Ayer tarde, según el calendario previsto, se celebró, en la sede del Colegio de Abogados de Zaragoza, la asamblea constitutiva de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa.
Conforme al orden del día propuesto por los convocantes, todos los asistentes al acto acordaron la constitución de la Asociación, y aprobaron, tras un amplio debate sobre diferentes aspectos de su contenido, sus Estatutos.
Sin perjuicio de las decisiones que corresponda adoptar a la Junta Directiva provisional en la configuración de los grupos o áreas de trabajo de la Asociación, se aceptó la propuesta de configurar los siguientes grupos de carácter permanente:
- Grupo de Ética Pública.
- Grupo de Gestión Pública.
- Grupo de Régimen de la Función Pública.
- Grupo de Participación Ciudadana.
Asimismo, se consideró la conveniencia de configurar grupos no permanentes para analizar cuestiones específicas, entre ellos el Grupo de Propuesta Electoral, con el fin de elaborar un conjunto de medidas de mejora de la Administración y de la Función Pública del que dar traslado a los diferentes partidos políticos, para su consideración y posible inclusión en sus programas electorales, de cara a las elecciones autonómicas del mes de mayo, tratando de introducir con ello la problemática de la Administración Pública aragonesa en la agenda política de la Comunidad Autónoma.
Por último, se procedió a la elección de la Junta Directiva Provisional, resultando elegidas las siguientes personas: Julio Guiral Pelegrín (Presidente), Manuel Díaz Muiña (Vicepresidente), Pilar Vaquero Valiente (Secretaria), José Ramón Gálligo Gutiérrez de Terán (Tesorero) y, con la condición de Vocales, Carlos Borao Mateo, Julio Calvo Iglesias, Manuel Fábregas Giné, Félix Gracia Romero, José Luis Moñu Campos, Eduardo Notivol Paino y Francisco Sancho Cuartero.
La Junta elegida asume, a partir de este momento, la responsabilidad de completar todas las formalidades necesarias para la existencia legal de la Asociación, de realizar la labor de difusión y consolidación del proyecto asociativo y de estructurar debidamente los grupos de trabajo internos, para posibilitar la máxima participación de todos los asociados y demás personas interesadas en colaborar en el logro de sus fines, de manera que la utilidad de la Asociación y su capacidad de incidencia resulten visibles en breve plazo.
De nuevo, gracias a todos los que han permitido que este proyecto de Asociación sea ya una realidad y animamos a todos los funcionarios y demás empleados públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma a conocerla y participar en su actividad de reflexión y propuesta.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
25 comentarios:
Enhorabuena por haber llegado hasta este punto y por la consistencia del proyecto que se propone.
Repito, enhorabuena a vosotros y a todos, porque todos vamos a vernos favorecidos en nuestro trabajo por la existencia de esta Asociación.
Felicitaciones a Julio Guiral por su nombramiento y ser mascarón de proa de este proyecto al que deseo la mejor de las fortunas, felicitaciones que hago extensivas a todos los que han hecho posible este elemento de esperanza de cambio.
Además de las felicitaciones por lo logrado, debo insistiros en la necesidad de realizar algún tipo de campaña de divulgación de la Asociación, pues mucha gente que comparte el planteamiento y que estaría dispuesta a sumarse o colaborar aún no tiene ningún conocimiento de su existencia. Aunque imagino que es algo que se contempla entre las primeras actuaciones, quiero insistir en que ello ha de ser una de las prioridades a acometer.
Deseo a Guiral y a todos los que han asumido algún tipo de responsabilidad en la dirección de esta iniciativa que, por el bien de todos, acierten en los primeros pasos, pues la primera imagen es la que vale y no nos podemos permitir el lujo de que algo así pueda malograrse.
Os animo a que, sin pérdida de tiempo, se proceda a configurar los grupos de trabajo que se han decidido en la asamblea, en especial el referido a la propuesta electoral para que los partidos políticos puedan aclarar sus ideas sobre el tipo de Administración que quieren para la Comunidad Autónoma.
Una persona de la solvencia de guiral es una garantía para la buena marcha de las cosas. Me alegro de la elección.
