que se estaban produciendo contrataciones de laborales e interinos para cubrir estas plazas vacantes, y que ahora no podrán ser cubiertas por este tipo de trabajadores. El Gobierno blinda la contratación para evitar esta sangría, ya que, como ejemplo de este descontrol, el PP siempre ha denunciado que, desde el 31 de marzo de 2008 al 31 de marzo de 2010 se han creado 215.000 empleos.

ABC.

Anónimo dijo...

Comentario:

Y si sobran funcionarios ¿por qué hay cantidad de personas de empresas contratados para hacer labores de funcionarios? .Observen algunos ministerios.

Anónimo dijo...

Comentario:

MI PREGUNTA ES: ¿PUEDE ESTE PAIS PERMITIRSE EL LUJO DE REDUCIR PERSONAL DE EDUCACIÓN Y AULAS DE ATENCION A LA DIVERSIDAD, COMO SE ESTÁ HACIENDO? SI LAS ULTIMAS GENERACIONES DISTAN MUCHO DE SER LOS MEJORES DE EUROPA EN ESTA MATERIA... ¿QUE VA A PASAR A PARTIR DE AHORA?

Anónimo dijo...

Comentario:

Y si los ciudadanos no comieran ni bebieran ni tuvieran que comprarse una casa se ahorrraría más aún. ¡Eliminar puestos de la admón! ¿Y por esto les pagamos a lo políticos?

Anónimo dijo...

Por segundo día consecutivo, más de dos millones de madrileños sufrieron ayer los efectos de una huelga salvaje de Metro que no ha respetado los servicios mínimos establecidos por el Ministerio de Trabajo, ha violentado el derecho de los trabajadores a acudir a sus puestos laborales y ha alterado gravemente la vida ciudadana. La conducta de los liberados y piquetes sindicales de UGT y CC OO ha sido violenta e intimidatoria, como ya sugerían las soflamas de los sindicalistas que amenazaron el martes con «reventar Madrid». De hecho, cuatro trabajadores que querían cumplir con su deber fueron brutalmente agredidos por los matones sindicales. La huelga seguirá hoy y mañana, y se suspenderá el fin de semana por dos motivos: para no entorpecer la fiesta del orgullo gay y porque perderían los elevados pluses que cobran en días no laborales. Al margen de que la fiesta gay les merezca más consideración que el trabajo de cientos de miles de ciudadanos, a los que han tomado como rehenes, lo cierto es que la conducta inaceptable de los burócratas sindicales pone de manifiesto la urgente necesidad de desarollar una ley de huelga que impida el abuso y el matonismo como en estos días. El derecho a la huelga nada tiene que ver con la coacción y la desmesura, y debe armonizarse con el derecho que asiste a los trabajadores y a los consumidores. Tampoco es admisible que se recurra a la huelga salvaje con fines políticos, como es el caso. El Gobierno de Esperanza Aguirre no ha tomado ninguna decisión que no esté en consonancia con el recorte decretado por el Gobierno de Zapatero de rebajar un 5% el sueldo de los funcionarios y empleados públicos. En otras comunidades, como Cataluña y el País Vasco, también se han aplicado los mismos recortes salariales, pero ningún sindicato ha convocado ninguna huelga salvaje. ¿Por qué en Madrid? Porque en la Comunidad madrileña gobierna el PP, ni más ni menos. Ése es también el motivo por el que alguna destacada miembro del Gobierno de Zapatero ha arremetido contra Aguirre, en vez de ponerse a su lado y frente a la manifiesta ilegalidad sindical de no respetar los servicios mínimos. Resulta hipócrita exigir a las autonomías que secunden el plan de recortes del Gobierno y, al mismo tiempo, criticar a la presidenta madrileña por hacerlo. No están los tiempos ni la maltrecha economía para caer en demagogias políticas ni sindicales, porque sólo se podrá salir de la crisis si todos los actores públicos actúan en la misma dirección. No parece que sea ésa la preocupación de los actuales dirigentes de UGT y CC OO, que han llevado a sus sindicatos al mayor desprestigio y desafección social en 30 años de democracia. Nunca antes, como en estos días de huelga salvaje, se había detectado una indignación tan intensa y generalizada contra los sindicalistas, que son vistos como burócratas privilegiados cuya máxima preocupación es defender su ventajosa posición salarial. Tras haber contribuido, con su apoyo cómplice al Gobierno, al desastre económico y laboral, los sindicalistas pretenden ahora lavarse las manos manchadas organizando huelgas salvajes contra una presidenta regional del PP.

LA RAZON.

Anónimo dijo...

La realidad constitucional es que Cataluña no tiene un "derecho a decidir" ni un derecho a pactar con el Estado, como si ambas entidades fuesen de igual naturaleza. Su derecho al autogobierno tiene unos límites que marca la Constitución. Podrán discutirse, interpretarse, cambiarse e incluso suprimirse esos límites, pero por los cauces constitucionales, no al margen de ellos, y eso por la propia garantía del derecho a la autonomía. De lo contrario, podría fundamentarse también el camino inverso y laminar por vía legislativa el autogobierno de nacionalidades y regiones. Ya ha sucedido –recuérdese la LOAPA– y la Generalitat ha acudido al TC para impedirlo, en muchos casos con notable éxito.

El tripartito y los nacionalistas catalanes no pueden esperar de la Constitución una respuesta al estilo de Groucho Marx: "Estos son mis principios. Si no le gustan, tengo otros".

Franciso Bastida Freijedo.
DIARIO DE MALLORCA.