miércoles, 7 de julio de 2010

SE SOLICITA AL CONSEJERO DE PRESIDENCIA LA COBERTURA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN, INSPECCIÓN Y SERVICIOS.

La acción de los Gobiernos resulta en numerosas ocasiones paradójica. Puestos de trabajo que cumplen un papel relevante en la organización pueden quedar vacantes por un largo periodo de tiempo, sin que se muestre voluntad o preocupación alguna por cubrirlos –como si, de ese modo, quisiera demostrarse que todos los puestos y todas las personas son prescindibles-, sin que se acierten a comprender las razones que pueda haber –si es que existen- para dirigir de tal modo los asuntos públicos. ¿No existen normas de suplencia que impiden que las responsabilidades queden desatendidas?

Es el caso de la Dirección General de Organización, Inspección y Servicios, que se encuentra sin responsable desde hace prácticamente dos meses, sin que al parecer exista voluntad por parte del Gobierno de Aragón de cubrir un puesto que, si en todo momento resulta decisivo para asegurar el buen funcionamiento de la organización administrativa, lo es más en estos momentos en que las circunstancias económicas exigen medidas de reordenación del conjunto de recursos disponibles por la Administración autonómica.

Esta Asociación ha querido expresar al Consejero de Presidencia, Javier Velasco, su preocupación por la situación de la citada Dirección General, al tiempo que aprovecha para recordarle el grave incumplimiento del Departamento de Presidencia en el conjunto de sus responsabilidades en materia de modernización y racionalización de los servicios públicos.

Se reproduce, a continuación, el texto íntegro de la petición dirigida al Consejero de Presidencia:


“Excmo. Sr. Consejero de Presidencia
Departamento de Presidencia
Gobierno de Aragón

Zaragoza, 7 de julio de 2010.

Estimado señor.

Le dirijo el presente escrito, en mi condición de Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, para expresarle nuestra preocupación por la situación en que actualmente se halla la Dirección General de Organización, Inspección y Servicios, dependiente de ese Departamento y carente de titular desde hace cerca de dos meses, tras el cese de su anterior responsable, así como para trasladarle nuestra petición de que el Gobierno de Aragón proceda al nombramiento de un nuevo titular para dicha Dirección General, con el fin de que pueda impulsar y coordinar las importantes funciones que corresponden a dicho Centro Directivo, especialmente en la presente coyuntura por la que atraviesa la Administración autonómica.

No parece razonable que, en los actuales momentos, cuando se anuncian importantes medidas de reducción del gasto público y se hace por ello necesario optimizar los recursos materiales y humanos disponibles por la Administración autonómica, el órgano directivo al que corresponde, entre otras funciones, la organización y racionalización administrativa y la redistribución de efectivos para asegurar una mejor gestión del conjunto de los servicios públicos, según señala el Decreto 224/2007, de 18 de septiembre, de estructura orgánica del Departamento de Presidencia, se encuentre vacante.

Es cierto que, hasta la fecha, el Departamento de Presidencia ha carecido de verdaderos programas de modernización administrativa, lo cual incide negativamente en la calidad de la organización y de la gestión administrativa del conjunto de los Departamentos. Así, ni en materia de programación de la gestión administrativa, que debiera haber permitido avanzar hacia una gestión por objetivos, ni en materia de racionalización de procedimientos, que debiera haber supuesto una decidida simplificación de trámites y aprobación de manuales de procedimientos, ni en materia de control de eficacia y eficiencia, que hubiera obligado a la realización de controles y auditorías administrativas de forma periódica, ni en materia de calidad de los servicios públicos, que debiera haber asegurado un marco general en el que promover cartas de servicios con compromisos de buena gestión hacia los ciudadanos, ni en materia de Administración electrónica, con la que debiera haberse fortalecido la accesibilidad y la transparencia de los servicios públicos, se han emprendido acciones efectivas.

