lunes, 31 de agosto de 2015

LOS DESAFÍOS DEL NUEVO CURSO.



Con el final de agosto, cobra realidad el nuevo curso administrativo y político –más allá de las urgencias y del voluntarismo de algunos en los meses de verano-, se retoman el pulso y la actividad ordinaria del conjunto de la Administración y del resto de la sociedad, y corresponde definir –en los diferentes niveles de responsabilidad y dirección- los objetivos a alcanzar tanto en el nuevo curso como en el conjunto de la legislatura apenas iniciada.

La maquinaria administrativa no puede moverse por la simple inercia de los procedimientos rutinarios –atendiendo la estricta demanda de los ciudadanos o usuarios de los diferentes servicios públicos- ni por improvisadas decisiones carentes de un proyecto global y coherente de actuación. Es necesario definir objetivos a corto y medio plazo, dentro de un plan conjunto que combine objetivos políticos de la nueva mayoría parlamentaria y objetivos de modernización y mejora de la gestión pública, que trasciendan el marco de la actual legislatura y sirvan para el desarrollo eficaz de las políticas más diversas.

Entre dichos desafíos resulta ineludible abordar la necesaria profesionalización de la función pública autonómica y su fortalecimiento como instrumento de ejecución de políticas públicas y de gestión de servicios públicos, en un marco en el que resulten debidamente garantizadas la legalidad, la satisfacción del interés general y la eficiencia del gasto público.

La Administración está al servicio de los ciudadanos, y su razón de ser no es otra que asegurar una actuación objetiva que sirva al interés general y permita la realización de los derechos de los ciudadanos, reforzando con ello el funcionamiento del Estado de Derecho y la prestación eficiente de los diferentes servicios públicos.

La realización práctica y efectiva del cometido que tienen encomendado la Administración y la función pública que la sirve exige la adopción e impulso de un conjunto de medidas que requieren un debate y acuerdo general, de la mayor amplitud posible, tanto en el ámbito parlamentario como en el conjunto de la sociedad, y también en el propio seno de la Administración, a través de un proceso de diálogo y reflexión del conjunto de los servidores públicos.

Para ello, creemos oportuno que, antes de abordar o retomar ningún proyecto de ley de función pública de legislaturas anteriores, sea la recién concluida u otra, se propicie un marco de debate sobre la realidad de la actual función pública y los desafíos a los que debe hacer frente para atender las exigencias que le impone la actual realidad institucional y social.

Necesitamos una función pública a la altura de los desafíos del nuevo tiempo, y cualquier reforma que se afronte ha de haber precisado previamente dichos desafíos, y no aludir de manera retórica a ellos para justificar, una vez más, simples mejoras retributivas y laborales para los empleados públicos, sin acometer de manera decidida los cambios de ordenación de la función pública que han de asegurar precisamente su profesionalidad y eficiencia.