Desde
esta Asociación hemos formulado, a lo largo de los años, diferentes propuestas
de mejora del funcionamiento de las diferentes instituciones públicas,
convencidos de que éstas han de estar en un proceso constante de evaluación y
revisión de sus deficiencias, sin admitir que las carencias o defectos
constatados, ya sea en su diseño organizativo o en sus formas de actuación, se
mantengan a lo largo del tiempo, erosionando su credibilidad y su funcionalidad
en el conjunto de la actividad pública.
Las
instituciones no están exentas, más bien al contrario, del desgaste impuesto
por el paso del tiempo, por la dificultad de cumplir fielmente su cometido y
por los errores acumulados en el desarrollo de su actividad, con independencia
de a quién quepa imputarlos. También es necesario que las instituciones cuenten
con la flexibilidad adecuada para adaptarse a las circunstancias cambiantes y a
la evolución de la sociedad, a cuyas necesidades se halla orientada toda su
actividad.
Por
ello, entendemos que los primeros interesados en revisar de forma periódica la
calidad de funcionamiento de una institución son los propios responsables de la
misma, sin perjuicio de contar en tal tarea con otros agentes capaces de detectar
las posibles carencias en su forma de actuar.
En
tal sentido, nos hemos dirigido al titular de la Institución del
Justicia de Aragón, animándole a llevar a cabo un análisis de la regulación y
funcionamiento de la
Institución, y realizar una propuesta de mejoras, señalándole
las que nuestra Asociación ha considerado relevantes, pues la continuidad y la
inercia no pueden ser la forma adecuada de desenvolvimiento de la actividad
institucional. Hay que introducir estándares crecientes de exigencia, máxime en
el contexto actual de desconfianza ciudadana y descrédito de los poderes públicos.
La
reclamada regeneración institucional ha de abordarse, en buena medida, a través
de este proceso de necesaria autoevaluación por parte de cada institución, con un
proceso abierto, y unas conclusiones sometidas al debate público, que puedan
servir de instrumento o guía para una posterior reforma y puesta al día de las
mismas. Creemos que en Aragón el Justicia de Aragón podría dar un primer paso
en dicha dirección, marcando con ello una pauta de conducta extensible al resto
de las instituciones autonómicas.
Se
reproduce a continuación el contenido íntegro del escrito dirigido al Justicia
de Aragón:
“Excmo. Sr. Justicia de Aragón
C/ Juan de Aragón, 7
50001-ZARAGOZA
Zaragoza, 22 de febrero
de 2017.
Estimado señor:
Desde la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa,
entidad dedicada a la formulación de propuestas de buen gobierno y buena
administración, así como a la promoción y defensa de los principios de
legalidad, profesionalidad y ética pública en el seno de las Administraciones
Públicas, hemos destacado siempre la importancia que corresponde al diseño y
actuación de las instituciones públicas en cualquier objetivo de calidad
democrática.
Convencidos de ello, deseamos
sugerirle la oportunidad de que, como institución encargada de la defensa de
los derechos individuales y colectivos de los ciudadanos y de la tutela del
ordenamiento jurídico aragonés y defensa del Estatuto de Autonomía, ámbitos
sobre los que incide de manera directa la actuación de los diferentes poderes
públicos, impulse actuaciones de oficio tendentes al análisis del diseño y funcionamiento
de las instituciones públicas autonómicas y a la formulación, en su caso, de
propuestas de mejora de las mismas, para un mejor desempeño de sus respectivas
funciones, mejorando con ello su rendimiento institucional.
Creemos que, para ello,
sería relevante que la propia institución del Justicia de Aragón, tras los muchos
años de funcionamiento que ha acumulado como institución de la Comunidad Autónoma
de Aragón, realizara una evaluación de su actual regulación, organización y
funcionamiento, y lo hiciera de manera abierta a la opinión de ciudadanos,
expertos, entidades sociales y restantes instituciones, incluidas aquellas
sobre las que ha venido realizando su labor de fiscalización y control.
Esta Asociación, tal y como refleja en
su Documento de Propuestas de Buen Gobierno y Buena Administración, elaborado
al comienzo de la actual legislatura, considera oportuno reforzar las
facultades jurídicas de la institución del Justicia de Aragón –particularmente,
en la defensa del ordenamiento jurídico aragonés y de la defensa del Estatuto
de Autonomía de Aragón-, revisar el procedimiento de nombramiento de su titular,
dando participación a la ciudadanía en el mismo, permitiendo la presentación de
candidatos por parte de entidades ciudadanas, y
proceder a la profesionalización del personal de la Institución encargado de
la tramitación de las quejas de los ciudadanos y del desempeño de otras
tareas de contenido jurídico, debiendo acomodar su régimen al modelo de función
pública constitucional, corrigiendo el uso generalizado e indebido del personal
eventual.
Asimismo, creemos que
constituye un caso reseñable de inaplicación del ordenamiento jurídico aragonés
la falta de desarrollo de lo previsto en la Ley reguladora del Justicia respecto a la figura
del Lugarteniente, lo que da lugar a que la propia institución incurra en
aquello que tiene por mandato evitar, como es la reiterada inaplicación de las
normas, con el consiguiente menoscabo del principio de legalidad.
Entendemos, en
definitiva, que por parte de esa Institución sería oportuno impulsar, en el
ámbito de cada institución pública, medidas tendentes a la permanente
evaluación de la calidad de su diseño y actividad, así como de los resultados
obtenidos en el cumplimiento de sus funciones, atendiendo a sus respectivos
cometidos, y que el mejor modo de llevar a cabo tal propuesta sería comenzar
por una evaluación de la
Institución del propio Justicia de Aragón, sometiendo a
análisis su actual regulación, organización, procedimientos de actuación y
resultados obtenidos en los diferentes campos de su mandato institucional.
Agradeciéndole de
antemano su atención, reciba nuestro más atento saludo.
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