miércoles, 28 de noviembre de 2007

RESULTADOS DE LA ÚLTIMA ENCUESTA

La última encuesta bimensual propuesta por la Asociación para la Defensa de la Función Pública, sobre el sistema de selección de los miembros de los tribunales de oposiciones, ha tenido la mayor participación de todas las encuestas celebradas hasta la fecha, con 127 votos emitidos.

La mayor parte de las personas que han participado (más del 88%) han valorado dicho sistema como excesivamente discrecional. En este sentido, y con el fin de que dicha percepción desaparezca, la Asociación dirigió un escrito al Consejero de Presidencia, en ejercicio del derecho fundamental de petición consagrado en el artículo 29 de la Constitución, para que se implantase un sistema mucho más reglado y transparente.

A fecha de hoy ni siquiera se ha acusado recibo de tal petición.

3 comentarios:

Anónimo dijo...

Es llamativo, por decirlo suavemente, el desdén que están mostrando todos los miembros del Gobierno con el ejercicio del derecho constitucional de petición.

Se han debido olvidar de que los poderes públicos están vinculados por los derechos fundamentales de los ciudadanos y también deben de desconocer que el Estatuto Básico del Empleado Público establece como primera falta muy grave "el incumplimiento del deber de respeto a la Constitución".

Ellos verán si están dispuestos a modificar su irresponsable actitud y el desprecio a las normas democráticas que están poniendo de manifiesto con ella.

Anónimo dijo...

Creo que los ciudadanos desconocen las potencialidades del derecho de petición y la Administración no está acostumbrada a que nadie lo ejerza.

Habrá que agradecer, por eso, a esa Asociación que haya mostrado a unos y otros que los derechos fundamentales son una facultad que asiste a todo ciudadano, individual o colectivamente, para plantear demandas a los poderes públicos y éstos tienen la obligación de contestar, aunque sea acordanddo la inadmisión de la petición.

Aquí parece que ni eso se hace.

Anónimo dijo...

No parece muy coherente el Gobierno si crea una Dirección General de Participación Ciudadana y, sin embargo, no respete la ley en cuanto al ejercicio del derecho de petición de los ciudadanos. ¿Qué se pretende con ello? ¿Que la participación se haga como decida el Gobierno y no como posibilita la Constitución?