Zaragoza, 20 de agosto de 2008.
El Instituto de Estudios Fiscales ha hecho público un interesante estudio titulado “Opiniones y actitudes fiscales de los españoles en 2007”, en el que se refleja la actitud de los ciudadanos ante el cumplimiento de las obligaciones fiscales y la percepción existente sobre el nivel y las causas del fraude fiscal. Este tipo de estudios resulta de gran valor para conocer el grado de conciencia cívica o la ética pública dominante en la sociedad española.
Es llamativo observar que la honestidad tributaria se fundamenta mayoritariamente en la dificultad de determinados colectivos para defraudar, dado el sistema de retenciones fiscales existente. Señala el informe en su apartado de conclusiones: “Año tras año la opinión pública continúa manifestando su convencimiento de que existen colectivos que defraudan habitual y sistemáticamente a la Hacienda Pública. Son aquellos colectivos de contribuyentes cuyas actividades económicas, al no estar sometidas a retención, están menos controladas por la Administración y pueden ocultar con éxito parte de la renta sujeta a pago de impuestos. Mientras que, por el contrario, quienes tienen controladas sus rentas mediante el sistema de retenciones, son cada vez más honestos porque carecen de oportunidades para ocultar con éxito sus ingresos. Este patrón perceptivo se mantiene estable en el tiempo, atribuyéndose el mayor nivel de honestidad fiscal a los asalariados y quedando bajo la sombra de sospecha la conducta tributaria de los empresarios, principalmente, aunque también de los profesionales liberales y los autónomos”.
Resulta llamativo el que se hable de honestidad tributaria de quienes no pueden ocultar sus rentas, dado el sistema de retenciones, y que las bolsas de fraude, lógicamente, se supongan en aquellos colectivos no sujetos a retenciones en sus ingresos, pues la honestidad no es sinónimo de cumplimiento forzado sino de convicción personal, obligación interiorizada como ciudadano y miembro de una comunidad política. Acaso debiera situarse la honestidad en aquellos colectivos que, no hallándose sujetos a retención, cumplen escrupulosamente con sus obligaciones fiscales, conscientes del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, tal y como señala el artículo 31.1 de la Constitución española. En los demás casos, cabe la duda siempre de que la honestidad no sea más que resultado de la necesidad: honestidad impuesta no es honestidad en el sentido moral o ético del término.
Aún resulta más llamativo el hecho de que casi la mitad de la población (el 49 por ciento) justifique de algún modo el fraude fiscal: parece que la tensión entre la ética cívica y el cinismo social está muy equilibrado, dato que no puede resultar satisfactorio ni alentador para nadie. Incrementar la conciencia fiscal de los ciudadanos es una necesidad de las instituciones públicas, pero ello debe hacerse no sólo con campañas de sensibilización sino con un claro compromiso de buen gobierno y de ética en la gestión de los fondos públicos.
No resulta admisible que el fraude fiscal se justifique en la corrupción política y administrativa –en el enriquecimiento ilegítimo de algunos gestores públicos-, pero tampoco debe despreciarse ese efecto desmoralizador del mal gobierno en el conjunto de la ciudadanía. También el fraude fiscal es corrupción y por ello el ejercicio verdadero de la ciudadanía democrática debe implicar el cumplimiento de las obligaciones constitucionales como ciudadano y la exigencia del respeto de las normas a quienes gobiernan.
Precisamente porque el ciudadano que paga sus impuestos y contribuye al sostenimiento de los gastos públicos se erige en persona autorizada para demandar de los gestores públicos el respeto de la legalidad presupuestaria –aplicar los ingresos públicos a los fines autorizados por la ley-, cabe que cualquier ciudadano se dirija al Tribunal de Cuentas para denunciar la fraudulenta gestión de los fondos públicos. Contribuir y controlar son dos actitudes necesarias para frenar la corrupción y reforzar los valores éticos que sustentan nuestra sociedad democrática.
