El Presidente de la Asociación, Julio Guiral, dirige hoy a la Vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, un escrito de petición, al amparo del artículo 29 de la Constitución Española, en el que se solicita la aprobación de un programa de medidas que venga a dar desarrollo en nuestro país a las numerosas previsiones contenidas en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, aprobada en el año 2003 y ratificada por España en el año 2006.
Entre dichas medidas la Asociación considera de particular importancia el establecimiento de sistemas o cauces adecuados para que los funcionarios públicos puedan denunciar los supuestos de corrupción que puedan conocer o detectar en el ejercicio de sus funciones, con un adecuado estatuto de garantías, como ocurre en la mayor parte de los países anglosajones.
Los servidores públicos, tal y como ha sostenido desde siempre esta Asociación, han de ser un colectivo profesional plenamente comprometido con el respeto de la legalidad y con el fortalecimiento de la ética pública dentro de las instituciones, para contribuir con ello, de forma decisiva, a restablecer la garantía de los ciudadanos en la Administración Pública y en el conjunto de las instituciones.
Se reproduce a continuación el texto íntegro del escrito de petición formulado:
"Excma.
Sra. Dª. Soraya Sáenz de Santamaría
Vicepresidente
del Gobierno
Ministerio
de la Presidencia
Complejo
de la Moncloa
Avda.
Puerta de Hierro, s/n.
28071-MADRID
Excelentísima
señora:
La
Organización
de las Naciones Unidas, consciente de la amenaza que implica la corrupción,
tanto pública como privada, para la vigencia efectiva de los valores de la
democracia y para el aseguramiento del imperio de la ley que requiere todo
Estado de Derecho, promovió en 2003 la aprobación de una Convención contra la Corrupción.
Entre
las finalidades de dicha Convención, ratificada por España en el año 2006,
figuran el fortalecimiento de las medidas para prevenir y combatir más
eficazmente la corrupción y la promoción de la integridad, la obligación de
rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y de los bienes públicos.
Dicha
Convención establece la necesidad de que cada uno de los Estados Parte de la
misma establezca un programa de medidas encaminadas a prevenir la corrupción,
haciendo especial hincapié en instrumentos de diverso tipo dirigidos al sector
público y, más en concreto, a perfeccionar el estatuto de los empleados
públicos.
Cada
Estado Parte ha de promover la integridad, la honestidad y la responsabilidad
de sus funcionarios públicos, mediante el establecimiento de códigos o normas
de conducta que aseguren el correcto cumplimiento de sus funciones.
Asimismo,
el Convenio prevé como opción de los Estados, dentro de la estrategia para
prevenir y combatir la corrupción, la posibilidad de establecer medidas y
sistemas para facilitar que los funcionarios públicos denuncien todo acto de
corrupción a las autoridades competentes cuando tengan conocimiento de ellos en
el ejercicio de sus funciones.
Los
funcionarios públicos han de ser agentes activos en el aseguramiento diario del
Estado de Derecho y han de estar expresamente comprometidos en la estrategia de
prevención y lucha contra la corrupción, pasando a ser un elemento activo de la
misma, mediante este tipo de mecanismos ampliamente implantados en los Estados
anglosajones.
Son
muchas y variadas las medidas que se contemplan en la citada Convención de
Naciones Unidas para hacer frente al fenómeno de la corrupción, y sorprende
enormemente que en el amplio debate político y social surgido en nuestro país,
a raíz de la alarma generada por los numerosos casos de corrupción pública y
privada que han aflorado en los últimos años, no se haga mención alguna a la Convención de Naciones
Unidas y al amplio abanico de instrumentos para enfrentar el fenómeno de la
corrupción que en ella se contemplan.
Por
ello, como Asociación comprometida con los valores constitucionales y con el
buen gobierno y la buena administración, en ejercicio del derecho de petición
contemplado en el artículo 29 de la Constitución
Española, nos dirigimos a Vd., para solicitar que por parte
del Gobierno de España se impulse, en el marco de la citada Convención, un
programa de medidas eficaces para prevenir y combatir la corrupción pública y
privada existente en nuestro país y, en particular, se diseñe un sistema a
través del cual los servidores públicos de las diferentes Administraciones e
instituciones puedan canalizar denuncias frente a cualquier acto o supuesto de
corrupción que pudieran detectar o conocer en el ejercicio de sus funciones.
Las
instituciones han de dar plena garantía a los ciudadanos de su firme compromiso
contra la corrupción y para ello convertir al conjunto de los servidores
públicos en agentes vigilantes de la legalidad y de la ética pública a la que
debe someterse la actividad de las instituciones y el comportamiento de todos
los responsables y agentes públicos.
Zaragoza, 18 de febrero de 2013.
Julio Guiral Pelegrín"
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