Zaragoza, 24 de junio de 2008.
Una de las cuestiones que esta Asociación para la defensa de la Función Pública Aragonesa ha planteado en diferentes escritos de petición, formulados tanto ante el Gobierno de Aragón como ante las Cortes de Aragón, ha sido la singular situación en los diferentes órganos de apoyo directo a los miembros del Gobierno de Aragón, nutridos de personal eventual o de estricta confianza política.
La situación de tales órganos acumula, a juicio de esta Asociación, opacidad y abuso de poder. La opacidad se produce por la carencia de publicidad de los nombramientos de dicho personal eventual, algo que debiera evitarse por expresa previsión normativa o por voluntad institucional de publicidad y transparencia, como hace el Justicia de Aragón con el nombramiento de su personal asesor. La falta de publicidad hace inviable cualquier tipo de control de idoneidad de los nombramientos y dificulta el control del cumplimiento de sus obligaciones laborales o dedicación a su función pública. No encontramos justificación alguna del secreto en estos nombramientos públicos, debiéndose presumir que tal pretensión de secreto no tiene otra finalidad que facilitar un espacio exento del control público, en el que la total discrecionalidad de que se goza en tales nombramientos no pueda ser objeto de fiscalización alguna.
Si la falta de publicidad es una realidad difícilmente aceptable en una Administración democrática, resulta más rechazable el hecho de que tales nombramientos puedan amparar claros abusos de poder, consistentes en asignar sueldos públicos a personas que no van a ejercer función pública alguna ni tener dedicación alguna al interés público, más allá de los intereses políticos de partido.
Esta realidad, que se conoce por muchos y que parece plenamente consentida, no puede aceptarla esta Asociación, pues es un destacado exponente de la degradación de las instituciones públicas y de su utilización como botín político. Si los puestos de personal eventual de los gabinetes de los miembros del Gobierno de Aragón son innecesarios o prescindibles, como parece indicarlo el uso indebido que se hace de algunos de ellos al estar ocupados por personas que no tienen dedicación alguna al interés público, debieran suprimirse y ahorrar el gasto que suponen, en lugar de incrementarse constantemente.
Esta Asociación va a dirigirse nuevamente al Gobierno de Aragón para requerir una corrección de la situación existente, y en el caso de que siga sin producirse cambio positivo alguno, se procederá a estudiar y adoptar las medidas que requiera la defensa de la ética pública, de la legalidad y de la buena gestión de los recursos públicos.
El reciente acuerdo de 15 de abril de 2008, del Gobierno de Aragón, relativo a la aplicación de una cláusula de revisión salarial incluye en su ámbito de aplicación al personal eventual. Quiere ello decir que los asesores que no parecen ejercen función pública alguna no sólo van a percibir unas nóminas totalmente injustificadas, sino que, además, van a ver garantizado el poder adquisitivo, merced al acuerdo adoptado por el Gobierno de Aragón. ¿Quién es más responsable en estos casos? ¿Quienes cobran o quienes pagan?
Una de las cuestiones que esta Asociación para la defensa de la Función Pública Aragonesa ha planteado en diferentes escritos de petición, formulados tanto ante el Gobierno de Aragón como ante las Cortes de Aragón, ha sido la singular situación en los diferentes órganos de apoyo directo a los miembros del Gobierno de Aragón, nutridos de personal eventual o de estricta confianza política.
La situación de tales órganos acumula, a juicio de esta Asociación, opacidad y abuso de poder. La opacidad se produce por la carencia de publicidad de los nombramientos de dicho personal eventual, algo que debiera evitarse por expresa previsión normativa o por voluntad institucional de publicidad y transparencia, como hace el Justicia de Aragón con el nombramiento de su personal asesor. La falta de publicidad hace inviable cualquier tipo de control de idoneidad de los nombramientos y dificulta el control del cumplimiento de sus obligaciones laborales o dedicación a su función pública. No encontramos justificación alguna del secreto en estos nombramientos públicos, debiéndose presumir que tal pretensión de secreto no tiene otra finalidad que facilitar un espacio exento del control público, en el que la total discrecionalidad de que se goza en tales nombramientos no pueda ser objeto de fiscalización alguna.
Si la falta de publicidad es una realidad difícilmente aceptable en una Administración democrática, resulta más rechazable el hecho de que tales nombramientos puedan amparar claros abusos de poder, consistentes en asignar sueldos públicos a personas que no van a ejercer función pública alguna ni tener dedicación alguna al interés público, más allá de los intereses políticos de partido.
Esta realidad, que se conoce por muchos y que parece plenamente consentida, no puede aceptarla esta Asociación, pues es un destacado exponente de la degradación de las instituciones públicas y de su utilización como botín político. Si los puestos de personal eventual de los gabinetes de los miembros del Gobierno de Aragón son innecesarios o prescindibles, como parece indicarlo el uso indebido que se hace de algunos de ellos al estar ocupados por personas que no tienen dedicación alguna al interés público, debieran suprimirse y ahorrar el gasto que suponen, en lugar de incrementarse constantemente.
