A través de la prensa aragonesa, conocemos hoy que el Gobierno de Aragón ha elaborado un proyecto normativo para regular la función pública aragonesa, al que se denomina Ley de Empleo Público de Aragón, con el que se vendría a dar desarrollo, en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, al Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por las Cortes Generales en el 2007.
Esta Asociación desconoce el contenido del citado proyecto normativo, de cuyo proceso de elaboración, en el que se ha contado con diferentes ámbitos de participación, ha sido excluida, atendiendo a razones de "falta de empatía". El mantener una voz crítica con la orientación seguida por los responsables políticos de la Administración aragonesa ha parecido razón suficiente, tanto al responsable de Función Pública, Antonio Brun, como al responsable de Participación Ciudadana, Ignacio Celaya, para que esta Asociación quedase al margen de todos los debates sobre contenidos posibles de la futura Ley que ha de regir la función pública aragonesa. Es un indicio no despreciable del espíritu con el que se ha elaborado dicho proyecto normativo.
Debemos recordar, además, que el Diagnóstico previo sobre el estado de la Función Pública aragonesa, presentado en su día por el Director General, Antonio Brun, ante la Comisión Institucional de las Cortes de Aragón, era un documento carente de información real sobre la Administración aragonesa -en el que no se contenía un solo dato sobre su dimensión o composición-, que se limitaba a apuntar unas ideas genéricas sobre la orientación a dar a la regulación futura, que no aportaban nada sustancial. Resultaban penosas las consideraciones contenidas sobre la crisis de vigencia de la actual Ley de Ordenación de la Función Pública, tratando de presentar la inaplicación y el incumplimiento de dicha Ley por el Gobierno de Aragón como el resultado lógico de la pretendida inadecuación de la norma a la realidad. Nada más falso que tal pretensión, situada en las antípodas del funcionamiento requerido en un Estado de Derecho.
Procede centrar el debate que merece la futura Ley de la Función Pública -vaya de antemano, nuestro rechazo a la pretendida denominación como Ley del Empleo Público de Aragón- y señalar que esa Ley trasciende los intereses de los propios funcionarios, pues afecta a los servicios públicos de la Comunidad Autónoma, cuyos destinatarios y usuarios son todos los ciudadanos. Por lo tanto, no se trata sólo de regular las condiciones de trabajo de los empleados públicos, en lo que tienen mucho que decir los sindicatos de la función pública aragonesa, sino también la organización, estructura y régimen jurídico de la función pública, en cuanto institución insustituible para el buen funcionamiento del Estado social y democrático de Derecho que define nuestro ordenamiento constitucional.
Es dicha trascendencia de la norma, y su crucial importancia para asegurar una Administración profesional, eficaz y eficiente, garante del Estado de Derecho y del Estado del Bienestar configurados por nuestro ordenamiento jurídico, dotada de un alto sentido ético y de responsabilidad, la que desea destacar en esto momento esta Asociación, al margen del análisis detallado de sus diferentes contenidos, en el que esta Asociación entrará necesariamente, haciendo llegar sus consideraciones a todos los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón.
Pero no podemos conformarnos con que se anuncie una futura Ley para la Función Pública, fiando a la misma la solución de los problemas actuales de la Administración aragonesa. Los criterios de gestión con los que se ha dirigido la función pública aragonesa en los últimos años no son un adecuado aval que puedan esgrimir los impulsores de la norma. La arbitrariedad y el incumplimiento de la ley han sido prácticas comunes del Gobierno de Aragón en materia de función pública, razón por la cual el debate sobre la norma vigente puede resultar totalmente ocioso si, como ha ocurrido hasta ahora, las normas pueden seguirse inaplicando sin problema alguno. ¿Para qué debatir leyes si no se reivindica, al mismo tiempo, la cultura de la legalidad, del respeto al ordenamiento jurídico? Este es un debate inseparable del referido a los contenidos de la ley.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
34 comentarios:
El desconocimiento de la norma vivido hasta la fecha tiene su origen en la necesidad de este Gobierno de ampliar sus poderes más allá de lo que la Ley le permite. La discrecionalidad de su actuación le ha resultado ineludible si, como todas las evidencias apuntan, pretende establecer una trama clientelar que, al menos, asiente su poder y le garantice los apoyos para su permanencia. Y digo “al menos”, porque puede haber otros objetivos menos confesables, pero que sólo cabe conjeturar.