El Instituto de Estudios Fiscales ha hecho público un interesante estudio titulado “Opiniones y actitudes fiscales de los españoles en 2007”, en el que se refleja la actitud de los ciudadanos ante el cumplimiento de las obligaciones fiscales y la percepción existente sobre el nivel y las causas del fraude fiscal. Este tipo de estudios resulta de gran valor para conocer el grado de conciencia cívica o la ética pública dominante en la sociedad española.
Es llamativo observar que la honestidad tributaria se fundamenta mayoritariamente en la dificultad de determinados colectivos para defraudar, dado el sistema de retenciones fiscales existente. Señala el informe en su apartado de conclusiones: “Año tras año la opinión pública continúa manifestando su convencimiento de que existen colectivos que defraudan habitual y sistemáticamente a la Hacienda Pública. Son aquellos colectivos de contribuyentes cuyas actividades económicas, al no estar sometidas a retención, están menos controladas por la Administración y pueden ocultar con éxito parte de la renta sujeta a pago de impuestos. Mientras que, por el contrario, quienes tienen controladas sus rentas mediante el sistema de retenciones, son cada vez más honestos porque carecen de oportunidades para ocultar con éxito sus ingresos. Este patrón perceptivo se mantiene estable en el tiempo, atribuyéndose el mayor nivel de honestidad fiscal a los asalariados y quedando bajo la sombra de sospecha la conducta tributaria de los empresarios, principalmente, aunque también de los profesionales liberales y los autónomos”.
Resulta llamativo el que se hable de honestidad tributaria de quienes no pueden ocultar sus rentas, dado el sistema de retenciones, y que las bolsas de fraude, lógicamente, se supongan en aquellos colectivos no sujetos a retenciones en sus ingresos, pues la honestidad no es sinónimo de cumplimiento forzado sino de convicción personal, obligación interiorizada como ciudadano y miembro de una comunidad política. Acaso debiera situarse la honestidad en aquellos colectivos que, no hallándose sujetos a retención, cumplen escrupulosamente con sus obligaciones fiscales, conscientes del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, tal y como señala el artículo 31.1 de la Constitución española. En los demás casos, cabe la duda siempre de que la honestidad no sea más que resultado de la necesidad: honestidad impuesta no es honestidad en el sentido moral o ético del término.
Aún resulta más llamativo el hecho de que casi la mitad de la población (el 49 por ciento) justifique de algún modo el fraude fiscal: parece que la tensión entre la ética cívica y el cinismo social está muy equilibrado, dato que no puede resultar satisfactorio ni alentador para nadie. Incrementar la conciencia fiscal de los ciudadanos es una necesidad de las instituciones públicas, pero ello debe hacerse no sólo con campañas de sensibilización sino con un claro compromiso de buen gobierno y de ética en la gestión de los fondos públicos.
No resulta admisible que el fraude fiscal se justifique en la corrupción política y administrativa –en el enriquecimiento ilegítimo de algunos gestores públicos-, pero tampoco debe despreciarse ese efecto desmoralizador del mal gobierno en el conjunto de la ciudadanía. También el fraude fiscal es corrupción y por ello el ejercicio verdadero de la ciudadanía democrática debe implicar el cumplimiento de las obligaciones constitucionales como ciudadano y la exigencia del respeto de las normas a quienes gobiernan.
Precisamente porque el ciudadano que paga sus impuestos y contribuye al sostenimiento de los gastos públicos se erige en persona autorizada para demandar de los gestores públicos el respeto de la legalidad presupuestaria –aplicar los ingresos públicos a los fines autorizados por la ley-, cabe que cualquier ciudadano se dirija al Tribunal de Cuentas para denunciar la fraudulenta gestión de los fondos públicos. Contribuir y controlar son dos actitudes necesarias para frenar la corrupción y reforzar los valores éticos que sustentan nuestra sociedad democrática.
2 comentarios:
¿cuánto acuden los ciudadanos al Tribunal de Cuentas?
Interesante artículo de V.Navarro en El Periódico de Aragón sobre el fraude fiscal y el gasto social de las Comunidades Autónomas.
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