martes, 21 de marzo de 2017

PULSO INSTITUCIONAL CONTRA EL DERECHO DE ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA.



La noticia de que el Gobierno de España impugnará ante el Tribunal Constitucional la Ley aprobada por las Cortes de Aragón que dio la “supuesta cobertura jurídica” a la Oferta de empleo extraordinaria en el ámbito de sanidad vuelve a mostrarnos la realidad que parece no querer reconocer el Gobierno de Aragón, y que no es otra que su total falta de congruencia en materia de función pública y la ausencia de compromiso real con la profesionalización de la Administración autonómica y con el derecho de acceso de los ciudadanos a la función pública.

Es llamativo y escandaloso observar cómo los recursos públicos, de una y otra Administración, se dedican a cercenar un derecho constitucional de los ciudadanos, como es el reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución Española, impidiendo con ello que los ciudadanos accedan en condiciones de igualdad a la función pública, a través de procesos selectivos conforme a criterios de mérito y capacidad.

El Gobierno de Aragón se ha negado a aceptar y ejecutar sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, favorables al ejercicio del derecho de acceso, tras declarar nulas y contrarias al citado derecho fundamental las ofertas de empleo público de 2014 y 2015, al no incluir la totalidad de las plazas vacantes ocupadas por funcionarios interinos. Prefiere entender, de manera contraria a lo señalado por el Tribunal, que las tasas de reposición de efectivos contenidas en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado impiden la inclusión de dichas vacantes, debiendo primar dicho límite presupuestario sobre el contenido esencial del derecho definido en el Estatuto Básico del Empleado Público. Por ello, ha planteado sendos recursos de casación ante el Tribunal Supremo para tratar de dejar sin efecto las sentencias del Tribunal Superior de Justicia favorables al derecho de acceso de los ciudadanos.

Las mismas razones que invoca el Gobierno de Aragón en sus recursos de casación al Tribunal Supremo, para anular las sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, son las que esgrime el Gobierno de España al promover su recurso de inconstitucionalidad contra la Ley autonómica aragonesa que facultaba inaplicar las tasas de reposición de efectivos en el ámbito de sanidad. Nada, por lo tanto, puede sorprender al Gobierno de Aragón: o acaso puede contrariarle el hecho de que su tesis, defendida a capa y espada, se vuelva contra él en el ámbito de la oferta sanitaria, aprobada a regañadientes por los responsables de la función pública autonómica.

Mientras los Servicios Jurídicos de una y otra Administración se dedican a torpedear aquellas normas y sentencias que favorecen el acceso a la función pública, los ciudadanos ven cómo el ejercicio de su derecho fundamental es cercenado de forma reiterada y resulta alarmante observar cómo el Estado de Derecho queda reducido a mero campo de batalla jurídica de quienes han decidido vaciar de contenido real los derechos constitucionales de los ciudadanos, rivalizando todos ellos en el grado de desprecio a la legalidad democrática.

En ese escenario es necesario y urgente mantener una estrategia de defensa del derecho fundamental y del Estado de Derecho, perseverar en la reivindicación de una Administración profesionalizada y comprometida con la legalidad, y en ese empeño se mantiene firme esta Asociación, con sus limitados recursos.

10 comentarios:

Anónimo dijo...



El portavoz del Grupo Parlamentario del PSOE de las Cortes de Aragón, Javier Sada, ha tildado este lunes de "sinsentido" la paralización de la Oferta Pública de Empleo (OPE) extraordinaria aprobada por las Cortes autonómicas con la reforma de la Ley de Sanidad, para convocar 1.483 plazas médicas, y ha exigido al Gobierno de España que "rectifique" su decisión de recurrirla.

Ha declarado a los medios de comunicación que la Comunidad Autónoma defenderá "con uñas y dientes", con "todas las medidas políticas y legales" esta reforma legislativa, aprobada por unanimidad en ejercicio de las competencias del Parlamento regional, destacando que se ha adoptado esta decisión "por sentido común", para favorecer la estabilidad en el empleo y mejorar la calidad de la sanidad.

