DERECHOS INDIVISIBLES Y DIGNIDAD INDIVISIBLE.

En un día como el de hoy, en el que se conmemora la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por parte de las Naciones Unidas, en 1948, en un lejano 10 de diciembre, la afirmación y el respeto de los derechos humanos sigue siendo una tarea prioritaria para los ciudadanos y para sus organizaciones de defensa de las libertades -entre ellas, destacadamente, Amnistía Internacional-, pero también para los Estados y para las organizaciones internacionales, algunas de las cuales cumplen un importarte papel en la defensa de los derechos humanos, como es el Consejo de Europa o la propia Organización de Naciones Unidas.

El día de hoy cierra una semana de importantes conmemoraciones, todas ellas estrechamente conectadas entre sí, como son el aniversario de la Constitución Española y la celebración del Día Internacional contra la Corrupción. Podemos afirmar que la corrupción -pública y privada- supone una grave amenaza tanto para la realización de los derechos humanos como para el buen funcionamiento de un orden constitucional que tiene como principal función la protección de los derechos fundamentales en ella proclamados: los derechos humanos, a través de su recepción en la norma constitucional, pasan a ser los derechos fundamentales de que gozan los ciudadanos de un país. Así sucede con la Constitución Española de 1978, en cuyo Título I se recogen los derechos fundamentales de ciudadanos y extranjeros, permitiendo con ello que nuestro Estado pueda ser calificado como Estado social y democrático de Derecho de forma consecuente.

En un momento como el que nos toca vivir, en el que las condiciones materiales de bienestar se ven seriamente amenazadas y las decisiones políticas van debilitando el alcance de muchos de los derechos sociales que creíamos irreversibles, es importante recordar el principio de indivisibilidad de los derechos humanos -también de los fundamentales reconocidos constitucionalmente-, de manera que los derechos  humanos deben verse como un todo global -un bloque compacto-, en el que no resulta posible eliminar o rebajar una categoría de derechos -los sociales- sin afectar al resto de los derechos -los civiles o políticos-, pues las condiciones materiales de vida que aseguran la dignidad de las personas son una condición necesaria para el libre ejercicio de los derechos civiles y políticos.

Ante la obsesión por la austeridad y la mera lógica económica que parece presidir toda la política española y aragonesa, hay que estar particularmente vigilantes para que las medidas de contención del gasto no arruinen el edificio de los derechos humanos -de los derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos- y con ello acaben privando a los ciudadanos de aquello que ha querido asegurar, de forma prioritaria, la Constitución española, como son el conjunto de derechos -civiles, políticos y sociales- que garantizan la dignidad de todos y de cada uno y que, en definitiva, constituyen el fundamento del orden político y de la paz social.

Reclamar hoy la plena vigencia de los derechos humanos -seguir combatiendo contra quienes los vulneran en el mundo- y actuar contra la corrupción que quebranta los valores en que se fundamenta la convivencia democrática son dos vertientes de una misma lucha, consistente en trabajar por una sociedad decente y una sociedad civilizada, algo que reclama nuestras mejores capacidades y energías y que debemos afrontar de manera colectiva, como ciudadanos que no solo estamos convencidos de la indivisibilidad de los derechos humanos sino también de la indivisibilidad de la dignidad humana, ya que en la dignidad de cada persona está comprometida la dignidad de la humanidad entera.