miércoles, 14 de julio de 2010

PARO INTERNO EN LAS ADMINISTRACIONES: POLÍTICA DE ACOSO Y DERRIBO A LOS PROFESIONALES.

Uno de los contrasentidos mayores a los que podemos asistir en las Administraciones Públicas es el de contemplar situaciones en que servidores públicos de acreditada competencia profesional y manifiesta voluntad de trabajo, tras ser apartados de sus puestos de responsabilidad, al frente de una unidad o un órgano administrativo, son sencillamente aparcados en un puesto de trabajo vacante –o habilitado al efecto-, al que se deja vacío de contenido, condenando a dicho funcionario a un indeterminado periodo de hibernación profesional.

Dicha realidad constituye un doble despropósito: en primer lugar, vulnera el derecho de todo servidor público a disponer de un puesto de trabajo en el que desempeñar de forma efectiva las funciones o tareas propias de su condición profesional, acorde con la progresión alcanzada en su carrera profesional, derecho reconocido en el artículo 14 del Estatuto Básico del Empleado Público; y, en segundo lugar, supone un injustificable despilfarro de medios y recursos para la organización administrativa, al tener inactivos a funcionarios cualificados, mientras, al mismo tiempo, no se duda en promocionar a candidatos inidóneos –aunque sumisos- a determinados puestos de responsabilidad. Gestionar los recursos públicos de forma ineficaz e ineficiente, arbitraria e ilegal, como sucede en este tipo de situaciones, no parece traer consecuencia alguna para quienes así actúan, como responsables de los organismos o servicios en que dichas situaciones se producen.

Tal realidad no es sólo una disfunción de la organización administrativa, que pone de manifiesto la obsolescencia de sus técnicas de gestión de recursos humanos, al permitir prácticas que descapitalizan el potencial humano de la organización, sino que, además y principalmente, constituye una evidencia de los criterios sectarios con que el Gobierno de Aragón dirige la Administración Pública, condenando al ostracismo interno –a la invisibilidad, a la nada- a todo aquel que pueda resultar incómodo a los equipos de dirección política en un determinado ámbito de la Administración. Ello permite poner fin a la trayectoria profesional y a la carrera administrativa de cualquier funcionario que no se muestre dócil o sumiso a consignas o intereses de sus superiores.

Es muy preocupante, por otra parte, que tal situación se vea con creciente normalidad por el conjunto de los empleados públicos –parece asumido como hecho comprensible el que todo funcionario sea susceptible de caer en desgracia en cualquier momento, ante cualquier gesto de desafección a las directrices políticas, en particular si frente a ellas invoca el principio de legalidad o la profesionalidad e imparcialidad a la que se deben los servidores públicos-, lo que quiere decir que la fortaleza ética de la función pública es cada vez menor y que el respaldo que cabe esperar frente a la arbitrariedad ejercida por parte de la dirección política es, digamoslo sin rodeos ni eufemismos, nulo. ¿Compartimos, por lo tanto, valores o miedos? ¿El valor de la legalidad o el miedo a la arbitrariedad que puede arruinar nuestra vida profesional? O tal vez estemos ante el peor de los escenarios posibles: el del miedo a ser represaliados por defender la legalidad frente a consignas políticas ilegales.

A quienes viven instalados en el cinismo y únicamente velan por su interés personal –una especie que amenaza con colonizar la función pública, con efectos más dañinos y letales que los del mejillón cebra-, todo esto puede parecerles anecdótico o pueril, y seguramente se congratulen de que algunos se empecinen en reivindicar la legalidad y la ética pública –cuantos más sean mejor-, para así disponer de mayores posibilidades de promoción profesional. En una Administración donde no se concede valor a los principios éticos, al margen de posibles declaraciones huecas de algún Consejero o Director General, quienes se han entregado al pragmatismo más grosero –el que les dicta sus intereses personales- son puestos en valor por la dirección política. Con esa actitud vienen a apuntalar –consciente o inconscientemente- la estrategia de acoso y derribo seguida desde el poder contra quienes aún creen que la Administración sólo puede reconocerse como aliada insustituible del Estado de Derecho.

Esta Asociación, por si alguien lo desconoce o lo duda, ha tomado posición clara a favor de la alianza necesaria entre Administración y Estado de Derecho y no va a cejar en su determinación de corregir y denunciar la actual deriva que vive la función pública aragonesa, aun a riesgo de afrontar o sufrir ese ostracismo que acecha a todo servidor público comprometido con los valores genuinos de la función pública.

35 comentarios:

Anónimo dijo...

Era ya hora de que se abordase esta cuestión, sin medias tintas.

Anónimo dijo...

¿Cuántos funcionarios están en vía muerta?

Anónimo dijo...

O en su casa, esperando que les asignen un puesto.

Anónimo dijo...

