NUEVOS RESPONSABLES PARA RETOS PENDIENTES: LO QUE FLUYE Y LO QUE PERMANECE.

Al margen de eslóganes de campañas publicitarias con que se nos bombardea de forma persistente, la realidad se impone necesariamente a la imagen que se pretende proyectar sobre cambios de cartel político y vigencia de valores y compromisos. ¿Cambian las personas, pero perduran los valores y compromisos? Pero, ¿cuáles son los valores a que se alude? ¿Cuáles los compromisos?

Nos referimos lógicamente a la realidad de la función pública aragonesa, responsabilidad directa de la nueva Consejera de Presidencia, Eva Almunia. Es difícil, por no decir imposible, ignorar que los retos a los que la nueva Consejera se debiera enfrentar –está por ver que lo haga- no son nuevos, sino los mismos que dejó sin atender su antecesor, Javier Velasco. Si acaso hay algo nuevo, es el deterioro provocado por la falta de medidas y de decisiones de los anteriores responsables, o por sus graves errores de gestión y de estrategia, a los que no son ajenos –lamentablemente- los sindicatos de la función pública aragonesa.

No se han adoptado medidas a lo largo de la presente legislatura para asegurar el respeto de la legalidad y la vigencia de los valores constitucionales de igualdad, mérito y capacidad –tanto en el acceso a la función pública como en la carrera administrativa posterior de todo servidor público- y de los principios que han de regir la actividad de la Administración Pública, como son los de servicio al interés general, legalidad, eficacia y eficiencia.

Y lo que es peor: aquello que se ha hecho, en materia retributiva o en provisión de puestos, como el anticipo de carrera profesional o la pretendida promoción interna temporal, resulta claramente ilegal, como ha quedado de manifiesto en resoluciones judiciales –véase la sentencia dictada, sobre similar medida retributiva, por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias- o en pronunciamientos expresos del Justicia de Aragón o de la Intervención General del Gobierno de Aragón, en lo que hace al régimen previsto de promoción interna temporal y medidas retributivas con que se acompañaba.

Por lo tanto, en materia de función pública, los retos permanecen inalterados, como inalterada permanece, hoy por hoy, la deficiente gestión llevada a cabo desde el Departamento de Presidencia. Sólo han cambiado las caras, nuevas caras para los mismos retos de siempre, los mismos compromisos incumplidos, siendo el primer compromiso de todo alto cargo el de asegurar el respeto a la ley, velar por su cumplimiento, ajustar a ella sus decisiones.

Es preciso, a nuestro juicio, un giro copernicano en el estilo de dirección, en los valores con que se ejercen las responsabilidades políticas, poniendo con ello fin a años de opacidad, de arbitrariedad y de abuso de los puestos y de los fondos públicos. Hace falta restablecer el respeto y la consideración que merece la función pública como organización profesional al servicio del interés general. Y asegurar la plena efectividad de sus principios y valores.

El tratamiento que se dé a la oferta de empleo público, la transparencia que se impulse sobre la realidad de la función pública –sobre los puestos de trabajo y las condiciones de cobertura de los mismos- y sobre el desarrollo y resultados de la negociación colectiva, y la desaparición de abusos intolerables de los recursos públicos –puestos y créditos- como el que supone la utilización fraudulenta de numerosos puestos de asesor en los gabinetes de los miembros del Gobierno son algunos indicadores que nos mostrarán si los nuevos responsables se enfrentan o no a los retos que tienen ante sí y si lo hacen con los únicos valores y compromisos que caben en un Estado de Derecho y que se concretan en el respeto a la ley.

Un cambio de responsables no supone un borrón y cuenta nueva. Necesariamente hay que asumir todo el capítulo de incumplimientos del anterior responsable, máxime si se trata de miembros del mismo Gobierno, designados por el mismo Presidente. Por ello, esta Asociación necesariamente procederá en fechas próximas a recordar a los nuevos responsables del Departamento de Presidencia y de la Dirección General de la Función Pública, todas las peticiones inatendidas por sus antecesores, confiando en que, al menos, en su respuesta incorporen nuevos valores de responsabilidad, transparencia y compromiso con la buena administración.