LA PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN PÚBLICA COMO TAREA PROPIA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

Con motivo de la conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción, instituido por Naciones Unidas tras la aprobación en 2003 de la Convención contra la Corrupción, ratificada por España en 2006 y por la Unión Europea en 2008, esta Asociación organizará el próximo mes de diciembre un acto público en el salón de actos de la Biblioteca de Aragón, con la intervención de Joan Llinares, Director de la nueva Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad Valenciana.

Es importante afrontar el grave problema de la corrupción pública, tanto política como administrativa, con una estrategia amplia de medidas de prevención, entre las cuales ha de ocupar un papel fundamental el reforzamiento de la profesionalidad de los servidores públicos y la promoción de códigos de conducta que hagan de cada funcionario un agente activo de prevención de posibles irregularidades en la gestión pública, y hemos de explorar la función que pueda cumplir en dicha estrategia la creación de agencias de prevención, con una dependencia directa del Parlamento, como es el caso de la recientemente creada Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad Valenciana, y también de la aragonesa Agencia de Integridad y Ética Públicas, creada por la Ley 5/2017, de 1 de junio.

Entre los objetivos establecidos en la nueva Ley autonómica de Integridad y Ética Públicas se señalan el de establecer y fomentar el cumplimiento de los códigos de conducta de los empleados públicos y regular el estatuto del denunciante. No es posible desconocer que desde 2007, años en el que se aprobó el Estatuto Básico del Empleado Público, en el que se incluía un ambicioso precepto dedicado a los códigos de conducta de los empleados públicos, nada se ha hecho para su instauración y control en los diferentes ámbitos de la Administración autonómica, y no parece que para la aplicación de una Ley sea necesaria la aprobación de otra, sino la adopción de medidas tendentes a llevar a la práctica administrativa los principios de conducta ya establecidos en el Estatuto Básico del Empleado Público. 

Diez años de inactividad en esta materia parecen quererse enmendar ahora con una nueva Ley, pero nada permite augurar, por el momento, que la nueva Ley vaya a tener mayor aplicación que el inaplicado Estatuto Básico del Empleado Público. Debemos por lo tanto alertar sobre el carácter meramente cosmético que pueden revestir ciertas decisiones legislativas, si las mismas no vienen acompañadas de una clara voluntad política de aplicación, y si las instituciones de control, como puede ser el Justicia de Aragón, no adoptan un compromiso firme en el ejercicio de su labor de tutela del ordenamiento jurídico aragonés, evitando que las normas legales que debieran ayudar a corregir deficiencias y disfunciones de la acción pública se vean relegadas a la inoperancia, por la falta de aplicación real de sus previsiones.

Nuestra Asociación, desde una posición crítica con la nueva Ley de Integridad y Ética Públicas, tratará de que el conjunto de las instituciones públicas incorpore en sus objetivos de acción medidas que refuercen el papel de los servidores públicos en el ámbito de la prevención y la denuncia de la corrupción pública, entendiendo que el respeto al régimen de selección del personal de las Administraciones y el fomento de su profesionalidad en el desempeño de las funciones –con un sistema adecuado de provisión de puestos de trabajo y un modelo objetivo de carrera profesional- son elementos imprescindibles de dicha estrategia. Mal se puede aspirar a superiores niveles de integridad pública mientras el acceso al empleo público y el sistema de provisión de puestos permanecen claramente alejados de la legalidad constitucional y administrativa y la objetividad y el mérito siguen viéndose relegados por la discrecionalidad política y la vulneración de las normas.