Me sorprende la reacción de algunos funcionarios descontentos con la actual situación que se vive en la Administración y que dicen que la única opción es volarlo todo. Pensemos en que todo se puede corregir con métodos más suaves, pero más firmes y más serios. Las razones son las que valen, en especial si, además, las que recogen las leyes. La razón hecha norma y la norma hecha razón. Entremos en ese círculo, que nos será muy provechoso para avanzar.
Veo en prensa la imagen que empieza a proyectar la asociación y me satisface bastante. Ahora comienza el verdadero reto, pero la imagen inicial es muy positiva.
Para los que vemos con buenos ojos esta iniciativa, pero somos celosos de nuestra independencia personal, deberíais hacer posible la forma de que formulemos nuestras ideas u opiniones, sin vernos encuadrados en ninguna estructura formal.
Os sugiero que en el blog se incluya un acceso, a modo de BUZON ABIERTO, en el que todos, tanto empleados públicos como usuarios de los servicios públicos, podamos emitir opiniones o exponer situaciones sobre el funcionamiento de la Administración o todo lo que guarde alguna relación con los objetivos que se ha marcado esta Asociación.
Ya se explicará, imagino, el modo en que se puede colaborar en la actividad de los diferentes grupos. No hay tiempo que perder y se trata de poner manos a la obra cuanto antes. Quedo a la espera.
El ejemplo de los funcionarios de la DGA, os lo puedo asegurar, está siendo seguido con atención por mucha gente de la Administración periférica del Estado y de los Ayuntamientos aragoneses, en particular el de Zaragoza. Los problemas que se viven en todas las Administraciones son muy similares y, por eso, el paso que se pueda dar en alguna de ellas para recuperar el sentido de la función profesional de quienes trabajamos en el sector público va a repercutir, irremediablemente, en todas las demás Administraciones.
He oído mucho durante estos días, a propósito del proyecto de asociación que se ha promovido, que este momento elegido para su lanzamiento era muy malo, por la cercanía de las elecciones municipales y autonómicas. ¿Malo para quién, me pregunto? Yo pienso todo lo contrario. No podía haber momento más oportuno, en el que se aprecian cosas que a veces se olvidan: que los funcionarios sobreviven a políticos y gobiernos, que los políticos han de presentarse periódicamente ante los ciudadanos a explicar lo hecho y lo que desean hacer, y, por último, que los funcionarios son unos ciudadanos muy especiales, pues su trabajo, dentro de las instituciones, es de carácter estrictamente profesional y su compromiso no es con los políticos, por mucho que a éstos les pese, sino con la sociedad y la propia institución, cuyos fines quedan enunciados muy claramente por las leyes. Esto debiera ser recordado de forma permanente, pero la proximidad de un proceso electoral y el carácter reversible de los gobiernos y el cambio de las mayorías políticas deja ver más clara la diferencia entre políticos y funcionarios, entre partidos e instituciones. Muy buena elección, un completo acierto de oportunidad.
Por la premura del tiempo, animo a todos aquellos que tengan propuestas determinadas sobre aspectos de organización de la Administración o del régimen de función pública que trasladar al Grupo de trabajo llamado de Propuesta Electoral que las incluyan en este blog para su posible incorporación a la propuesta que se elabore por parte de la Asociación.
Creo que el estado de los procesos selectivos y su falta de garantía es una quiebra gravísima del modelo de función pública: parece un problema de todas las Administraciones, porque parece que en todas ellas se ha perdido el rigor y el respeto a la legalidad en esa materia, y lo último que uno puede esperar es que una institución pública falsee procesos públicos de selección o sea incapaz de preservar su correcto desarrollo, con las consecuencias envenenadas que ello conlleva para los diferentes afectados, tanto aprobados como suspendidos. Hay que modificar el criterio de formación de los Tribunales -designándose sus miembros por sorteo entre candidatos cualificados previamente establecidos y excluyéndose la presencia de vocales sindicales, pues ésta ha demostrado que no garantiza la correcta realización de las pruebas, sino que constituye un riesgo adicional de filtración de exámenes o de favorecimiento a determinados candidatos-. Eso pasaría por dotar al Instituto Aragonés de Administración Pública de autonomía funcional para dirigir los procesos, sin que sobre su actuación tengan facultad alguna ni Consejeros ni, aún menos, el Director General de la Función Pública.
