lunes, 28 de enero de 2008

ADMITIDO A TRÁMITE EL RECURSO DE LA ASOCIACIÓN CONTRA LA MODIFICACIÓN DEL PUESTO DE DIRECTOR/A GERENTE DE LA BIBLIOTECA DE ARAGÓN.

Zaragoza, 28 de enero de 2008.+

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, mediante providencia de fecha 16 de enero, ha admitido a trámite el escrito por el que esta Asociación interponía recurso contencioso-administrativo contra la Orden de 17 de octubre de 2007, aprobada por los Departamentos de Presidencia y de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se modificaban las características del puesto de trabajo de Director/a Gerente de la Biblioteca de Aragón, al entender que los cambios realizados no tenían otra finalidad que la de posibilitar el desempeño del mismo por la hasta entonces Directora General de Cultura, Pilar Navarrete, entendiendo, por ello, que la decisión adoptada, ajena a razones de interés general, constituía una desviación de poder.

El Tribunal Superior del Justicia de Aragón acuerda, al mismo tiempo, requerir a la Diputación General de Aragón la remisión del expediente administrativo correspondiente a la Orden impugnada, así como anunciar la interposición del recurso en el Boletín Oficial de Aragón, designando asimismo Magistrado Ponente.

La Asociación consideró en su momento que el caso, por ser un supuesto cualificado de actuación arbitraria en la modificación de las relaciones de puestos de trabajo, requería ser sometido al control de legalidad que corresponde ejercer a los Tribunales, toda vez que los Consejeros que aprobaron la citada Orden no respondieron a la petición que esta Asociación les dirigió, con fecha 8 de noviembre de 2007, para que tal modificación fuese revisada de oficio, petición que a esta fecha sigue sin respuesta de ningún tipo.

3 comentarios:

Anónimo dijo...

¿No nos volverán a plantear aquí la falta de legitimación?

Anónimo dijo...

Es posible que la Administración insista en nuestra falta de legitimación y que, además, como factor de disuasión vuelva a solicitar la condena en costas, para así penalizar a la sociedad civil en su esfuerzo por garantizar la legalidad.

Anónimo dijo...

¿Y por qué el silencio de los sindicatos ante esta arbitrariedad?