lunes, 22 de marzo de 2010

EL DEBER DE RESISTENCIA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

Este fin de semana se han celebrado en nuestro país dos significativas manifestaciones ciudadanas contra la corrupción pública, en lugares tan dispares como el municipio zaragozano de La Muela y la ciudad de Palma de Mallorca, si bien existe un elemento destacado de coincidencia entre ambas convocatorias, como es el responder a iniciativas surgidas desde la sociedad civil, al margen de la estructura de los partidos políticos. Es fácil hallar cierta similitud entre dichas plataformas y el movimiento “Popolo Viola” (Pueblo Violeta) que reclama en Italia la defensa y restauración de los valores democráticos y constitucionales frente a la corrupción y el abuso de poder que suponen la forma de gobierno de Berlusconi. ¿La democracia y el respeto a la constitución ha pasado a ser una reivindicación de los ciudadanos en la calle? ¿Dónde están las instituciones que defienden el Estado de Derecho? ¿A qué se dedican los servidores públicos, cuyo deber principal es garantizar el respeto de la ley?

Los servidores públicos no podemos permanecer ajenos al malestar ciudadano frente a la corrupción y al mal gobierno, ya que nuestro trabajo consiste precisamente en asegurar el buen funcionamiento de las instituciones, para que sirvan con objetividad el interés general, de forma eficaz y con sometimiento pleno a la ley y al derecho. La importancia de tal función es la que justifica el estatuto de que gozan los servidores públicos, caracterizado por la inamovilidad en la condición de funcionario. Dicha inamovilidad, tal y como se destaca en el Estatuto Básico del Empleado Público, es una garantía de la imparcialidad con la que ha de actuar, en todo momento, el funcionario público.

Los servidores públicos debemos ser –o deberíamos serlo, si no lo somos- agentes activos contra la corrupción pública, ya sea política o administrativa, pues, hay que recordarlo, la corrupción que anida en las instituciones públicas no es monopolio de los políticos, sino que en ella intervienen también empleados públicos que han olvidado –o abandonado, por incómodos- los principios éticos que debieran guiar su conducta. ¿Pero cómo es posible actuar contra indicios de corrupción cuando la organización administrativa carece de toda estrategia en materia de integridad y ética pública? ¿A quién puede dirigirse un funcionario que detecta un comportamiento lesivo para el interés general por parte de un responsable político u otro funcionario? Es frecuente que, ante casos de corrupción, salvo que puedan suponer un riesgo directo de implicación personal, el funcionario público se inhiba, desentienda o, como mucho, tome medidas de precaución para preservar estrictamente su posición, para que el asunto no pueda “salpicarle”, para salvar su responsabilidad.

Pero salvarse uno no es salvar a la institución ni preservar el interés general. La corrupción prospera y gana terreno día a día, se consolida en buena medida porque los servidores públicos han dejado de combatirla, han desistido de todo compromiso con la ética pública, y han dejado de combatirla porque los responsables políticos no demandan de los empleados públicos defensa de la legalidad sino pragmatismo, colaboración con los objetivos políticos marcados, comprensión con la arbitrariedad con la que actúan, inhibición ante la ilegalidad que puedan presenciar. Las recompensas por tal actitud pueden ser muy variadas.

Frente a esa tentación de desistimiento cada día más generalizada, pues a nadie cabe exigirle “heroicidad” en su vida ordinaria, tal y como se señala por quienes exponen el valor y significado de las éticas profesionales, esta Asociación propone una actitud de resistencia, individual y colectiva, contra la arbitrariedad, el abuso de poder y la corrupción, una graduación de comportamientos y prácticas de mal gobierno que tienen en común el sacrificio del interés general y la vulneración de la legalidad.

Es más fácil resistir agrupados, unidos, demandando de la organización medidas adecuadas para preserver la integridad de sus miembros, para reaccionar frente a quienes vulneran sus valores y sus reglas. Es más fácil adoptar iniciativas para combatir la corrupción pública desde una Asociación que otorga voz a un colectivo, el de los servidores públicos, para alertar a las instituciones propias del Estado de Derecho, a los medios de comunicación, a la opinión pública, a los ciudadanos. ¿Pero quién alerta a quién? ¿Son los servidores públicos los que, llevados de su compromiso con la ley y con los ciudadanos, alertan de la corrupción? ¿O son los ciudadanos, los que indignados por los incesantes casos de corrupción, nos reclaman coherencia con nuestro compromiso con el Estado de Derecho, recordando que por ello y para ello la ley nos garantiza la inamovilidad en nuestra condición funcionarial?

Hay que reconocerlo, los ciudadanos han tenido que manifestarse en la calle para recordarnos a todos los servidores públicos nuestro deber de resistencia frente a la arbitrariedad, el abuso de poder y la corrupción. Esta Asociación hace tres años quiso anticiparse a dicha demanda, pero justo es admitir que su incidencia en la realidad ha sido modestísima.

22 comentarios:

Anónimo dijo...

¿A sí mismos?

Anónimo dijo...

¿A los ciudadanos?