Dicha situación de parálisis en los programas de modernización administrativa no debiera prolongarse por más tiempo. Constituyen, sin duda, una creciente desventaja comparativa no sólo de nuestra Administración sino también de la sociedad aragonesa en nuestro entorno. Tampoco las medidas de reducción del gasto público, con directa incidencia en la organización administrativa, debieran adoptarse sin incorporar un análisis de su impacto en la ordenación y calidad de los servicios públicos, lo que obliga a una directa intervención en su diseño, aplicación y seguimiento de la Dirección General de Organización, Inspección y Servicios.

Por todo ello, consideramos necesario que no se prolongue la situación de vacante actual de la citada Dirección General y, en consecuencia, en ejercicio del derecho de petición reconocido por el artículo 29 de la Constitución Española, le solicitamos que eleve al Gobierno de Aragón propuesta de nombramiento de una persona que reúna la competencia adecuada para asumir dicho puestos de responsabilidad, con el fin de impulsar los programas de modernización y racionalización que prevé la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma y que no han sido atendidos hasta la fecha por ese Departamento.

Agradeciéndole de antemano su atención, reciba un atento y respetuoso saludo.

Julio Guiral Pelegrín.Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa”

6 comentarios:

Anónimo dijo...

¿Por qué no se traslada esta cuestión a los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón?

Anónimo dijo...

Pedir es un derecho constitucional, ya me lo sé.

Anónimo dijo...

Siempre pidiendo.

Anónimo dijo...

¿Una carta abierta?

Anónimo dijo...

CARTAS AL DIRECTOR

Carta a los sindicatos de la Función Pública Aragonesa.

Julio GUIRAL PELEGRÍN0

8/07/2010

Estimados señores: Las actuales circunstancias que viven tanto las Administraciones Públicas como los empleados públicos requieren, a nuestro juicio, reforzar la credibilidad de todos los agentes que intervienen en la determinación de las políticas públicas y en la ordenación del sector público, algo a lo que no pueden ser ajenas en modo alguno las propias organizaciones sindicales, cuya estructura y acción debieran ser públicamente conocidas tanto por el conjunto de los ciudadanos como por el propio colectivo de trabajadores de la función pública al que representan.

Entendemos que para ello resulta necesario el máximo esfuerzo de transparencia, de modo que, en una permanente labor de rendición de cuentas, se puedan hacer públicos datos como el número de representantes y liberados de cada organización sindical en los diferentes ámbitos de la Administración autonómica, así como el conjunto de fondos públicos recibidos y finalidad a que se destinan y el contenido del conjunto de pactos y acuerdos alcanzados o suscritos en el ámbito de la negociación colectiva.

Asimismo, creemos que el papel imprescindible que corresponde jugar a los sindicatos en la garantía del buen funcionamiento de los servicios públicos y en la defensa de los derechos e intereses legítimos de los empleados públicos, debiera quedar avalado por la asunción de códigos éticos de conducta, conformes con los principios y valores que han quedado plasmados en el Estatuto Básico del Empleado Público. Sólo desde el pleno compromiso con esos valores y con los fines que la propia Constitución Española asigna a las Administraciones Públicas puede cobrar verdadero sentido la acción sindical en el ámbito del sector público.

Por ello, nos dirigimos a esa Sección Sindical para sugerirle que, dentro del proceso de reflexión y decisión que a todos nos imponen las actuales circunstancias que vivimos en las Administraciones Públicas, adopte las citadas medidas tendentes a visualizar públicamente el compromiso de esa organización con los principios de transparencia y ética pública, contribuyendo de ese modo a restaurar el crédito social de los empleados públicos.

Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa

DIARIO DEL ALTOARAGON.

Anónimo dijo...

Si lleva dos meses vacante es evidente que dicha Dirección General es perfectamente prescindible. La propuesta más lógica, por tanto, sería su supresión, al igual que otras Direcciones Generales de todos los Departamentos.