lunes, 12 de julio de 2010

PETICIÓN DE INFORMACIÓN A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO SOBRE EL RESULTADO DE SUS INVESTIGACIONES EN EL CASO ASAEL.

La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, en ejercicio del derecho de petición reconocido en el artículo 29 de la Constitución Española, se dirige a la Fiscalía General del Estado para solicitarle que informe a la opinión pública sobre las actuaciones realizadas para esclarecer hechos y responsabilidades en relación con la gestión del Presidente de la Asociación Aragonesa de Entidades Locales (ASAEL), cuyas irregularidades fueron destacadas con amplio detalle en la prensa escrita aragonesa.

La petición se formula en los siguientes términos:


1. Mediante escrito de fecha 16 de julio de 2009, en mi condición de Presidente de la citada Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, dirigí a esa Fiscalía General del Estado un escrito de denuncia por los hechos recogidos en la prensa aragonesa respecto a la irregular actuación del Presidente de la Asociación Aragonesa de Entidades Locales (ASAEL).

Entre dichas actuaciones irregulares por parte del Presidente de ASAEL, Jesús Solá, figuraban el desvío de fondos públicos para la contratación de servicios personales o la contratación de personal, con cargo a fondos obtenidos en virtud de convenios suscritos con la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, para el ejercicio de labores al servicio de un partido político o el despido arbitrario de tales contratados tras producirse el cese del citado Solá como personal eventual dentro del Gabinete del Consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón.

Se adjunta copia del citado escrito de denuncia.

2. Como se señalaba en el referido escrito, y vista la gran difusión de tales hechos en la prensa aragonesa, esta Asociación, que tiene entre sus objetivos la defensa de la legalidad y de la ética pública, no podía permanecer indiferente frente a una destacada muestra de la “cultura de impunidad” que parece haber ir cobrando fuerza o arraigo en determinados ámbitos de la gestión pública aragonesa, razón por la cual se hacía necesario reaccionar frente a prácticas incorrectas de responsables institucionales y reclamar la intervención activa del Ministerio Fiscal para evitar la lesión a la ley y al interés general que suponen, en su mayor parte, los fenómenos de corrupción pública, sea política o administrativa.

3. Pese al año transcurrido desde la presentación del citado escrito de denuncia, esta Asociación desconoce las actuaciones que haya podido llevar a cabo el Ministerio Fiscal en relación con los hechos denunciados, así como el posible resultado obtenido de las mismas.

Si bien es cierto que no existe obligación legal de comunicar o informar de tales actuaciones a quienes intervienen como meros denunciantes, más allá de comunicar el posible archivo de la denuncia –lo que no se ha hecho hasta la fecha, de modo que cabe presumir que la investigación por los hechos citados puede seguir abierta en estos momentos-, entendemos que, dada la trascendencia pública que tuvieron los hechos –como quedaba acreditado con las páginas de prensa que acompañaban al escrito de denuncia-, sería deseable que la opinión pública conociese, en el grado que se entienda oportuno por esa Fiscalía General, las actuaciones realizadas para esclarecer los hechos y su posible valoración jurídica.

Consideramos necesario que una institución como el Ministerio Fiscal, a la que corresponde un destacado papel en la lucha contra la corrupción, ejerza su labor con las máximas cotas de transparencia y diligencia que le permitan los hechos investigados en cada caso, trasladando con ello a la opinión pública, es decir, al conjunto de los ciudadanos, la plena convicción de que existe un firme compromiso con la defensa del Estado de Derecho y una actuación decidida contra aquellas actuaciones que lo menoscaban, como son las actuaciones ilegales de quienes ejercen funciones públicas, defraudando con ello tanto la ley como la confianza depositada por los ciudadanos.

4. Tal petición de información sobre la actividad desarrollada por el Ministerio Fiscal en relación con la denuncia sobre las irregularidades producidas en la gestión de la Asociación Aragonesa de Entidades Locales (ASAEL), ampliamente destacadas por la prensa aragonesa, resulta además coherente con las funciones que se recogen en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, al señalarse que, en el ejercicio de las mismas, el Ministerio Fiscal podra informar a la opinión pública de los acontecimientos que se produzcan, siempre en el ámbito de su competencia y con respeto al secreto del sumario.

Entendemos que, precisamente para no contribuir, aunque sea involuntariamente, al desarrollo de la “cultura de la impunidad” a la que nos referíamos en el escrito de denuncia que formulamos con fecha 16 de julio de 2009, esa Fiscalía, en el ejercicio de las funciones que tiene expresamente atribuidas por su Estatuto Orgánico, debiera informar a la opinión pública sobre la labor desarrollada para esclarecer posibles hechos y responsabilidades a que hubiere lugar en relación con la denuncia realizada.

La anterior petición se realiza al amparo del artículo 29 de la Constitución Española.

Agradeciéndole de antemano la atención prestada al presente escrito, aprovecho para expresarle mi más atento y respetuoso saludo.

Zaragoza, 12 de julio de 2010.

El Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, Julio Guiral Pelegrín.

8 comentarios:

Anónimo dijo...

Dicho y hecho: así me gusta.

Anónimo dijo...

¿Acaso somos otra cosa?

Anónimo dijo...

Como se actúa en un Estado de Derecho.

Anónimo dijo...

Como actúan los ciudadanos de una democracia.

Anónimo dijo...

Con fundamento.

Anónimo dijo...

Con naturalidad.

Anónimo dijo...

El Ministerio Fiscal tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales, y procurar ante éstos la satisfacción del interés social.

Anónimo dijo...

El Fiscal podrá recibir denuncias, enviándolas a la autoridad judicial o decretando su archivo cuando no encuentre fundamentos para ejercitar acción alguna, notificando en este último caso la decisión al denunciante.