lunes, 29 de noviembre de 2010

EN LA VÍSPERA DE UN ENCUENTRO.

Mañana, a primera hora de la tarde, esta Asociación tiene previsto mantener su primer encuentro –después de casi cuatro años de andadura- con el responsable de la Dirección General de la Función Pública. Desconocemos el posible contenido de tal encuentro, pero el solo hecho de que los miembros de la Junta Directiva de esta Asociación sean convocados al despacho del Director General de la Función Pública supone un significativo gesto de normalización en las relaciones que, desde un inicio, debieran haberse establecido entre los responsables de la función pública aragonesa y esta Asociación. Relaciones de diálogo constructivo, de control y crítica honesta, de impulso, de contraste, de colaboración.

La mera propuesta de encuentro, realizada por el actual Director General de la Función Pública, Jesús Sarría, marca un significativo punto de inflexión respecto a la estrategia de incomunicación y hostilidad hacia esta Asociación seguida por los anteriores titulares de esa Dirección –Luis Roldán, Pilar Ventura y Antonio Brun-, en la secreta confianza, tal vez, de que semejante estrategia permitiría acabar con la viabilidad de este proyecto asociativo. Los hechos han mostrado lo equivocado de su planteamiento. La sola pervivencia de esta Asociación, tras cuatro años de continuo desprecio desde los niveles de responsabilidad política de la Administración autonómica, demuestra que en la función pública se mantiene viva la exigencia de respeto a los valores profesionales de los servidores públicos, más allá de todo interés personal. Resulta difícil, a estas alturas, separar el desprecio a esta Asociación del desprecio a los valores que defiende: esa es la batalla perdida hasta ahora por los responsables políticos y otros actores principales de nuestra Administración.

Entendemos que son muchas las razones que pueden mover a convocar a esta Asociación a una reunión: una de ellas, sin duda, vendría determinada por la deseable cortesía y la voluntad política de conferir a esta Asociación una interlocución que se le había negado permanentemente hasta ahora. Ni siquiera en los trabajos de elaboración del llamado Anteproyecto de Ley de Empleo Público se quiso contar con su presencia o su criterio.

Ahora bien, no debieran repetirse errores como los cometidos en el pasado por parte del Director General de Participación Ciudadana, cuyos contactos con esta Asociación supusieron un sonado fracaso, ante la absoluta falta de voluntad o de capacidad para canalizar demandas de transparencia y de ética administrativa formuladas a través del derecho fundamental de petición. Se nos advirtió que esta Asociación no iba a marcar la agenda del Gobierno de Aragón. Lo peor del caso no es sólo que ello se tradujo en la generalizada vulneración del derecho de petición ejercido –al no darse respuesta a ninguna de nuestras peticiones-, sino en la constatación de que la transparencia y la ética no figuraban en la agenda del Gobierno de Aragón ni se querían, por supuesto, incorporar a ella.

Sería deseable que la aproximación realizada a esta Asociación partiese de una preocupación por corregir el actual rumbo de la función pública aragonesa y de una voluntad de respetar algo tan básico en las Administraciones Públicas como es el principio de legalidad. Si tal presupuesto se da, esta Asociación celebrará enormemente no sólo el encuentro mantenido, sino el cambio de rumbo para empezar a superar el actual desencuentro que viven la Administración autonómica y el Estado de Derecho. Esta es la cuestión verdaderamente importante.

9 comentarios:

Anónimo dijo...

¿Se tiene alguna idea de la que se nos puede proponer?

Anónimo dijo...

¿A ver si nos llevamos una sorpresa?

Anónimo dijo...

El director general de Participación Ciudadana del Gobierno de Aragón, Ignacio Celaya, ha anunciado hoy que el Ejecutivo apuesta por la consecución de un "gran pacto autonómico" que tras un periodo de reflexión suponga un "punto de referencia" para la puesta en marcha de una verdadera democracia participativa.

Un área en la que Aragón está "a la vanguardia", según ha destacado Celaya en su comparecencia ante la Comisión Institucional de las Cortes de Aragón, a propuesta de la consejera de Presidencia, Eva Almunia, para explicar la posibilidad de crear un modelo normativo que ordene el derecho y el deber de propiciar la participación ciudadana, derecho recogido en el reformado Estatuto de Autonomía y en la propia Constitución.

Si se logra llegar a este gran pacto autonómico y elaborar un libro blanco, la participación ciudadana sería una apuesta de todas las instituciones y todos los partidos, y quedaría configurada como una "política global" que contaría, ha explicado, con un órgano interdisciplinar competente para coordinar las actuaciones de los diferentes departamentos del Gobierno.

Ignacio Celaya ha precisado que después de esta legislatura, la primera en la que ha existido una dirección general con competencias exclusivas en esta materia y dependiente de la consejería de Presidencia, en Aragón se ha consolidado una "experiencia de vanguardia" y una manera diferente de hacer las cosas. Por eso, ahora ha llegado el momento de apostar por un desarrollo normativo para que esta apuesta por la democracia participativa esté asegurada "más allá de los cambios de Gobierno".

Si todos los agentes están de acuerdo, ha añadido, ha "llegado el momento" de desarrollar este modelo normativo que "consolide la experiencia y que garantice las políticas destinadas a mejorar la calidad de la democracia", pero eso requiere, ha agregado, de un debate y una reflexión serenos. Pero no vale con "cualquier" participación, ha agregado Celaya, sino que ésta debe de ser "de calidad", "madura, equilibrada y comprometida con el interés público".

Ante la diversidad de opiniones de los expertos, ya que algunos abogan por no legislar, Celaya se ha mostrado "totalmente convencido" de que es necesario un marco normativo, pero ha reconocido que aún no está claro el modelo, y si se optará por una ley propia o relacionada con otros elementos de democracia participativa o directa. En todo caso, ha reconocido que "obviamente" la existencia de una ley no garantiza la participación, y se ha remitido a los ejemplos de Valencia o Canarias, que han legislado pero en donde la participación ciudadana es "un desastre".

EFE.

Anónimo dijo...

¿Velando las armas?

Anónimo dijo...

¿Participación ciudadana?

Anónimo dijo...

¿Dónde están los ciudadanos?

Anónimo dijo...

Transparencia, ética, legalidad ... mas vale tarde que nunca

Anónimo dijo...

¡Ojo! Igual algunos iluminados pretenden sustituir la democracia representativa por la "participación ciudadana".
Esto es: el Gobierno escoge a las organizaciones sociales que desea que participen en un proceso "abierto" de consultas, y el resultado lo remite a las Cortes en forma de proyecto de Ley.
¿Podrían en este caso las Cortes modificar aquello que viene bendecido por el consenso alcanzado en un proceso de participación ciudadana?
¡Cuidado! Ese sistema está en auge en algunas repúblicas iberoamericanas ...

Anónimo dijo...

Saldrá a la luz en la reunión el tema de la plaza de politólogo/sociólogo?

Espero que desde esta asociación se venga informando sobre esta cuestión. Y, si es posible, velar por los principios de igualdad, mérito y capacidad.