El Justicia de Aragón, mediante resolución de fecha 4 de diciembre de 2009, ha resuelto expediente de queja promovido por esta Asociación, ante la falta de aprobación de Oferta de Empleo Público por parte del Gobierno de Aragón para 2008. En su resolución le recuerda al Gobierno de Aragón que debe aprobar anualmente la Oferta de Empleo Público, tal y como prevé la legislación aplicable.
Esta Asociación ante la no aprobación por el Gobierno de Aragón de Oferta de Empleo Público para el ejercicio 2008, incumpliendo con ello el caráctar anual establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público (artículo 70) y en la Ley de Ordenación de la Función Pública (artículo 23), formuló sendas quejas ante el Justicia de Aragón y el Defensor del Pueblo, al considerar que dicho incumplimiento no sólo constituía una falta de sometimiento a la ley y una lesión a la correcta ordenación de la función pública y a la necesidad de garantizar su profesionalidad y eficacia, sino que, además, suponía una nueva y grave violación del derecho fundamental de los ciudadanos de acceso a las funciones públicas, reconocido en el artículo 23. 2 de la Constitución española.
Es preciso recordar que el Gobierno de Aragón, en los últimos cinco años, no sólo ha dejado de aprobar la obligada Oferta de Empleo Público en el año 2008, sino también las correspondientes a los años 2005 y 2006. Además, las aprobadas para 2007 y 2009 no incluyeron los puestos cubiertos por funcionarios interinos, incumpliendo con ello la obligatoria inclusión que se establece en el Estatuto Básico del Empleado Público y en la Ley de Ordenación de la Función Pública Aragonesa.
Nos satisface que el Justicia de Aragón, de forma clara y rotunda, pues las leyes establecen de forma inequívoca el carácter anual de la Oferta de Empleo Público, le recuerde al Gobierno de Aragón la necesidad de que ajuste su política de personal, en materia de selección, a lo establecido en las leyes, y de que no incumpla el deber de aprobación anual de la Oferta de Empleo Público, pues tal aprobación es fundamental para que la Administración pueda cumplir sus objetivos.
Es lamentable que el Departamento de Presidencia, en el informe remitido al Justicia de Aragón, reconozca dicho incumplimiento y lo achaque a la escasez de recursos, la dificultad de gestión y el fuerte crecimiento de efectivos experimentado.
Las razones apuntadas, a juicio de esta Asociación, no son más que excusas sin fundamento para ocultar la verdadera razón del bloqueo que vive la selección de personal en la Administración autonómica, y que no es otra que la opción estratégica de los responsables políticos del Gobierno de Aragón por una función pública debilitada y estrictamente instrumental del poder político, con un alto porcentaje de interinidad y un creciente peso de las entidades y empresas públicas, a través de las cuales poder escapar al sistema reglado de selección, burlando los principios constitucionales de igualdad, publicidad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público.
Esta Asociación se va a dirigir por escrito tanto al Gobierno de Aragón como al conjunto de los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón, para que, desde la responsabilidad pública que corresponde a cada uno de ellos, se asegure el cumplimiento de las leyes y el pleno respeto al derecho de los ciudadanos de acceder a las funciones públicas, lo que requiere la aprobación anual de Oferta de Empleo Público, en la forma que señala la Ley.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
4 comentarios:
¿Infatigables?
Que llegamos al final del año, tiempo para descansar un poquito.
Zaragoza.- Las Cortes de Aragón han aprobado por unanimidad de los 63 diputados este jueves la toma en consideración de la proposición de Ley de la Cámara de Cuentas de Aragón, presentada por los cinco grupos parlamentarios. La Cámara de Cuenta fiscalizará la totalidad de los fondos públicos, tanto los gestionados por el sector público de Aragón como las subvenciones, créditos, avales u otras ayudas del sector público percibidos por personas físicas o jurídicas.
