La corrupción pública -política y administrativa- no ha dejado de estar presente en la actualidad, y tampoco lo ha estado la corrupción privada, en forma de enriquecimiento ilícito y fraude masivo a los ciudadanos, que está en el origen de la grave crisis financiera que padecemos. Esta Asociación, desde su origen, hizo del compromiso de los servidores públicos contra la corrupción una de sus principales señas de identidad, y ese compromiso resulta tan necesario hoy como ayer. Mientras los ciudadanos -los principales perjudicados por todos los episodios de corrupción- no perciban con nitidez el inequívoco compromiso de los funcionarios públicos contra el uso indebido de las potestades y de los recursos públicos, cuando unas y otros se ponen al servicio de intereses privados y no del interés general, no cesará la actual crisis de legitimidad de todas las instituciones públicas, crisis que alcanza inevitablemente a todos los que trabajamos profesionalmente al servicio de las mismas.
La defensa de la función pública motivó la aparición de esta Asociación, para reivindicar el insustituible papel que los servidores públicos han de cumplir en el aseguramiento permanente del Estado de Derecho, de la democracia y de los derechos de los ciudadanos. Nos preocupaba y nos sigue preocupando, tanto o más que entonces, el derrotero seguido por la Administración autonómica, con un creciente e indisimulado desprecio de la clase política hacia los profesionales de la Administración pública. Pero dicha defensa no se centró nunca en los derechos económicos o condiciones laborales del personal de la función pública -papel que corresponde desempeñar a los sindicatos de la función pública y que esta Asociación nunca ha pretendido disputar ni cuestionar, más allá de los posibles acuerdos contrarios a la legalidad que pudieran tratar de ampararse en la negociación colectiva-, sino que se dirigió hacia los principios constitucionales de la función pública, defendiendo con especial intensidad el derecho de acceso de los ciudadanos a la función pública en condiciones de igualdad. Las sentencias judiciales obtenidas en ese campo -aún pendientes de ejecución- marcan un antes y un después en la definición de dicho derecho, cuya sistemática vulneración ha sido una de las principales causas de la situación que ahora vivimos, en la que los interinos parecen ser considerados empleados públicos de segunda categoría, y la supresión de sus puestos parece ser el objetivo de unos responsables políticos carentes del más elemental sentido de lo que impone el Derecho y la Justicia.
Nos preocupa la corrupción -tanto la pública como la privada, pues una y otra se retroalimentan-, pero la principal preocupación sigue siendo el constante debilitamiento de los principios constitucionales de la función pública y el creciente escepticismo que se viene instalando en el conjunto de las personas que trabajan al servicio de la Administración Pública, ante la carencia de objetivos y de referencias válidas para fortalecer el papel que corresponde jugar a la función pública en situaciones de dificultad como las que ahora padece nuestro país.Sólo una función pública sólida y con una alta autoestima puede constituir un elemento eficiente para la prevención de la corrupción pública y asegurar con ello la calidad de nuestra democracia. La carencia de un marco necesario para fortalecer la ética profesional de los servidores públicos -esa necesaria infraestructura ética que sigue estando ausente en la agenda del Gobierno de Aragón- no puede servir, sin embargo, de excusa para el desistimiento individual o colectivo en el ejercicio de nuestros deberes profesionales y en nuestra contribución activa a la mejora de los servicios públicos y a la satisfacción de los intereses de los ciudadanos, única razón de ser de nuestra función.
Reiterar nuestro rechazo total a cualquier supuesto de corrupción parece oportuno, ante la próxima celebración, por Naciones Unidas, del Día Internacional contra la Corrupción el 9 de diciembre. Combatir la corrupción es una obligación permanente de los servidores públicos y la cita anual que constituye la fecha del 9 de diciembre supone una oportunidad para reafirmar dicha voluntad.
La defensa de la función pública motivó la aparición de esta Asociación, para reivindicar el insustituible papel que los servidores públicos han de cumplir en el aseguramiento permanente del Estado de Derecho, de la democracia y de los derechos de los ciudadanos. Nos preocupaba y nos sigue preocupando, tanto o más que entonces, el derrotero seguido por la Administración autonómica, con un creciente e indisimulado desprecio de la clase política hacia los profesionales de la Administración pública. Pero dicha defensa no se centró nunca en los derechos económicos o condiciones laborales del personal de la función pública -papel que corresponde desempeñar a los sindicatos de la función pública y que esta Asociación nunca ha pretendido disputar ni cuestionar, más allá de los posibles acuerdos contrarios a la legalidad que pudieran tratar de ampararse en la negociación colectiva-, sino que se dirigió hacia los principios constitucionales de la función pública, defendiendo con especial intensidad el derecho de acceso de los ciudadanos a la función pública en condiciones de igualdad. Las sentencias judiciales obtenidas en ese campo -aún pendientes de ejecución- marcan un antes y un después en la definición de dicho derecho, cuya sistemática vulneración ha sido una de las principales causas de la situación que ahora vivimos, en la que los interinos parecen ser considerados empleados públicos de segunda categoría, y la supresión de sus puestos parece ser el objetivo de unos responsables políticos carentes del más elemental sentido de lo que impone el Derecho y la Justicia.
