La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa ha formalizado recurso de apelación contra la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Zaragoza, de fecha 26 de noviembre de 2009, por la que se desestimaba el recurso interpuesto contra el proceso de selección de personal por parte de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV), entidad de Derecho público adscrita al Departamento de Presidencia del Gobierno de Aragón, al no haber sido autorizada dicha selección por la Oferta de Empleo Público aprobada por el Gobierno de Aragón, incumpliendo con ello lo exigido por el Estatuto Básico del Empleado Público.
La sentencia ahora recurrida no entró a juzgar la infracción legal indicada y se limitó a desestimar el recurso por apreciar falta de legitimación en la Asociación para la formulación del recurso, al considerarla carente de interés legítimo, por resultarle indiferente el acto recurrido, más allá de la simple preocupación por la legalidad abstracta.
Frente a dicha tesis, que supondría que a los funcionarios públicos les ha de resultar indiferente -personal y colectivamente- si la Administración para la que trabajan respeta o no las normas del Estatuto Básico del Empleado Público, por la que se rigen las condiciones de su ejercicio profesional, siempre que no se acredite una lesión directa a derechos e intereses concretos, esta Asociación trata de contraponer la idea de que la legalidad de la actuación de la Administración -en todo lo que afecte a la ordenación de la función pública- es de interés directo, en todo caso, para el conjunto de los empleados públicos, pues no es posible que ningún funcionario público deje de sentirse concernido cada vez que los órganos responsables en materia de función pública adoptan decisiones arbitrarias e irregulares en cualquiera de los diversos ámbitos del régimen de personal, sea selección, ordenación de puestos, provisión o retribuciones.
Es imposible mantenerse indiferente ante incumplimientos de la ley tan manifiestos como la selección de personal realizada en entidades públicas en contra del Estatuto Básico. Genera preocupación, malestar, irritación saberse en manos de unos responsables políticos que no tienen ningún inconveniente en inaplicar, cada vez que les parece oportuno, lo establecido en la legislación que ordena la función pública: sea en el Estatuto Básico del Empleado Público o en la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Negar la capacidad de reacción frente a un poder que aplica de modo irregular y arbitrario las reglas ordenadoras de la función pública, desde una consideración reduccionista de la noción de interés legítimo, implicaría vaciar a los empleados públicos de su esencial compromiso con la legalidad, al verse forzados a aceptar como irremediable la quiebra de la legalidad en su propio ámbito profesional, la Administración Pública.
Lo que interesa a un colectivo lo debe decidir y manifestar ese colectivo -y así se ha hecho en los Estatutos de la Asociación-, resultando inaceptable que sean los tribunales o la Administración quienes determinen cuáles han de ser los intereses de las personas o grupos, en particular si con ello se contribuye no a la realización del Estado de Derecho, sino a su quiebra y degradación. En modo alguno les es indiferente a los servidores públicos identificarse con una organización respetuosa con las normas o verse identificados con una organización que las vulnera. Es de primordial interés para ellos que los ciudadanos y los propios responsables de la Administración los perciban y consideren comprometidos plenamente con la defensa de la legalidad, y ello empieza por la legalidad de la propia función pública.
Los Tribunales que niegan a una Asociación de funcionarios públicos interés legítimo para recurrir actos ilegales en materia de función pública parecen desconocer los negativos efectos que cualquier arbitrariedad consentida tiene en el conjunto de la gestión de personal, pues la función pública es un conjunto de vasos comunicantes. La situación de la función pública aragonesa lo evidencia claramente: la arbitrariedad en la selección -tanto en las condiciones de aprobación de las ofertas de empleo, incumplimiento de plazos de convocatoria de procesos selectivos y falta de garantías de objetividad en tribunales- se reitera en las condiciones de la provisión de puestos -abuso de la libre designación, comisiones de servicios indiscriminadas, interinos de larga duración, y ahora la promoción interna temporal- y la misma arbitrariedad se manifiesta en la clasificación de los puestos de trabajo y en el régimen retributivo de los empleados públicos.
A esta Asociación, de acuerdo con los principios y fines que se manifiestan en sus Estatutos -los que definen los intereses de la Asociación-, no le es neutral o indiferente el mantenimiento de los actos que recurre, como es el caso de la irregular selección de personal por parte de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV). Y así se razona en el escrito de apelación formalizado, invocando la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que avala tal posición, si bien es muy posible -o probable- que esta tesis no sea compartida por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Al menos, y gracias a la apelación formulada, tendremos ocasión de comprobarlo.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
19 comentarios:
Bien me parece.
