La Asociación ha formulado esta semana su escrito de conclusiones en el contencioso promovido contra el Decreto 118/2009, del Gobierno de Aragón, por el que se introdujo en el régimen de provisión de puestos de la Administración aragonesa la modalidad de "comisión de servicios en distinta escala o clase de especialidad", a través de la cual se pretende articular la llamada "promoción interna temporal", fórmula que tanto esta Asociación como el Justicia de Aragón han entendido abiertamente contraria a la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón.
No es posible que un reglamento introduzca una fórmula de provisión que vulnera los principales elementos de ordenación de la función pública, como son la estructura de Cuerpos y Escalas, en cuanto clasificación funcional de los funcionarios públicos, o la definición de los puestos de trabajo -en especial, los requisitos de desempeño- llevada a cabo por las relaciones de puestos de trabajo. ¡Qué portentoso hallazgo el de los responsables de Función Pública y los representantes sindicales! Basta, al parecer, con introducir por vía reglamentaria una atípica fórmula de provisión y los requisitos de desempeño de los puestos y límites a la movilidad legalmente establecidos ceden ante una disposición de rango inferior. No importa vulnerar las reglas más básicas del Estado de Derecho, como son el principio de legalidad y el de jerarquía normativa, si se logra el objetivo propuesto. Nada hay peor, en un Estado de Derecho, que dictar normas jurídicas arbitrarias y antijurídicas como la que ha promovido el Gobierno de Aragón con su Decreto 118/2009.
Pero no contento con ello, el propio Gobierno de Aragón ha querido llevar su empeño a la Ley de Presupuestos para 2010, introduciendo en su artículo 19.2 una previsión retributiva para los supuestos de promoción interna temporal igualmente antijurídica, por contravenir la estructura retributiva fijada por la legislación básica estatal, al diferenciar nítidamente las retribuciones básicas (ligadas al grupo de titulación del funcionario) y las retribuciones complementarias (ligadas al puesto de trabajo desempeñado. ¡Qué mejor que sea una ley de presupuestos la que diga que en los supuestos de promoción interna temporal se cobrarán no las básicas propias del funcionario sino las del grupo a que esté adscrito el puesto desempeñado, si es de un grupo superior! ¿Quién va a impugnar una ley? ¿Quién va a acudir al Tribunal Constitucional para reclamar su anulación por contravenir la legislación básica estatal? ¿Quién puede estar dispuesto a dedicar su tiempo y sus recursos a restaurar la legalidad quebrantada por el Gobierno de Aragón, que podrá defender su despropósito contra viento y marea con el dinero de todos?
Esta Asociación no ha cejado en su empeño de que el Tribunal Constitucional elimine el irregular régimen retributivo incorporado por el artículo 19.2 de la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2010. Ha denunciado dicho precepto ante el Tribunal de Cuentas, y ha instado tanto a las Cortes Generales (Congreso de los Diputados y Senado) como a diferentes Ministerios del Gobierno de España a que defiendan la legislación básica estatal socavada por dicha Ley de Presupuestos, promoviendo el oportuno recurso de inconstitucionalidad.
Al margen de ello, y para no desaprovechar ninguna oportunidad ni cauce disponible que permita obtener la restauración de la legalidad retributiva en la Administración aragonesa, deliberadamente vulnerada no sólo por el Gobierno de Aragón sino también por las Cortes de Aragón, al aprobar la Ley de Presupuestos para 2010, esta Asociación, en el escrito de conclusiones formulado en el contencioso contra el Decreto 118/2009, ha instado al Tribunal Superior de Justicia de Aragón a que plantee una cuestión de inconstitucionalidad respecto al artículo 19.2 de la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón, por entenderla contraria al "bloque de constitucionalidad", ya que dicho precepto guarda conexión directa con el Decreto impugnado y evidencia una prolongación, ya de rango legal, para tratar de asegurar la aplicación de una fórmula contraria al ordenamiento jurídico.
La estrategia de trasladar a normas de rango legal decisiones arbitrarias y antijurídicas, como ha hecho en este caso el Gobierno de Aragón, con el respaldo de las Cortes de Aragón, ha de ser enérgicamente desautorizada por los Tribunales ordinarios y por el Tribunal Constitucional. Confiamos, por ello, en que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón considere oportuno el planteamiento de dicha cuestión de inconstitucionalidad.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
25 comentarios:
Buena iniciativa, al margen del fruto que pueda dar.