Entre las funciones que tendrá destaca la fiscalización externa de la gestión económico-financiera y operativa del sector público en Aragón, velando para que se ajuste al ordenamiento jurídico, a los principios contables y a los criterios de eficacia, eficiencia y economía. Además, emitirá dictámenes y resolverá las consultas que, en materia de contabilidad pública y gestión económico-financiera y operativa, le soliciten los entes que integran el sector público y fiscalizará los procesos de privatización de las empresas y servicios públicos, si los hubiere, comprobado además el cumplimiento de la legalidad y la transparencia de los mismos.
La Cámara examinará y comprobará la Cuenta General de la Comunidad y las cuentas de los demás entes integrantes del sector público de Aragón y fiscalizará los créditos extraordinarios, suplementos, incorporaciones, ampliaciones, transferencias y demás modificaciones de los créditos presupuestarios iniciales. Además, también lo hará en lo relacionado con la situación y variación patrimonial de los entes integrantes del sector público; los contratos de los entes; la concesión y aplicación de las ayudas otorgadas por los entes a personas físicas y jurídicas, incluidas las exenciones y bonificaciones fiscales y la contabilidad electoral.
Las cuentas generales de la Comunidad y de las principales Administraciones locales de Aragón serán revisadas anualmente de acuerdo serán revisadas anualmente de acuerdo con lo previsto en el programa anual de fiscalización. La Cuenta General de la Comunidad habrá de presentarse antes del 30 de junio inmediato posterior al ejercicio económico y la de las Corporaciones locales el 15 de octubre. Por su parte, las restantes entidades, organismos o empresas se presentarán en el plazo que sea señalado por la Cámara de Cuentas en el programa anual de fiscalización.
Los informes emitidos por la Cámara incluirán la observancia de la legalidad reguladora de la actividad económico-financiera del sector público y de los principios contables aplicables y el grado de cumplimiento de los objetivos previstos y si la gestión económico-financiera y operativa se ha ajustado a los criterios de eficacia, eficiencia y economía. Además, incluirá, si hubiese, la existencia de infracciones, abusos o prácticas irregulares y las medidas que se proponen para la mejora de la gestión de las entidades fiscalizadas.
Todos los intervinientes de los cinco grupos parlamentarios han ensalzado la llegada al consenso y la satisfacción para dar lugar a la creación de esta Cámara de Cuentas. Tanto el portavoz de IU, Adolfo Barrena; el diputado de CHA Chesús Yuste; la diputada del PAR Ana de Salas; y Manuel Gedea del PP; han defendido la necesidad de crearla para que "los aragoneses tengan más confianza en las instituciones aragonesas". Así, también han coincidido en pedir que la ley "esté cuan antes".
El coordinador de la ponencia de esta proposición de Ley y diputado socialista, Antonio Piazuelo, ha asegurado que la normativa es “mucho más lógica y moderna” de la que existía anteriormente.
Piazuelo ha recordado que la Cámara ha tenido un lento proceso en las Cortes de Aragón, en comparación con otros proyectos o proposiciones que en pocos meses han llegado a los plenos de la Cámara. A pesar de ello, Piazuelo ha querido dejar claro que era necesario consensuarla". "Se necesitaba para desarrollar el Estatuto y para tener una herramienta para que los aragoneses se sientan mejor gobernados", ha finalizado el diputado socialista.
ARAGON DIGITAL.
TOMADO DE COSITAL:
La FEMP aprueba el Código del Buen Gobierno Local
La Comisión Ejecutiva de la FEMP ha aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos, el Código del Buen Gobierno local, que recoge los principios transparencia y ética pública, junto a medidas para mejorar la gestión y calidad de la democracia local. El texto será remitido a todos los Gobiernos Locales españoles para que, en el uso de su autonomía, lo ratifiquen y lo incorporen a su normativa.