Javier Sada ha aseverado que "el Gobierno de Rajoy no tiene ninguna base legal" para paralizar las oposiciones, insistiendo en que la función pública necesita más estabilidad y la reforma acordada por las Cortes "es una forma legal de conseguirlo". Ha lamentado que "lo único que hemos conseguido con un Gobierno en minoría es que Rajoy tarde un poquito más de tiempo en tomar las decisiones".

HA

Anónimo dijo...




El presidente del Partido Aragonés (PAR), Arturo Aliaga, ha considerado este lunes que la decisión del Gobierno de España de paralizar la Oferta Pública de Empleo (OPE) extraordinaria para convocar 1.483 plazas fijas de médico es "un error de Madrid, una vez más".

Aliaga ha declarado a los medios de comunicación que esta convocatoria "es un tema clave para la atención sanitaria a los ciudadanos aragoneses" porque "es urgente" que se cubran de forma definitiva estas plazas, subrayando que hay "instrumentos de colaboración", como la Comisión Bilateral Aragón-Estado.

Por eso, el recurso planteado por el Ejecutivo central es "un mal paso", ha opinado Arturo Aliaga, quien ha indicado que "hablando se entiende la gente" y que "hay que resolver los problemas".

HA

Anónimo dijo...



"Un contratiempo serio para la cobertura de plazas de médicos especialistas en los centros periféricos y para la atención sanitaria". Este es el balance, que el gerente del Salud, Javier Marión, hace del freno del Gobierno central a la convocatoria de 1.483 plazas de enfermeras, médicos o celadores, entre otros, que Aragón iba a lanzar inminentemente. Dejan de salir, entre otras, 437 vacantes de enfermería, 266 de facultativos especialistas y 238 de técnicos de cuidados de enfermería, entre otros.

El Consejo de Ministros aprobó la semana pasada recurrir ante el Tribunal Constitucional la ley autonómica que llevó a la DGA a aprobar esta oferta de empleo público extraordinaria (las oposiciones correspondientes a procesos ordinarios, de años anteriores, siguen adelante). Por tanto, el proceso se ha suspendido inmediatamente, e incluso el BOA ha tenido que ser modificado de urgencia, ya que mañana iban a publicarse varias plazas que de momento quedan paralizadas.

Javier Marión insistió en que "la DGA respeta la decisión pero la ve desafortunada" porque, a juicio de Aragón, se cumple la legalidad. El Ejecutivo Central justifica su recurso en la "extralimitación competencial" en la que habría incurrido la DGA al ofertar más plazas de las que le permite actualmente la ley, en función de la tasa de reposición. Marión insiste, no obstante, en que la oferta cumple con la legalidad porque "son plazas ya existentes, dotadas de presupuesto y de personal no fijo, por lo que no acarrearían más gasto de personal".

Los servicios jurídicos de la DGA están al tanto del recurso pero la única opción que parece viable es un desbloqueo que está condicionado a que el Gobierno central apruebe sus presupuestos, si bien Marión ayer no quiso entrar en este tema "porque no es competencia del Salud". Si los presupuestos nacionales salen adelante, podría eliminarse la tasa de reposición y, como consecuencia, lanzarse las plazas.

Las oposiciones de celadores y auxiliares del Salud que están en marcha (hay más de 26.000 aspirantes para 724 plazas) siguen adelante con normalidad.

HA

Anónimo dijo...


Comentario:

Este hecho , además del consiguiente disgusto para los opositores evidentemente, debería llevar aparejada de manera inmediata la dimisión del Consejero de Sanidad por permitir la convocatoria de una OPE que no cumple la legalidad vigente.

Anónimo dijo...




Podemos Aragón ha asegurado este sábado que aceptar la cancelación de 1.483 plazas del Salud es una decisión política del Gobierno de Lambán.

Así lo ha señalado la formación morada en un comunicado después de que el Gobierno central anunciara este viernes que recurrirá al Tribunal Constitucional la ley aprobada en las Cortes de Aragón para la oferta pública de empleo en el Salud aprobada por unanimidad en diciembre de 2016 para poder convocar las 1.483 plazas sanitarias.

