Pasaron hace ya unos días las fiestas de San Roque, y esta Asociación, como anunció en su última nota de julio, ha de retomar su actividad de defensa de la función pública, preparando un nuevo curso en el que la acción a desarrollar no puede desconocer el importante dato del final de la actual legislatura de la Comunidad Autónoma y la celebración, en mayo de 2011, de elecciones locales y autonómicas.
Se convocará a los ciudadanos, una vez más, a las urnas, para renovar a los titulares de las instituciones de nuestra Comunidad. Esta Asociación, plural e independiente, no interviene en la pugna electoral, pero, al igual que en la ocasión anterior, hará llegar a los diferentes partidos sus propuestas de buen gobierno y buena administración, con el fin de que puedan incorporarlas, si las consideran válidas, en sus programas electorales o en sus posibles medidas de gobierno. Hemos de anotar el pobre balance de esta legislatura en medidas de buen gobierno y la callada negativa del actual Presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, a hacer de la transparencia y de la ética pública uno de los necesarios ejes de su programa de gobierno.
A esta Asociación no le importa el color político de los titulares de las instituciones, cuestión que toca decidir a los ciudadanos con su voto, pero sí le importa, y mucho, el respeto que dichos responsables institucionales han de tener a las normas y principios democráticos, a las reglas del Estado de Derecho. La confianza electoral de los ciudadanos no justifica, sino todo lo contrario, el desconocimiento de la Ley. La legitimidad de origen de los titulares de los poderes públicos ha de completarse con la legitimidad de ejercicio, ajustando las decisiones y pautas de gobierno a la ley y al derecho, con escrupuloso respeto a los derechos de los ciudadanos. Pese a lo obvio del postulado, la realidad actual dista mucho, cada vez más, de tal exigencia. El desprecio a las normas y la falta de sanción por ello amenaza con empujar a los ciudadanos al desistimiento ético y cívico. No podemos dejar de observar dicho fenómeno con preocupación. Esta Asociación no es, en realidad, sino una reacción a tal estado de cosas, con la clara voluntad de evitar que dicha tendencia se refuerce o consolide.
Estamos convencidos del papel crucial que corresponde a la función pública en la vigencia del Estado de Derecho y en la calidad democrática y deseamos proseguir nuestra labor de reflexión y divulgación, de acción y denuncia para reclamar la vigencia y el respeto a los principios que han de presidir la actuación de las Administraciones Públicas y el ejercicio profesional de los servidores públicos. Nos comprometemos a seguir, a no desistir. Y hacerlo al margen de los resultados. Creemos que la sola existencia de esta Asociación es un elemento positivo en el actual panorama aragonés y español. Lo acreditan las recientes decisiones que tanto el Tribunal Constitucional como el Congreso de los Diputados y la Fiscalía General del Estado han debido adoptar en respuesta a distintas iniciativas de esta Asociación en defensa del Estado de Derecho.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
7 comentarios:
Os recuerdo lo publicado el día 5 de agosto en El Periódico de Aragón:
El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite un recurso de amparo presentado por la Asociación en Defensa de la Función Pública contra dos acuerdos adoptados por la Mesa de las Cortes. Por ello, el TC ha registrado esta semana una petición para que le sean remitidos, en el plazo de diez días, los expedientes de las reuniones de la mesa en las que fueron rechazadas las propuestas de este colectivo.
La asociación presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra los acuerdos de la mesa en los que se denegaban dos peticiones, en las que se solicitaba una comisión de estudio, dedicada a la fijación de criterios de conducta pública de los responsables de las instituciones de Aragón, y una comisión de investigación para esclarecer la situación existente en los gabinetes de los miembros del Gobierno de Aragón y la posible utilización fraudulenta de los puestos de asesor.
La asociación solicitó el amparo del Constitucional el pasado mes de julio del 2009 y ahora obtiene una respuesta informativa. El TC estudiará su petición. Aunque las Cortes tienen todavía derecho a recurrir, algo que con seguridad harán. En su día, la Mesa alegó, para rechazar las propuestas de este colectivo de trabajadores públicos, la "falta de legitimación" que tenían para hacer peticiones de tales características y la "improcedencia" de las mismas, al ser una injerencia en la actividad de la Cámara autonómica.
Bien distinta era la postura de la asociación. En su opinión, los dos acuerdos de las Cortes vulnoraban el derecho fundamental de petición, reconocido en el artículo 29 de la Constitución Española y regulado en la Ley Orgánica 4/2001, en ejercicio del cual toda persona puede formular propuestas, sugerencias e iniciativas a cualquier poder público, siempre que se correspondan con el ámbito de decisión discrecional del destinatario, correspondiendo a éste dar una respuesta expresa a la petición.
¿Vulnoraban? Bonito verbo.
Este curso se promete intenso, y no sólo por la huelga general con que prácticamente se abre.
¿Qué curso? ¿No seguimos de vacaciones?
Los analistas sospechan que las administraciones están potenciando los contratos a tiempo parcial para compensar la congelación de las plantillas de los funcionarios decretada por el Gobierno. Resulta un contrasentido que se siga engordando el sector público –aunque sea por la puerta de atrás–, mientras la empresa privada sufre una intensa destrucción de empleo, proceso que continuará en los próximos meses.
EXPANSIÓN.
¿Nada es lo que parece, entonces?
Me alegra que esto se reanime, se me han hecho largos estos días de silencio del blog. ¿Será una nueva adicción?
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