Zaragoza, 5 de septiembre de 2007.
La reciente aprobación del Estatuto Básico del Empleado Público, efectuada mediante Ley 7/2007, de 12 de abril, por las Cortes Generales, ha venido a establecer el régimen común aplicable al personal funcionario y laboral de todas las Administraciones Públicas, dando con ello desarrollo a lo previsto en los artículos 103.3 y 1491.18ª de la Constitución española.
Coherentemente con las competencias que corresponden a las diferentes Comunidades Autónomas para regular el régimen de función pública de sus respectivas Administraciones, dentro del respeto a las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos fijado por el Estado, el artículo 6 de la citada Ley 7/2007 señala que “en desarrollo de este Estatuto, las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas aprobarán, en el ámbito de sus competencias, las Leyes reguladoras de la Función Pública de la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas”.
La trascendencia que la definición del nuevo modelo de función pública aragonesa cuenta para el futuro de la Comunidad Autónoma aconseja que el citado desarrollo legislativo vaya precedido de un profundo ejercicio de análisis y reflexión sobre las diferentes opciones posibles y sobre las razones que permitan decantarse por alguna de ellas, determinando asimismo las medidas que en otros ámbitos de la organización y funcionamiento de la Administración deban adoptarse para obtener un modelo de función pública eficaz y congruente.
Con el fin de alcanzar tal objetivo, sería oportuno, a juicio de esta Asociación, la constitución de una Comisión de Expertos para el estudio y preparación del anteproyecto de ley de función pública aragonesa, aplicando con ello similar medida a la adoptada por la Administración General del Estado para el estudio y elaboración del Estatuto Básico del Empleado Público, a través de la comisión constituida por Orden de 16 de septiembre de 2004, del Ministerio de Administraciones Públicas (BOE de 21 de septiembre de 2006).
Dicha Comisión debería integrar a expertos del ámbito académico y de las propias Administraciones Públicas, contando con el apoyo material preciso por parte de la Administración autonómica y la posibilidad de mantener reuniones con autoridades, otros expertos nacionales e interlocutores sociales, asegurando con ello el principio básico de participación ciudadana y diálogo social. Los trabajos de la Comisión deberían gozar de publicidad suficiente en la web, en un formato que permita ser seguidos y valorados puntualmente por los ciudadanos.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
9 comentarios:
Imagino que ahora que se vuelven a constituir las Cortes se volverá a pedir la comparecencia ante la Comisión correspndiente. A ver qué pasa. Hay que darse a conocer.
Imagino que ahora que se vuelven a constituir las Cortes se volverá a pedir la comparecencia ante la Comisión correspndiente. A ver qué pasa. Hay que darse a conocer.
¿Perder el anonimato?
Bien está el exponer las propuestas de la Asociación ante las Cortes de Aragón, pero debería insistirse en el modo de designar a los miembros de los Tribunales en las oposiciones.
Aunque sea en formato breve, el Heraldo de Aragón recoge hoy bastante bien la iniciativa de la Asociación.
Parece que las propuestas de esta Asociación no son indiferentes a los medidos de comunicación. Con suerte, la Administración Pública pasará a estar en la agenda de los medios, como no podía ser de otro modo.
Me convence la idea de que las leyes con amplia incidencia en lo organizativo se elaboren con un previo estudio elaborado por expertos en la materia y profundos conocedores de la realidad a regular.
Eso, lógicamente, supone que el nivel político quiera regular para mejorar y no por mera estadística legislativa, generando normas que ni siquiera el Gobierno acaba por tomarse en serio, aplazando sine die su desarrollo o su aplicación, como ocurre en el caso de la Cámara de Cuentas -algo que debería sonrojar a cualquier responsable político con un mínimo de pudor democrático-.
Esos trabajos de reflexión previa aportan un rico caudal de ideas, permiten diseños más maduros o consistentes de los elementos a introducir en la regulación y, sobre todo, incorporan transparencia y razonabilidad al trabajo normativo.
Eso, por supuesto, no debe desplazar ni eclipsar el imprescindible debate parlamentario sobre la orientación y el contenido de la norma.
Hay que insistir en el principio de transparencia en la gestión pública y combatir la inevitable tendencia a la opacidad de todo responsable público.
Espero que la Asociación informe en el propio blog respecto a cualquier posible respuesta del Consejero de Presidencia sobre esta cuestión.
De momento no hay ningún tipo de respuesta, ni siquiera un protocolario acuse de recibo, pero nada es descartable.
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