¿Cuánto puestos de asesor a amortizar para aparcar a funcionarios removidos, demolidos?

Anónimo dijo...

¿Alguien prestará alguna atención a este asunto?

Anónimo dijo...

No es un ejercicio literario, por desgracia es la cruda realidad.
Si, hay empleados públicos sin trabajo, y cada vez más. No nos respetan ni nos hacemos respetar.

Anónimo dijo...

El miedo a la arbitrariedad que puede arruinar nuestra vida el miedo a ser represaliados por defender la legalidad frente a consignas político/admtvas ilegales nos enmudece, nos hace serviles al señor amo del cortijo, nos lleva a buscar al padrino que promocione nuestra carrera administrativa, nuestra promoción profesional.

Anónimo dijo...

Esta es la triste realidad de nuestra “Admón Pca.”, de nuestra función pública. 36 años de funcionario, transferido a la D.G.A. en 1985, ocupando desde el inicio la Sección de Tesorería de Tributos Cedidos hasta 2003 que pasó a denominarse Secc de Coordinación y a depender del Servicio de Administración Tributaria, donde estuvo currando hasta marzo de 2010 bajo las órdenes de un “super jefe de servicio” muy exigente él con el perfil personal de sus subordinados y amigo de hacer valer sus poderes, eso sí, por “necesidades del servicio”. Allá por octubre de 2009 decidió q parte de las funciones de la sección las pasaba a otra que controlaba el I. Patrimonio (ahora suprimido), dejando de momento la gestión del bingo, hasta febrero de 2010 en que por Orden del Consejero (Sr. Larraz) , al amparo del artículo 34 del R.P. de puestos de trabajo, carrera admtva y promoción profesional, se me encomienda “temporalmente las funciones admtvas relativas a la tramitación y propuesta de resolución de aplazamientos y fraccionamientos de los tributos cedidos, propios y otros ingresos de derecho público en periodo ejecutivo, en tanto en cuanto persista la situación descrita”.
Aquí estoy, aquí sigo en recaudación, cooperando con gente maja, trabajadora y competente, aprendiendo a grabar datos en Pineta (programa informático) y sacando los papeles que puedo, eso sí, me pagan religiosamente mi nivel 26, todavía jefe de la Sección de Coordinación (vaciada totalmente de contenido), con una jefa de Sección (en comisión) y subordinado al Asesor Técnico adscrito a la D.G. Tributos que realiza las funciones del Jefe de Servicio, actualmente en situación de vacante no dotada y que firma “por ausencia”. ¿Por qué no suprimen la Secc. de Coordinación, la que yo ocupaba desde 1985?. A propósito, la compañera que asumió las competencias de esta sección ya no lo hace, quedó vacante un 26 allí al lado, en Tributos, y parece ser que se la van a adjudicar en comisión de servicios (¿saldrá a concurso de méritos algún día?), y la suya la ocupa otra compañera también en comisión. Supongo que el perfil personal de esas compañeras sí responde a las necesidades del servicio y a las pretensiones del súper jefe de servicio.

Anónimo dijo...

Hay que abordar esta grave cuestión, sin medias tintas, sin miedos, con claridad y valentía. Es uno de los mayores problemas que afectan a la vida administrativa y promoción profesional del funcionario.Se está implantando la total arbitrariedad de cuatro señores dueños y amos del conglomerado de cortijos en que se convertido la Admón.

Anónimo dijo...

Se les dejaaparcados en un puesto de trabajo vacante –o habilitado al efecto-, al que se deja vacío de contenido, condenando a dicho funcionario a un indeterminado periodo de hibernación profesional, o simplemente se le deja ahí a DISPOSICION DEL SER CONSJERO.
No importa si ha hecho una oposicion, si accedió a un puesto por concurso de méritos, si es un buen profesional, un buen trabajador ... no, lo único que importa es si es de la cuerda del señorito de turno. La Ley y el reglamento se lo pasan por el arco del triunfo.

Anónimo dijo...

Gracias, leer este texto reconforta, parece que no estamos solos, que no estamos confundidos....

Anónimo dijo...

Muy interesante!!! que apoya la sensación que todos tenemos.

Anónimo dijo...

Acordémonos también de otra forma de orillar al funcionario de carrera, que es por medio de encargar a consultoras externas informes, estudios o lo que haga falta, con dos motivos: dar trabajo a los amigos y, en reciprocidad, que informen lo que conviene. Y

Anónimo dijo...

Estos casos lo que evidencian es un gran déficit democrático por domesticación y adormecimiento del funcionario-ciudadano. Observo el gran pasmo que sienten muchos funcionarios que tienen agotada su capacidad de asombro (negativo), pues a esos niveles hemos llegado ya. Piano, piano, nos hemos/han convertido en una sociedad zombi a todos los niveles. Si alguien tiene algún caminito ilusionante o vislumbra alguna lucecita en este sombrío camino... ¡caray, que sea generoso y nos lo cuente!