Es por eso que la Ley actual no ha perdido vigencia por su falta de adecuación a la realidad, sino que la realidad que el Gobierno necesita para sus propósitos no encaja en el marco legal establecido hasta la fecha. Ese marco legal se basaba -se basa todavía- en ese mandato constitucional: la Administración sirve con objetividad a los intereses generales.
Obviemos de momento esos intereses generales, y centrémonos en la objetividad. La discrecionalidad en la actuación del Gobierno en materia de Función Pública (publicación o no de las relaciones de puestos de trabajo, publicación o no de las ofertas públicas de empleo, convocatoria o no de todas las plazas vacantes…) está frontalmente reñida con la objetividad. De hecho, le resulta materialmente imposible al Gobierno dar ni una sola explicación coherente, ni una sola razón objetiva que justifique sus decisiones en la materia y el porqué de su necesidad de incumplir reiteradamente la normativa vigente. Simplemente no puede.
Así pues, pienso que el objetivo prioritario de esta nueva ley, cuyo borrador desconocemos, pretenderá presumiblemente ampliar los márgenes de discrecionalidad, simplemente para colocar esa actuación que hasta ahora se desarrollaba la margen de la legalidad, dentro del marco legal, que se necesita más amplio. Lo que hasta ahora era ilegal, ahora pasará a serlo, no porque haya una mayor voluntad de cumplir, sino porque los márgenes serán más amplios y/o laxos. Preparémonos pues, también, para una disminución de los controles.
Y sepamos -aunque ya lo sabemos- que la diferencia entre discrecionalidad y arbitrariedad es del grosor de un cabello de vicuña. Pretenden una ley que, simplemente, les permita serlo –arbitrarios- sin que nadie pueda oponer objeciones.
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Afortunadamente, para todos, la administración ni es ni puede ser una empresa privada. Desafortunadamente, nadie ha encontrado la manera para que todos y cada uno de los miles de funcionarios, fijos o no fijos, con cometidos dispares, sean efecientes.
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Creo que es una huida hacia delante para justificar que se mueven. Es irrealizable por dos motivos: 1º- Porque muchos tienen la plaza en propiedad" y 2º- Porque los sindicatos de clase, no de los trabajadores, son los que están en todas las comisiones y se hará lo que digan ellos.
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La cuestión de los problemas de la administración no es la precariedad. Ese es el problemas de los precarios que quieren un puesto fijo y la cuestión de los sindicatos (que son tremendamente conservadores bajo el paraguas del progresismo). Una de las principales cuestiones es el bajo rendimeinto y productividad de los funcionarios. Si todo el mundo cobra igual produzca como produzca ( modelo comunista y vivo en China) el rendimiento se iguala por abajo y si además se promociona en función de amistades o carnets por con el tiempo la desidia crece... Yo he trabajo en empresa privada y soy funcionario y me he encontrado con opiniones de responsables sindicales de minsiterios diciendo que ejecutando el presupuesto se cumplían objetivos por parte de todos los funcionarios. Increible!! Es un momento de crisis estas actitudes no las podemos permitir.Debemos exigir una administración más eficaz y unos políticos gestores más profesionales (canto al cielo...)
Un brindis al sol.
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¿Objetivos para funcionarios?? y cuando no lleguen se les va a despedir?. ¿Quien va a valorar esto? ..... el jefe que tampoco cumple objetivos.
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Mientras no se cambio la ley del funcionariado y a los que no cumplen se les pueda despedir como en cualquier empresa. Ya pueden hacer experimentos con gaseosa "que ni trabajan ni trabajaran".
¿Eso se piensa?
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Una Ley hecha a medida para legalizar lo ilegalizable (creación indiscriminada de puestos directivos, para convertir la Administración Autonómica en un Coto Sectario dirigido por y para los que ejercen el poder político, para pervertir el concepto de Administración dejándolo reducido a una tómbola cuyos números premiados serán entregados exclusivamente a los acólitos del partido. El Silencio de los Corderos, es hoy en la Administración de la Comunidad Autónoma algo más que una película.
Esta asociación no se calla.
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Me temo que una ley con primas por objetivos sea más bien una ley con primas para los pelotas de los jefes.-
¿No se calla sobre algunas cosas?