A buen entendedor pocas palabras bastan: si el TSJA lo entiende, bien sabe lo que cabe hacer.
Lamentablemente, los jueces no tienen una particular beligerancia en estos temas, y así no va.
Todos sabemos el escaso futuro que tiene tal propuesta.
Creo que la propuesta es meramente testimonial.
¿Cuánta demora lleva el Tribunal Constitucional en sus asuntos?
¿A qué fecha se demoraría, por lo tanto, este asunto?
Es grave, muy grave el caso. O sea, si quieres adoptar una medida ilega, vas y la pones en una ley.
¿No es eso peor que prevaricar? ¿No es poner la ley al servicio de la ilegalidad?
¿Y quién lo puede sancionar?
¿Qué sanción puede tener eso?
¿A quién le importará este asunto?
¿Qué más dará?, deben de pensar.
Pero, ahí están unos y otros, como si no pasase nada.
¿Y si finalmente nadie impugna la norma?
¿Se consolida la arbitrariedad?
¿A pesar de lo dicho por la Intervención General?
Y si la artimaña funciona, ¿por qué no repetirla tantas veces como haga falta?
Claro, ¿por qué no?
Y así liquidamos la credibilidad del parlamento.
La crisis económica ha hecho crecer el desencanto de los aragoneses con la política, según revela el último Barómetro de Opinión, el sondeo periódico que encarga desde hace años el Gobierno de Aragón. En él se pone de manifiesto que el 79,3 por ciento de los encuestados califican de regular, mala o muy mala la situación política de esta Comunidad, frente al 61,6 por ciento que opinaban así hace un año. Ahora bien, la gran mayoría considera que no es más que el reflejo de lo que está ocurriendo en el conjunto de España.
Y ese desencanto va acompañado del pesimismo, porque la mayoría de los aragoneses tampoco creen que la situación política regional vaya a mejorar de aquí a un año, es decir, antes de las elecciones municipales y autonómicas de 2011. El 69 por ciento piensa que la situación será igual dentro de un año y un 13,1 por ciento incluso cree que empeorará. Sólo un 8,5 por ciento coincide en que el panorama político vaya a mejorar en los próximos doce meses.
Además, se reduce el número de aragoneses que consideran necesario que esta Comunidad tenga más autogobierno. Hace un año eran un 62,1 por ciento los que pedían que Aragón recibiera más competencias del Estado; ahora lo demandan menos de la mitad, un 49,4 por ciento exactamente. El 33,3 por ciento cree que ya es suficiente con las competencias que tiene asignadas esta región, opinión que hace un año tenía el 23,8 por ciento de la población.
ABC.
La economía es lo que más preocupa a los ciudadanos y el pesimismo ante el futuro inmediato también ha crecido con fuerza. Directa o indirectamente, se sienten afectados por el paro cuatro de cada diez aragoneses y el 12 por ciento de quienes tienen empleo ven «muy» o «bastante» probable quedarse sin trabajo en los próximos meses.
El optimismo de las autoridades autonómicas sobre una próxima salida de la crisis no lo comparte la ciudadanía. Nueve de cada diez aragoneses califican de regular, mala o muy mala la situación económica de la región, un 25,4 por ciento creen que es peor que la del resto de España, un 59 por ciento piensa que es igual de mala y sólo un 11,7 por ciento consideran que es mejor.
Respecto a las perspectivas para el futuro inmediato, únicamente el 21,5 por ciento cree que la economía aragonesa mejorará en los próximos doce meses, frente al 50,3 por ciento que están convencidos de que seguirá igual y el 22,9 por ciento que opina que va a ir a peor.
Entre los parados, el pesimismo también es notable. El 72,7 por ciento, prácticamente tres de cada cuatro desempleados que hay en Aragón, ven «poco» o «nada» probable que vayan a encontrar un puesto de trabajo en los próximos doce meses.
En términos generales, más del 40 por ciento de los aragoneses confiesa que su situación económica personal ha empeorado de un año a esta parte.
ABC.
