miércoles, 10 de marzo de 2010

NECESIDAD DE UN MARCO GENERAL DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS: PETICIÓN A VELASCO.

El Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, Julio Guiral, se dirige al Consejero de Presidencia, Javier Velasco, así como a los diferentes Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón, para solicitar el impulso de un marco general para la calidad de los servicios públicos, similar al establecido desde hace años en la Administración General del Estado y en otras Comunidades Autónomas.

En ausencia de dicho marco, las iniciativas de los distintos Departamentos, como es el caso de la reciente carta de servicios aprobada para la Red de Oficinas de Empleo del INAEM, carecen del necesario encaje jurídico dentro de la normativa de la Administración aragonesa.

Se reproduce a continuación el texto íntegro del escrito de petición dirigido al Consejero de Presidencia:

“Excmo. Sr. Consejero de Presidencia
Departamento de Presidencia
Gobierno de Aragón

Zaragoza, 10 de marzo de 2010.

Estimado señor:

La pasada semana se publicaba en el Boletín Oficial de Aragón la Orden de 15 de febrero de 2010, del Consejero de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón, por la que se aprueba la Carta de Servicios de la Red de Oficinas de Empleo del Instituto Aragonés de Empleo.

Dicha iniciativa, aun valorándose positivamente en lo que supone de voluntad de mejora del servicio público de empleo, no nos permite desconocer su difícil encaje jurídico, dentro del ordenamiento jurídico aragonés, dada la ausencia de un marco general para la calidad de los servicios públicos en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. La propia Orden viene a reconocerlo expresamente, al buscar amparo y anclaje normativo en una disposición estatal, el Real Decreto 951/2005, cuyo ámbito de aplicación se circunscribe a la Administración General del Estado.

Los criterios de eficiencia y servicio al ciudadano que han de presidir la actuación de todas las Administraciones Públicas, según señala el artículo 3.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como el derecho a una buena administración, expresamente contenido en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, aprobada en Niza en el año 2000, y recogido en diferentes Estatutos de Autonomía –no así en el Estatuto de Autonomía de Aragón-, tras los recientes procesos de reforma, justifican sobradamente la necesidad de establecer un marco general para la calidad de los servicios públicos en todas y cada una de las Administraciones Públicas. Dicho marco constituye para nuestra Comunidad Autónoma una asignatura pendiente, desconociéndose cualquier previsión del Gobierno de Aragón en esta materia.

El impulso y definición de la política de calidad de los servicios públicos constituye una competencia propia del Departamento de Presidencia, y más concretamente de la Dirección General de Organización, Inspección y Servicios, tal y como se señala en el Decreto 224/2007, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica de ese Departamento.

No resulta razonable que, en ausencia de dicho marco general, que ha de impulsar el Departamento de Presidencia, los diferentes Departamentos del Gobierno de Aragón procedan a aprobar, por iniciativa propia, medidas por las que se introducen instrumentos de calidad, como son las cartas de servicios, cuya definición y regulación a día de hoy no existe en la Comunidad Autónoma de Aragón.

En consecuencia, y al amparo del derecho fundamental de petición reconocido en el artículo 29 de la Constitución Española, solicito de ese Departamento que se proceda a la elaboración de una norma que defina el marco general de política de calidad de servicios de la Administración autonómica, al cual puedan quedar referidas todas las iniciativas que, en dicha materia, puedan adoptar los Departamentos del Gobierno de Aragón, de acuerdo con la programación que se establezca por los órganos competentes de ese Departamento.

Agradeciéndole su atención, reciba un atento saludo.

Julio Guiral Pelegrín. Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa”

6 comentarios:

Anónimo dijo...

¿Qué razones puede haber para que la DGA carezca de política de calidad de servicios?

Anónimo dijo...

¿A qué se dedica la Inspección General de Servicios?

Anónimo dijo...

¿Qué fue de aquel Plan de Modernización que impulsó Giménez Abad?

Anónimo dijo...

JOSÉ FCO. LUZ GÓMEZ DE TRAVECEDO *

Mi estimado español. Reparad en una falacia más con la que se os viene engañando una y otra vez. Por supuesto, se os engaña porque vuestro pueblo y vos mismo sois dados a vivir del cuento. Os estimáis, poco, señor y concedéis crédito a todo aquel que dice preocuparse por vosotros. Tal parece que ser objeto de la mentira os tiene sin cuidado. Pues bien, señor, comprenderéis que a mí, luzlandés, aún me afecte menos si bien, las consecuencias de estas acciones me afectan directamente y de modo doloroso en ocasiones. La gran patraña es esta: la descentralización autonómica permite acercar la administración estatal al ciudadano. Verá, mi sufrido español. Una cosa es acercar la ventanilla al ciudadano al que se ofrecen servicios estatales y otra cosa, muy distinta es aproximarle los centros de decisión. El Estado, por definición, es una decisión única, una voluntad de marcha en común, un acuerdo de todos sobre las normas generales de convivencia. Multiplicar los centros de decisión es quebrar, trocear al Estado y no digamos si se transfiere la capacidad legislativa. Un Estado así, señor, desaparece en poco tiempo, se diluye en las autonomías. Muere. Es lo que le sucede, español, a vuestro Estado que fenece poco a poco y huele ya a descomposición. ¿Qué administración de un Estado moribundo se acerca, pues? Por lo mismo, se descomponen, señor, vuestros partidos, que hoy son más partidos que nunca, al no existir ya política nacional porque no hay nación. Excepcionalmente, denominaciones de antaño se mantienen aún y nos sorprenden como un edificio en pie tras un bombardeo arrasador, Radio Nacional de España, por ejemplo. ¿Dudáis acaso de que no sea denominada Radio Estatal de España? Aguardad y os ganaré la apuesta. Pero hay más, señor, no solo es que no se acerca la administración del Estado inexistente ya, es que el peligro de corrupción se acrecienta en la medida en que el poder del Estado se transfiere, señor. Sepa que, como norma básica, se debe impedir que el administrador vea la cara al administrado. Se evitara así, mi estimado español, que este vea a un pariente o amigo al que le resultará difícil no beneficiar. ¿Dudáis de lo que digo?

*Médico

DIARIO DE TERUEL.

Anónimo dijo...

Ni calidad ni cantidad.

Anónimo dijo...

Qué mejor baremo de la calidad de los servicios que la estricta sujección a la Ley. ¿Lo hace la Administración cuando se salta permanentemente normas y plazos?