La Diputación General de Aragón tiene ya listo el borrador de una ley de Empleo Público que incluye conceptos hasta ahora novedosos en la Administración de la Comunidad como el de los planes de objetivos y los complementos retributivos variables vinculados también a objetivos. El texto introduce así elementos hasta ahora más propios de la empresa privada entre los principios que han de regir la labor de los empleados públicos. Según fuentes de la DGA, se trata de adaptarse al siglo XXI, pero el borrador ha generado ya algunas críticas por parte de los sindicatos.
La futura ley aragonesa nace como fruto del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado en las Cortes Generales en 2007. Su trascendencia es patente, ya que se pretende que, dada la materia que se regula, se mantenga vigente en el tiempo durante al menos 20 o 25 años. El propósito es también alcanzar un gran consenso tanto en el sector público como entre los grupos políticos.
Fuentes de la Administración autonómica aseguran que la novedad de la evaluación del desempeño del puesto de trabajo por objetivos se relaciona con la eficiencia, un criterio ineludible en las administraciones modernas. Para ello se han valorado también las experiencias en otras administraciones tanto europeas como de EE. UU. La evaluación está definida en el preámbulo del borrador como "clave de bóveda" de todo el sistema de empleo público en Aragón.
Los propósitos son la mejora del rendimiento, la motivación y la formación de los empleados. En todo caso, será un proceso "transparente", según fuentes de la Administración. Los agentes sociales podrán participar en la definición de los objetivos, serán planes transparentes y con garantías de acceso para cualquier empleado público. Eso sí, quien fijará los objetivos será quien dirige. Es "un sistema normal de gestionar", según las mismas fuentes, que aunque ahora se formaliza, ya se está aplicando en la práctica, especialmente en los altos cargos de la Administración.
HERALDO DE ARAGON.
Desde la DGA, se destaca que el texto, además de servir para establecer los principios de la nueva gestión pública a través de la eficacia y la transparencia, quiere tener en cuenta el reconocimiento del empleado público, de su carrera profesional, para que se le estimule en sus vinculaciones tanto con el ciudadano como con la propia Administración.
Otro de los aspectos importantes del texto es el del sistema de responsabilidad a través de un código ético de conducta basado en el contexto. Además, de acuerdo con el principio de transparencia, se creará un Sistema Aragonés de Información sobre Empleo Público acerca de los recursos humanos del sector público aragonés. Se creará también una plataforma electrónica con el nombre de Portal del Empleo Público de Aragón para dar publicidad a la oferta y los procesos selectivos en relación al empleo público en la Comunidad.
HERALDO DE ARAGON.
Nadie acaba de creerse lo que se dice.
Y eso es tanto por lo que se dice como por quien lo dice.
Para botón de muestra, la Oferta de este año. Que se lo digan a los auxiliares interinos. ¿Cuántas plazas se incluyen para ellos? Ninguna, y son cientos de interinos. ¿Qué pasa?
Que les importa un bledo lo que dice la ley, sencillamente.
Y ahora se ponen a legislar.
Esto es una tomadura de pelo.
Bueno, el EBEP necesita un desarrollo en nuestra Comunidad Autónoma, y bueno es que lo afronte el Gobierno, después de todo.
Eso no se puede negar.
Ahora, debátanse los contenidos.
Pero con seriedad.
Sin demagogia.
Sin descalificaciones gratuitas.
Para el blog de la Asociación para la Función Pública
El Estatuto Básico del Empleado Público tiene una redacción tan laxa que su desarrollo puede dar lugar a dos modelos de Función Pública antagónicos: uno reglado de forma estricta y otro abierto y escasamente regulado. Parece que el Gobierno haya optado por este último, lo que, a la vista de sus actuaciones a lo largo de estos años, causa pavor. El empleado público va a estar indefenso ante la voluntad de la superioridad, absolutamente libre. Los incentivos por productividad de que hablaba la noticia de la prensa, ¿por quién, a quién y cómo se repartirán? A la vista de cómo se conceden los niveles, de cómo se convocan y proveen las plazas, de cómo se incumplen los plazos de las comisiones de servicio, cabe esperar lo peor. ¿Y la movilidad?
