lunes, 31 de agosto de 2015
LOS DESAFÍOS DEL NUEVO CURSO.
Con
el final de agosto, cobra realidad el nuevo curso administrativo y político –más
allá de las urgencias y del voluntarismo de algunos en los meses de verano-, se
retoman el pulso y la actividad ordinaria del conjunto de la Administración y
del resto de la sociedad, y corresponde definir –en los diferentes niveles de
responsabilidad y dirección- los objetivos a alcanzar tanto en el nuevo curso
como en el conjunto de la legislatura apenas iniciada.
La
maquinaria administrativa no puede moverse por la simple inercia de los
procedimientos rutinarios –atendiendo la estricta demanda de los ciudadanos o
usuarios de los diferentes servicios públicos- ni por improvisadas decisiones
carentes de un proyecto global y coherente de actuación. Es necesario definir
objetivos a corto y medio plazo, dentro de un plan conjunto que combine
objetivos políticos de la nueva mayoría parlamentaria y objetivos de
modernización y mejora de la gestión pública, que trasciendan el marco de la
actual legislatura y sirvan para el desarrollo eficaz de las políticas más
diversas.
Entre
dichos desafíos resulta ineludible abordar la necesaria profesionalización de
la función pública autonómica y su fortalecimiento como instrumento de ejecución
de políticas públicas y de gestión de servicios públicos, en un marco en el que
resulten debidamente garantizadas la legalidad, la satisfacción del interés
general y la eficiencia del gasto público.
La
Administración
está al servicio de los ciudadanos, y su razón de ser no es otra que asegurar
una actuación objetiva que sirva al interés general y permita la realización de
los derechos de los ciudadanos, reforzando con ello el funcionamiento del
Estado de Derecho y la prestación eficiente de los diferentes servicios públicos.
La
realización práctica y efectiva del cometido que tienen encomendado la Administración y la
función pública que la sirve exige la adopción e impulso de un conjunto de
medidas que requieren un debate y acuerdo general, de la mayor amplitud posible,
tanto en el ámbito parlamentario como en el conjunto de la sociedad, y también
en el propio seno de la
Administración, a través de un proceso de diálogo y reflexión
del conjunto de los servidores públicos.
Para
ello, creemos oportuno que, antes de abordar o retomar ningún proyecto de ley
de función pública de legislaturas anteriores, sea la recién concluida u otra, se
propicie un marco de debate sobre la realidad de la actual función pública y
los desafíos a los que debe hacer frente para atender las exigencias que le
impone la actual realidad institucional y social.
Necesitamos
una función pública a la altura de los desafíos del nuevo tiempo, y cualquier
reforma que se afronte ha de haber precisado previamente dichos desafíos, y no
aludir de manera retórica a ellos para justificar, una vez más, simples mejoras
retributivas y laborales para los empleados públicos, sin acometer de manera
decidida los cambios de ordenación de la función pública que han de asegurar
precisamente su profesionalidad y eficiencia.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario