UNA TAREA QUE DEBE PROSEGUIRSE Y AMPLIARSE.

Zaragoza, 18 de agosto de 2008.

Cuando concluya el periodo vacacional de la mayor parte de los servidores públicos de la Administración autonómica y se retome el pulso de la actividad normal del conjunto de las instituciones públicas, la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa volverá a ejercer su papel de elemento promotor de un compromiso ético de los funcionarios públicos con los valores constitucionales y los principios de la buena administración, en cuya defensa se ha visto obligada, en numerosas ocasiones, a reaccionar frente a arbitrariedades del poder político, como ha ocurrido con el incumplimiento de la legalidad en materia de selección de personal de nuevo ingreso en la administración.

Esta Asociación puede parecer anecdótica e irrelevante a muchos y en ocasiones se critica que sólo se defiendan principios abstractos y se olviden los intereses concretos de los funcionarios. Creemos que tales críticas sólo se fundamentan en el desconocimiento de los fines estatutarios de la propia Asociación. Nadie puede esperar que una entidad se dedique a aquello para lo que no ha sido creada. Por lo tanto, no compartimos la frustración de quienes no ven satisfechas sus expectativas respecto a esta Asociación por no hacer aquello que nunca se ha propuesto hacer.

Lamentaríamos, por el contrario, que la Asociación decepcionase a quienes, desde un principio, compartieron los planteamientos de reivindicación y defensa de la legalidad, la profesionalidad y la ética pública. Creemos que el esfuerzo de agrupar a personas del sector público dispuestas a defender los grandes principios de su actividad profesional es importante y debe preservarse el bagaje acumulado hasta el momento. La defensa de la legalidad y de la ética pública ha configurado, además, a esta Asociación como un elemento de control del poder político autonómico, siempre proclive a la instrumentalización de las instituciones y del aparato administrativo.

No entraba en las previsiones de los promotores y fundadores de esta Asociación la reacción de los responsables políticos y directivos de la Administración autonómica frente a un proyecto de renovación y fortalecimiento de la profesionalidad de los servidores públicos como el que representa esta Asociación. Los hechos hablan por sí solos y la actitud de unos y otros es lo suficientemente elocuente respecto al modelo de administración y de función pública que se pretende.

Esta Asociación, lo ha reiterado en todo momento, no tiene ánimo de confrontación con nadie, aunque la defensa de la legalidad obligue en ocasiones a acudir a los tribunales, cosa que no debiera sorprender ni alarmar en un Estado de Derecho. La labor emprendida en febrero de 2007 está sólo en su etapa inicial, y creemos que lo hecho hasta ahora avala la seriedad de la propuesta, aunque es necesario profundizar y madurar gran parte de las propuestas e iniciativas que hasta ahora solamente aparecen esbozadas.

Ese salto cualitativo es el que debe plantearse esta Asociación durante el próximo curso administrativo, involucrando cada vez a un mayor número de personas dispuestas a reflexionar sobre el modo de dotar a la sociedad aragonesa de unas instituciones y de una función pública útil y valiosa para la convivencia, el desarrollo y el disfrute de los derechos fundamentales.