Es necesaria una segunda opinión.
El último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas que se publicará este año, el correspondiente al mes de noviembre, ofrece una fotografía fija del estado de ánimo de los españoles marcada por el pesimismo y la preocupación, y en la que la clase política no sale bien parada. Por los resultados de la encuesta oficial, los españoles no creen en los mensajes optimistas del Gobierno sobre el futuro ni sienten que lo peor de la crisis haya pasado ya. De hecho, el desempleo ha vuelto a ser considerado como la principal preocupación de los ciudadanos y ha alcanzado un nuevo récord de la década, con un 78,4% en la lista que mensualmente elabora el CIS, con una subida de cinco puntos en las inquietudes de la gente. En línea con ese estado general de descontento, el segundo puesto de las preocupaciones de los españoles es para los problemas económicos en general, en esta ocasión con casi el 46% de respuestas. Las sensaciones de los ciudadanos son las que se derivan de una coyuntura en la que el 73% de los encuestados, dos puntos más que el anterior estudio, considera que la situación económica es «mala» o «muy mala», sin que tampoco se crea en una recuperación el próximo año. Obviamente, los mensajes del Gobierno caminan en sentido inverso al sentir de los españoles, lo que, sin duda, aumenta retroceso del Ejecutivo ante los electores. La tendencia bajista de los últimos sondeos sobre intención de voto describe milimétricamente el avanzado desgaste derivado de una política económica fracasada y, sobre todo, de un discurso oficial prendido a las medias verdades y a los lugares comunes.
No es tampoco un síntoma positivo para la democracia, en general, y la clase política, en particular, que los partidos y sus representantes ascendieran del cuarto al tercer lugar de los problemas nacionales para el 16,6% de los entrevistados. Hace un año este asunto sólo sumaba un 7%, lo que refleja indiscutiblemente un poso creciente de desconfianza y desafección en la ciudadanía. Este descrédito paulatino debería haber provocado algún tipo de reflexión y una autocrítica en nuestros políticos. Algo que lamentablemente no se ha dado. Como hemos reiterado, nuestros gobernantes y legisladores tienen como principal misión la de solventar los problemas de la gente. Cuando ellos mismos se convierten en el obstáculo la respuesta no puede ser la indiferencia o la retórica sin una voluntad firme de cambiar las cosas, porque se crea un caldo de cultivo muy dañino. El Estado de Derecho cimenta buena parte de sus principios en la ejemplaridad de quienes dirigen los destinos del país.
Otro elemento de la encuesta que demuestra la desazón de los españoles es que entre octubre y noviembre subió cinco puntos la preocupación por la «corrupción y el fraude», que afecta al 10,4% de los preguntados. Un síntoma más de que la clase política está muy lejos de responder adecuadamente a lo que el ciudadano espera de aquellos a los que dio su apoyo.
La confianza de los electores en los elegidos es un estado de ánimo fundamental en democracia. Sin ella, los países son incapaces de progresar. Si un Gobierno no genera credibilidad y el sistema cae bajo una sombra de sospecha, la vulnerabilidad del Estado de Derecho se acentúa, lo que dispara las incertidumbres y las dudas. El Ejecutivo parece un caso perdido, porque su viaje a ninguna parte en política económica no tiene vuelta atrás. Pese a todo, la clase política está obligada a realizar una lectura autocrítica del estado de opinión de una sociedad sumida en un récord de preocupaciones.
LA RAZON.
¿Es de derechas la asociación?
La clase política escala otro puesto y se coloca como tercera preocupación de los españoles
En la cúspide de la tabla de problemas vuelve a situarse el desempleo, según el CIS
Madrid. (Agencias).- La clase política en general y los partidos políticos en particular son ya el tercer problema nacional, según la lista que mensualmente elabora el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
Aumenta el deterioro de la percepción que los españoles tienen de la situación política, puesto que ya suman el 60,6 por ciento los que la tachan de "mala" o "muy mala".
Dentro de un año, los encuestados pronostican en un 23,6 por ciento que irá a peor, en tanto que el 53,1 afirma que seguirá igual y el 11,9 por ciento que mejorará.