El documento aprobado ha sido elaborado por un grupo de trabajo integrado por representantes de todos los partidos políticos con representación en la Comisión Ejecutiva de la FEMP: PSOE, PP, IU, CiU y PAR. Este grupo ha venido trabajando desde mediados del pasado año en que se constituyó por acuerdo de la propia Comisión Ejecutiva.
El texto parte de un preámbulo en el que se recogen recomendaciones y documentos del Consejo de Europa y la apelación al ejercicio de las funciones de los electos locales con sentido de la responsabilidad, voluntad de servicio a la sociedad, transparencia, eficacia y dedicación plena a sus funciones públicas.
Esto se da en la inmensa mayoría de los electos locales españoles, pero existen casos excepcionales en los que el sistema democrático soporta casos de mala gestión y corrupción, transfuguismo, falta de transparencia, connivencia con intereses privados y ausencia de cauces para el control de la oposición, que degradan y perjudican a la democracia y dañan la credibilidad de políticos e instituciones.
Frente a ello, se propone una nueva forma de gobernar desde la cercanía, apostando por unos Ayuntamientos modernos y eficaces y considerando el ámbito local como espacio estratégico de la acción política, el futuro de la democracia y el desarrollo de los derechos de ciudadanía.
Principios
El Código recoge un decálogo de principios que van desde el respeto al ordenamiento jurídico y el compromiso con la ética pública y la calidad democrática, hasta la defensa de los intereses generales con honradez, objetividad, imparcialidad, austeridad y cercanía al ciudadano. Se propone fomentar la transparencia y la democracia participativa, trabajar por la inclusión social y el equilibrio territorial en los municipios. Del mismo modo, asume el código de conducta política en relación con el transfuguismo. Además, incluye el compromiso de no aceptar regalos que sobrepasen los usos y costumbres de la simple cortesía por parte de entidades y personas.
Calidad de la democracia
El documento incluye una serie de medidas para mejorar la gestión y la calidad de la democracia local, entre las que se encuentra la creación de comisiones de control de la contratación pública, la creación de mecanismos para posibilitar la participación de los ciudadanos, facilitar el trabajo de todos los grupos políticos, garantizar la pluralidad en los medios locales de información y favorecer el diálogo con los sectores sociales. Asimismo, propone la regulación de una carta de derechos ciudadanos respecto al funcionamiento de los servicios.
Incompatibilidades y declaraciones de bienes
El texto prevé que la declaración de causas de incompatibilidad de los electos locales al principio y al finalizar el mandato y cualquier actividad que les proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos. Se harán públicas las declaraciones de bienes de los cargos públicos, directivos y personal de confianza de las instituciones, conforma a los modelos aprobados por los Plenos. Se registrarán los cambios patrimoniales o de actividad y se publicarán las retribuciones íntegras así como las compensaciones económicas por la representación desempeñada con motivo del cargo.
Retribuciones económicas
En relación con las retribuciones económicas de los electos locales, propone que se fijen con criterios objetivos (población, presupuesto o situación financiera municipal) y de acuerdo con unos baremos relacionados con el régimen retributivo de cargos públicos o funcionarios con similar responsabilidad de otras instituciones. Plantea, además la creación de un fondo en las Comunidades Autónomas, para garantizar las retribuciones de los electos locales en municipios de menos de 5.000 habitantes.
Medidas de democracia participativa
Finalmente, el Código contempla medidas de fomento de la democracia participativa como complemento y refuerzo a la democracia representativa. Entre otras, prevé la creación de instrumentos como el Consejo del Municipio, grupos de trabajo en torno a proyectos determinados, talleres de reflexión ciudadana, presupuestos participativos, Consejo económico y Social y Consejos Asesores Sectoriales y la Iniciativa Popular. Se asegura el derecho a la información y el fomento del diálogo y la administración relacional.
Observatorio en la FEMP
El acuerdo de la FEMP incluye el compromiso de crear un Observatorio de evaluación de la calidad democrática que se encargará de valorar la aplicación del Código
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