En opinión de Podemos Aragón, la falta de iniciativa política del PSOE en Aragón para evitar que más de 1.000 profesionales sanitarios continúen con contratos precarios o en el paro es "alarmante", toda vez que critica que el ejecutivo autonómico "respete la decisión" del Consejo de Ministros que implica la anulación de esta oferta pública de empleo.

La portavoz de Podemos en la Comisión de Sanidad de las Cortes, Itxaso Cabrera, ha asegurado que "ser valiente es hacer política de verdad", al tiempo que ha añadido que Celaya, consejero de Sanidad en Aragón, tiene la oportunidad de demostrar "si trabaja para la sanidad pública aragonesa o prefiere aceptar los mandatos de Rajoy, a quien el PSOE puso en el gobierno".

Podemos ha anunciado que formulará una pregunta oral y otra escrita al consejero de Sanidad para que explique las medidas que va a llevar a cabo el Ejecutivo aragonés para publicar las 1.483 plazas tras el anuncio del Gobierno central de recurrir al Tribunal Constitucional la Ley aragonesa del Salud.

"Esperamos que el presidente Javier Lambán tome una decisión que respete a las miles de familias que esperaban esta convocatoria de empleo público", ha advertido Cabrera, quien ha agregado que quieren también que respete el mandato de las Cortes que aprobó la OPE y sobre todo, "que respete la propia Ley autonómica".

HA

Anónimo dijo...


Comentario:

La ley es clara y está para cumplirla. Lo de las convocatorias de empleo público en nuestra comunidad en los ultimos años es de opereta. No hay proceso, municipal o autonómico que no acabe como el rosario de la aurora. Pero a pesar de hacerse las cosas mal, rematadamente mal, no dimite nadie. Menudo cachondeo.

Anónimo dijo...


Comentario:

Cuántos disparates seguidos. Si Lambán incumple -no la decisión del Consejo de Ministros, sino la suspensión automática de la norma autonómica, por mandato constitucional, tras la interposición de un recurso de inconstitucionalidad-, estará recorriendo exactamente el mismo camino que Mas, Ortega y Rigau.

Anónimo dijo...


Comentario:

Madre mia que nivel, solo me gusta la ley que me favorece y para las que no me gustan, que den la cara los demás.

Anónimo dijo...




El Estado recurrirá ante el Constitucional la ley de Aragón que habilita al ejecutivo autonómico a aprobar ofertas públicas de empleo con carácter excepcional y extraordinario, concretamente las referidas a la consolidación y estabilización del personal del Servicio Aragonés de Salud y de las empresas públicas y entes de carácter sanitario.

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se solicita del presidente del Gobierno la interposición de este recurso de inconstitucionalidad.

Según han explicado desde el Gobierno creen que "se trata de una extralimitación competencial, ya que habilita al Gobierno de Aragón para la convocatoria de 1.483 plazas que no computan para el cálculo de la oferta de empleo público, de acuerdo con la tasa de reposición establecida por el Estado en los Presupuestos Generales del Estado", ha asegurado el gobierno en su web.

Además añaden que "la ley asume expresamente que la oferta de plazas no se fundamenta en la tasa de reposición ordinaria".

Según ha añadido el Gobierno," la Comunidad Autónoma de Aragón no ha aceptado la apertura del procedimiento del artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que supondría la reunión de la Comisión Bilateral de Cooperación entre el Estado y la Comunidad Autónoma para iniciar negociaciones con el fin de resolver las discrepancias".

Tal es así que el recurso que el Ejecutivo presentará ante el Tribunal Constitucional invoca el artículo 161.2 de la Constitución Española, que supone la suspensión de la norma, a fin de paralizar la convocatoria de plazas.

HA

Anónimo dijo...

http://www.elconfidencialdigital.com/dinero/Gobierno-oposiciones-especificas-funcionarios-temporales_0_2894110596.html:

"El Gobierno prepara unas oposiciones específicas para convertir en fijos a 200.000 funcionarios temporales

Las pruebas se realizarán en cada ministerio y se valorará sobre todo la antigüedad. Comenzarán en Educación, Sanidad y Justicia..."