El Consejo de Ministros prevacacional, celebrado este martes, tomó la decisión de recortar drásticamente la oferta de empleo público, de modo que ésta pasa de las 15.084 plazas ofertadas en 2009 a sólo 1.989 para este año; en términos porcentuales, el recorte es del 86,8% y el Gobierno espera ahorrar 280 millones de euros. No es una medida para presumir, ni agradable, sobre todo porque afecta muy directamente al reforzamiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero es necesaria e imprescindible para alcanzar el objetivo de reducir el déficit. Sería absurdo, por tanto, reprocharle al Gobierno esta decisión, la primera que toma de manera palpable desde que envió a Bruselas su plan de estabilidad financiera. Al equipo de Zapatero no le queda otro remedio que seguir esta senda, por más que desagrade a los sindicalistas o no goce del favor popular. Sobre todo después de que el Banco de España le pusiera deberes para que los medite en esta Semana Santa. Los pronósticos del gobernador Fernández Ordóñez para el año 2011 suponen un rectificación en toda regla a las previsiones de la vicepresidenta Salgado, excesivamente optimistas e hinchadas. Así, mientras el Gobierno estima que el PIB crecerá un 1,8%, el paro descenderá al 18,4% y el déficit se reducirá hasta el 7,5%, el Banco de España augura que el PIB sólo repuntará un 0,8%, el paro subirá al 19,7% y el déficit no bajará del 8,9%. Como puede apreciarse, las diferencias son notables. Ni que decir tiene que las proyecciones del Banco de España coinciden sustancialmente con las del Fondo Monetario Internacional y de la Comisión Europea. Con estos mimbres macroeconómicos no parece que el Gobierno pueda trenzar esa política de recuperación que promete a quien quiere escucharle, ni reducir el déficit en 2013 al 3%, como ha prometido a Bruselas. Con más paro, menos ingresos y un consumo atemorizado, las cuentas no cuadran ni por casualidad. Ésa es la razón por la que Fernández Ordóñez, que no es sospechoso de militar en la oposición, insta al Gobierno a profundizar en su plan de recorte de 50.000 millones de euros. Los meses pasan y el equipo de Zapatero sigue paralizado, sin tomar decisiones de fondo, jugando a crear comisiones para ganar tiempo en espera de no se sabe qué feliz acontecimiento que le evite usar el bisturí del ahorro y de las reformas profundas. Entre ellas la del mercado laboral. El gobernador del Banco de España lo dijo con deslumbrante nitidez este martes, lo cual es de agradecer puesto que ningún dirigente político, ya sea del Gobierno o de la oposición, se atreve a formularlo así de claro: para crear empleo es necesario adoptar un nuevo tipo de contrato único con un despido más barato. La andanada de insultos y groseras amenazas que han llovido sobre Fernández Ordóñez desde el PSOE y los sindicalistas revela que, aun habiendo dado en el clavo, la recuperación económica será imposible mientras los agentes sociales y la izquierda no abandonen la retórica populista. Baste añadir que, según los datos difundidos ayer por Eurostat, España sigue siendo el segundo país con más paro de Europa.
LA RAZON.
El hombre clave de Baleares, al que todos adulaban, se queda solo frente a doce delitos por corrupción
De héroe a villano. El protagonista de esta historia no es otro que el que fuera presidente de Baleares y ministro de Medio Ambiente Jaume Matas. Dicen quienes le conocen que su llegada a Mallorca fue triunfal y muy esperada. Siete años después, esa aureola victoriosa se ha tornado en fracaso. El pueblo que tanto lo aclamó es el mismo que ahora reclama justicia y apenas se inmuta ante la fianza de tres millones que el juez ha impuesto a Matas para eludir la prisión. Cantidad que, según manifestó ayer el abogado del procesado, Rafael Perera, no tendrá ningún problema en reunir. Así, manifestó que Matas está «volcado» en las gestiones bancarias. No es de extrañar que advierta de que agotará el plazo de las 72 horas.
Cierto es que en los últimos tiempos el ocaso de Matas era ya un secreto a voces, pero nada hacía presagiar este desenlace. Al menos, entre quienes desde un principio confiaron en él. El 26 de abril del año 2000, Matas recibía la llamada del entonces presidente del Gobierno José María Aznar, que le ofreció la cartera de Medio Ambiente. Cargo que aceptó sin pensárselo dos veces. Ese mismo año, él y su familia se mudaron a Madrid.