Esta Asociación va a dirigirse nuevamente al Gobierno de Aragón para requerir una corrección de la situación existente, y en el caso de que siga sin producirse cambio positivo alguno, se procederá a estudiar y adoptar las medidas que requiera la defensa de la ética pública, de la legalidad y de la buena gestión de los recursos públicos.
El reciente acuerdo de 15 de abril de 2008, del Gobierno de Aragón, relativo a la aplicación de una cláusula de revisión salarial incluye en su ámbito de aplicación al personal eventual. Quiere ello decir que los asesores que no parecen ejercen función pública alguna no sólo van a percibir unas nóminas totalmente injustificadas, sino que, además, van a ver garantizado el poder adquisitivo, merced al acuerdo adoptado por el Gobierno de Aragón. ¿Quién es más responsable en estos casos? ¿Quienes cobran o quienes pagan?
16 comentarios:
¿No estamos ante un caso claro de malversación de fondos públicos?
La responsabilidad fundamental es la del Gobierno, por supuesto.
En tiempos de crisis, sería deseable que no sólo se congelasen sino que se suprimiesen sueldos públicos injustificados como los de ese personal eventual.
Hay además una cuestión colateral: se sabe que unas cuantas de estas personas ejercen su trabajo en las comarcas como agentes electorales y de partido, pero, eso sí, a sueldo del Gob. de Aragón. Por lo tanto, los ingresos de estas personas debieran computarse como ingresos de los partidos, que son realmente quienes deberían pagarlos y no lo hacen. ¿Cumplen la legislación vigente con esta vía de financiación adicional e irregular? Estoy seguro de que no.
Hay trescientos, dicen. Como en las Termópilas, pero mejor pagados.
Cuentan que en la época de Bandrés (catedrático de Economía, recordemos) le pusieron como asesor a un alcalde de pueblo (PSOE, por supuesto) que a su vez regentaba el único bar de la localidad.
Como imagináis, el hombre jamás dejó de regentar su establecimiento ni pisó jamás las dependencias del Pignatelli, no al menos como consecuencia de su trabajo de asesor, ni tuvo despacho alguno. Pero, eso sí, cobró religiosamente sus tres mil euros al mes. Y puede que todavía siga cobrándolos.
Como les comentaba en la noticia aparecida en www.aragonliberal.es; la respuesta a la pregunta creo que es mas que evidente: SI.
Me parece una buena idea la existencia de esta Asociación, para que al menos no se nos tome por tontos a los aragoneses, ni al resto de los españoles, pues considero que Aragon no es un caso aislado.
Animo y a seguir denunciando y luchando.
Un saludo,
Y en el caso del asesor de Bandrés, ¿de qué le asesoraría? ¿Tendría barra libre el consejero en el bar de ese pueblo?
No hay 300. No llegan a 120, por lo menos al inicio de la legislatura. Nombres y nombramientos opacos, repartidos entre los dos partidos en coalición en el gobierno. Dá tendría cualquier partido en el Gobierno, lo tiene incluso los que están en la oposición. Se pagan con éstos cargos, apoyos en las primarias de los partidos, se aunan voces, desaparece la crítica, se pagan favores.
Lo peor es que esto ya se ve como algo normal por quienes lo conocen. Lo anormal nos va pareciendo normal. Eso es lo peor de la corrupción.
Y si tenéis pruebas de todo esto por qué no vaís al juzgado de guardia. Anonimo1 ha dicho algo correcto podría ser malversación. Claro que tendríamos que hablar de los asesores técnicos que tienen garantizados dos niveles menos que el que tenían en libre designación y no sirven tampoco para mucho
Si se sabe que existen porque no van al Juzgado?, no tiren la piedra y escondan la mano, lleguen al final y obtendran la credibilidad que todavia les falta.
Pero, ¿es necesario ir al juzgado para todo en España? , no sería tan sencillo que ese personal eventual hiciese su trabajo o si no es imprescindible se prescindiese de ese gasto ¿es que no es razón suficiente para tomar la decisión lo que dice el estatuto de empleado público ? ¿por qué se nos exige siempre ir al juzgado?. No se será que se exige a los demás hacer lo que uno mismo no haría nunca .....
Igual se os exige porque lo que denunciaís es un delito clarísimo de prevaricación y malversación de caudales publicos. Por cierto, si no es cierto hay un delito tambien.
Porque tanto miedo a denunciar?
Teneis algo que ocultar, sí como parece ser se conocen con nombres y apellidos nada más facil que sacarlos a la luz.
Y los Sindicatos? Por qué callan ante estos nombramientos? No es la propia Administración la que tiene leyes y sólo tiene que cumplirlas?
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