CELEBRADO EL PRIMER COLOQUIO PÚBLICO DE LA ASOCIACIÓN : CON ÉL SE ABRE UN ESPACIO SOCIAL DE DIÁLOGO.

Ayer tarde, se celebró el primer coloquio público organizado por la Asociación. El acto, en el que participaron cerca de una veintena de personas, tuvo lugar en el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Zaragoza, y contó con la intervención, como ponente del coloquio, de Víctor Solano, Asesor del Justicia de Aragón para temas de función pública y funcionario superior de la Administración aragonesa.

La brillante exposición realizada por Víctor Solano comenzó subrayando la disposición de la Institución del Justicia a participar en actividades organizadas por la sociedad civil, como es el caso de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, y expresando la valoración positiva que para la Institución merecen los fines y objetivos de esta Asociación.

A continuación, pasó a exponer la percepción de la función pública por parte de la Institución del Justicia de Aragón, en su actividad de supervisión de las Administraciones Públicas, insistiendo en la necesidad de contar con una función pública profesional, independiente y ética, y destacando la transversalidad de la función pública como factor decisivo en la correcta aplicación del conjunto de las políticas públicas que afectan a los ciudadanos.

Las cuestiones de la función pública tienen una presencia cuantitativa y cualitativa similar en la actividad que desarrolla el Justicia de Aragón y demás figuras análogas existentes en el conjunto de España, incluido el Defensor del Pueblo. Las quejas planteadas en relación con cuestiones propias de la función pública representa, en términos generales, la décima parte del conjunto de quejas recibidas por dichas instituciones de control, y uno de los principales temas a que se refieren dichas quejas son los procesos selectivos y demás aspectos del régimen de acceso a la función pública, en particular en el ámbito del pesonal estatutario y docente.

El hecho de que los problemas planteados ante el conjunto de las instituciones de control equiparables al Justicia de Aragón sean similares, tanto cuantitativa como cualitativamente, puede observarse, según Solano, como un elemento tranquilizador, ya que el problema de la administración aragonesa no es diferente al de las demás administraciones, pero preocupante a la vez, pues con ello se pone de manifiesto la generalización en el conjunto de las Administraciones Públicas de serios problemas en la vigencia de los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad en el acceso a la función pública.

Solano destacó la general reticencia de las instituciones de control a abordar los problemas propios de la función pública –más allá de la defensa de los principios constitucionales de acceso- y la falta de ambición con que se analiza la realidad de las Administraciones Públicas, por entender que el papel de las instituciones de control ha de centrarse en el ciudadano y en sus relaciones con la Administración Pública. Es posible que no se aprecie adecuadamente la vinculación o relación existente entre las cuestiones de ordenación de la función pública y los supuestos de “mala administración” en que no se da la respuesta debida a las demandas de los ciudadanos.

Seguidamente, Solano destacó las principales cuestiones en materia de función pública recogidas por el Informe anual de la Institución del año 2008, detallando lo relativo a las quejas relativas a procesos selectivos, en especial la selección llevada a cabo por entidades locales, y la situación profesional vivida por secretarios e interventores municipales, afrontando en determinados casos grandes dificultades para el ejercicio de sus funciones públicas. Al hilo de todo ello, el ponente animó a la Asociación a ocuparse no sólo de la función pública autonómica, sino también de la función pública local aragonesa.

Para concluir su exposición, Solano se centró en algunas de los expedientes tramitados por la Institución a raíz de quejas planteadas por la Asociación : de todos ellos, destacó el relativo a la demanda de publicidad de los nombramientos y ceses del personal eventual del Gobierno de Aragón, sugerencia de la Institución aceptada por el Gobierno de Aragón; el correspondiente a la oportunidad de aprobar una normativa autonómica sobre tramitación del derecho de petición, sugerencia de la institución que fue rechazada por el Gobierno de Aragón, por considerar innecesaria tal aprobación; y, finalmente, el correspondiente al establecimiento de un procedimiento objetivo para la designación de los miembros de los tribunales de selección del personal de nuevo ingreso, sugerencia igualmente rechazada por el Gobierno de Aragón, al remitir tal cuestión a la futura Ley de Función Pública.

Concluida la intervención de Víctor Solano, se abrió un turno de preguntas y comentarios, moderado por el Presidente de la Asociación , Julio Guiral, en el que se agradeció la presencia y exposición, de carácter institucional, del ponente y se analizaron diferentes problemas de la función pública: la crisis de los procesos de selección y de los procesos de movilidad, la irregular selección de personal de entidades y empresas públicas, la falta de información o transparencia sobre la situación de la función pública o la aprobación de normas reglamentarias abiertamente contrarias a la Ley , entre otros. Se debatió la incidencia que en su posible resolución puede tener una intervención decidida del Justicia de Aragón, a pesar del carácter no vinculante de sus sugerencias o recomendaciones, y se convino en la necesidad de que el Justicia de Aragón intervenga de oficio para supervisar los aspectos esenciales de la función pública.

La valoración general del acto, por los asistentes, fue muy favorable. Creemos que el primer coloquio público, para el que se ha podido disfrutar del valioso apoyo de la institución del Justicia de Aragón, constituye un primer paso en la consolidación de un ámbito de debate, reflexión y diálogo sobre los problemas y desafíos de la función pública y el papel de los servidores públicos en el aseguramiento del buen funcionamiento de la Administración Pública y del Estado de Derecho.