AL LADO DE LA CONSTITUCIÓN: AL SERVICIO DE LA DEMOCRACIA Y DEL ESTADO DE DERECHO.

El aniversario de la Constitución Española -de su aprobación en referéndum por el pueblo español- es siempre una espléndida ocasión para celebrar, en primer lugar, la fortuna de vivir bajo una norma que garantiza la libertad de los ciudadanos y asegura la convivencia democrática y la solidaridad entre personas y territorios, y es ocasión también para recordar la misión que la Constitución atribuye a la Administración Pública, como es el servicio al interés general, desde la legalidad, la objetividad y la eficacia.

Como ciudadanos estamos sometidos a la Constitución, obligados a respetar sus mandatos, pero además como servidores públicos estamos llamados a contribuir activamente a la realización de los derechos que la Constitución reconoce a los ciudadanos y a asegurar el principio de igualdad de todos ante la ley, garantizando así la vigencia de los principios constitucionales -libertad, igualdad, justicia y pluralismo político- y de los valores democráticos, condensados todos ellos en el respeto a la ley como expresión de la voluntad general.

La Administración Pública tiene una misión y una posición concretas en el sistema constitucional español y la función pública que la sirve tiene igualmente un estatuto especial definido por la propia Constitución, siendo una pieza esencial para el buen funcionamiento del Estado de Derecho -asegurando la observancia del principio de legalidad- y del Estado democrático, mediante la ejecución de las directrices políticas del Gobierno que la dirige y que recibe la confianza de los ciudadanos, a través del Parlamento.

Treinta y un años de vigencia constitucional debieran haber sido tiempo más que suficiente para consolidar unas organizaciones administrativas servidas por empleados públicos plenamente comprometidos con los valores y principios constitucionales, pero la realidad dista mucho todavía de ese objetivo. Diferentes circunstancias -entre ellas, la colonización de las instituciones por los partidos políticos- han impedido hasta la fecha que la Constitución sea una norma respetada en el seno de las Administraciones Públicas, y ello, sin duda, es una responsabilidad compartida, en distinto grado, por responsables políticos, sindicatos de la función pública y por los propios funcionarios.

La aparición de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa responde a la conciencia de dicha realidad, constatada en el seno de la Administración autonómica aragonesa -constituye una manifestación de la preocupación e inquietud de un grupo de funcionarios por la creciente desviación de la función pública con respecto a la legalidad administrativa y a la misión constitucional que le corresponde ejercer- y basta observar los principios estatutarios de esta Asociación para apreciar que la misma no tiene otra finalidad que la de hacer realidad el modelo constitucional de Administración Pública y de Función Pública.

Cuando se celebra la vigencia de la Constitución, es bueno que lo hagan las instituciones públicas -los Parlamentos, las Corporaciones Locales, etc-, pero creemos que tiene tanto o más valor que la Constitución se celebre y se reivindique por organizaciones de la sociedad civil, pues la norma constitucional supone el referente máximo de la ética pública de una sociedad, el compendio de valores que no sólo garantizan la dignidad de todos, la convivencia pacífica y la libertad, sino que contiene en sus preceptos el proyecto más ambicioso que cabe a una sociedad: la voluntad colectiva de construir una sociedad decente y una sociedad civilizada.

Los miembros de esta Asociación, en cuanto servidores públicos necesariamente comprometidos con el ordenamiento constitucional, renovamos en esta fecha nuestro compromiso y reafirmamos nuestra voluntad de seguir trabajando para que una Administración Pública fiel a los mandatos constitucionales sea lo más pronto posible una realidad en nuestra Comunidad Autónoma. En dicho objetivo, esperamos coincidir con los responsables políticos, sindicatos de la función pública y el resto de los servidores públicos.