martes, 24 de agosto de 2010

PREPARANDO EL COMIENZO DEL NUEVO CURSO.

Pasaron hace ya unos días las fiestas de San Roque, y esta Asociación, como anunció en su última nota de julio, ha de retomar su actividad de defensa de la función pública, preparando un nuevo curso en el que la acción a desarrollar no puede desconocer el importante dato del final de la actual legislatura de la Comunidad Autónoma y la celebración, en mayo de 2011, de elecciones locales y autonómicas.

Se convocará a los ciudadanos, una vez más, a las urnas, para renovar a los titulares de las instituciones de nuestra Comunidad. Esta Asociación, plural e independiente, no interviene en la pugna electoral, pero, al igual que en la ocasión anterior, hará llegar a los diferentes partidos sus propuestas de buen gobierno y buena administración, con el fin de que puedan incorporarlas, si las consideran válidas, en sus programas electorales o en sus posibles medidas de gobierno. Hemos de anotar el pobre balance de esta legislatura en medidas de buen gobierno y la callada negativa del actual Presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, a hacer de la transparencia y de la ética pública uno de los necesarios ejes de su programa de gobierno.

A esta Asociación no le importa el color político de los titulares de las instituciones, cuestión que toca decidir a los ciudadanos con su voto, pero sí le importa, y mucho, el respeto que dichos responsables institucionales han de tener a las normas y principios democráticos, a las reglas del Estado de Derecho. La confianza electoral de los ciudadanos no justifica, sino todo lo contrario, el desconocimiento de la Ley. La legitimidad de origen de los titulares de los poderes públicos ha de completarse con la legitimidad de ejercicio, ajustando las decisiones y pautas de gobierno a la ley y al derecho, con escrupuloso respeto a los derechos de los ciudadanos. Pese a lo obvio del postulado, la realidad actual dista mucho, cada vez más, de tal exigencia. El desprecio a las normas y la falta de sanción por ello amenaza con empujar a los ciudadanos al desistimiento ético y cívico. No podemos dejar de observar dicho fenómeno con preocupación. Esta Asociación no es, en realidad, sino una reacción a tal estado de cosas, con la clara voluntad de evitar que dicha tendencia se refuerce o consolide.

Estamos convencidos del papel crucial que corresponde a la función pública en la vigencia del Estado de Derecho y en la calidad democrática y deseamos proseguir nuestra labor de reflexión y divulgación, de acción y denuncia para reclamar la vigencia y el respeto a los principios que han de presidir la actuación de las Administraciones Públicas y el ejercicio profesional de los servidores públicos. Nos comprometemos a seguir, a no desistir. Y hacerlo al margen de los resultados. Creemos que la sola existencia de esta Asociación es un elemento positivo en el actual panorama aragonés y español. Lo acreditan las recientes decisiones que tanto el Tribunal Constitucional como el Congreso de los Diputados y la Fiscalía General del Estado han debido adoptar en respuesta a distintas iniciativas de esta Asociación en defensa del Estado de Derecho.

7 comentarios:

Anónimo dijo...

Os recuerdo lo publicado el día 5 de agosto en El Periódico de Aragón:

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite un recurso de amparo presentado por la Asociación en Defensa de la Función Pública contra dos acuerdos adoptados por la Mesa de las Cortes. Por ello, el TC ha registrado esta semana una petición para que le sean remitidos, en el plazo de diez días, los expedientes de las reuniones de la mesa en las que fueron rechazadas las propuestas de este colectivo.

La asociación presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra los acuerdos de la mesa en los que se denegaban dos peticiones, en las que se solicitaba una comisión de estudio, dedicada a la fijación de criterios de conducta pública de los responsables de las instituciones de Aragón, y una comisión de investigación para esclarecer la situación existente en los gabinetes de los miembros del Gobierno de Aragón y la posible utilización fraudulenta de los puestos de asesor.

La asociación solicitó el amparo del Constitucional el pasado mes de julio del 2009 y ahora obtiene una respuesta informativa. El TC estudiará su petición. Aunque las Cortes tienen todavía derecho a recurrir, algo que con seguridad harán. En su día, la Mesa alegó, para rechazar las propuestas de este colectivo de trabajadores públicos, la "falta de legitimación" que tenían para hacer peticiones de tales características y la "improcedencia" de las mismas, al ser una injerencia en la actividad de la Cámara autonómica.

Bien distinta era la postura de la asociación. En su opinión, los dos acuerdos de las Cortes vulnoraban el derecho fundamental de petición, reconocido en el artículo 29 de la Constitución Española y regulado en la Ley Orgánica 4/2001, en ejercicio del cual toda persona puede formular propuestas, sugerencias e iniciativas a cualquier poder público, siempre que se correspondan con el ámbito de decisión discrecional del destinatario, correspondiendo a éste dar una respuesta expresa a la petición.

Anónimo dijo...

¿Vulnoraban? Bonito verbo.

Anónimo dijo...

Este curso se promete intenso, y no sólo por la huelga general con que prácticamente se abre.

Anónimo dijo...

¿Qué curso? ¿No seguimos de vacaciones?

Anónimo dijo...

Los analistas sospechan que las administraciones están potenciando los contratos a tiempo parcial para compensar la congelación de las plantillas de los funcionarios decretada por el Gobierno. Resulta un contrasentido que se siga engordando el sector público –aunque sea por la puerta de atrás–, mientras la empresa privada sufre una intensa destrucción de empleo, proceso que continuará en los próximos meses.

EXPANSIÓN.

Anónimo dijo...

¿Nada es lo que parece, entonces?

Anónimo dijo...

Me alegra que esto se reanime, se me han hecho largos estos días de silencio del blog. ¿Será una nueva adicción?