Nos preocupa la corrupción -tanto la pública como la privada, pues una y otra se retroalimentan-, pero la principal preocupación sigue siendo el constante debilitamiento de los principios constitucionales de la función pública y el creciente escepticismo que se viene instalando en el conjunto de las personas que trabajan al servicio de la Administración Pública, ante la carencia de objetivos y de referencias válidas para fortalecer el papel que corresponde jugar a la función pública en situaciones de dificultad como las que ahora padece nuestro país.Sólo una función pública sólida y con una alta autoestima puede constituir un elemento eficiente para la prevención de la corrupción pública y asegurar con ello la calidad de nuestra democracia. La carencia de un marco necesario para fortalecer la ética profesional de los servidores públicos -esa necesaria infraestructura ética que sigue estando ausente en la agenda del Gobierno de Aragón- no puede servir, sin embargo, de excusa para el desistimiento individual o colectivo en el ejercicio de nuestros deberes profesionales y en nuestra contribución activa a la mejora de los servicios públicos y a la satisfacción de los intereses de los ciudadanos, única razón de ser de nuestra función.
Reiterar nuestro rechazo total a cualquier supuesto de corrupción parece oportuno, ante la próxima celebración, por Naciones Unidas, del Día Internacional contra la Corrupción el 9 de diciembre. Combatir la corrupción es una obligación permanente de los servidores públicos y la cita anual que constituye la fecha del 9 de diciembre supone una oportunidad para reafirmar dicha voluntad.
3 comentarios:
Pero que dicen de que los interinos sean funcionarios de segunda?. Los funcionarios no deben aprobar una oposición? Perdonen, pero la mayoria de los interinos llevan hasta 15 años o más y no se les pasa, ni por la imaginación aprobar una oposición. Además, si son los niños mimados de los jefes (muchos no precisamente por su competencia). Revisen las relaciones de puestos y veran la cantidad de puestos que no se han sacado a concurso para que el interino siga en su sitio. Lo honesto, lo legal, es que saquen todos puestos a concurso de funcionarios y si quedan vacantes y se requiere su cobertura contraten a interinos.
Sin embargo siguen "trasladando" a sus amigos a Direcciones Generales, a plazas que no existen y por lo tanto también se "llevan" las rpts. Mientras las plazas vacantes no se cubren aumentando la carga de trabajo del resto de funcionarios no tocados por la varita májica.¿mérito? ¿qué podemos hacer ante estas cacicadas?
En relación con el primer comentario, decir que si bien es cierto que para desgracia de muchos, no solo de los funcionarios de carrera a expensas de un concurso, si no para los interinos que hemos pasado año tras año a expensas de convocatorias inexistentes o no acordes con las necesidades reales,es verdad, se dan casos como los que se describe, de "estancias permanentes" en interinidades de ocho años, quince e incluso más; sin embargo no estoy de acuerdo en incluir en ese grupo a la mayóría de los interinos. Pues usando la terminología que se expone en otro comentarío, para que se den esas estancias "prolongadas" se ha de estar tocado/a con la varita mágica.
En términos globales el interino es quien ha intentado acceder a la función pública desde hace tiempo, y que tal y como se menciona dicho acceso ha sido truncado por una sistemática vulneración del derecho de acceso. En consecuencia a lo más que se puede acceder es a eso a una "interinidad"; que en condiciones normales al margen de varitas, padrinos, madrinas...esta sujeta a muchos condicionantes, máxime en circunstancias como las actuales, donde "los recortes económicos" impiden cubrir las bajas médicas, la creación de nuevos servicios...o incluso el desmantelamiento de muchos de los actuales, generando así un escenario donde los interinos tanto los que se encuentran en activo, bajo la amenaza constante de los recortes en personal, como los ya cesados, sujetos a una lista de espera inamovible, creo que tal y como muy bien define la persona que escribe el artículo sí han paso a ser ciudadanos de segunda.
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