En la estadística de los principales problemas, el barómetro de noviembre demuestra un avance del número de ciudadanos que piensan que la clase política es un problema: en octubre figuraba en cuarto lugar de la lista de preocupaciones y ahora sube al tercero, en lugar de la inmigración.
El pasado mes de noviembre la clase política fue citada como un problema por el 16,6 por ciento de los entrevistados, subiendo 3,3 puntos respecto al mes anterior, y ascendiendo del cuarto al quinto lugar.
La preocupación por el paro sigue marcando récord
La preocupación de los ciudadanos por el paro ha vuelto a marcar récord de la década, al ser considerado el principal problema para el 78,4 por ciento de los ciudadanos, seguido de los problemas económicos, que menciona el 45,9 por ciento.
El muestreo del CIS apunta que la clase política y los políticos son percibidos como un problema por el 16,6 por ciento los ciudadanos, mientras que la inmigración lo es a juicio del 13,7 por ciento de los encuestados.
Hace seis meses, el desempleo alcanzó su cota más alta en las encuestas del CIS desde septiembre de 2000, al ser citado como mayor preocupación por el 77,3 por ciento; tras el verano, en el barómetro de octubre, esta cota bajó al 73 por ciento y ahora ha experimentado un repunte de 5,4 puntos hasta situarse de nuevo en cifras máximas.
A la par que su inquietud por el desempleo, los ciudadanos expresan una percepción negativa de la situación económica en la encuesta, elaborada a partir de 2.490 entrevistas entre el 2 y el 9 de noviembre pasado. Además de considerarla "mala" o "muy mala" el 73,1 por ciento (era el 71,2 por ciento en octubre) ninguno de los encuestados se atreve a calificarla de "muy buena; sólo es "buena" para el 2,5 por ciento y "regular" para el 23,9 por ciento.
Sin embargo, de cara al futuro, los ciudadanos ofrecen alguna proyección positiva, porque hay un 22 por ciento que vaticina una mejoría de la economía, cuando en octubre el porcentaje de optimistas era menor, del 19,7.
En el anterior barómetro, el 30,2 por ciento opinaba que iría a peor y ahora el 30 por ciento piensa así. Eso sí, los que auguran que todo seguirá igual en el ámbito económico suman un 39,4 por ciento (antes el 38,3 por ciento).
Ocupa el quinto puesto el terrorismo (13,1 por ciento), seguido de la inseguridad ciudadana (11,4 por ciento) y en séptimo lugar "la corrupción y el fraude", que con un 10,4 por ciento entra por primera vez en puestos destacados de la relación.
Cuando el CIS pregunta a los españoles sobre cuál es el problema que más les afecta personalmente, sigue en cabeza el paro (42,4 por ciento), después los problemas económicos (36,9 por ciento) y a gran distancia, de la vivienda (8,3 por ciento).
LA VANGUARDIA
Comentario:
No es de extrañar que la ciudadanía trine con según que clase de políticos. Pero es que a ver donde está -si es que existe-, una clase política honrada. Dicen que la ocasión hace al ladrón y puedo imaginar la cantidad de cientos de miles, millones de euros que están al alcance de "los padres de la patria", posiblemente los de a pie no tocaríamos un céntimo, pero, ¿¿¿Los "jefecillos"?, los "jefes", los "mandamases" en sus taifas???
Que lejos ha quedado la época en que los políticos eran considerados casi mártires de las causas justas. Hoy son una mafia más.....
Lo peor no es la desafección de los Ciudadanos con la Clase Política, sino la desafección de la clase Política con los Ciudadanos. "ALL ANIMALS ARE EQUAL BUT SOME ANIMALS ARE MORE IQUAL THAN OTHERS"
Orwell sigue vigente.
Si ahora que la democracia está consolidada tenemos más miedo a la clase política que al terrorismo o a los maleantes ¿a dónde iremos a parar? Los ciudadanos tendremos que espabilarnos y pedir explicaciones a los que hemos dado el voto que lleva al cargo. Y no dejarnos engañar con promesas y trucos para que votemos y paguemos impuestos en plan rebaño
La clase politica es el principal problema porque si bien el empleo lo es ,la gran culpa de desconfianza de muchas empresas y lo caro que es todo cuando esta gente es corrupta y despilfarradora de impuestos con lo cual la gestion es pesima y el resultado de tanto incopetemte metido a chupar del bote ,las ideas que aportan para una buena gestion es muy pobre comparadas con otras economias Europeas mas bien de como mantenerse ellos y poco mas
La casta política no es un problema más, la casta política es el problema......Es inconcebible que para conducir un coche te obliguen a sacarte el carnet y para conducir un País lo pueda hacer cualquier cantamañanas. Debería ser obligatorio un mínimo coeficiente de inteligencia.....
