Zaragoza, 10 de diciembre de 2009.
En la tarde de ayer, se celebró el acto conmemorativo del Día Internacional contra la Corrupción, organizado por esta Asociación, con la intervención de su Presidente y Secretario, quienes, tras la lectura del Mensaje del Secretario General de Naciones Unidas con motivo de dicho día, pasaron a expresar las razones que justifican el inicio de una campaña pública para el fortalecimiento de la ética en el conjunto de las instituciones públicas, procediendo para ello al desarrollo de algunas de las previsiones que se contienen en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, aprobada en 2003 y ratificada por España en 2006.
El abanico de medidas que contempla la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción abre un amplio campo para la labor de los funcionarios públicos y de los ciudadanos en la prevención y lucha contra la corrupción, y la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa desea, en colaboración con otras organizaciones cívicas y asociaciones de empleados públicos, reclamar de los poderes públicos del Estado y de la Comunidad Autónoma de Aragón el desarrollo de una amplia estrategia de ética pública y medidas anticorrupción, para llevar a efecto los compromisos adquiridos por el Estado español al ratificar la citada Convención, entendiendo que dicha estrategia debe englobar a todas las Administraciones Públicas, incluyendo necesariamente las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las de las Entidades Locales.
En especial, se considera oportuno dar desarrollo a la previsión que contiene el artículo 8 de la Convención respecto a medidas y sistemas para facilitar que los funcionarios públicos denuncien todo acto de corrupción a las autoridades competentes cuando tengan conocimiento de ello en el ejercicio de sus funciones, por constituir tales mecanismos un eficaz dispositivo de prevención de la corrupción.
Son necesarios un conjunto de dispositivos que eviten o prevengan la degradación de las organizaciones públicas, la pérdida u olvido de los valores que constituyen su razón de ser, su identidad. Este sistema de controles o elementos de prevención es lo que se denomina “infraestructura ética”, cuya definición, de acuerdo con la propuesta formulada por la OCDE, incluye los siguientes elementos: apoyo político, marco legal eficaz, sociedad civil activa y vigilante, sistema de controles y un organismo coordinador.
Las instituciones y organizaciones políticas no agotan el espacio público y la sociedad civil ha de tener una presencia garantizada en la toma de decisiones públicas. Esta necesidad es primordial en sistemas como el nuestro, donde la actividad política se halla en manos de personas dedicadas profesionalmente a la misma. El individuo no debe olvidar su condición de ciudadano. Tampoco lo deben olvidar las instituciones o poderes públicos, pues la participación ciudadana es un elemento que determina la salud de un sistema democrático.
Por ello, se considera de especial interés que sea la propia sociedad civil –de la cual forman parte los servidores públicos- la que promueva, en beneficio del interés general y del propio sistema democrático, una estrategia de fortalecimiento de la ética pública de las instituciones y un conjunto de medidas de prevención de la corrupción, entre las cuales se incluyan mecanismos de control y denuncia por parte de los empleados públicos, por ser éstos los primeros comprometidos en preservar el principio de legalidad y la vigencia de los principios constitucionales en la acción pública.
La propuesta realizada fue favorablemente acogida por el público presente en el acto, dando lugar a un vivo coloquio, con numerosas intervenciones, todas ellas coincidentes en reivindar la vigencia plena del ordenamiento jurídico y el ejercicio responsable y coherente del papel que corresponde a cada institución en el aseguramiento del Estado de Derecho.
En próximas fechas, esta Asociación terminará de perfilar su estrategia para el desarrollo de la campaña –habilitando un blog específico para tal fin-, y pasará a invitar a otras organizaciones a que se sumen a su definición y desarrollo, dentro de Aragón y en el conjunto de España.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
1 comentario:
El hecho de que los casos de corrupción se acumulen en los tribunales y afloren en los media, induce a preguntarse por el caldo de cultivo sui géneris que los hace proliferar, escapando a los habituales filtros democráticos.
Existen dos posibles enfoques del tema. Uno más restringido, que identifica la corrupción con delitos tipificados en el Código Penal consistentes en utilizar las administraciones públicas para obtener lucros privados. Este enfoque considera el comportamiento corrupto como patologías individuales condenables que cabe denunciar y perseguir con más o menos ahínco, pero hace abstracción del caldo de cultivo que las genera, que aparece como algo normal, que no llama la atención ni suscita la crítica. Hay que adoptar, así, otro enfoque más amplio para investigar el contexto propicio a la corrupción que ofrecen los sistemas socio-económicos.
El reciente Foro Público sobre Corrupción y democracia reflejó ambos enfoques. El más restringido corrió a cargo de dos ponentes invitados –militantes de los dos principales partidos que han gobernado el país– que, tras reconocer la corrupción como patología que aflora en los tribunales, apuntaron la necesidad de reforzar controles e instrumentos que ayuden a paliarla. Sus razonables propuestas tuvieron la virtud de señalar los límites hasta los que puede llegar este enfoque que aprecia, lógicamente, que los procesos de corrupción que detecta son más bien la excepción que la regla. Sin embargo, el introductor del Foro, José Vidal Beneyto, adoptó un enfoque más amplio, apuntando que el problema no es el que enfrenta corrupción a democracia, sino el de la corrupción de la propia democracia, señalando como causa radical de este fenómeno la incompatibilidad de fondo que se observa entre capitalismo y democracia. Precisemos por este camino la forma que adopta esa contradicción en nuestro país y la dimensión que alcanzan las prácticas corruptas.
Desde este enfoque más amplio, los casos de corrupción que se detectan vienen a ser la punta del iceberg de males mucho más extendidos, heredados de la simbiosis entre capitalismo, medio siglo de despotismo franquista y una Transición política que excluyó a los críticos del sistema para reacomodar, bajo nueva cobertura democrática, las élites del poder que siguen tomando las grandes decisiones y favoreciendo los grandes negocios de espaldas a la mayoría.
Las mismas administraciones públicas siguen estando parasitadas por los intereses empresariales o partidistas que mandan en cada sector o en cada municipio, haciendo que trabajen a favor de estos de forma normal y que la corrupción prospere las más de las veces con cobertura legal. En el urbanismo se entronizó al “agente urbanizador” para que, en connivencia con los políticos locales, utilice a sus anchas la trampa de las recalificaciones de suelo. Así, operaciones y megaproyectos urbanos que durante el franquismo nos parecían escandalosos se multiplican hoy revestidos de impunidad legal y de buen hacer político y empresarial… Creo que iluminar este oscuro caldo de cultivo tan propicio a la corrupción es el primer paso para erradicarla.
JOSE MANUEL NAREDO.
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