Anónimo dijo...

¿Al poder?

Anónimo dijo...

¿A quiénes sirven los servidores?

Anónimo dijo...

Creo que sirven a los ciudadanos, en la medida que sirven al interés general.

Anónimo dijo...

Otra cosa es que lo olviden en algún momento.

Anónimo dijo...

¿Quién se lo recuerda entonces?

Anónimo dijo...

¿Manifestaciones como las de este sábado pasado?

Anónimo dijo...

¿Pero alguno se da por aludido?

Anónimo dijo...

¿O creen que la cosa no va con ellos?

Anónimo dijo...

Claro, como ellos no han firmado nada, tienen la conciencia tranquila.

Anónimo dijo...

Pero son han sido el instrumento necesario.

Anónimo dijo...

O han callado interesadamente, calculando su propio interés.

Anónimo dijo...

Una verdadera pena.

Anónimo dijo...

Pero cuando lo haces, cuando enderezas las decisiones políticas, como por ejemplo contratos que se tienen que "vestir" a posteriori, es decir cuando el servicio ya esta hecho o el suministro servido, te encuentras con la incomprensión y el vacío de tus compañeros (por que "la autoridad" te ha señalado y ha creado dudas a tú alrededor), y los responsables te quitan toda la actividad, responsabilidad y trabajo. Es muy duro, si hay que hacerlo, hay que denunciar y parar los pies, pero solo somos unos pocos...

Anónimo dijo...

CUANDO oímos o leemos que la crisis es algo que sufre España, nuestra psiquis lo relaciona con algo distante, algo que es causado por unos gobernantes del mundo o de nuestra nación ineptos o corruptos, pero la realidad es otra.

La crisis nos golpea a cada uno de nosotros en lo más profundo. A muchos de nosotros con el paro (casi 5 mm), a nuestros hijos, una generación en la que han convivido los jóvenes esforzados, junto a otros que no han dado ni palo al agua, y que ahora están siendo tratados por el mercado igual de duramente, los unos y los otros Nosotros desde estas colaboraciones con el Diario del AltoAragón, llevamos muchos años persiguiendo con el papel a aquellos gestores públicos que han conseguido finalmente arruinarnos a nosotros y poner en enorme riesgo el futuro de la actual generación en edad de trabajar.

Muy pronto, el Estado español será considerado en el mundo un insolvente y quebrado, pero hay que hacer ver que este Estado somos todos, y tan estado son las decisiones que se toman en el Consejo de Ministros, como las que se toman por el Gobierno Aragonés, o las de los propios Municipios. Y entre todos los dirigentes y con nuestro silencio culpable como ciudadanos, finalmente han conseguido arruinarnos y ennegrecer el futuro de nuestros hijos. La muestra: el 60% de los jóvenes que han terminado su carrera en España en estos dos últimos años, no han conseguido un empleo estable. Y a partir de los 2 años sin lograr empleo comienzan las dudas sobre si el esfuerzo hecho para hacer una carrera habrá valido la pena hacerlo.

Nosotros acusamos a los gestores públicos de que las prioridades del gasto español se han centrado en un incremento demencial del gasto no productivo y en una toma de poder en el tejido productivo realizada desde la política para colocar a "compromisos personales y compañeros de carnets". Consecuencia: Insolvencias y cierres empresariales a cientos de miles.

Hecha esta denuncia veremos que hay lugares donde las decisiones no sólo son tomadas desde los Gobiernos Centrales, y mostraremos un ejemplo norteamericano. El Municipio de Colorado Spring, para reducir gastos y cancelar deudas, ha tomados estas decisiones: a) Desde el 1 de abril se apagará una de cada 3 luminarias públicas.

b) Se subastarán todos los bienes móviles e inmóviles no imprescindibles.

c) Se congelan temporalmente las entradas de personal de administración, bomberos y policías.

d) Se restringe el riego público - No hay presupuesto para abonos o fertilizantes.

e) Cierre de museos e instalaciones deportivas, salvo que se acuerde el patrocinio a través de iniciativas privadas o asociaciones culturales o deportivas.

f) Los autobuses públicos sólo circularán desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche. Se elimina un turno. No habrá bus los sábados y domingos.

g) Y finalmente, de forma temporal, no se procederá al mantenimiento del asfalto de las vías urbanas.

Dice el refrán que, cuando las barbas del vecino veas cortar, pon las tuyas a remojo. Esto es lo que se nos viene encima, y sólo desde una sociedad culta, austera y organizada, podremos evitar en España tomar medidas similares a las ya adoptadas en este municipio yanqui, o las que están tomando los estados griego, islandés o irlandés.

GRUPO DE OPINION HUESCA XXI.

Anónimo dijo...

Un deber, para que sea deber, ha de ser exigible.

Anónimo dijo...

¿Quién exige ese deber de resistencia?

Anónimo dijo...

¿En qué ley se establece?

Anónimo dijo...

¿O se trata de un deber moral?

Anónimo dijo...

¿Una mera cuestión de conciencia?

Anónimo dijo...

Lúcido ejercicio de modestia.