Anónimo dijo...

¿Cuántos hay en tal situación?

Anónimo dijo...

¿Y por qué no protestan los afectados?

Anónimo dijo...

¿De Vicente Aleixandre?

Anónimo dijo...

¿De los poetas del 27?

Anónimo dijo...

¿Os acordais del exilio interior durante el franquismo?

Anónimo dijo...

Muchos podríamos contar nuestras experiencias en este tipo de destierro interior.

Anónimo dijo...

Hay que recobrar el sentido de la responsabilidad, el sentido común, el sentido y significado del servicio público, el principio de legalidad, como razón de ser de la función pública y de los servidores públicos. La Admón está gestionada por principios de sectarismo, clientelismo político/administrativo, y el sometimiento constante a abusos, desviaciones de poder e ilícitos de todo tipo, gestionada por clanes. Hemos de defender el reglamento y la ley y luchar contra el señorito, el padrino, el clan instaurado en la Admón,la arbitrariedad y la desviación de poder.

Anónimo dijo...

Y los sindicatos, ¿donde están?. Contando los 15 millones de la DGA?. ¡Que pais!

Anónimo dijo...

Asistimos pasivos a una grave crisis que afecta a los principios democráticos, a los principios de legalidad, a los valores sociales y a la ética pública. . Tiene que revisarse la realidad de los asesores y controlar la figura del “padrino”. En un país democrático y moderno no puede prevalecer el capricho arbitrario del "padrino" sobre los principios mas elementales de legalidad.

Anónimo dijo...

Con respecto a alguno de los comentarios sobre este tema, conozco a ese “super jefe de servicio”, al igual que su caso es muy conocido en la Comunidad según algún miembro de un sindicato, y lo que seguramente no sabe el autor de ese comentario es que también es un super remunerado, un “pata negra” con un complemento específico (aprobado en Consejo de Gobierno en función del cuerpo al que pertenece) que percibe a través de un puesto de libre designación al que podria acceder cualquier otro compañero de su mismo grupo, aunque no perteneciera a su cuerpo profesional (y que sobre todo nos saldría mucho mas barato a los aragones). Lástima no poder calificarlo de super profesional o super defensor de la equidad, igualdad, objetividad y sobre todo de la legalidad.

Anónimo dijo...

Parece un retrato tremendista, pero la realidad es así cuando se mira de forma directa, sin edulcorar su verdadero aspecto.

Anónimo dijo...

El poder aplica las enseñanzar aprendidas de Maquiavelo: hacerse temer.

Anónimo dijo...

Buena línea en la que insistir.

Anónimo dijo...

Dejemos de mirar a otro lado para no ver o no querer ver lo que pasa en realidad.

Anónimo dijo...

Hay que reivindicar a la gente maltratada.

Anónimo dijo...

¿Tomamos la Bastilla? Ya vamos con un día de retraso.

Anónimo dijo...

Claro que la fortaleza ética de la función pública es cada vez menor y el respaldo que cabe esperar frente a la arbitrariedad nulo.
El miedo a la arbitrariedad, el miedo al "padrino" que puede arruinar la vida profesional y el miedo a ser represaliados por defender la legalidad tiene prisioneros a muchos funcionarios, que acaban siendo prisioneros de sí mismos, esclavos de su propia conciencia al callar ante la arbitrariedad y dejar de lado al compañero (apestado), víctima del todopoderoso señor, capaz de repartir prebendas, promociones ... acosos y derribos.

Anónimo dijo...

O sea, apruebas una oposición, ganas una plaza por concurso de méritos, pero si no entras en la onda del señor de turno, éste vacía tu plaza de contenido te manda a la nevera y ahí acaba toda tu carrera administrativa, hibernando indefinidamente y si consigue deshacerse de ti estupendo: tiene una plaza libre que pronto cubrirá con una comisión de servicio. ¡Pais este!, que lo paren que quiero bajarme

Anónimo dijo...

Legalidd o arbitrariedad, Admón Pública o cortijos privados, reglamento de provisión y promoción o dedo, concurso o comisión ... ¿hacia donde caminamos?

Anónimo dijo...

Los afectados no protestamos por pudor. Por que nadie crea que lo que nos mueve es el interés personal. Por que a tú alrededor lo único que tienes son compañeros que piensan "or algo será". Por qué ya se ocupan los capos de lanzar sospechas... no hablan claro y dicen "es que no me pasó un contrato que quería hacer..." o "no quiso contratar a..." o me dijo lo que pensaba...

Anónimo dijo...

Bueno, no son las "cesantías" decimonónicas, pero se le parece mucho. ¿Evolución o involución?