Sugiero que las Secretarías Generales Técnicas hagan el papel que legalmente les corresponde en la coordinación administrativa, en la racionalización de los procedimientos y en la mejora de la gestión, para lo cual se les debería dotar de los medios oportunos.
Esta idea va para el Grupo de Etica Pública. ¿Cómo es posible que exista corrupción en una España democrática con un Parlamento vigilante, una prensa libre y unos jueces independientes?
Un análisis de la cuestión en "La corrupción en la España democrática", de Alejandro Nieto. Interesante conocer cuál es el papel que en el tema se reserva a los funcionarios dispuestos a hacer la vista gorda a muchas cosas antes de sufrir algún problema o contratiempo.
Dos ideas para la propuesta electoral que se envíe a los partidos políticos: primera, establecimiento de un código de buen gobierno, al que queden vinculados todos los responsables políticos y altos cargos, con un órgano responsable de la vigilancia de su respeto; y segunda, inclusión, en la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, del principio de competencia profesional en los nombramientos de los titulares de los órganos directivos de la Administración (por favor, no más profesores de educación física)y apreciación de la misma por la Comisión Institucional de las Cortes de Aragón. La Administración tiene que dejar de ser el botín de los partidos políticos, para ser la organización profesionalizada que requiere la función de servicio al interés general que tiene atribuida.
En cuanto al buzón abierto que se proponía por alguno de los participantes en este blog, sería bueno que parte de esas cuestiones se canalicen como sugerencias o quejas a la propia Administración, pues el problema existente en muchos casos es que no se utilizan los cauces habilitados.
creo que una de las primeras actuaciones de la Asociación debería ir encaminada al estudio del nuevo Estatuto de la Función Pública que está en el Senado,por la parte, que nos toca a todos....es un tema que a muchos nos preocupa
¿Alguien conoce por qué arte de magia se ha sacado el Consejero de Medio Ambiente de su chistera una Oficina del Cambio Climático? ¿Cómo es posible crear entidades o centros en la organización administrativa al margen de cualquier procedimiento o norma?
¿Qué competencias va a tener? ¿Qué personal? ¿Asistencias técnicas?¿La omnipresente sodemasa?¿Han quedado ya derogadas las leyes de régimen jurídico de las Administraciones Públicas? Esta Asociación debería exigir una inspección íntegra y una auditoría completa del Departamento de Medio Ambiente, como paradigna del despropósito administrativo.
Creo que es muy preocupante observar, a la vista de la información aparecida en prensa, y al margen de nuestro estricto interés egoísta,cómo las subidas salariales se pactan a posteriori de la aprobación de la ley anual de presupuestos -¿qué sentido tiene eso?- y, además, los sindicatos se ufanan en sus comunicados que se han mejorado las condiciones previstas en la ley. ¿Puede una negociación modificar las leyes de presupuestos? Lo que les faltaba escuchar a los ciudadanos. Este tema es muy serio y nos jugamos la credibilidad, en cuanto a ética y legalidad, si lo dejamos pasar por considerar que puede ser algo impopular ante la gente.