La Asociación Aragonesa de Entidades Locales (Asael) está cada vez más sola y aislada. Los créditos que había solicitado a varias entidades para tratar de salir de la quiebra técnica en la que se encuentra fueron rechazados ayer mismo. "No nos consideran solventes". Así lo resumió su presidente, Javier Abenia. Y las consecuencias de la falta de liquidez las pagaran los nueve trabajadores despedidos que no podrán cobrar ni las indemnizaciones ni los retrasos de dos meses acumulados.
El tiempo corre en contra de Asael que debe conseguir un préstamo antes de que termine el año. Solo así podrá ponerse al corriente de los pagos de la Seguridad Social y Hacienda que en estos momentos debe. Pero eso no es todo. El Gobierno de Aragón había firmado convenios con la asociación por valor de 360.000 euros, que ahora están paralizados por no estar al día sus cuentas. Así que con la finalización del año ya no se podrá recibir el dinero de la DGA.
COMPLICACIONES Así lo confirmaron desde el departamento de Economía, con el que Asael tenía suscrito un convenio anual por valor de 200.000 euros. "Si no han cumplido con sus obligaciones con Hacienda y la Seguridad Social no recibirán el dinero", explicaron desde la consejería. Lo mismo podría suceder con el resto de los fondos pendientes.
EL PERIODICO DE ARAGON.
Comentario:
No se debe dar un duro de dinero público a ASAEL aunque consiguieran una certificación positiva de la Agencia Tributaria y Seguridad Social sin que una auditoría externa investigue el uso dado a las ayudas públicas recibidas estos años pasados. Mas teniendo en cuenta que el asunto puede estar siendo investigado por la fiscalía.
Creo que la liquidación de Asael sólo puede entenderse por la investigación que se esté llevando por la Fiscalía.
Comentario:
Pienso que este estrepitoso final de Asael sólo puede explicarse por la investigación que de su actividad pueda estarse llevando a cabo por la Fiscalía: es una pena que hayan vivido entidades a costa del erario público y que no resistan la publicidad y la investigación de sus actuaciones. Es un ejemplo del modo que ha imperado en Aragón en los últimos tiempos. Esperemos poner punto final a toda esa forma de gobierno y de gestión.
Las últimas estadísticas sobre la intención de voto y las principales preocupaciones que afectan a los españoles han aportado como novedad una honda preocupación de los encuestados hacia sus representantes públicos.
Además del paro y de la crisis económica, del terrorismo, la vivienda o la sanidad, el españolito de a pie está francamente preocupado por sus institucionales próceres, a los que, más como una solución, o solventadores de algo, contempla como un problema.
No es para menos.
La oleada de casos de corrupción, de indebidos enriquecimientos y crudas fortunas amasadas a la sombra del poder es, naturalmente, la causante de esta peyorativa y cada vez más extendida opinión.
Hay, por supuesto, multitud de políticos honestos, ejemplares, eficaces, que representan con dignidad y rigor a sus votantes, circunscripciones, autonomías o vecindades. Pero hay otros políticos, y no tan pocos, quizá, que prevarican, comisionan, hurtan; que delinquen, en una palabra, convirtiendo el arte de la política en una rama bien remunerada de los tipos delictivos habituales.
Son estos sinvergüenzas, algunos de los cuales, de izquierda, derecha y centro, del PSOE y del PP, de los nacionalismos grandes y pequeños, van desfilando hacia la trena tras haber sido investigados por la policía y los jueces, quienes están desprestigiando el sistema.
JUAN BOLEA.
Sigo pensando que a la Judicatura, a jueces y magistrados, les corresponde más de la mitad al menos de la responsabilidad en el deterioro y quiebra de nuestra democracia. Han dejado hacer, han colaborado con su inhibición culpable y cómplice en las arbitrariedades del poder político, son ellos quienes pudiendo haber puesto coto a tanto abuso de poder han permitido que se produjera.
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