Creo que la Función Pública, tal como la hemos conocido, está a punto de morir, y lo que la sustituya no va a ser necesariamente mejor, sino más carente de garantías, no sólo para los trabajadores públicos sino para los propios administrados. Va a ser, como ha pasado con todos los estamentos, desde la Judicatura en adelante, más sometida al poder político y menos independiente.
La ley de Empleo Público que prepara la DGA, todavía en forma de borrador, ya ha recibido algunas críticas desde los partidos, que se muestran divididos a la hora de determinar las líneas fundamentales que ha de desarrollar la futura norma.
La novedad de que se contemple por vez primera de manera formal la evaluación del puesto de trabajo por objetivos, la confección de planes con ese mismo criterio e incluso que se creen complementos retributivos vinculados también a objetivos solo fue criticada de forma contundente por parte de IU. Su coordinador general en Aragón, Adolfo Barrena, destacó que la solución no pasa por aplicar criterios propios de la empresa privada en la gestión pública, sino por el control de la calidad y de la eficacia.
El texto publicado por el Gobierno PSOE-PAR, que ahora comienza un proceso abierto a la negociación, deja en el aire la definición de esos objetivos, una cuestión que parece perfilarse como el caballo de batalla de la futura ley. Fuentes de la Administración esperan conseguir el máximo consenso en una norma de gran alcance social y que se pretende que se mantenga en vigor durante un periodo largo de tiempo. Para la DGA, el concepto básico sobre el que pivota la ley es el de la evaluación del desempeño del puesto de trabajo.
HERALDO DE ARAGON.
Desde el PP, el diputado Manuel Guedea, que enfatizó la necesidad de que haya una ley sobre la Función Pública, apuntó las dificultades que a su juicio tiene trasladar el factor de los objetivos de la empresa privada a la administración. "Los objetivos de la empresa privada son ganar dinero pero los de la Administración son los intereses generales", dijo, y el problema será fijarlos. El PP apoya el sistema de objetivos, pero planteó las dificultades de aplicación práctica de la valoración en la Función Pública, algo que, en cualquier caso, debería hacerse a través de un control que afecte "a todos por igual". Guedea señaló además otros puntos como la necesidad de incluir incentivos para motivar a los funcionarios o la correcta gestión de acceso a la función pública mediante convocatorias fijas.
Por parte de CHA, su portavoz Chesús Bernal, prefirió no entrar a valorar el texto de lo que solo es un borrador, aunque sí que recordó el compromiso por parte del consejero de Presidencia, Javier Velasco, y del director general de la Función Pública, Antonio Brun, de remitir a las Cortes un proyecto de ley en esta legislatura.
Adolfo Barrena, de Izquierda Unida, extendió sus críticas hacia el PSOE porque, a su juicio, "está cayendo en políticas de derecha", haciendo que los ciudadanos se conviertan de usuarios en consumidores. Barrena criticó también la "criminalización" del gasto en la función pública.
HERALDO DE ARAGON.
Por otro lado, la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa denunció ayer que ha sido excluida del proceso de participación y consideró que desde la DGA se ha hecho un diagnóstico equivocado de la situación de la función pública. Esta asociación citó además como un mal precedente "la arbitrariedad y el incumplimiento de la ley" vigente hasta ahora.
HERALDO DE ARAGON.
Comentario:
Hola,he consultado el borrador y me parece vergonzoso que no haya ninguna parte del mismo que proponga pautas para la reducción de la temporalidad que hoy en día ronda el 30% del personal.Actualmente se está infringiendo la ley en muchos aspectos, uno en la duración de los procesos selectivos para acceder a la misma que se hacen eternos, otro la duración de las comisiones de servicio que constituye una forma de provisión a la carta y arbitraria, conllevando eternas interinidades en las vacantes reservadas de los que están en comisión y la evaluación del desempeño conllevará una serie de arbitrariedades sobre todo a la hora de evaluar quien trabaja y quien no dependiendo si es amiguete o no. En fin esperemos que los sindicatos que han sido los que han colaborado con la ponencia que ha elaborado el borrador cambien de aptitud y dejen de estar en connivencia con el poder. Un saludo
Coincido con este comentario último.
Las leyes son importantes, pero no lo son menos los buenos gestores, y de eso andamos muy faltos.
El diputado Manuel Guedea (del PP),enfatizó la necesidad de que haya una ley sobre la Función Pública.
¡Coño!, ¿pues no la hay ya?
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