Debo decir que cada día me cuesta más dar crédito a lo que leo y oigo de los sindicatos. No entiendo nada de los cálculos que se llevan a cuenta de la llamada cláusula de revisión salarial conforme al IPC -fórmula que me parece ilegal completamente, pues no ha sido autorizada ni por las Cortes de Aragón ni mucho menos por las Cortes Generales, y salvo que el mundo haya cambiado sin yo enterarme la aprobación de los presupuestos es una facultad exclusiva del poder legislativo, salvo que por encima del mismo esté el poder sindical. No entiendo ni la inclusión en un acuerdo entre Administración y sindicatos de una cláusula que enerva la ley -la modifica, la deroga, la ignora- y aún menos entiendo que dicha cláusula ya no quede referida al IPC sino a una cifra por encima de la subida legalmente aprobada. La libertad de los negociadores es máxima ya: se pacta el grado de revisión, prescindiendo tanto del límite legal fijado por los presupuestos como del incremento real del IPC. Esto nos sitúa en un curioso escenario: hay una subida inicial autorizada por el Parlamento y sujeta a la legislación básica estatal, pero ello no obsta para contemplar una subida final, conforme a lo que se pacte a espaldas del Parlamento y sin publicidad oficial -o mucho me equivoco o el pacto alcanzado en la mesa de función pública no será publicado en el BOA como exige la ley-. La ley queda reducida no al límite legal de negociación sino al umbral de partida. Curioso funcionamiento del Estado autonómico. Los sindicatos, en primera instancia, negocian con el Estado la subida general de todas las Administraciones, y luego, en cada Comunidad Autónoma, tratan de superar dicho pacto, que es límite infranqueable para las Comunidades Autónomas, demostrando una falta de congruencia y de lealtad institucional únicamente equiparable a la que muestran los responsables del Departamento de Economía de esta Administración. Pero no queda ahí la cosa. El sindicato CCOO, en su comunicado de hoy, nos regala otro ejemplo de sindicalismo del disparate. Dice que debe garantizarse que todos los años haya promoción interna independiente, aunque no haya oferta de empleo público. Debería aclarar por qué en determinados años no ha de haber oferta de empleo público, y, en cambio, ha de haber vacantes disponibles para promoción interna. Hemos llegado ya a considerar que los puestos de la Administración son patrimonio de los funcionarios de dentro y no una función pública a la que tienen derecho de acceso todos los ciudadanos en condiciones de igualdad, como obliga la Constitución en su artículo 23.2. Buena falta hace una Asociación que empiece a analizar y desmontar punto por punto el inconsistente discurso de los sindicatos en el seno de las Administraciones.
Abundo en lo anterior, y no pretendo realizar un discurso antisindical, sino arrojar algún elemento de reflexión sobre la política sindical en el seno de las Administraciones, sobre todo a la vista de lo que está ocurriendo en esta Administración en materia retributiva. Creo que la supervivencia económica de las empresas privadas introduce un elemento de racionalidad en las exigencias económicas de los sindicatos. Estos saben que tensar demasiado la cuerda hace que la empresa pierda competitividad y que se ponga en peligro la propia continuidad de los puestos de trabajo de los trabajadores. Este elemento de racionalidad económica no existe en las Administraciones, porque los presupuestos parecen soportarlo todo. Basta con quitar partidas de inversiones o de gastos de otro tipo. Eso sí, los mimos que exigen detraer fondos de esas partidas, criticarán las insuficiencias de las inversiones en educación, sanidad o servicios sociales. Esa tendencia hay que cuestionarla necesariamente. De lo contrario, convertimos lo público en el campo de la ineficiencia y en una carga injustificada para los ciudadanos. En este terreno es muy fácil caer en la demogagia, de un signo y de otro, pero echo de menos análisis objetivos de esta problemática. Baste un signo que da idea de lo intocable de los sindicatos. Cualquier acuerdo logrado por los sindicatos en la Administración autonómica no se cuestiona por ningún grupo parlamentario de las Cortes de Aragón. La lógica de los votos parece quebrar la defensa de la legalidad. ¿Quién defiende entonces la ley? ¿Qué hace el Parlamento ante acuerdos contrarios a la legalidad presupuestaria?¿Qué hace la prensa y los demás medios de comunicación?¿Se limitan a informar, sin percatarse de que la información que se suministra es, en sí misma, una ilegalidad? ¿Hemos perdido los referentes de las cosas? ¿Sabemos las tasas de alcoholemia permitidas pero no los límites en la disponibilidad del dinero público por parte de los responsables políticos? Si la ley es un estorbo para algunos y no dudan en saltársela sin ningún tipo de sonrojo, no parece que eso pueda producirse precisamente entre funcionarios, personas cuya función es asegurar la aplicación de las leyes. ¿Pueden olvidarse de lo que establece la ley justamente cuando se ocupan de sus retribuciones? Parecería algo muy poco edificante y muy poco presentable ante la ciudadanía, a la que luego se dirigen para recordarle lo que dice la norma. El que aplica la ley debe empezar por aplicársela a sí mismo. Hay que rechazar, por imperativo elemental de toda ética pública, cualquier subida salarial que vulnere las leyes, salvo que todos hayamos optado por instalarnos en la inmoralidad colectiva y se haya levantado la veda para el pillaje.
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