Superado por la catástrofe
Durante esos tres años como titular de Medio Ambiente, Matas logró sacar adelante el Plan Hidrológico Nacional con el apoyo de todas las comunidades autónomas, salvo Aragón. Un plan cuyo coste ascendía a la nada despreciable cifra de tres billones de euros. Fue su primer éxito y el que le permitió sobrevivir a la remodelación de Gobierno que Aznar llevó a cabo en 2002. Eran buenos tiempos para Matas... hasta que llegó el «Prestige». Toda la gloria recibida se vino abajo cuando el petrolero se hundió frente a las costas gallegas provocando el vertido de más de 50.000 toneladas de fuel. Y no supo reaccionar. La catástrofe le vino tan grande que tuvo que ser el entonces vicepresidente del PP, Mariano Rajoy, quien tomara las riendas de la situación. Su popularidad cayó como la espuma.
Pero lejos de amilanarse o esconderse en un rincón, Matas había hecho los deberes y aprovechó su experiencia como ministro para reaparecer en Baleares. Y así lo hizo. Se presentó como presidente del PP balear a las elecciones autonómicas de 2003 y ganó por mayoría absoluta.
Durante esa Legislatura estrechó lazos con María Antonia Munar, líder de Unió Mallorquina en aquella época, y ahora imputada en una trama de corrupción, a quien le entregó el Consejo de Mallorca. Además, fue en estos años cuando Matas promovió la construcción del velódromo Palma Arena y del Metro de Palma. Y por si esto fuera poco, también surgió IB3, la Televisión Autonómica de las islas.
Y con el poder llegan los alardes y la ostentación. Matas y su mujer, Maite Areal, adquieren un palacete en uno de los barrios de mayor abolengo de Palma, así como un apartamento en la zona costera de Sa Colònia. Además de reformar un piso antiguo en el centro de la capital balear. Cada vez son más populares entre los comerciantes gracias a Maite y su gusto por las joyas, los vestidos, los zapatos y, en general, la buena vida. Matas, por su parte, era el encargado de obtener obras de arte para su lujoso palacete. Y todo ello sufragado con dinero del que ahora se investiga su procedencia.
Pierde el poder
Estaba en lo más alto de su carrera, pero su frenético ritmo de vida provocaba ya demasiadas sospechas. Las denuncias no tardarían en llegar. Pero cuatro años pasan rápido y, pese a las inversiones de Matas en Baleares, éste pierde el Gobierno en 2007. Cierto es que ganó las elecciones autonómicas de mayo, pero no obtuvo mayoría absoluta. Su incapacidad para formar gobierno y llegar a acuerdos con otros partidos relegó al PP al papel de oposición.
Un lugar que poco debió gustar a Matas, quien dio la espantada por respuesta y abandonó la Presidencia del PP balear. Lejos de hundirse con el barco y asumir su responsabilidad, optó por dejar la política para trabajar en el grupo Barceló y marcharse a Washington. Un gesto que provocó el enfado de los populares. Su fracaso ya era evidente, pero aún no había sido salpicado por los escándalos de corrupción.
Desde entonces poco se ha sabido de la vida del ex presidente balear. En julio del año pasado fue fichado como asesor en asuntos de energías renovables por la firma PricewaterhouseCoopers. Cargo al que accedió, según explicaron desde la compañía, por su experiencia adquirida como ministro de Medio Ambiente.
Escándalo de corrupción
Ahora, ha sido la Justicia quien se ha encargado de sacar a Matas de su refugio norteamericano y devolverle a la realidad al imputarle en el«caso Palma Arena». La Fiscalía Anticorrupción le imputa doce delitos, entre los que se encuentran los de blanqueo, malversación y prevaricación. Delitos por los que Matas podría enfrentarse a 64 años de prisión, aunque la pena máxima que cumpliría sería de 24.
Antes de que el juez encargado del caso, José Castro, dictase un duro auto contra Matas, éste decidió abandonar «temporalmente» su militancia en el PP, para evitar «un mal trago» al partido y dejar su puesto en la compañía estadounidense. Ahora, se afana por buscar desesperadamente tres millones de euros para eludir la prisión. Su final y su ocaso son ya un hecho.
LA RAZON.
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